Cae Envío de Dinero a México

Los envíos fueron de 4 mil 761 millones de dólares, según Banxico. Miedo a deportaciones y amenaza de impuesto, las causas

En medio de los temores de deportaciones y amenazas de un nuevo impuesto, en abril las remesas que envían los mexicanos a sus familiares en el territorio nacional, sobre todo desde Estados Unidos, volvieron a bajarse del techo máximo de 5 mil millones de dólares.

Sin embargo, los paisanos hicieron un gran esfuerzo por hacer llegar a sus seres queridos un poco más de dólares, sobre todo en efectivo y especie.

El Banco de México (Banxico) informó que durante el cuarto mes de 2025 esos flujos de divisas ascendieron a 4 mil 761 millones de dólares, frente a 5 mil 141 millones que registraron un mes antes.

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El consenso de analistas esperaba un monto mensual de 5 mil 170 millones de dólares. Con ese resultado, es la tercera ocasión en este año en que las remesas se colocan por debajo de la barrera de 5 mil millones de dólares.

Los datos de abril de 2025 significaron una caída anual de 12.1% y una reducción mensual de 6.1%, de acuerdo con Banxico.

Del monto total, únicamente ingresaron 951.7 millones de dólares a través de los bancos, y 3 mil 809 millones de dólares lo hicieron por otros canales diferentes a las instituciones de crédito.

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Banxico registró 12.3 millones de operaciones, sobre todo electrónicas, para llevar a efecto la transferencia de los llamados “migradólares”, cuando en igual mes de 2024 habían sido 13.4 millones de transacciones, lo que significó una disminución de 8.1%.

Crece promedio enviado

De acuerdo con Banxico, aumentó el promedio por cada envío entre marzo y abril, al pasar de 383 a 385 dólares. Incluso, fue mucho más en efectivo y especie, pasando de 397 a 453 dólares. De manera acumulada, de enero a abril del presente año se recibieron un poco más de 19 mil millones de dólares, una caída de 2.50% anual.

Además, en cuatro meses se registró un total de 49.5 millones de operaciones frente a 50 millones en el mismo periodo de 2024, con lo cual se reportó una baja de 1%.

La remesa promedio enviada sobre todo por transferencia electrónica se redujo de 389 a 384 dólares al cierre de abril, lo que representó una reducción anual de 1.50%.

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Efecto Trump

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, calificó el comportamiento de las remesas en el cuarto mes del año como un “desplome”. Se debió al miedo de los paisanos de ser deportados al salir a hacer el envío.

Advirtió que esa tendencia podría seguir, lo que afectará el consumo de los hogares receptores y a la economía regional en entidades de mayor pobreza, como Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sin embargo, estimó que dado que aún falta que se defina el nuevo impuesto de 3.5% a las remesas por parte del gobierno estadounidense y su entrada en vigor, podría acelerar el monto enviado, pero dicho incentivo no será suficiente para contrarrestar el efecto negativo.

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Así, alertó que la expectativa para todo el año no es nada favorable, con la posibilidad de que se registre una caída anual.

Lo mismo opinó Banorte, al advertir que nuevos choques en el corto plazo provocarían adelantos de envíos, aunque el impacto total para 2025 todavía es incierto, con volatilidad en los flujos al resentir un ambiente más adverso en contra de los inmigrantes.

Suben en pesos

Destacó que, según los datos en pesos mexicanos, el monto alcanzó 95 mil 492 millones, un incremento de 4.8%, lo que implicó el fin de una racha de cinco meses de alzas a tasa de doble dígito.

Además, mencionó que se debe tomar en cuenta el efecto estacional desfavorable, ya que el periodo de Semana Santa fue negativo para los flujos.

Se Acada el TPS Para Cientos de Miles de Venezolanos

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir al Gobierno de Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deja a unos 350.000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de deportación en medio de la ofensiva del presidente contra la inmigración.

La decisión de la Corte Suprema permite al Gobierno de Trump poner fin al TPS para este grupo a la espera de la apelación del caso, allanando el camino para posibles deportaciones que podrían suceder en cualquier momento, dijeron los abogados de ciudadanos venezolanos amparados por el TPS que impugnaron la medida.

