Deportación – Página 3 – Noticias en Houston

Por Equivocación lo iban a Deportar Ahora Recibe Compensación

En noviembre pasado, la policía de Grand Rapids, en Michigan, arrestó a Jilmar Ramos-Gómez, un veterano estadounidense que sirvió en Afganistán, y lo entregó a ICE. El concejo de la ciudad acordó este miércoles pagarle una compensación y notificó que el oficial de policía que cometió el error fue suspendido de sueldo temporalmente.

Hace casi un año Jilmar Ramos-Gómez, ciudadano estadounidense de origen hispano, fue detenido en un hospital de Michigan, acusado de causar daños menores en esa propiedad. Tras ser arrestado lo llevaron erróneamente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con fines de deportación. Luego de 27 días, fue liberado debido a la decisión de un juez.

Ahora, además, la ciudad de Grand Rapids, Michigan, acordó el pago de una compensación de 190,000 dólares a Ramos con el fin de resolver una denuncia interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan y el Centro de Derechos Migratorios de ese estado.

La denuncia sostiene que el capitán de policía Curtis VanderKooi, que ordenó entregarlo a las autoridades migratorias, discriminó a Ramos-Gómez basándose en su raza, lo que viola la Ley Estatal de Derechos Civiles Elliott-Larsen.

Ramos nació en Michigan. Después de terminar la escuela secundaria se alistó en la Infantería de Marina, sirviendo entre 2011 y 2014 en Afganistán como cabo y tripulante de un tanque de guerra.

En su hoja de servicios exhibe una Medalla del Servicio de Defensa Nacional, otra por Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo, otra por la Campaña de Afganistán, entre otras condecoraciones por sus acciones en el combate.

Tenía 27 años cuando fue arrestado por la policía de Grand Rapids el 21 de noviembre pasado por causar un pequeño incendio que activó la alarma de un hospital. Le formularon cargos de incendio provocado y destrucción maliciosa de propiedad, y fue confinado en el Correccional del Condado de Kent.

Según documentos de la ACLU, el veterano llegó del campo de batalla con trastornos mentales. «Tiene episodios en los que desaparece y, cuando se le encuentra de nuevo, a menudo no recuerda dónde ha estado», le contaron sus familiares a los abogados de la organización.

Ramos-Gómez se declaró culpable de un delito menor de invasión de propiedad ajena por el incidente. Un juez ordenó su liberación el 14 de diciembre en espera de su sentencia.

Pero su libertad no iba a ser ni tan inmediata ni tan fácil. Cuando su madre, guatemalteca de nacimiento, llegó para recogerlo, le dijeron que su hijo había sido transferido a un centro de detención de inmigrantes en el condado de Calhoun.

«Casi me da un infarto. Ellos no tenían nada que hacer con mi hijo. ¿Por qué inmigración?», declaró en aquel momento la madre del veterano.

Su padre, Richard Kessler, quien además es abogado de inmigración en Grand Rapids, se sorprendió cuando lo llamaron para notificarle que su hijo estaba detenido en un centro de ICE, y podía ser objeto de una deportación.

Tras un enérgico reclamo de Kessler a los funcionarios de ICE, el veterano fue puesto en libertad inmediatamente, aunque las autoridades migratorias nunca admitieron su error, limitándose a decir: «Venga a buscarlo».

El oficial VanderKooi que ordenó hace un año entregar a Ramos a ICE cumplió con una suspensión sin sueldo por 20 horas por violar la política del departamento.

Una orden de deportación no significa que las opciones se acabaron: te explicamos por qué

De acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York), entre los años fiscales 2011 y el 2019 las cortes de inmigración emitieron 959,555 órdenes de deportación. No se sabe cuántas han sido ejecutadas.

Un albañil que resultó herido en el colapso parcial del Hard Rock Hotel que se construye en Nueva Orleans, Louisiana, y que fue detenido dos días más tardes por agentes federales, se encuentra a punto de ser deportado de Estados Unidos.

Identificado como Delmer Ramírez-Palma, el inmigrante de origen hondureño fue uno de los más de una docena de trabajadores que resultaron heridos en el accidente registrado el 12 de octubre.

El inmigrante fue detenido días después de la tragedia por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bayou Sauvage en Nueva Orleans, ubicado a unas 15 millas del hotel, confirmó la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado.

Ramírez Palma tiene una orden de deportación emitida en febrero de 2016 y actualmente se encuentra bajo custodia de ICE “a la espera de su traslado a su país de ciudadanía», agregó la agencia.

