Los inmigrantes en Estados Unidos enfrentan varios obstáculos cuando se trata de obtener atención médica. Sin embargo, existen algunas excepciones disponibles para las personas indocumentadas.

Según la organización Kaiser Family Foundation, entre las causas por las que los inmigrantes no cuentan con cobertura médica, están los recientes cambios en las políticas de inmigración, el impacto de la pandemia de covid-19 y las restricciones de elegibilidad para contar con un seguro médico del gobierno.

Sin embargo, la situación es todavía más complicada para los inmigrantes no autorizados, ya que si bien más de la mitad cuenta con un empleo, un gran número no tiene un seguro médico patrocinado por el empleador. Y a esto se le suma el acceso limitado a programas federales de atención médica disponibles para los inmigrantes no autorizados.

Acceso limitado a residentes legales

Para 2018, cerca de 44,8 millones de migrantes vivían en Estados Unidos, y se estima que alrededor de 11,4 millones no tenían un estatus migratorio regular, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

DHS define como población inmigrante no autorizada a todos los no ciudadanos nacidos en el extranjero que no son residentes legales, ya que ingresaron a EE.UU. sin autorización o bien, fueron admitidos de forma temporal. Los beneficiarios de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y Acción diferida para los llegados en la Infancia (DACA), son considerados como inmigrantes no autorizados.

«Los inmigrantes no autorizados que solicitan un ajuste al estatus de LPR (residencia permanente legal) bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se consideran parte de la población residente no autorizada hasta que se les haya otorgado la residencia permanente legal», indica DHS.

Cuando se trata de cobertura médica, los inmigrantes que no son ciudadanos tienen más probabilidades de no contar con un seguro médico. De acuerdo con un reporte publicado en julio, por Kaiser Family Foundation, el 23% de los inmigrantes legalmente presentes en EE.UU. y el 46% de los inmigrantes indocumentados no tienen seguro, en comparación con más del 9% de los ciudadanos estadounidenses.

Si bien Estados Unidos ha reducido el número de personas no aseguradas mediante la Ley del cuidado de salud a bajo precio (ACA, por sus siglas en inglés), ACA estipula que si se es un inmigrante indocumentado «el individuo no será tratado como un individuo calificado y no podrá estar cubierto por un plan de salud calificado en el mercado individual que se ofrece a través de un intercambio.

Y cuando se trata de comprar un seguro médico directamente de una compañía de seguros de salud, estos suelen ser poco asequibles sin asistencia. En el caso de California —hogar del mayor número de inmigrantes del país— los inmigrantes indocumentados que quisieron comprar un seguro mediante Covered California, se vieron impedidos por las leyes federales, indicó el Instituto de Políticas Públicas de California.

Según el más reciente reporte de Public Policy Institute of California (PPIC, por sus siglas en inglés) el miedo a la deportación también es uno de los factores que puede hacer que los inmigrantes indocumentados estén menos dispuestos a comprometerse con las agencias estatales y por ende, tienen tasas más bajas de cobertura en comparación con los residentes permanentes.

La solicitud de atención médica y la «carga pública»

La regla final de Carga Pública establecida en agosto de 2019 dejó de estar en efecto en marzo de 2021, por lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) ya no considera la solicitud o recepción de Medicaid o CHIP —u otros programas de vivienda pública o de asistencia nutricional— como parte de la determinación de inadmisibilidad por carga pública.

Esto quiere decir que no se afectan las posibilidades de convertirse en un residente permanente legal o ciudadano estadounidense si participa en estos programas.

Sin embargo, el gobierno estadounidense estipula que existe una excepción para aquellas personas que reciben atención médica a largo plazo en una institución a cargo del gobierno, como en un hogar para ancianos o una institución de salud mental, ya que estas personas sí podrían enfrentar obstáculos para obtener una tarjeta verde de residencia permanente.

Opciones de atención médica para inmigrantes indocumentados

Los “no ciudadanos calificados” generalmente son elegibles para la cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos, o a través de Medicaid y del Seguro Médico para los Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). En esta categoría están los residentes permanentes legales, asilados, refugiados, víctimas de trata de personas, entre otros.

Y si bien los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir la mayoría de beneficios mencionados anteriormente, sí existen algunas excepciones.

Por ejemplo, en el caso de una emergencia hospitalaria, la ley estipula que si alguna persona —sea o no elegible— acude al departamento de emergencias «el hospital debe proporcionar un examen de detección médica apropiado… para determinar si se trata o no de una afección médica de emergencia». De determinar que la persona tiene una afección médica de emergencia el hospital debe proporcionar el tratamiento requerido para estabilizar la condición médica o trasladar a la persona a otra instalación médica.

Por su parte, Medicaid proporciona servicios de emergencia a inmigrantes indocumentados para el tratamiento de afecciones médicas de emergencia, siempre y cuando la persona cumpla con las demás reglas de elegibilidad de Medicaid, según su estado de residencia. Y en ciertos estados los niños y las mujeres embarazadas, pueden obtener cobertura médica sin importar el estatus migratorio, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Estados como como California, Nueva York, Texas, entre otros, utilizan los fondos de CHIP para ofrecer cobertura a mujeres embarazadas indocumentadas, ya que aunque la mujer como tal no es elegible a cobertura médica, el feto sí es elegible. Sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos indica que esto conduce a la exclusión de los servicios perinatales esenciales, como es la atención posparto.