“El impacto inmediato de la decisión lamentablemente no está claro porque el tribunal no explica casi nada en su orden. Definitivamente, una lectura de la decisión es que los 350.000 venezolanos beneficiarios de TPS del grupo de 2023 acaban de perder su estatus y autorización de empleo”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.

A principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS, un programa temporal implementado durante el Gobierno de Joe Biden que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos lejos de la inestabilidad y violencia en sus país.

Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, una semana antes de que finalizara el 7 de abril, lo que causó que el Gobierno de Trump presentara una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El TPS para venezolanos fue instaurado en 2021 y extendido en 2023. La reciente decisión de la Corte Suprema afecta directamente a quienes solicitaron el TPS bajo la designación de 2023, mientras quienes lo solicitaron bajo la designación de 2021 podrán mantener, por ahora, sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre.

La Alianza Nacional TPS, el grupo que apoya a los migrantes beneficiarios del programa de protección temporal, y el American Venezuelan Caucus, un grupo de cabildeo que aboga por políticas en favor de los venezolanos en EE.UU., aún están tratando de determinar las implicaciones de una parte de la orden que podría proteger a algunos venezolanos. Pero Arulanantham dijo que muchos podrían ser deportados antes de que el caso esté completamente litigado.

En cuanto a cuándo y cómo podrían comenzar las deportaciones, los abogados aseguran que dependerá de la interpretación que haga el Gobierno de Trump de la reciente decisión de la Corte Suprema.

“Esto depende de la interpretación que haga el gobierno de la orden y las acciones del tribunal, pero no hay nada en la orden de la Corte Suprema que prevea ningún retraso en su aplicación”, señaló Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California.

Las opciones que tienen los venezolanos con TPS para evitar la deportación
La Alianza Nacional TPS recomienda a las personas consultar con un abogado de inmigración para analizar cuáles deberían ser los pasos a seguir en cada caso particular.

Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, dijo a CNN Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración. El asilo es una protección que ofrece Estados Unidos a personas que son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político. Existen dos tipos de asilo: el afirmativo, para quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión, y el defensivo, un proceso durante el cual la persona debe comparecer ante un juez de inmigración. (Conoce aquí el paso a paso para solicitar asilo en Estados Unidos).

Si la situación del inmigrante ha cambiado desde que fue cobijado por el TPS, y esa persona se casó con alguien que tiene residencia o ciudadanía, podría solicitar una residencia, dice la abogada Uribe, de Uribe & Uribe APLC. Según la legislación federal, si una persona indocumentada en EE.UU. se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría hacer que deba abandonar el país.

Si bien no se trata de una opción para todos los inmigrantes, un tercer escenario posible para los venezolanos en riesgo de deportación es, si han sido víctimas de algún crimen, la tramitación de una visa U, dice Uribe. La visa U es un estatus no inmigrante reservado para proteger víctimas de actos criminales en el país. El número de personas que obtienen la visa U al año no puede exceder las 10.000. (Conoce aquí cuáles son los requisitos para acceder a una visa U).

Una medida histórica contra el estatus migratorio de miles de personas

Arulanantham dijo que con el fin de TPS, el Gobierno de Trump está llevando a cabo “la mayor acción individual en la historia moderna de EE.UU. para despojar del estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos”.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Actualmente, de acuerdo con DHS, 17 países tienen Estatus de Protección Temporal en EE.UU. debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro.

El Gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más.

La Alianza Nacional TPS argumenta que no es seguro para ellos regresar a su país de origen.

Cecilia González Herrera, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Florida Central, dijo que ella y otros venezolanos que se benefician del programa no son criminales.

“Somos estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, propietarios de pequeños negocios”, dijo. “Somos sobrevivientes que buscaban un poco de refugio, seguridad y oportunidades en este país y todos merecemos la oportunidad de prosperar sin el temor de ser devueltos al peligro”.