«Lamentablemente ya tenía una orden de deportación», dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), quien agregó que en estos casos por lo general el gobierno ejecuta la orden de expulsión de manera acelerada.

Busque ayuda

“Muchos inmigrantes que tienen una orden de deportación no lo saben”, dice Núñez. “Muchos, cuando son detenidos, los procesan y luego los dejan en libertad. Pero por desconocimiento no van a la corte, piensan que son libres y se pierden dentro del sistema”; agrega.

El problema asoma cuando, como en el caso de Ramírez-Palma, “las personas entran en contacto con las autoridades policiales y descubren que tienen una orden de deportación. Ahí es cuando se dan cuenta de la gravedad del asunto”.

Según datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, se emitieron 57,539 órdenes de deportación en ausencia (un promedio mensual de 6,393).

En 2018 el número de órdenes de expulsión en ausencia fueron 46,058, y en 2017 alcanzó las 41,914.

No se duerma

La clave para defender su derecho de permanencia depende de cuán rápido de mueva y busque ayuda legal para revisar su caso.

“Más que todo, asesorarse legalmente. Para eso hay que revisar su expediente y buscar posibilidades y que usted no lo sabe que existen”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “En algunos casos se ha descubierto que el inmigrante no fue a la corte porque el gobierno envió una Notificación de Comparecencia (NTA) sin fecha de presentación y dirección. En esos casos, el gobierno debe comenzar todo de nuevo, un nuevo juicio”, añade.

Guerrero dice además que “también se puede presentar una moción de reapertura porque aparecieron nuevas evidencias a favor del caso. Pero para todo eso se necesita que sea un abogado certificado el que revise el caso y le presente una estrategia legal”.

Razones legítimas

“Si bien el gobierno ciertamente tiene el derecho de deportar a personas con órdenes legítimas de deportación final, muchas de esas órdenes pueden estar sujetas a impugnación”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York. «Los inmigrantes tienen derechos», agregó.

Por ejemplo, explica, “dadas las ineficiencias en el sistema de tribunales de inmigración, muchas personas pudieron haber recibido una orden de deportación ilegalmente porque ICE no tenía su dirección correcta para notificarles sobre su fecha en el tribunal de inmigración”.

Yale-Loehr indica que, “en estos casos, las personas afectadas pueden tener el derecho de reabrir su caso de inmigración. Busque un abogado ahora”, indicó.

Seis meses de plazo

“Las personas que tienen orden final de deportación en ausencia y nunca se enteraron de que debían presentarse a la corte de inmigración, tienen un plazo de seis (6) meses para reabrir su caso y explicar por qué no se presentaron y el juez emitió entonces una orden de expulsión de Estados Unidos”, explica Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Pueden explicar y demostrarle al tribunal por qué no se presentaron, por ejemplo, que el gobierno emitió la orden de comparecencia con una dirección equivocada, o sin un lugar físico donde acudir ni una hora específica. Y que por esa razón no fueron y la corte decidió expulsarlos en ausencia”, agregó.

Pero en general, “cuando el juez emite una orden de deportación final no hay vuelta de página”, previene Velásquez. “Las personas que tienen estas órdenes y no tienen argumento para impugnarlas, tienen que saber que van a ser deportados. Y si los arrestan no tienen derecho a comparecer nuevamente ante un juez”, advirtió.

Fuente: JORGE CANCINO

Estaban Como Turistas ICE los Deporta

La CBP capturó a cuatro latinos y se los dio a ICE.
Los latinos habían ingresado legalmente a Estados Unidos.
Todos admitieron estar trabajando ‘sin papeles’ correspondientes.
Cuatro latinos que habían entrado a Estados Unidos legalmente como turistas fueron arrestados y entregados a ICE por ejecutar trabajos de forma ilegal.

Agentes de la Patrulla Fronteriza en Maine arrestaron a cuatro ciudadanos brasileños a los que acusaron de residir sin autorización en Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) dijo que dos de ellos fueron arrestados en la zona de Farmington el 11 de septiembre, y la investigación los condujo a un hotel local donde detuvieron a los otros dos latinos.

La CBP no ha revelado las identidades de los latinos detenidos y entregados a ICE.
La agencia indicó que los cuatro latinos ingresaron al país con visas de turista y todos confesaron estar trabajando sin autorización, por lo que se iniciaron los trámites de expulsión del país y se los entregó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Por otra parte, AJC informó hace unos días que próximamente el entrenamiento de los agentes del ICE comenzará a utilizar nuevas estrategias y tecnología de punta para llevar a cabo de manera más efectiva su labor, como la construcción de ciudades falsas para entrenar a sus agentes.

