El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en Brownsville contra la Administración de Trump para exigir el fin del programa Acción Diferida para Arribados en la Infancia, conocido como DACA. Junto a Texas se unieron los estados de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia
DACA otorga permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. La demanda señala una creciente frustración de los republicanos con las luchas del presidente Trump para avanzar en sus políticas de inmigración y podría llevar a decisiones judiciales contradictorias que pondrían el destino de 690,000 inmigrantes conocidos como “soñadores” en manos de una Corte Suprema dividida sobre este tema.
El argumento de Paxton pide que resuelva si la decisión del presidente Obama de otorgar protecciones de deportación en 2012 y autorizaciones de trabajo de dos años para inmigrantes indocumentados adolescentes -sin aprobación del Congreso- fue legal.
Varios estados habían desafiado este programa el año pasado, lo que orilló a Trump ha anunciar que terminaría gradualmente con DACA, iniciando el 5 de marzo. Partidarios de DACA lo defendieron en la corte y los jueces de California, Nueva York y el Distrito de Columbia lo bloquearon temporalmente.
“Nuestra demanda esta basada sobre el estado de derecho, no sobre la sabiduría de ninguna política de inmigración en particular”, dijo Paxton en un comunicado de prensa recogido por medios nacionales. “Dejado intacto, DACA establece un precedente peligroso al darle al poder ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas por el Congreso y cambiar las leyes de inmigración de nuestro país para adaptarlas a las preferencias políticas del presidente”.
No hubo una respuesta inmediata de las autoridades gubernamentales. Esta demanda no afectaría los permisos existentes, sino solo pide que no se emitan más permisos de trabajo y lo declare ilegal.