Gobierno Federal Solicita Permiso para Deportar a 200 Venezolanos

La decisión del Tribunal Supremo será clave para definir la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros en el manejo de políticas migratorias

La administración de Donald Trump solicitó recientemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos permiso para reanudar la deportación de casi 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas.

Esta movida se produce luego de que una orden judicial previa suspendiera temporalmente las deportaciones basadas en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra que ha sido raramente utilizada en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de The New York Times, la administración, bajo la representación del procurador general D. John Sauer, argumenta que los migrantes, presuntamente miembros de la banda conocida como Tren de Aragua (TdA), son considerados peligrosos y problemáticos.

Según las declaraciones de Sauer, el grupo ha demostrado ser “especialmente peligroso” para mantener en detención prolongada. En su petición al Tribunal Supremo, la administración busca anular la orden de suspensión emitida en abril que protegía temporalmente a los migrantes de la deportación.

Los informes detallan incidentes donde un grupo de 23 migrantes se atrincheró en un centro de detención en Texas, específicamente en la instalación de Bluebonnet.

De acuerdo con una declaración bajo juramento del oficial del Departamento de Seguridad Nacional, Joshua Johnson, los migrantes bloquearon las puertas de su unidad de vivienda utilizando literas, cubrieron las cámaras de seguridad y bloquearon las ventanas.

Durante horas, amenazaron con tomar rehenes y atacar a los oficiales de ICE y al personal de la instalación. Este comportamiento, según la administración de Trump, es una prueba contundente del peligro que estos individuos representan incluso mientras están detenidos.

Tras el incidente, los migrantes fueron trasladados al Centro de Detención Prairieland en el norte de Texas. Johnson resaltó que el traslado fue esencial para garantizar la seguridad en la instalación original, ya que la conducta coordinada de los detenidos ponía en riesgo a otros detenidos, al personal y a los visitantes del lugar.

Argumento legal y procedimientos

En su declaración, Sauer enfatizó que la rápida deportación de estos individuos es crucial debido a los peligros que suponen. La administración de Trump sostiene que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es apropiado y cita el “interés fuerte del gobierno en remover de inmediato del país” a los miembros de bandas que sean una amenaza para los oficiales de ICE, el personal de las instalaciones y otros detenidos.

La Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, ha sido utilizada de manera excepcional en la historia de Estados Unidos, habiendo sido invocada solo tres veces anteriormente durante periodos de guerra declarada.

Trump proclamó su intención de usar esta ley en marzo para deportar a miembros de la banda venezolana TdA. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han enfrentado múltiples desafíos legales en las cortes federales.

El procurador general Sauer también argumenta que a los migrantes se les ha dado un aviso adecuado y la oportunidad de presentar peticiones de hábeas corpus para desafiar su deportación. Según Sauer, los migrantes han tenido tres semanas para presentar dichas peticiones, sin embargo, hasta la fecha no se han presentado recursos en el Distrito Norte de Texas.

Respuesta y contexto internacional

La situación ha capturado la atención internacional, reflejando las tensiones migratorias y las políticas de inmigración más estrictas implementadas durante la administración de Trump.

El grupo Tren de Aragua fue designado como una organización terrorista extranjera por Estados Unidos, lo cual contribuye a la percepción de peligro que rodea a estos migrantes.

Varios jueces federales han bloqueado las deportaciones bajo esta ley, reflejando las inquietudes legales y humanitarias en torno al uso de poderes de tiempos de guerra en asuntos de inmigración.

Sin embargo, la administración de Trump continúa buscando vías legales alternativas para la deportación, incluso bajo la autoridad de Title 8, que regula las normativas de inmigración y nacionalidad.

El proceso ha capturado la atención de varios medios de comunicación y grupos de derechos humanos que monitorean las acciones del gobierno. La próxima decisión del Tribunal Supremo será crucial para determinar el futuro de estos migrantes y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto moderno de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Trump Asegura que México le Tiene Miedo a Cárteles

Trump aseguró que Claudia Sheinbaum rechazó la ayuda militar de EEUU por miedo a los cárteles mexicanos

El presidente estadounidense afirmó que sería un “honor” enviar tropas para apoyar a México en la lucha contra los grupos criminales en su territorio, si el gobierno azteca acepta la asistencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar tropas estadounidenses para apoyar en la lucha contra el narcotráfico, debido a su temor a los poderosos cárteles de droga que operan en México.