Para ello, se han dado a la tarea de construir un innovador complejo de entrenamiento en Fort Benning, Georgia, donde los agentes entrenarán bajo las condiciones más específicas para lograr detenciones más efectivas e identificar de manera precisa los casos de inmigrantes no documentados que se encuentran actualmente en territorio estadounidense.

Para tal efecto es que se ha ideado dicho complejo, que se encuentra aún en etapa de construcción, aunque ya se conocen detalles que hasta el momento indican que es muy probable que este simule una pequeña ciudad de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados en la que se edificarían alrededor de 50 edificios imitando la estructura de un lugar habitado.

Se espera que esta construcción sea ‘hiperrealista’, es decir, que contenga cada uno de los detalles aleatorios que podrían encontrarse en una ciudad habitada y regular, y que la inversión total sea de 17 millones de dólares, informan los documentos oficiales que el gobierno ha dado a conocer hasta el momento.

El objetivo del nuevo centro de entrenamiento del ICE es servir como complemento a las instalaciones actuales que se encuentran en la base militar y crear un ambiente idóneo para que los agentes sean capaces de identificar situaciones específicas, como laboratorios clandestinos de sustancias ilegales o muros falsos.

De acuerdo con información del diario Atlanta Journal-Constitution, los agentes que entrenarán sus habilidades en estas nuevas instalaciones llegarán de todos los estados del país y encontrarán una ciudad imaginaria que estará compuesta por áreas urbanas, pero que además contará con detalles específicos en cada vivienda. Por ejemplo, los agentes deberán identificar el número de juguetes que se encuentran en espacios abiertos y cerrados, la cantidad de platos que hay en una mesa, así como pasaportes falsos que pudieran encontrarse en las residencias.

En una entrevista con dicho medio, Lindsay Williams, una oficial de asuntos públicos de ICE, declaró que esa agencia construye la ciudad porque los agentes se someterán a entrenamientos específicos que abarcarán desde el combate mano a mano hasta investigaciones encubiertas.

Luego, al término de su capacitación, se realizará una ceremonia de graduación y los agentes se encontrarán listos para servir en los equipos especiales del organismo.

Sin embargo, Williams no pudo indicar cuándo daría inicio la construcción de dicha área o la fecha en la que recibiría a los primeros agentes, pero sí indicó que los edificios serán modulares, de forma que, poco a poco, se puedan ir construyendo edificios más grandes o, bien, estos puedan desplazarse hacia otros sitios para crear ciudades o áreas más extensas.

Newsweek, por su parte, reportó que el Servicio de Inmigración y Aduanas ha especificado que su interés está centrado en crear una réplica estilo Chicago y Arizona dentro de un ambiente en el que los instructores a cargo del entrenamiento puedan observar las clases desde una distancia cercana.

Elementos de ICE declararon a Newsweek: “Por ejemplo, los detalles como el número de platos que se dejan en la mesa o los juguetes que hay en el patio, así como la luz, muebles y otras cosas, dan pistas que permiten a nuestros agentes y oficiales deducir información determinante que afecta de manera directa su seguridad y el potencial resultado de dicho caso”.

“Los dispositivos hiperrealistas les permitirán a nuestros equipos adquirir todas las experiencias del mundo real, sin el peligro del mundo real”, finalizaron.

En otro caso vinculado a la agencia de inmigración, el diario Chicago Sun Times reseñó el martes que se busca deportar a un hispano a pesar de tener una hija pequeña con leucemia quien requiere tratamiento en Estados Unidos.

El hispano no solo tiene que lidiar con la trágica noticia de que su pequeña hija tiene leucemia, sino también con una orden de deportación de ICE.

Cuando su hija de 18 meses tuvo fiebre alta a principios de este mes, Nora Quinonez la llevó rápidamente a un hospital en el condado McHenry, en Illinois.

Quinonez había estado cuidando a sus dos hijas sola desde que su pareja, Cristian Avalos-Merino, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas en mayo.

Así que también estaba sola cuando los médicos del hospital le dieron la mala noticia: su hija Kamilla Avalos tenía leucemia.

Al principio, Quinonez dudó en decirle a Avalos-Merino, quien ya estaba preocupado por ser deportado para El Salvador, un lugar del que huyó hace años, temiendo por su vida.

Avalos-Merino fue deportado antes, en 2008, pero regresó, lo cual es un delito grave. También solicitó recientemente asilo, pero fue denegado, aunque él planea apelar esa decisión, indicó el referido medio.

