A partir de ahora, los residentes o ciudadanos que patrocinan a un migrante deben estar conscientes de que, si reciben ayuda pública, el gobierno les cobrará por cada dólar recibido.

El servicio de inmigración publicó la lista de requisitos que regula el patrocinio de inmigrantes y las responsabilidades que adquieren los patrocinadores, sobre todo si el extranjero recibe ayudas públicas.

Por medio de un memorando fechado el viernes (27 de septiembre), la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicó el documento denominado “Responsabilidades Legales de los Patrocinadores de Extranjeros”.

La agencia señala que el instructivo se basa en el memorando presidencial del 23 de mayo, donde el presidente Donald Trump exige que cuando un extranjero reciba ciertas formas de beneficios públicos, se debe solicitar el reembolso por parte del patrocinador”.

“Los patrocinadores financieros que se comprometen a apoyar financieramente al extranjero patrocinado, en caso de que el extranjero solicite o reciba beneficios públicos, deberán cumplir con su compromiso de conformidad con la ley”, se lee en el documento.

La declaración jurada

La Ley de inmigración y Nacionalidad (INA) exige que el patrocinador de un extranjero firme una Declaración Jurada de Apoyo (Affidavit of Support), donde se compromete a otorgar respaldo financiero para el inmigrante patrocinado (solicitantes de una visa o la residencia legal permanente).

“Al enviar esta declaración jurada o un contrato entre el patrocinador y el familiar, usted acepta usar sus recursos para apoyar a los inmigrantes nombrados en los formularios y para reembolsar el costo de cualquier servicio público con recursos del gobierno mientras su obligación está vigente”, indica el memorando.

La USCIS dijo que algunas veces “los inmigrantes apadrinados solicitan y reciben beneficios públicos federales, estatales, locales o provenientes de agencias tribales” tales como Medicaid, Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para familias necesitadas y el Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil.

La agencia dijo que los inmigrantes patrocinados “pueden no ser elegibles para ciertos beneficios públicos”, y en caso de recibirlos, lo tendrá en consideración durante el proceso de adjudicación del beneficio migratorio.

Cobrarán cada dólar

Sin embargo, añade la agencia, si un inmigrante nombrado en una declaración jurada de manutención recibe un beneficio público con recursos del gobierno -mientras la declaración jurada sea parte de los requisitos para la obtención de un beneficio- “usted como patrocinador será responsable de reembolsar a la agencia que proporciona el beneficio”.

“Si no reembolsa a la agencia que otorgó la asistencia, la agencia puede obtener una orden judicial de reembolso”, advierte la nueva regla.

A mediados de junio el director interino de la USCIS, Ken Cuccinelli, había advertido que sus agentes deberán recordarles a los inmigrantes que, si llegan a recibir algún beneficio público, sus patrocinadores deberán devolver el monto total recibido.

Ciccinelli dijo entonces que el memorando presidencial de mayo precisa que las agencias federales relevantes que actualicen o emitan procedimientos, guías y regulaciones, lo hacen hacer cumplir la ley vigente y garantizar que los inmigrantes no elegibles no reciban beneficios federales.

La orden de Trump

El memorando del 23 de mayo es parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ implementada por Trump desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.

La proclama ordena que quienes patrocinen a inmigrantes reembolsen al gobierno si estos usan fondos públicos.

La ley señala que «el patrocinador, sea un residente legal permanente o un ciudadano, que respalda una solicitud de residencia de un extranjero, es responsable durante 10 años o hasta que el extranjero se convierta en ciudadano de los gastos que este incurra por uso de ciertos beneficios públicos», explica el abogado Alex Gálvez.
La orden de Trump establece que las agencias del gobierno aplicarán completamente las restricciones establecidas por la ley actual sobre el uso de programas de asistencia social en base a los ingresos por parte de no ciudadanos.

Trump exigió a las agencias que regulan beneficios de asistencia, entre ellos el servicio de inmigración y el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que elaboren y emitan recomendaciones y orientaciones “para garantizar que los pagos de bienestar basados en los ingresos se recuperen del patrocinador”.

“Hasta ahora no existía un protocolo claro para identificar a los patrocinadores y determinar los montos de las deudas a cobrar”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

Fuente: JORGE CANCINO