Según Trump, Sheinbaum “tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar”, y agregó que este temor le impide tomar decisiones claras sobre el tema.

“La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, dijo Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial.

No obstante, Sheinbaum, en una rueda de prensa el día anterior, dejó claro que había rechazado la propuesta de Trump, argumentando que “el territorio es inviolable” y “la soberanía no se vende”.

La mandataria mexicana reiteró que puede colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero siempre respetando la soberanía del país y sin aceptar la presencia del Ejército estadounidense en su territorio.

“No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro”, enfatizó Sheinbaum, sugiriendo que la cooperación se debe limitar a compartir información y no a una intervención militar directa.

Según Claudia Sheinbaum, la propuesta de Trump se produjo en una conversación telefónica que tuvo lugar el mes pasado. En ese intercambio, el presidente de EEUU insistió en que las fuerzas estadounidenses desempeñaran un papel más importante en la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México.

A principios de este año, Trump ordenó que el Ejército de EEUU tuviera una mayor participación en el monitoreo del flujo de migrantes.

El Mando Norte de EEUU ha incrementado el número de efectivos y recursos en la frontera para monitorear el tráfico de fentanilo y ha buscado expandir su autoridad para permitir que las Fuerzas Especiales trabajen más de cerca con las fuerzas de seguridad mexicanas en operaciones contra los cárteles.

El presidente estadounidense también afirmó que, si México aceptara la ayuda, “sería un honor” enviar tropas para frenar la operación de los cárteles en territorio mexicano. En sus palabras, los cárteles están “tratando de destruir a nuestro país”, refiriéndose al impacto del tráfico de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos.

Trump señaló que la intervención de las fuerzas estadounidenses sería una respuesta a lo que calificó como una “plaga” de narcóticos en su país.

Como parte de sus esfuerzos para aumentar la presión sobre México, Trump ha tomado varias medidas en su segundo mandato. Entre ellas, ha impuesto aranceles a México, buscando que tome más medidas para frenar el tráfico de drogas.

En respuesta, México ha desplegado 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera común con EEUU para reducir el flujo de migración irregular y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema grave en ambos países.

Además, ha incluido a seis grupos del narcotráfico mexicanos en la lista oficial de organizaciones terroristas extranjeras. Entre estos grupos se encuentran el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noroeste, la Familia Michoacana y Carteles Unidos.

Esta designación busca restringir los movimientos de estos grupos y poner a disposición más recursos para las fuerzas de seguridad de EEUU en su lucha contra ellos.

Capturan en Colombia a cabecilla del Tren de Aragua acusado de terrorismo en Houston

El “Chuqui” fue arrestado en Bogotá y enfrenta cargos en Houston por terrorismo y tráfico internacional de cocaína.

Autoridades colombianas arrestaron a José Enrique Martínez Flores, alias el “Chuqui”, presunto alto mando del Tren de Aragua (TdA), organización recientemente designada como grupo terrorista por EE. UU.

Flores fue detenido el 31 de marzo en Bogotá por solicitud del gobierno estadounidense, que lo acusa de conspirar para apoyar al TdA y de participar en una red internacional de tráfico de cocaína.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas reveló que Flores enfrenta en Houston, Texas, una acusación formal por cinco cargos, incluyendo conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista, conspiración para distribuir cocaína y dos cargos por distribución internacional de droga.

Las autoridades aseguran que Flores operaba como líder del TdA en Colombia y coordinaba el envío de cocaína a Estados Unidos, destinando las ganancias al financiamiento de actividades criminales del grupo.

“Esta captura representa un punto de inflexión en nuestra lucha contra el Tren de Aragua,” señaló la fiscal general Pamela Bondi.

El caso marca la primera vez que un miembro del TdA es acusado formalmente por delitos de terrorismo, destacando la gravedad de las operaciones de esta estructura criminal transnacional.