“No tengo familia aquí, solo tengo mis hijos”, dijo Quinonez. “No tengo con quien hablar, depender y estoy sola en todo esto en este momento”.

Operativos de Deportación al Suroeste de Houston

Vecinos de un complejo de apartamento al suroeste de Houston vivieron momentos de tensión este lunes por la mañana cuando llegaron a la propiedad los que ellos aseguran eran oficiales de inmigración. El Consulado General de México informó que no hubo un operativo migratorio como tal.

Los residentes de los apartamentos El Paraiso, ubicados en el 7700 de la calle Corporate Drive, al suroeste de Houston, estaban ansiosos y tensos durante la mañana de lunes luego de que, según indicaron, supuestos oficiales federales llegaron a tocar puertas en la propiedad.

Kaylin García relató que estaba en su automóvil en el estacionamiento del lugar, lista para llevar a su mamá a trabajar, cuando se percató de la presencia de uniformados y tomó una fotografía de estos para compartir en sus redes sociales

Miguel Ángel escobar, ptro residente del lugar, dijo a Univision 45 que tenía la puerta de su apartamento con tres seguros. “Así ya no se pueden meter”, dijo al tiempo que señaló que por el temor que sintieron se mantuvieron encerrados en sus departamentos

“Vienen a tocarte a la puerta y, aunque tu no tengas una orden de arresto o de deportación, le afecta a la gente, como quiera, le da miedo a la gente salir a la calle, ir a comprar a la tienda, o a cualquier cosa”, dijo Escobar.

Los activistas que se movilizaron hasta los departamentos donde se reportó la presencia de los agentes federales dijeron que lo más importante es que la gente sepa sus derechos.

“Conocer sus derechos, no abrir la puerta a inmigración y grabar o tomar foto de inmigración… por eso es que nosotros estamos aquí en los apartamentos El Paraiso, porque la gente hizo su trabajo de grabar y de confirmar que,si hubo presencia de inmigración aquí”, dijo César Espinosa, director de la organización proinmigrante FIEL.

Alicia Kerber Palma, cónsul general de México en Houston, aseguró a Univision 45 que no hubo un operativo de inmigración como tal en los apartamentos.

“No existió un operativo migratorio. Sí existía una situación muy particular, iban por una persona en especifico y de inmediato establecimos comunicación con las autoridades de ICE para saber de qué se trataba, y sobre todo, (para saber) si se trataba de un caso de detención que requiriera el apoyo por parte del consulado”, dijo.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señaló, a través de un comunicado enviado a Univision 45, que no pueden dar a conocer detalles de las operaciones que se realizan, pero que su prioridad durante los operativos son los arrestos de criminales que representan un peligro para la comunidad y de aquellos que han reingresado al país después de haber sido deportados.

Si estás aquí ilegalmente, Serás Expulsado: director de ICE

Según palabras del propio director de ICE la deportación de familias estaría dentro del objetivo de la mega operación nacional que anunció Donald Trump para la otra semana con el fin de deportar a “millones” de indocumentados.

“Si estás aquí ilegalmente, tienes que ser expulsado. Y en este caso, eso incluye a familias”, dijo el director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Mark Morgan, en una rueda de prensa telefónica.

Morgan, que apenas lleva unas semanas en el cargo, no reveló cuándo tendrá lugar la operación ni sus dimensiones y tampoco aclaró si esa operación es la que citó Trump en su tuit del lunes, cuando aseguró que ICE empezará la próxima semana un proceso para deportar a “millones” de indocumentados.

Pero el jefe de ICE afirmó que su agencia envió cartas en febrero a unas 2,000 familias de indocumentados que habían llegando recientemente al país, fueron sometidas a un juicio exprés, quedaron sujetas a órdenes de deportación y fueron informadas de que tenían que cooperar con las autoridades migratorias para abandonar voluntariamente el país.

El funcionario insinuó que si esas familias no cooperaron en marzo con ICE para irse del país, como se les pidió en las cartas, los agentes podrían tratar ahora de encontrarlas y deportarlas.

También recordó que ICE está trabajando con el Departamento de Justicia para intentar acelerar las deportaciones en diez ciudades: Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

Morgan subrayó que los resultados de esa operación conjunta han sido “decepcionantes” porque muchas familias “se niegan a presentarse” en los tribunales de inmigración para sus audiencias de deportación.

Sin embargo, la Universidad de Syracuse (Nueva York), que estudia las audiencias en cortes migratorias, dijo esta semana que el 99 % de las familias de indocumentados con representación legal acudieron a su cita ante el juez desde septiembre de 2018, igual que hicieron el 82 % de los que no tenían abogado.

