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Se Acada el TPS Para Cientos de Miles de Venezolanos

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir al Gobierno de Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deja a unos 350.000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de deportación en medio de la ofensiva del presidente contra la inmigración.

La decisión de la Corte Suprema permite al Gobierno de Trump poner fin al TPS para este grupo a la espera de la apelación del caso, allanando el camino para posibles deportaciones que podrían suceder en cualquier momento, dijeron los abogados de ciudadanos venezolanos amparados por el TPS que impugnaron la medida.

“El impacto inmediato de la decisión lamentablemente no está claro porque el tribunal no explica casi nada en su orden. Definitivamente, una lectura de la decisión es que los 350.000 venezolanos beneficiarios de TPS del grupo de 2023 acaban de perder su estatus y autorización de empleo”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.

A principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS, un programa temporal implementado durante el Gobierno de Joe Biden que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos lejos de la inestabilidad y violencia en sus país.

Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, una semana antes de que finalizara el 7 de abril, lo que causó que el Gobierno de Trump presentara una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El TPS para venezolanos fue instaurado en 2021 y extendido en 2023. La reciente decisión de la Corte Suprema afecta directamente a quienes solicitaron el TPS bajo la designación de 2023, mientras quienes lo solicitaron bajo la designación de 2021 podrán mantener, por ahora, sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre.

La Alianza Nacional TPS, el grupo que apoya a los migrantes beneficiarios del programa de protección temporal, y el American Venezuelan Caucus, un grupo de cabildeo que aboga por políticas en favor de los venezolanos en EE.UU., aún están tratando de determinar las implicaciones de una parte de la orden que podría proteger a algunos venezolanos. Pero Arulanantham dijo que muchos podrían ser deportados antes de que el caso esté completamente litigado.

En cuanto a cuándo y cómo podrían comenzar las deportaciones, los abogados aseguran que dependerá de la interpretación que haga el Gobierno de Trump de la reciente decisión de la Corte Suprema.

“Esto depende de la interpretación que haga el gobierno de la orden y las acciones del tribunal, pero no hay nada en la orden de la Corte Suprema que prevea ningún retraso en su aplicación”, señaló Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California.

Las opciones que tienen los venezolanos con TPS para evitar la deportación
La Alianza Nacional TPS recomienda a las personas consultar con un abogado de inmigración para analizar cuáles deberían ser los pasos a seguir en cada caso particular.

Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, dijo a CNN Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración. El asilo es una protección que ofrece Estados Unidos a personas que son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político. Existen dos tipos de asilo: el afirmativo, para quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión, y el defensivo, un proceso durante el cual la persona debe comparecer ante un juez de inmigración. (Conoce aquí el paso a paso para solicitar asilo en Estados Unidos).

Si la situación del inmigrante ha cambiado desde que fue cobijado por el TPS, y esa persona se casó con alguien que tiene residencia o ciudadanía, podría solicitar una residencia, dice la abogada Uribe, de Uribe & Uribe APLC. Según la legislación federal, si una persona indocumentada en EE.UU. se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría hacer que deba abandonar el país.

Si bien no se trata de una opción para todos los inmigrantes, un tercer escenario posible para los venezolanos en riesgo de deportación es, si han sido víctimas de algún crimen, la tramitación de una visa U, dice Uribe. La visa U es un estatus no inmigrante reservado para proteger víctimas de actos criminales en el país. El número de personas que obtienen la visa U al año no puede exceder las 10.000. (Conoce aquí cuáles son los requisitos para acceder a una visa U).

Una medida histórica contra el estatus migratorio de miles de personas

Arulanantham dijo que con el fin de TPS, el Gobierno de Trump está llevando a cabo “la mayor acción individual en la historia moderna de EE.UU. para despojar del estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos”.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Actualmente, de acuerdo con DHS, 17 países tienen Estatus de Protección Temporal en EE.UU. debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro.

El Gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más.

La Alianza Nacional TPS argumenta que no es seguro para ellos regresar a su país de origen.

Cecilia González Herrera, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Florida Central, dijo que ella y otros venezolanos que se benefician del programa no son criminales.