Flores permanece detenido en Colombia mientras se adelantan los trámites para su posible extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentar cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares.

La operación fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el FBI, la DEA y las autoridades colombianas, reafirmando el compromiso internacional para desmantelar esta red criminal.

Las Tarifas Golpean a México y Castigan a América Latina

México será la única gran economía mundial en contracción este año debido a la guerra comercial abierta por Estados Unidos, que tira a la baja el crecimiento del resto de América Latina con la excepción de Argentina, según el Fondo Monetario Internacional.

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump son una estocada para la economía mexicana, que se contraerá 0,3% este año, afirma este martes el FMI al actualizar sus pronósticos para la economía mundial. México sufrirá pese a haber quedado fuera de las llamadas tarifas aduaneras «recíprocas».

«Esto implica que el FMI prevé un escenario de recesión en 2025» para el país, concluye la economista mexicana Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico del grupo financiero Base, en la red social X.

México es junto con Canadá y China una de las principales víctimas de las medidas del republicano, que les acusa de no combatir suficientemente el tráfico de fentanilo y la migración irregular en la frontera.

El tratado de libre comercio T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá no ha impedido a Trump imponer a sus vecinos un arancel del 25% a todos los bienes que exporten a suelo estadounidense, y del 10% a los productos energéticos canadienses.

Dio un paso atrás levantando temporalmente los aranceles a los productos que entran a Estados Unidos bajo el T-MEC, que, según la Casa Blanca, representan casi la mitad del comercio entre los tres países. La prórroga sigue vigente.

Además se les aplica el 25% a las importaciones de acero y aluminio y el 25% a las de automóviles, en este caso solo a las piezas sueltas que no procedan de Estados Unidos.

América Latina y el Caribe también acusan el golpe. Todos los países de la región (salvo México) se ven sometidos a un recargo mínimo universal del 10% impuesto por Trump a la mayoría de los bienes que entran en su territorio.

Las consecuencias están a vista. El FMI rebajó medio punto porcentual la previsión de crecimiento para la región, que se sitúa en el 2%.

El frenazo se debe «al impacto de los aranceles y la desaceleración del crecimiento mundial», explicó este martes Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, en rueda de prensa.

«Estamos viendo una actividad impulsada en gran medida por el consumo gracias a la resiliencia de los mercados laborales, mientras que la inversión sigue algo lenta», afirmó.

Y «aún existen desafíos en cuanto a la inflación», añadió Petya Koeva Brooks, subdirectora del departamento de estudios del FMI.

Por países, la economía de Brasil, la más grande de la región, crecerá 2% (-0,2 puntos porcentuales con respecto a la estimación de enero) este año, Colombia 2,4%, Chile 2%, Perú 2,8%, Ecuador 1,7%, Bolivia 1,1%, Paraguay 3,8% y Uruguay 2,8%.

El contrapunto es Argentina, que el 11 de abril recibió un préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares de los que la organización ya le giró 12.000.

La economía del país sudamericano crecerá 5,5% este año, es decir medio punto porcentual más que lo previsto en enero, sostiene el FMI.

«La recuperación y la confianza, creo, han influido en cierta medida en este pronóstico. Existen varios riesgos relacionados con el endurecimiento de las condiciones financieras, los precios de las materias primas y muchos otros factores, lo cual es cierto para muchos, si no para la mayoría de los países», analiza Koeva Brooks sobre Argentina.

El FMI pronostica en cambio una contracción del 4% en Venezuela.

Las tarifas aduaneras del presidente estadounidense también han hecho aumentar la inflación en algunos casos.

En América Latina y el Caribe, «las revisiones al alza para Bolivia, Brasil y Venezuela se han visto compensadas por revisiones a la baja para Argentina y otros países, lo que eleva la revisión general para la región a un 4,5%» de inflación, escribe el FMI en su informe.

Los recargos se hacen sentir además en el mercado laboral, con una disminución de la contratación en muchos países y un aumento de los despidos.

En general pocos se salvan del impacto del azote arancelario.

«El proteccionismo es un juego de suma negativa, como ya quedó evidenciado en varias etapas del siglo XX», afirma el economista uruguayo Aldo Lema en un artículo de opinión.