Morgan confió en que la operación que prepara ICE disuada a más centroamericanos de emprender el viaje hacia el país.

“Va a enviar un mensaje muy fuerte a esas personas que piensan en venir aquí, para que no lo hagan. No solo vamos a aplicar la ley, mantener la integridad del sistema, sino que vamos a enviar un mensaje poderoso a los individuos en los países del Triángulo Norte (de Centroamérica): No vengan, no se arriesguen”, destacó.

Es poco habitual que ICE dé detalles de antemano sobre una redada u operación a gran escala, y las declaraciones de Morgan parecían un intento de disipar la confusión generada por el tuit de Trump este lunes.

Pero el director de ICE negó que haya “un cambio” o “un nuevo enfoque” en las prioridades de su agencia, y subrayó que siguen centrados en “aplicar la ley” migratoria del país.

La Persona Detrás la Supuesta Deportación de Millones

+ El asesor de Trump, Stephen Miller es el autor de la operación anunciada por Trump

El presidente Donald Trump twitteó el lunes por la noche que su gobierno planea una mega operación de ICE a nivel nacional para deportar a millones de indocumentados iniciando la próxima semana.

“La próxima semana, ICE comenzará el proceso de eliminar a los millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia los Estados Unidos”, escribió Trump . “Se eliminarán tan pronto como entren”.

Por su parte funcionarios cercanos a las Casa Blanca que tienen conocimiento de los preparativos han dicho en los últimos días que la operación no fue inminente, y los funcionarios de ICE dijeron el lunes por la noche que no sabían que el presidente tenía previsto divulgar sus planes de cumplimiento en Twitter, informó el Washington Post.

También se dio a conocer que los planes de esta detención masiva viene siendo impulsado por el asesor Stephen Miller desde hace meses. Sin embargo la iniciativa tenía como objetivo realizar hasta 10,000 arrestos en 10 ciudades de los EEUU, pero nunca en la magnitud que prometió el presidente.

Tambien es parte del plan de Miller que la administración de Trump realize este operación que muestre esfuerzo de las autoridades migratorias para aumentar la visibilidad de la mano dura de la política migratoria del presidente Donald Trump en medio de sus diferentes flancos de lucha, como su disputa con paises vecinos así como su propia reelección.

Sin embargo, en el pasado informó el Slate que las implicaciones prácticas y humanas del plan hicieron que tanto el director en funciones de ICE, Ronald Vitiello, como el secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se negaran, citando deficiencias operativas y el potencial retroceso público para arrestar a familias en las calles. Ambos perdieron sus trabajos en poco tiempo.

Habra que esperar si el plan de Miller se lleva a cabo como lo prometió Trump el día de ayer o si esta fue una amenaza más del presidente en búsqueda de animar su base electoral ante la caída en las encuestas.

A Partir de la Próxima Semana Trump Deportará Millones de Indocumentados

+ «Serán expulsados tan pronto como lleguen», dijo el presidente en una publicación de Twitter en la que también celebró los esfuerzos de México por contener la inmigración centroamericana.

El presidente Donald Trump anunció la noche de este lunes a través de su cuenta de Twitter que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a deportar a «millones» de inmigrantes indocumentados a partir de la próxima semana.

«La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia Estados Unidos. Serán expulsados tan pronto como entren», escribió Trump en Twitter.

En un segundo mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que Guatemala se prepara a firmar un acuerdo que lo convertiría en tercer país seguro, en el que los solicitantes de asilo puedan esperar una respuesta a sus requerimientos, tema que para el gobierno México aún se encuentra en debate.

«México, utilizando sus leyes de inmigración de manera firme, esta haciendo muy buen trabajo para detener a las personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur. Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro», escribió Trump en otro tuit.

Hasta el momento, no ha quedado claro el significado de las declaraciones emitidas por Trump a través de la red social Twitter. ICE no ha anunciado operaciones sobresalientes para las próximas semanas y la Casa Blanca tampoco ha emitido un comunicado.

Trump y Stephen Miller, su más radical asesor en materia de inmigración, han estado presionando a los oficiales de Seguridad Nacional para que arresten y expulsen a miles de familiares cuyas órdenes de deportación fueron aceleradas por el Departamento de Justicia este año, indica un reporte del diario The Washington Post.

