Donald Trump perdió la batalla del censo 2020. A pocos días de que el Tribunal Supremo calificara de “forzados” los argumentos otorgados por el Gobierno para incluir una pregunta sobre la ciudadanía, el Departamento de Justicia ha confirmado este martes que la encuesta no llevará la interrogante. Casi una veintena de Estados progresistas y varias asociaciones de derechos civiles llevaban un año y medio involucrados en disputas legales para bloquear la propuesta de la Administración. Quienes se oponían temían que la pregunta ‘¿Eres ciudadano estadounidense?’ llevara a muchos inmigrantes a no participar y eso derivara en una infrarrepresentación de esta comunidad, que suele dar su voto al Partido Demócrata. Además, podía afectar a la distribución de los fondos federales que se asignan en función de la población.
Después de que el Supremo eludiera pronunciarse la semana pasada sobre la legalidad de la pregunta sobre la ciudadanía, pero considera que los motivos proporcionado hasta el momento por la Administración para incluirlas parecían artificiales, Trump respondió que le preguntaría a sus abogados cuán factible sería retrasar el censo fijado para abril de 2020 -año de elecciones presidenciales- y así los funcionarios tendrían más tiempo de preparar una explicación de la necesidad. El argumento de la Casa Blanca para incluir la pregunta siempre fue querer hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales. Pero este martes, tras el varapalo del máximo tribunal, la portavoz del de Justicia, Kelly Laco, confirmó que no habrá «ninguna pregunta de ciudadanía en el censo de 2020″.
“La Oficina del Censo ha comenzado el proceso de imprimir los cuestionarios decenales sin la pregunta», dijo Wilbur Ross, secretario de Comercio —la cartera responsable del censo—, en un comunicado. «Mi enfoque, el de la Oficina y el de todo el Departamento es realizar un censo completo y preciso». «La administración de Trump no tuvo más remedio que seguir imprimiendo los formularios del censo de 2020 sin la pregunta de la ciudadanía. Todos en Estados Unidos cuentan en el censo, y la decisión de hoy significa que todos lo haremos», sostuvo en una declaración Dale Ho, quien fue uno de los que argumentó en el Supremo en su calidad de director del Proyecto de Derechos de Votación de la American Civil Liberties Union.
En reiteradas ocasiones los demócratas exigieron documentos al Gobierno para entender las reales motivaciones que lo habían llevado a querer incluir la pregunta, pero Trump llegó a invocar el privilegio ejecutivo para evitar que los funcionarios revelaran más información de la entregada hasta entonces.
Cuando apenas se conoció la intención de querer preguntar la ciudadanía, la oposición la interpretó como parte de la ofensiva antiinmigración de la Administración. Sin embargo, unos archivos del fallecido asesor republicano Thomas B. Hofeller revelaron que, según sus investigaciones, la pregunta ayudaría a reducir la representación de los electores hispanos, que suelen dar su voto al Partido Demócrata. El Gobierno federal utiliza los datos obtenidos del censo, que se realiza cada diez años, para determinar el número de escaños que corresponde a cada Estado en el Congreso y para distribuir recursos entre las administraciones locales. Si los inmigrantes no participaban de la encuesta, existía el riesgo real de que las comunidades en las que viven iban a obtener menos fondos de seguridad, sanidad, servicios sociales o infraestructura escolar