El mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una directriz ejecutiva que prohíbe a las entidades bancarias otorgar financiamiento a inmigrantes sin autorización, argumentando motivos de seguridad nacional.
La directriz, suscrita el martes 19 de mayo, busca restaurar la solidez del sistema financiero en Estados Unidos, y solicita la interrupción de las transferencias de fondos transfronterizos de bajo monto.
“Mi Gobierno no permitirá que se expongan a riesgos la seguridad nacional o la seguridad pública derivados de actividades financieras ilegales en el ámbito transfronterizo, ni tolerará que se comprometan los riesgos para nuestro sistema financiero a causa de la concesión de crédito o servicios bancarios a individuos extranjeros inadmisibles y susceptibles de ser deportados”, afirmó el presidente en la directriz.
Además, señaló que la provisión de servicios financieros básicos, sin adecuadas prácticas de verificación del cliente, puede ser explotada para facilitar la financiación de actividades que representan amenazas serias para la seguridad nacional y pública.
“Las transferencias de bajo monto entre fronteras se han empleado para apoyar o financiar el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y otras acciones ilegales”, denunció.
El presidente explicó que los estudios sobre tendencias financieras han revelado centros de operaciones financieras vinculadas al fentanilo en Estados Unidos asociados con cárteles mexicanos, y que un análisis reciente de las redes chinas de lavado de dinero evidenció cómo ciudadanos de otros países han utilizado cuentas en territorio estadounidense para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, subrayando la trata de personas entre las actividades ligadas a dichas transferencias.
“Es imperativo contar con programas robustos de verificación de clientes y con medidas de debida diligencia más estrictas para reducir estos riesgos”, expresó.
Adicionalmente, la directriz estipula que los bancos y otras entidades financieras deben ser cautelosos respecto a los riesgos crediticios que implican el otorgamiento de préstamos hipotecarios y para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a individuos que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos y que son susceptibles de deportación.