El anuncio de Trump tiene lugar en un momento en el que México vive una crisis migratoria y para resolverla alcanzó un acuerdo con la Casa Blanca el pasado 7 de junio en el que el gobierno mexicano se comprometió a reducir en 45 días el flujo migratorio que atraviesa su territorio con destino a Estados Unidos; de lo contrario Washington anunció que tomaría otras medidas.

Como parte del acuerdo, México anunció el despliegue de 6,000 elementos de la recién creada Guardia Nacional en su frontera sur para contener la afluencia de migrantes centroamericanos.

El plan celebrado entre los países vecinos evitaría aranceles planificados del 5% sobre el total de las importaciones mexicanas.

El reciente anuncio de Trump se produce después de que el Departamento de Estado informara que condicionará la entrega de ayuda para El Salvador, Honduras y Guatemala a que sus gobiernos adopten «acciones concretas» para reducir el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

«No vamos a entregar nuevos fondos para programas de estos países hasta que estemos satisfechos con las acciones concretas tomadas por los gobiernos del Triángulo Norte para reducir el número de migrantes ilegales que vienen a la frontera con Estados Unidos», dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

Trump Busca Deportar a Residente que Ryan Usado Beneficios Públicos

+ El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

El gobierno de Donald Trump considera una nueva política que busca modificar el reglamento de carga pública para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes ( green card o tarjeta verde) que han utilizado beneficios públicos.

El plan asoma dos semanas después de conocerse que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, prepara un plan de reforma migratoria para presentárselo al presidente y luego conseguir respaldo bipartidista en el Congreso para aprobarlo en ambas cámaras, tarea que por ahora resulta incierta.

De autorizarse, el plan revertiría la actual política que permite deportar a residentes legales que se declaran carga pública, pero es raro que ocurra.

El nuevo reglamento está siendo redactado por el Departamento de Justicia y un borrador fue visto el viernes de la semana pasada por la agencia Reuters. El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno por restringir la inmigración de personas de bajos ingresos, agrega.

Qué busca

El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

Reuters dijo que, si bien el plan se encuentra en una etapa temprana, puede que no se convierta en una política oficial del gobierno.

Agregó que, incluso es probable que, de publicarse, sea demandado en los tribunales de justicia al igual que la mayoría de los cambios de reglamento que el mandatario ha ordenado desde que llegó a la Casa Blanca para cambiar la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso.

La regla actual

El reglamento vigente señala que la determinación de inadmisibilidad de un extranjero para entrar y/o permanecer en Estados Unidos se basa “según la totalidad de circunstancias”. Es decir, no solo en la amenaza que pueda existir de que el individuo se convierta en una carga pública, sino en otros factores tales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, y educación y capacitación.

“La presencia o ausencia de un solo factor no puede ser el único criterio para determinar la inadmisibilidad por carga pública, a menos que ese factor sea la ausencia o insuficiencia de una declaración jurada de patrocinio económico cuando así lo requieren las leyes y reglamentos que rigen un beneficio específico de inmigración, tales como ciertas solicitudes para un ajuste de estatus relacionado con la familia”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia federal agrega que, sin embargo, “no todos los beneficios financiados con fondos públicos son relevantes para decidir si alguien tiene probabilidad de ser una carga pública”. Pero de acuerdo con el borrador, el solo hecho de recibir fondos públicos sería suficiente motivo deportar a un portador de la green card.

Poco claro

“De acuerdo con lo poco que se conoce hasta ahora, no está claro si el gobierno quiere castigar a los extranjeros que piden la residencia y representan una amenaza de declararse carga pública, o también perseguirá a aquellos que ya tienen green card y en el pasado recibieron beneficios públicos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

Hernández agrega que “el gobierno puede estar considerando que tiene la habilidad de hacerlo, pero el análisis que se haga al respecto debe incluir la pregunta si la persona que pide ayuda al gobierno está cometiendo un crimen que lo convierta en inadmisible en Estados Unidos”.

El abogado agregó además que “el único que puede quitarle la residencia a un extranjero es una corte de inmigración”.

La USCIS dice que un extranjero “perderá su estatus de residente permanente si un juez de inmigración emite una orden final de expulsión contra usted” y que las secciones 212y 237de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “describen los motivos por los cuales se le puede ordenar salir de Estados Unidos”.

Causas de inadmisibilidad

Entre las faltas o delitos que convierten en inadmisible a un extranjero o residente se cuenta a personas que padecen enfermedades contagiosas y/o infecciosas, personas condenadas por delitos tales como asesinato, depravación moral, violación, abuso sexual, múltiples convicciones, trafico y/o consumo de drogas, prostitución, lavado de dinero, terrorismo.

