La normativa respecto a la carga pública experimentará cambios en Estados Unidos y esto podría impactar a aquellos que desean obtener la residencia permanente. Desde el viernes 18 de septiembre de 2026, a menos que un tribunal emita antes una suspensión debido a la demanda presentada por varios estados, los funcionarios de inmigración implementarán nuevos parámetros para evaluar la situación económica de quienes solicitan este estatus.
La evaluación no se circunscribirá únicamente a los ingresos y bienes de cada individuo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) también considerará el uso potencial de ciertos beneficios públicos, como los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y diversos apoyos para la vivienda.
Estos elementos se tomarán en cuenta al analizar cada petición de Ajuste de Estatus y podrían tener un impacto en la resolución final. ¿Cuáles serán los aspectos que las autoridades migratorias valorarán? En N+ Univision te presentamos las cinco claves esenciales que debes comprender sobre la nueva normativa de carga pública.
1. La nueva normativa se implementará el 18 de septiembre de 2026
El cambio tiene una fecha específica: 18 de septiembre de 2026. En esa fecha, la nueva normativa del USCIS sobre la evaluación de si una persona que solicita el ajuste de estatus podría llegar a ser considerada una carga pública entrará en funcionamiento.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer la nueva normativa el 16 de julio de 2026. Este reglamento fue publicado en el Registro Federal el 20 de julio, reemplazando las regulaciones de inadmisibilidad por motivos de carga pública establecidas en 2022.
La nueva normativa se aplicará a las solicitudes del Formulario I-485, Solicitud para el Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, que se encuentren bajo esta causal de inadmisibilidad y que sean presentadas o tengan un matasellos a partir del 18 de septiembre de 2026.
2. No todos los solicitantes están obligados a seguir la normativa
La causal de inadmisibilidad por carga pública no afecta a todas las personas que piden el ajuste de estatus. Existen categorías y circunstancias que están exentas por mandato legal. La nueva normativa elimina de las regulaciones federales la lista establecida en 2022, pero las exenciones estipuladas directamente por ley permanecen vigentes.
Entre las categorías que deben considerar se incluyen, por ejemplo, algunos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, trabajadores, inversionistas, profesionales religiosos, ciertos empleados del gobierno estadounidense en el extranjero, inmigrantes con visas de diversidad y ciertos testigos o informantes internacionales.
Sin embargo, también hay muchas excepciones. Entre estas se encuentran asilados y refugiados, determinados intérpretes afganos e iraquíes, jóvenes inmigrantes especiales, solicitantes de Estatus de Protección Temporal, víctimas de trata de personas o de delitos específicos, autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, y aquellas personas que ajustan su estatus conforme a leyes de inmigración específicas.
Por ello, la aplicación de la normativa dependerá de la categoría migratoria bajo la que se solicite el ajuste de estatus.
3. USCIS evaluará cinco factores personales
La valoración no se fundamentará en un único dato económico. La normativa establece que los funcionarios de USCIS deben tener en cuenta cinco aspectos definidos por la legislación:
Edad
Salud
Composición familiar
Patrimonio, recursos y situación económica
Formación y competencias
Con la nueva normativa, los funcionarios también tendrán la capacidad de evaluar otros aspectos y circunstancias individuales que sean pertinentes para determinar si el individuo podría convertirse en una carga pública.
La entidad indica que examinará la evidencia disponible en el expediente y tomará decisiones de manera individualizada, considerando la totalidad de las circunstancias de cada persona.
4. USCIS considerará un mayor número de beneficios públicos
Uno de los cambios más significativos se refiere a ciertos beneficios públicos que dependen de la verificación de los recursos económicos.
En el caso de los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS menciona que solamente tomará en cuenta la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.
Por otro lado, respecto a los beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS procederá a considerar los beneficios públicos sujetos a la verificación de recursos económicos.
La normativa incluye, entre esos beneficios, la asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, apoyo para vivienda, cupones de alimentos y ayuda financiera para estudios universitarios, entre otros beneficios análogos.
Esto no implica que la recepción de alguno de estos beneficios por sí misma determine el resultado de una solicitud. USCIS señala que evaluará la evidencia pertinente y tomará una decisión en función de todas las circunstancias del solicitante.
5. En determinadas situaciones, USCIS podrá permitir una fianza
La nueva normativa también prevé la posibilidad de establecer una fianza por concepto de carga pública.
Si un funcionario determina que una persona que solicita el ajuste de estatus es inadmisible únicamente porque es probable que se convierta en una carga pública, USCIS puede solicitarle que presente una fianza.
Esta fianza sirve como una garantía financiera. Puede ser realizada mediante un depósito en efectivo ante USCIS o a través de una fianza de garantía presentada por medio de una empresa acreditada por el Tesoro de los Estados Unidos.
El monto se definirá considerando la cantidad de asistencia gubernamental a la que la persona podría ser elegible o a la que podría potencialmente tener derecho.
La persona no puede solicitar por su propia iniciativa que se establezca una fianza. USCIS debe determinar que es pertinente considerar una fianza y ofrecer la oportunidad de presentarla según el procedimiento establecido por la agencia.
¿Qué cambios se implementarán a partir del 18 de septiembre de 2026?
En líneas generales, la nueva norma ajuste la manera en que USCIS evaluará la causal de carga pública en ciertas solicitudes de ajuste de estatus.
La valoración tomará en cuenta la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, la formación y las competencias del solicitante, además de otros elementos relevantes, incluidos ciertos beneficios públicos recibidos a partir de la fecha de entrada en vigor.