“Somos estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, propietarios de pequeños negocios”, dijo. “Somos sobrevivientes que buscaban un poco de refugio, seguridad y oportunidades en este país y todos merecemos la oportunidad de prosperar sin el temor de ser devueltos al peligro”.

Gobierno Federal Solicita Permiso para Deportar a 200 Venezolanos

La decisión del Tribunal Supremo será clave para definir la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros en el manejo de políticas migratorias

La administración de Donald Trump solicitó recientemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos permiso para reanudar la deportación de casi 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas.

Esta movida se produce luego de que una orden judicial previa suspendiera temporalmente las deportaciones basadas en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra que ha sido raramente utilizada en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de The New York Times, la administración, bajo la representación del procurador general D. John Sauer, argumenta que los migrantes, presuntamente miembros de la banda conocida como Tren de Aragua (TdA), son considerados peligrosos y problemáticos.

Según las declaraciones de Sauer, el grupo ha demostrado ser “especialmente peligroso” para mantener en detención prolongada. En su petición al Tribunal Supremo, la administración busca anular la orden de suspensión emitida en abril que protegía temporalmente a los migrantes de la deportación.

Los informes detallan incidentes donde un grupo de 23 migrantes se atrincheró en un centro de detención en Texas, específicamente en la instalación de Bluebonnet.

De acuerdo con una declaración bajo juramento del oficial del Departamento de Seguridad Nacional, Joshua Johnson, los migrantes bloquearon las puertas de su unidad de vivienda utilizando literas, cubrieron las cámaras de seguridad y bloquearon las ventanas.

Durante horas, amenazaron con tomar rehenes y atacar a los oficiales de ICE y al personal de la instalación. Este comportamiento, según la administración de Trump, es una prueba contundente del peligro que estos individuos representan incluso mientras están detenidos.

Tras el incidente, los migrantes fueron trasladados al Centro de Detención Prairieland en el norte de Texas. Johnson resaltó que el traslado fue esencial para garantizar la seguridad en la instalación original, ya que la conducta coordinada de los detenidos ponía en riesgo a otros detenidos, al personal y a los visitantes del lugar.

Argumento legal y procedimientos

En su declaración, Sauer enfatizó que la rápida deportación de estos individuos es crucial debido a los peligros que suponen. La administración de Trump sostiene que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros es apropiado y cita el “interés fuerte del gobierno en remover de inmediato del país” a los miembros de bandas que sean una amenaza para los oficiales de ICE, el personal de las instalaciones y otros detenidos.

La Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, ha sido utilizada de manera excepcional en la historia de Estados Unidos, habiendo sido invocada solo tres veces anteriormente durante periodos de guerra declarada.

Trump proclamó su intención de usar esta ley en marzo para deportar a miembros de la banda venezolana TdA. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han enfrentado múltiples desafíos legales en las cortes federales.

El procurador general Sauer también argumenta que a los migrantes se les ha dado un aviso adecuado y la oportunidad de presentar peticiones de hábeas corpus para desafiar su deportación. Según Sauer, los migrantes han tenido tres semanas para presentar dichas peticiones, sin embargo, hasta la fecha no se han presentado recursos en el Distrito Norte de Texas.

Respuesta y contexto internacional

La situación ha capturado la atención internacional, reflejando las tensiones migratorias y las políticas de inmigración más estrictas implementadas durante la administración de Trump.

El grupo Tren de Aragua fue designado como una organización terrorista extranjera por Estados Unidos, lo cual contribuye a la percepción de peligro que rodea a estos migrantes.

Varios jueces federales han bloqueado las deportaciones bajo esta ley, reflejando las inquietudes legales y humanitarias en torno al uso de poderes de tiempos de guerra en asuntos de inmigración.

Sin embargo, la administración de Trump continúa buscando vías legales alternativas para la deportación, incluso bajo la autoridad de Title 8, que regula las normativas de inmigración y nacionalidad.

El proceso ha capturado la atención de varios medios de comunicación y grupos de derechos humanos que monitorean las acciones del gobierno. La próxima decisión del Tribunal Supremo será crucial para determinar el futuro de estos migrantes y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto moderno de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Juez Suspende Eliminación el TPS Para Venezolanos

El juez federal de distrito de San Francisco Edward Chen suspendió este lunes la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de que expiraran. En una dura resolución de 78 páginas, el juez suspende de forma cautelarmente la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que supone un alivio inmediato para 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) iba a expirar el próximo 7 de abril. Además, hay otros 250.000 venezolanos para los que el TPS se acababa en septiembre.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, dice el juez en la parte dispositiva de su resolución.