“El pedir asistencia pública o recibirla no es un crimen”, apuntó Hernández. “Hace inadmisible en muchos casos a un extranjero para solicitad un beneficio migratorio, pero no puede ser castigado como si se tratase de un delincuente”.

Cabe destacar que el 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario en la cual decretó que cualquier extranjero “que haya abusado de cualquier programa relacionado con beneficios públicos”, será considerado como una prioridad de deportación.

No afecta la ciudadanía

La USCIS precisa en su página digital que “para propósitos de determinar inadmisibilidad, ‘carga pública’ significa una persona que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según lo demuestre el hecho de que ha recibido (o recibe) dinero público para su sustento, o por su institucionalización bajo cuidado a largo plazo a costa del gobierno”.

Añade que una persona que busca admisión en Estados Unidos o que busca ajustar su estatus al de residente permanente, será inadmisible si al solicitar la admisión o el ajuste de estatus tiene una alta probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento. Previene además que “el concepto de carga pública no se aplica en los procesos de naturalización”.

En caso Trump apruebe el plan, deberá publicarse primero en el Registro Federal (Diario Oficial estadounidense) y otorgar un período de comentario público de 60 días.

Reuters dijo que el borrador de propuesta del Departamento de Justicia también está dirigido a los jueces de inmigración para que tomen en cuenta y consideren el uso de beneficios públicos como un factor negativo al momento de determinar si admiten o no a un extranjero en Estados Unidos, como por ejemplo a los migrantes que llegan a la frontera en busca de asilo.

Reglamento en espera

Al tiempo que el gobierno de Trump estudia castigar a los residentes legales que piden ayuda pública, el DHS tiene en ascuas a millones de inmigrantes en Estados Unidos ante la inminente puesta en vigor de un nuevo reglamento de Carga Pública que castigará principalmente a inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres, quienes están en la lista de principales afectados por la nueva norma anunciada en septiembre por el gobierno de Trump.

El nuevo reglamento de ‘carga pública’ establece que los agentes de la USCIS determinarán sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

La nueva herramienta sugerida por el gobierno de Trump “establece una rúbrica complicada a través de la cual un agente de la USCIS tendrá que hacer un inventario extenso de la habilidad económica del solicitante, para con esos datos determinar si la persona será una futura carga pública o no”, explica Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, una guía de Univision. “Se trata de una propuesta que cambiaría completamente la manera en cómo el gobierno define el uso de beneficios públicos”, agregó.

No todos se verán afectados

Pero de acuerdo al reglamento, que ya fue comentado en el Registro Federal y el DHS se encuentra a la espera de publicar la versión final, no todos los inmigrantes se verán afectados.

De acuerdo con el borrador inicial publicado en septiembre, estos son los principales grupos de inmigrantes quedarán exentos de ser declarados carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):

Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano,
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
No-inmigramtes víctimas de crímenes que piden la visa U.
Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.

Fuente Jorge Cancino

98 Son los Deportados por México Debido a Trifulca en Frontera

Luego de que el presidente Donald Trump le pidió a México enviar de vuelta a sus países de origen “por cualquier medio necesario” a los migrantes que tratan de acceder a Estados Unidos, el país azteca tomó la drástica decisión de deportar a migrantes de la caravana.

México deportó a 98 migrantes que presuntamente protagonizaron una trifulca, al romper este domingo un cerco de la Policía Federal en la ciudad de Tijuana con el afán de cruzar la frontera con Estados Unidos, informó hoy el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Anoche fueron 98 personas puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración o aseguradas por personal del Instituto y han sido deportadas”, explicó en una entrevista en Televisa Gerardo García Benavente, comisionado del INM.

El funcionario explicó que estos datos son “preliminares” y relató que las 98 personas que ya han sido deportadas son en su mayoría hondureñas. García Benavente recordó que el INM “cuenta con mecanismos de deportación y de retorno asistido, para hacer abandonar el territorio nacional a los extranjeros que violenten” las leyes migratorias.

Asimismo, aclaró que la actuación de la policía fronteriza estadounidense, que lanzó gases lacrimógenos contra los migrantes que intentaban cruzar la frontera, ocurrió “de lado norteamericano” y no mexicano.

Y explicó que los migrantes que sí lograron cruzar la frontera probablemente sean encarcelados por las autoridades estadounidenses durante seis meses y posteriormente deportados.

El funcionario no aclaró si durante la trifulca hubo mexicanos detenidos que también intentaron cruzar la frontera y alcanzar territorio estadounidense.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México exigió hoy a los migrantes de la caravana de centroamericanos que eviten “conductas indebidas” y que respeten las leyes mexicanas.