«Todos los países pierden, algunos más que otros, pero ninguno se salva. Por eso, si la globalización y la apertura externa generaron en Estados Unidos cierto malestar en algunos rubros económicos y segmentos de la población, mucho más van a generar el nacionalismo y el proteccionismo», concluye.

Gobierno Confirma que Migrante Deportado a El Salvador por Error es Trasladado a un Prisón de Menor Seguridad

Aunque fue removido del penal de máxima seguridad, Kilmar Ábrego García continúa bajo custodia de El Salvador sin contacto con su familia. La Corte Suprema estadounidense respaldó su retorno

El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó este lunes a un tribunal estadounidense que Kilmar Ábrego García fue trasladado de la megaprisión CECOT a una cárcel de menor seguridad, donde se encuentra en “excelente estado de salud”.

En un documento entregado a un tribunal federal de Maryland, que lleva el caso de Ábrego García, el Gobierno Trump dijo que la Administración de Nayib Bukele había confirmado que el inmigrante se encuentra “en buenas condiciones” en el Centro Industrial en Santa Ana, donde fue trasladado.

La jueza federal Paula Xinis ordenó al Gobierno proporcionar actualizaciones diarias sobre el estado y la ubicación de Ábrego García. En el reporte de este lunes, Estados Unidos confirmó el envío del migrante a una cárcel de menor seguridad.

El salvadoreño, de 29 años y residente en Maryland, fue enviado el pasado 15 de marzo, junto a más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde permanecía incomunicado.

El traslado del inmigrante al CECOT ha desatado una batalla jurídica en Estados Unidos, después de que la Casa Blanca admitiera que lo había deportado por “un error administrativo”, pero se niegua a traerlo de regreso.

La semana pasada el senador estadounidense Chris Van Hollen viajó a El Salvador para pedir la liberación de Ábrego García, residente hace más de una década en Maryland, el estado que representa el legislador.

Aunque no pudo hacer que lo liberaran, el legislador estadounidense se reunió con el inmigrante, que le informó que había sido trasladado a otra cárcel en Santa Ana, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está “traumatizado” tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

Este lunes una delegación de cuatro congresistas demócratas y el abogado Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), llegó a El Salvador para presionar por la liberación y el regreso del inmigrante a Estados Unidos.

En la batalla judicial por el caso de Ábrego García, el Supremo de Estados Unidos se puso del lado del inmigrante en un fallo respaldando la orden de la jueza Xinis, que instruye al Gobierno a “facilitar” el retorno del salvadoreño, pues tanto Estados Unidos como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

Trump Revoca Estatus a Aquellos que Entraron con la CBP One

A los migrantes a quienes se les permitió vivir temporalmente en Estados Unidos mediante una aplicación de citas en línea, de la era Biden, se les ha indicado que abandonen el país “de inmediato”, informaron las autoridades este lunes. Se desconoce cuántos beneficiarios se verían afectados.

Más de 900.000 personas pudieron ingresar al país mediante la aplicación CBP One desde enero de 2023. Generalmente, se les permitía permanecer en Estados Unidos durante dos años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial llamada permiso de permanencia temporal.

“La cancelación de estos permisos de permanencia temporal es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, declaró la unidad de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a preguntas.

Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiarios de CBP One, pero no especificaron cuántos. Se les instó a abandonar el país voluntariamente utilizando la misma aplicación que usaron para ingresar, ahora llamada CBP Home.

Las detenciones de inmigrantes en la frontera entre México y EE.UU. cayeron un 71% en febrero, dice CBP

“Es hora de que abandonen Estados Unidos”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional a una familia hondureña que ingresó a Estados Unidos a finales del año pasado. Associated Press revisó el correo electrónico recibido el domingo.

Otros compartieron el mismo correo electrónico en redes sociales.

Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a migrantes, indicó que algunas de las personas que recibieron las cartas de revocación provienen de Honduras, El Salvador y México.

