El alcalde de Houston, John Whitmire, ha comunicado un mensaje contundente: la protección de los ciudadanos no debe ser objeto de negociación en los procesos electorales. Ante las amenazas presentadas por el Procurador General y el Gobernador de Texas, la ciudad enfrenta una carrera urgente para recuperar al menos 110 millones de dólares en financiamiento que actualmente se mantienen inactivos debido a controversias legales sobre la colaboración entre el Departamento de Policía local y el ICE.
En una conversación con Deysy Ríos de N+ Univision 45, John Whitmire no ocultó su inquietud por la demanda entablada por el Procurador General de Texas y el bloqueo de, por lo menos, 110 millones de dólares en recursos destinados a la seguridad pública por parte de Greg Abbott.
«Celebramos un acuerdo con el gobernador para seguir la normativa, tanto el consejo como yo consideramos que lo estamos haciendo», afirmó Whitmire en su defensa.
Este capital no se trata únicamente de un registro contable. De acuerdo con el alcalde, esos recursos son fundamentales para servicios esenciales que afectan directamente a comunidades que, históricamente, han sido desatendidas como Gulfton, el Eastside y el Near Northside.
Asimismo, se trata de fondos que respaldan la lucha contra la violencia en el hogar, la protección de los jóvenes, la recolección de basura y la mejora del sistema de autobuses de Metro.
Uno de los aspectos más tensos de la discusión con N+ Univision 45 fue la percepción sobre el desempeño del Departamento de Policía de Houston. Whitmire fue claro al desmentir la idea de que dicho departamento actúe como una extensión del servicio de inmigración. «He patrullado con HPD. A los oficiales no les concierne el estatus migratorio de una persona al momento de la detención», manifestó.
Para sustentar su opinión, el alcalde presentó datos específicos que contrastan con la narrativa de miedo.
El mes pasado, de 22 individuos sobre los cuales se consultó a ICE después de detectar órdenes administrativas en el sistema, la agencia federal mostró interés real únicamente en dos casos con antecedentes peligrosos.
«El 90% de las veces, una detención por tráfico se resuelve en 10 minutos y la persona continúa su camino», explicó. Whitmire expresó su preocupación por el «teatro político» de algunos miembros del concejo y de funcionarios estatales que está causando terror entre trabajadores, nanas y miembros de las iglesias locales, y que incluso está impactando la asistencia escolar.
«Dejen la política a un lado. ¿Saben lo que está causando la política? Asustando a nuestra comunidad», concluyó Whitmire.
Whitmire, quien ha sido senador estatal durante 40 años, comprende bien el estilo del gobernador Greg Abbott. «Sé cuáles son sus intenciones, es pura política», indicó, aludiendo a que el estado está «buscando decisiones favorables» fuera de la jurisdicción de Houston.
No obstante, su enfoque no se orienta hacia la confrontación legal, la cual considera «costosa y lenta», sino hacia la modificación del lenguaje legal para acatar la ley estatal sin comprometer la autonomía de la ciudad.
La necesidad es urgente. Houston se alista para recibir la FIFA, lo que demanda una inversión considerable en horas extras para la policía y el alquiler de 50 ambulancias adicionales.
Sin la asistencia financiera estatal, la capacidad de la ciudad para reaccionar frente a situaciones de tal envergadura y para atender necesidades de salud pública, como la administración de vacunas y pruebas, estaría en grave riesgo.
«Y no tengo intención de participar en juegos políticos. No estoy en medio de una campaña», precisó Whitmire.
El alcalde señaló a los tres integrantes del concejo municipal que optan por el litigio, así como a los comisionados del condado que abordan estos asuntos a puertas cerradas sin llevar a cabo acciones concretas.
«Sin embargo, les solicito a los concejales y a los funcionarios del estado, que mantengan sus agendas políticas fuera de esta sala», manifestó el Alcalde.
Para Whitmire, el objetivo es claro: llegar al próximo miércoles con una propuesta de redacción jurídica que cumpla con las expectativas del estado y que permita devolver los fondos a los contribuyentes de Houston.