Estados Unidos Debe Reunir a más de 2,500 Niños con sus Padres

Este próximo jueves 26, el gobierno del presidente Donald Trump enfrenta la fecha límite impuesta por el juez federal Dana Sabraw para reunir a más de 2,500 niños con sus padres, y tanto abogados como activistas temen que altos funcionarios ya han sentado las bases para incumplir el mandato.

Según datos proporcionados por el Departamento de Justicia el viernes pasado en documentos legales, menos de 500 niños mayores de 5 años han sido reunidos con sus progenitores. Otros 2053 están aún en el limbo, a cargo de varias agencias del gobierno, con sus nombres en varias bases de datos y sin un plan claro para garantizar que realmente llegarán a manos de sus padres.

El gobierno cumplió parcialmente otra orden para reunir a un centenar de niños menores de 5 años que se venció el 10 de julio, reuniendo únicamente a unos 59 de ellos, pero alegando que el resto “no eran elegibles” para volver con los familiares con los que vinieron a este país por una variedad de razones.

Entre las razones dadas por el gobierno hace unos días para no reunir a más de 40 niños menores de 5 años con sus padres están : “preocupaciones de seguridad” para los niños, antecedentes penales de los padres, algunos adultos no eran los padres y al menos 24 niños no pudieron ser reunidos porque sus padres ya habían sido deportados.

En cuanto al grueso de los niños, los que tienen entre 5 y 17 años, el gobierno ha dicho que alrededor de 900 tampoco son elegibles para la reunificación, y que “estaban trabajando” en el resto, según informó la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), organización que lidera la demanda contra el gobierno exigiendo la reunificación.

A fines de la pasada semana, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que el gobierno “haría lo posible” por cumplir la fecha límite, pero que no era posible hacerlo sin tomar en cuenta la seguridad nacional y la evaluación de los antecedentes de los padres.

“Tenemos a nuestro cargo la protección de estos menores”, djio Nielsen el jueves pasado durante una entrevista con una cadena nacional.

No obstante el juez federal Dana Sabraw, de San Diego, se mostró optimista el viernes durante una audiencia con los abogados del caso, indicando que el gobierno le aseguró que reuniría a 88% de las familias antes de la fecha señalada. “El proceso parece estar funcionando bien”, dijo Sabraw en dicha conferencia.

Lee Gelernt, abogado de la ACLU, indicó que su organización está presionando para que el gobierno entregue la mayor cantidad de información posible, para comprobar que los números anunciados realmente fueron reunidos y una lista detallada de los padres o hijos que ya fueron deportados.

Muchos de los que ya fueron reunidos supuestamente fueron liberados en forma condicional y otros permanecen detenidos en el mismo centro de detención, después de haber estado en diversos puntos del país durante semanas, uno o dos meses.

Más de 130 padres, entretanto, han pedido que los deporten sin sus hijos, para darle a estos la posibilidad de permanecer en Estados Unido peleando sus casos, informó el gobierno en el mismo documento legal.

Entretanto los abogados, asistidos por algunas organizaciones no lucrativas, están haciendo lo posible en las cortes para seguir ejerciendo presión sobre el gobierno. La orden del juez Sabraw también impide temporalmente la deportación de las familias reunidas, para dar tiempo a que estas puedan tener acceso a ayuda legal y evaluar sus casos para posibles solicitudes de asilo.

Este lunes, por ejemplo, la oficina de la senadora Kamala Harris envió un email a sus partidarios anunciando que estaba ayudando a la coalición “Families Belong Together” a recabar fondos para representar y reunificar a las familias migrantes separadas cuando llegaron a la frontera de Estados Unidos pidiendo refugio.

Harris, en un email a todos sus seguidores, no pidió dinero para sus cofres de campaña sino que, indicó, “todos los fondos que se recaben irán directamente a las familias, muchas de las cuales no han podido reunirse en parte porque no tienen el dinero “para pasajes de avión, hotel y necesidades de los niños”, que el gobierno les exige pagar.

La pasada semana, una delegación de congresistas que recorrió uno de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas dijo que muchas familias aún están siendo separadas si el adulto no es un padre sino un tío, hermano, primo mayor o abuelo.

Entretanto, los abogados que representan al Caso Flores, que garantiza los derechos de ciertos niños migrantes en Estados Unidos, acudirán este viernes a otra corte federal en Los Angeles para pedir que se revise el “incumplimiento” del gobierno a las condiciones de esta demanda, que se ganó hace casi 30 años.