CBP One fue una pieza clave de la estrategia de la administración Biden para crear y ampliar las vías legales para ingresar a Estados Unidos, en un intento por desalentar los cruces fronterizos ilegales. Para finales de diciembre, se había permitido el ingreso de 936.500 personas con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. El presidente Donald Trump canceló CBP One para nuevos residentes en su primer día de mandato, dejando varados en México a miles de personas que tenían citas hasta principios de febrero.

Migrantes quedan en el limbo luego de que Trump canceló la aplicación CBP One de citas en la frontera
Trump ha cancelado y revocado el estatus temporal para muchos de los beneficiarios de las políticas de Biden. El Departamento de Seguridad Nacional declaró este lunes que el uso de la autoridad para otorgar permisos de permanencia temporal por parte de Biden —más que cualquier otro presidente desde su creación en 1952— “agravó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el mes pasado la revocación de otra forma de permiso de permanencia temporal para 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viajaron al país por cuenta propia con un patrocinador financiero. Esta medida finaliza el 24 de abril.

La administración Trump también anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600.000 venezolanos y unos 500.000 haitianos, aunque un juez federal lo detuvo temporalmente, incluyendo el de unos 350.000 venezolanos que tenían previsto perder el TPS el lunes. El TPS se otorga en periodos de 18 meses a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y cuyos países se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles.

Trump Deja Fuera de Guerra de Aranceles a Rusia, Cuba y Corea del Norte Entre Otros

Países históricamente contrarios a Estados Unidos se ven exentos de estos nuevos impuestos al tener ya «otras sanciones», explicó la Administración Trump

Trump castiga con los mayores aranceles a Lesoto, el país del que «nadie ha oído hablar»

Después de semanas de especulaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles una serie de nuevos y drásticos aranceles a sus socios comerciales, calificándolos como una «declaración de independencia económica».

Washington implementará un «arancel base» del 10% a las economías globales, con tarifas más altas para aquellos países que considere como «actores problemáticos». Sin embargo, existen algunas excepciones.

Cuba, Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia no están sujetos a los nuevos «aranceles recíprocos» de Trump, ya que ya se enfrentan a sanciones, en el complicado contexto del panorama internacional, que «impiden cualquier tipo de comercio significativo», aclaró la Casa Blanca. En declaraciones a ‘Axios’, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Rusia y Bielorrusia quedaron fuera de la lista debido a las sanciones económicas ya impuestas.

Sin embargo, Irán y Siria, que también enfrentan fuertes embargos y sanciones, recibieron el miércoles aranceles adicionales del 10 y 40 por ciento, respectivamente.

Desde la Administración del expresidente Joe Biden, Estados Unidos ha impuesto una amplia gama de sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania, la interferencia en elecciones extranjeras, los ciberataques y las violaciones de derechos humanos. Estas medidas se dirigen a sectores clave de la economía rusa, como la energía, las finanzas, la defensa, la tecnología, los alimentos y los fertilizantes.

A medida que la guerra ha ido desarrollándose, EE.UU. ha ampliado las sanciones a las exportaciones de bienes de lujo y de tecnología avanzada y al petróleo y al gas. Todo con la finalidad de aislar a Rusia económicamente y reducir su capacidad bélica.

Las sanciones también se han centrado en personas cercanas al presidente Vladímir Putin, con el objetivo de presionar al Kremlin aislando a su élite política y económica.

Los aliados de Putin
En Bielorrusia, la antigua república soviética, Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones desde que el actual presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, ganó las elecciones de 2020, tachadas de «fraudulentas» por el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, y comenzó a alinearse con el Kremlin en el contexto de la guerra de Ucrania.

Las medidas incluían desde sanciones económicas hasta la restricciones para obtener visados y afectaron a entidades económicas, empresas tecnológicas y a individuos cercanos a Lukashenko.

En Cuba, las sanciones de EE.UU. datan de 1960, tras la Revolución cubana. Estas sanciones incluyeron la reducción de importaciones (excepto alimentos y medicinas), y el aislamiento diplomático y comercial de la isla.

Aunque hubo una desescalada de las sanciones durante la presidencia de Barack Obama, la Administración Trump revirtió muchos de esos avances, restaurando restricciones que han afectado gravemente a la economía cubana, dificultando el acceso a productos básicos y a la inversión extranjera.

