La semana pasada, la administración gubernamental reveló un plan para otorgar el contrato a Burke Law Group, una firma ubicada en Houston que posee escasa experiencia en asuntos migratorios.
Un pequeño despacho legal de Texas, asociado con la administración del presidente Donald Trump, declinó un contrato federal por 150 millones de dólares destinado a representar a menores migrantes que llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, según informaron las autoridades el miércoles.
Asimismo, un grupo diferente, cuyo exdirector ejecutivo enfrentó acusaciones de conducta inapropiada, recibió contratos por un monto que puede alcanzar los 244 millones de dólares para defender a estos menores.
La administración gubernamental comunicó la semana pasada su intención de adjudicar el contrato a Burke Law Group, una firma con sede en Houston que tiene una limitada experiencia en el ámbito de la inmigración. Esta oferta se realizó después de que la Casa Blanca permitiera que un contrato con casi 100 proveedores del Acacia Center for Justice venciera a finales del mes anterior.
Los menores que ingresaron al país sin la compañía de un adulto y que están bajo custodia federal están siendo representados de manera provisional por otro grupo, aunque aún no está claro cómo se resolverá esta situación al concluir el contrato en diciembre. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por su sigla en inglés), que es la encargada de supervisar estos contratos, emitió un comunicado el miércoles sin proporcionar explicaciones sobre los motivos que llevaron a Burke a rechazar la oferta.
«La firma Burke Law Group decidió no presentar una solicitud y no se le ha concedido ninguna subvención», informó la agencia —perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés)— en un correo electrónico como respuesta a una consulta sobre el contrato.
Burke Law Group publicó el martes un breve comunicado en las redes sociales, indicando que había considerado la posibilidad de postularse para una «pequeña parte» del contrato. Sin embargo, no explicó las razones detrás de su decisión de no seguir adelante.
La fundadora de Burke Law Group, Marcella Burke, desempeñó funciones como abogada en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) y en el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump.
Entre los integrantes de su equipo se encuentra Justin Shubow, un defensor de los esfuerzos de Trump para garantizar que los edificios federales sigan estilos arquitectónicos clásicos y tradicionales, quien fue nombrado por Trump como presidente de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. El conocido académico conservador Ilya Shapiro también figura como abogado principal.
La administración otorgó otro contrato por un valor de hasta 244 millones de dólares a Our Rescue, una organización dedicada a combatir la trata de personas con sede en Sandy, Utah. Este grupo, anteriormente conocido como Operation Underground Railroad, ganó notoriedad a raíz de la película «Sound of Freedom» lanzada en 2023.
El creador de Our Rescue, Tim Ballard, dimitió ese mismo año en medio de acusaciones de conducta inapropiada. Un número de mujeres presentaron demandas en las que señalaban que Ballard se aprovechaba de su posición en Operation Underground Railroad y de su compromiso por ayudar a luchar contra la trata de niños para victimizar a estas.
“Estos son algunos de los niños más desprotegidos a nivel mundial, y no merecen más que lo mejor de nuestra experiencia”, comentó Benner, un antiguo funcionario de alto nivel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
Los niños migrantes que son capturados tras su ingreso a Estados Unidos sin la compañía de sus progenitores suelen ser bajo la responsabilidad del gobierno federal. El Congreso ha implementado diversas legislaciones para su resguardo, incluyendo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, la cual estipula que el gobierno debe otorgar representación legal a los menores que enfrentan procesos de deportación.
Cerca de 1,800 menores residían en centros de acogida y aproximadamente 22,000 niños que se hallaban en procesos de deportación vivían con patrocinadores y familiares, de acuerdo con los proveedores de servicios legales cuyo contrato había vencido.
Burke Law Group, con menos de 30 abogados y solamente dos de ellos con experiencia pertinente en derecho migratorio, según su página web, fue uno de los dos despachos seleccionados por el gobierno para cubrir la falta de representación.
Se otorgó un contrato provisional de 20 millones de dólares que se extiende hasta finales de año al Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en inglés), un grupo de asistencia legal cuyo trabajo previo con el gobierno consistió en facilitar el reasentamiento de afrikáners.
Abogados de USCRI comenzaron a presentarse en cortes de inmigración la semana pasada y sin previo aviso, alegando que eran los representantes legales de niños a los que todavía no conocían, causando una gran confusión entre los jueces y los abogados del contrato vencido que continuaban brindando representación.
Algunos proveedores de asistencia legal cuyos contratos habían terminado interpusieron una demanda contra el gobierno, luego de varios meses sin recibir sus pagos. Un juez federal en California ordenó la semana pasada al gobierno federal que realizara los pagos correspondientes.
“Estos planes incompletos no son suficientes para cumplir con la orden de este tribunal”, afirmó Caelin Moriarity Miltko, abogada que representa a los proveedores, ante el juez la semana pasada, refiriéndose a los contratos provisionales que el gobierno intenta establecer.
“Los demandantes tienen un compromiso ético con los niños a quienes representan de seguir ofreciendo representación de la mejor manera posible, y no se puede trasladar esa representación de forma instantánea a un nuevo grupo solamente porque los demandados hayan modificado el contrato”, argumentó Miltko.
Bilal Askaryar, director de comunicaciones del Acacia Center for Justice, la organización que administraba el contrato expirado con el gobierno, confirmó el miércoles que los grupos comenzaron a recibir pagos que cubren seis de los nueve meses adeudados, y que el resto está en proceso.
