Increíble, casi todos, pero todos los catalanes quieren separarse de España y ser independientes, 9 de cada diez personas nacidas en la región noreste del país, voto por el «Sí» y conecto declarar abiertamente que se quieren separar, por lo tanto independizar. 2,044,038 catalanes apoyaron la independencia. El 90.18% de los ciudadanos que se movilizaron en el referéndum del 1-O. Pero solo acudió a votar el 43.03% del total de censo.
Son las cifras del escrutinio definitivo de la consulta del pasado domingo publicadas este viernes por el Govern, según su recuento oficial en calidad de «administración electoral de Cataluña». Pero no dice cómo ha validado el cómputo de papeletas una vez que disolvió la Sindicatura Electoral por la multa de 12,000 euros diaria que debían afrontar sus miembros. Aparte de que la votación careció de garantías legales.
Pero el hecho de publicitar los datos de la votación tiene consecuencias para los independentistas. Según el artículo 4.4 de la Ley de Referéndum, que el Tribunal Constitucional suspendió, igual que el propio plebiscito, e igual que la Ley de Transitoridad Jurídica, establece que «el Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente». Por ahora, se sabe que el martes se celebrará un pleno en el que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá para «informar de la situación política actual», sin mención a la Ley de Referéndum, ni al 1-O ni a una eventual declaración de independencia. Para la CUP, aliada parlamentaria de la mayoría de Junts pel Sí, esa sesión debe servir para ratificar los resultados del plebiscito y proclamar la secesión.