Conexión con la Corea de Kim Jong un
Las sanciones de EE.UU. a Corea del Norte comenzaron en 1950, tras la Guerra de Corea, con el objetivo de debilitar el apoyo soviético a Pyongyang. Estas incluyeron un embargo comercial y restricciones financieras.

Aunque comenzaron a suavizarse con la visita de Trump, el primer presidente estadounidense en viajar al país, se acabaron reforzando debido al avance del programa nuclear de Corea del Norte, imponiendo sanciones más estrictas al comercio de armas y al sistema financiero, con la finalidad de presionar al régimen a negociar.

Los mayores afectados son los habituales socios comerciales de Estados Unidos. La Administración Trump impondrá aranceles del 34% a las importaciones procedentes de China, que se suman al 20% que ya tenían, del 24% a Japón, del 26% a la India, del 20% a la Unión Europea, del 17% a Israel y del 10% a la mayoría de los países latinoamericanos.

El arancel mínimo del 10% entrará en vigor el sábado 5 de abril, mientras que las tarifas adicionales para los «países problemáticos» comenzarán a aplicarse el 9 de abril.

Juez Suspende Eliminación el TPS Para Venezolanos

El juez federal de distrito de San Francisco Edward Chen suspendió este lunes la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de que expiraran. En una dura resolución de 78 páginas, el juez suspende de forma cautelarmente la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que supone un alivio inmediato para 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) iba a expirar el próximo 7 de abril. Además, hay otros 250.000 venezolanos para los que el TPS se acababa en septiembre.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, dice el juez en la parte dispositiva de su resolución.

“Al mismo tiempo, el Gobierno no ha podido identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos. Los demandantes también han demostrado que probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones tomadas por la secretaria [de Seguridad Nacional] no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añade. “Por estas razones, el Tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, concluye.

La demanda fue presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por afectados que disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país. La resolución del juez Chen, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, tiene efectos en todo el país.

El Congreso aprobó la ley que concede el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Ese estatus autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses si la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para el retorno.

El juez subraya que anular el TPS existente es una “acción sin precedentes”, “un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa” y que Noem la tomó solo tres días después de asumir el cargo, revirtiendo las medidas del anterior Gobierno. Chen, que da al Gobierno una semana para presentar una notificación de apelación, también desmonta los argumentos xenófobos en que se basó la decisión.

“Aunque las acciones de la secretaria parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la comunidad (insinuando que fueron liberados de prisiones e instituciones de salud mental venezolanas e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales), el historial indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen una licenciatura), tienen altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%), obtienen casi todos sus ingresos personales (96%) y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos de seguridad social. También tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, indica rotundamente.

En una vista celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS afirmaron que Noem no tiene autoridad para cancelar las protecciones y que sus acciones estaban motivadas en parte por el racismo, informa Associated Press. Pidieron a la jueza que suspendiera las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable a los titulares del TPS que luchan contra el miedo a la deportación y la posible separación de sus familiares.

Los abogados del Gobierno dijeron que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que las decisiones no estaban sujetas a revisión judicial. Los demandantes no tienen derecho a impedir que se ejecuten las órdenes de la secretaria, dijeron.

La decisión judicial da a los demandantes una semana para solicitar la suspensión de la resolución que del Departamento de Seguridad Nacional que acabará con las protecciones de unos 500.000 haitianos en agosto. Biden amplió considerablemente el uso del TPS y otras formas temporales de protección en una estrategia para crear y ampliar las vías legales para vivir en Estados Unidos, al tiempo que suspendía el asilo para quienes entran ilegalmente.

Trump ha cuestionado la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, y ha criticado su decisión solo unas horas antes de que su administración solicitara a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.

La administración también ha dicho que revocará las protecciones temporales para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada parole humanitario, que Joe Biden utilizó más que ningún otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.

El Gobierno ha decidido suprimir ese estatus legal y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les ha dado unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esa resolución también ha sido recurrida ante los tribunales.