El Departamento de Justicia de Estados Unidos procederá a despojar de su ciudadanía a 17 individuos naturalizados: razones detrás de la medida
Este desenlace podría permitir la activación de procedimientos de deportación. Entre los implicados se encuentran un inmigrante de Haití, la descendiente de un narcotraficante colombiano y un ciudadano originario de la ex Yugoslavia, entre otros.
Las autoridades estadounidenses han comenzado el trámite para revocar la naturalización de 17 personas, a quienes se les imputa fraude migratorio y delitos graves, destacándose entre estos el abuso sexual infantil y el lavado de activos.
La declaración hecha por el Departamento de Justicia representa el máximo uso de la desnaturalización como medida judicial hasta ahora y refuerza la estrategia del gobierno de Donald Trump destinada a aumentar la supervisión del proceso de naturalización.
Si los tribunales federales admiten las reclamaciones, las personas involucradas perderán la salvaguarda contra la deportación del país y regresarán a su situación migratoria anterior, usualmente como residentes permanentes legales.
Esa decisión puede suprimir de manera inmediata los derechos y beneficios vinculados a la ciudadanía estadounidense y facilitar la deportación de aquellos que queden desnaturalizados.
El Departamento de Justicia presentó demandas civiles para desnaturalizar a 17 individuos que, según se alega, adquirieron la ciudadanía mediante la ocultación de información relevante o a través de tergiversaciones intencionadas.
De prosperar estas acciones legales, un juez federal podría invalidar la naturalización, exponiendo a los involucrados a procedimientos de expulsión, dependiendo de la situación migratoria que retome cada uno tras el fallo judicial.
El grupo señalado está compuesto por individuos condenados o bajo investigación por crímenes violentos, abuso sexual de menores, fraude electrónico y bancario, lavado de dinero y fraude migratorio.
En los casos citados por las autoridades se encuentra un inmigrante haitiano acusado de haber abusado sexualmente de su hija; un hombre proveniente de la ex Yugoslavia sentenciado por abuso sexual de un menor; la hija de un narcotraficante colombiano acusada de blanqueo de dinero, y una mujer cubana denunciada por estafa a un casino tribal.
El Departamento de Justicia subrayó que las demandas se fundamentan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a las autoridades revocar la ciudadanía cuando esta se obtuvo de forma ilegítima o fraudulentamente, incluyendo la ocultación de datos relevantes o la falta de veracidad intencionada.
El proceso, que es de carácter civil, solo se lleva a cabo en tribunales federales, exige un estándar probatorio riguroso y suele prolongarse debido a la complejidad de la prueba documental y el historial de los casos.
De acuerdo con la explicación oficial, la ruta judicial busca establecer que la ciudadanía nunca debió ser concedida inicialmente, ya que el solicitante habría basado su naturalización en información falsa o incompleta.
De esta manera, la revocación no se considera un castigo penal adicional, sino la reversión de un estatus que, según el criterio del gobierno, fue logrado de manera irregular.
«Adquirir la ciudadanía de Estados Unidos es un privilegio», expresó el fiscal general interino Todd Blanche. Según Blanche, la meta fue mantener «una política de cero tolerancia frente al abuso de este procedimiento».
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, enfatizó el mensaje al declarar: “Si ingresas a este lugar, transgredes nuestras leyes y falseas tus trámites migratorios, perderás ese privilegio”.
El fiscal general adjunto Brett A. Shumate destacó: “No pasaremos por alto a aquellos que han conseguido ilegalmente la ciudadanía estadounidense”.
La Oficina de Litigios de Inmigración dirigió las acciones legales con la colaboración de USCIS, ICE y diversas fiscalías federales.
Según lo indicado por las autoridades, las demandas formuladas contienen acusaciones que deben ser probadas en un tribunal y no implican, por sí solas, un veredicto definitivo.
La desnaturalización significa que el individuo deja de ser considerado ciudadano y, con ello, pierde derechos y beneficios inherentes a ese estatus.
Desde ese momento, la persona puede verse sujeta a procesos de deportación, aunque la naturaleza inmediata de esto dependerá de la situación migratoria previa que cada individuo recupere y de las decisiones posteriores del gobierno.
En la historia reciente de Estados Unidos, la desnaturalización se ha implementado en contadas ocasiones y ha tenido antecedentes incluso durante la Segunda Guerra Mundial, en situaciones relacionadas con motivos políticos o de seguridad nacional.
En esta fase, el gobierno argumentó que la ofensiva formaba parte de una estrategia más rigurosa de control migratorio, diseñada para limitar el acceso a la ciudadanía y castigar las irregularidades observadas en el proceso de naturalización.
La administración de Trump aseguró que superó el número de casos abiertos en la gestión anterior. En el último año, las acciones para revocar la ciudadanía incrementaron en comparación con la administración de Joe Biden, que vio la presentación de 24 casos análogos.
Entre 1990 y 2017, la media histórica se estableció en 11 demandas anuales. El Departamento de Justicia reafirmó que “la ciudadanía estadounidense debe obtenerse de manera honesta” y que la política de “tolerancia cero” permanecerá vigente mientras los casos continúen su curso.
