El gobierno sostiene que revertir esa protección migratoria significará «liberar dentro del país a extranjeros que están bajo riesgo de deportación».
El ejecutivo estadounidense solicitó el miércoles (18.11.2026) a la Corte Suprema que impida la ejecución de una decisión de un tribunal inferior que requiere restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos a quienes se les había cancelado este beneficio.
Específicamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a la máxima corte que anule la resolución del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California, que en octubre del año pasado consideró necesario reestablecer el beneficio, el cual protege a los inmigrantes venezolanos de la deportación.
En su solicitud, la administración de Donald Trump argumenta que acatar esa decisión «provocará un daño significativo al gobierno, obligándolo a liberar en el país a extranjeros que pueden ser deportados, sin ninguna garantía de que se les pueda localizar posteriormente” y llevarlos de nuevo a un centro de detención, de acuerdo con información detallada por The Hill.
Hay 1.800 individuos bajo detención migratoria.
La resolución del tribunal de apelaciones se refiere a una determinación realizada el año anterior por un tribunal inferior en el caso titulado ‘National TPS Alliance contra Mullin’, que concluyó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, sobrepasó su autoridad al cancelar una extensión del TPS previamente concedida a Venezuela.
En lugar de mantener el beneficio, que resguarda a los inmigrantes de la deportación y les proporciona permisos laborales, Noem terminó con la designación del TPS para esa nación sudamericana.
La Alianza Nacional TPS (National TPS Alliance, en inglés) interpuso una demanda contra el gobierno de Trump por finalizar el programa, logrando que un juez federal fallara a favor de los inmigrantes. Sin embargo, la administración apeló ante la Corte Suprema, que permitió temporalmente la suspensión del beneficio. Dicha suspensión finalizará el próximo viernes.
En su presentación, el fiscal general de Estados Unidos, D. John Sauer, indicó a los magistrados de la Corte Suprema que, salvo que ellos intervengan, se verán forzados a restablecer la protección y liberar a cerca de 1.800 extranjeros que están bajo detención migratoria, así como también a interrumpir los procedimientos de deportación en curso.
La administración Trump confía en que el tribunal supremo, con mayoría conservadora, apoyará de nuevo su enfoque en materia migratoria.