“Al mismo tiempo, el Gobierno no ha podido identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos. Los demandantes también han demostrado que probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones tomadas por la secretaria [de Seguridad Nacional] no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añade. “Por estas razones, el Tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, concluye.

La demanda fue presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por afectados que disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país. La resolución del juez Chen, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, tiene efectos en todo el país.

El Congreso aprobó la ley que concede el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Ese estatus autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses si la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para el retorno.

El juez subraya que anular el TPS existente es una “acción sin precedentes”, “un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa” y que Noem la tomó solo tres días después de asumir el cargo, revirtiendo las medidas del anterior Gobierno. Chen, que da al Gobierno una semana para presentar una notificación de apelación, también desmonta los argumentos xenófobos en que se basó la decisión.

“Aunque las acciones de la secretaria parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la comunidad (insinuando que fueron liberados de prisiones e instituciones de salud mental venezolanas e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales), el historial indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen una licenciatura), tienen altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%), obtienen casi todos sus ingresos personales (96%) y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos de seguridad social. También tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, indica rotundamente.

En una vista celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS afirmaron que Noem no tiene autoridad para cancelar las protecciones y que sus acciones estaban motivadas en parte por el racismo, informa Associated Press. Pidieron a la jueza que suspendiera las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable a los titulares del TPS que luchan contra el miedo a la deportación y la posible separación de sus familiares.

Los abogados del Gobierno dijeron que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que las decisiones no estaban sujetas a revisión judicial. Los demandantes no tienen derecho a impedir que se ejecuten las órdenes de la secretaria, dijeron.

La decisión judicial da a los demandantes una semana para solicitar la suspensión de la resolución que del Departamento de Seguridad Nacional que acabará con las protecciones de unos 500.000 haitianos en agosto. Biden amplió considerablemente el uso del TPS y otras formas temporales de protección en una estrategia para crear y ampliar las vías legales para vivir en Estados Unidos, al tiempo que suspendía el asilo para quienes entran ilegalmente.

Trump ha cuestionado la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, y ha criticado su decisión solo unas horas antes de que su administración solicitara a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.

La administración también ha dicho que revocará las protecciones temporales para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada parole humanitario, que Joe Biden utilizó más que ningún otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.

El Gobierno ha decidido suprimir ese estatus legal y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les ha dado unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esa resolución también ha sido recurrida ante los tribunales.

Un avión con 199 migrantes deportados desde Estados Unidos aterrizó en Venezuela tras un mes de suspensión de vuelos

La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, expresó su deseo de mantener un flujo constante de repatriaciones al país caribeño como parte de su política de control migratorio

Un avión de la aerolínea estatal Conviasa, procedente de Honduras, con 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos, aterrizó la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, reactivando así los vuelos de repatriación que habían estado suspendidos desde febrero, en medio de un tenso cruce de acusaciones entre Caracas y Washington sobre el manejo del acuerdo migratorio.

“Hoy estamos recibiendo 199 compatriotas”, declaró el ministro del Interior y Justicia de la dictadura, Diosdado Cabello, desde la terminal aérea, en una alocución transmitida por la televisión estatal.

Según el funcionario chavista, este es el cuarto vuelo de deportación directa desde Estados Unidos, luego de operativos anteriores que incluyeron salidas desde El Paso, Texas, y una repatriación de 177 migrantes recluidos en Guantánamo, Cuba, también a través de Honduras.

Este es el cuarto vuelo

Cabello afirmó que el régimen está “listo para recibir a los venezolanos estén donde estén” y aseguró que la baja frecuencia de los vuelos no es responsabilidad de Venezuela.

“Se reanudan los vuelos”, insistió, al tiempo que atribuyó las interrupciones a obstáculos externos.

Las deportaciones fueron suspendidas tras un nuevo deterioro en las relaciones entre ambos países. La dictadura de Nicolás Maduro acusó al Departamento de Estado de “bloquear” los vuelos, mientras que Estados Unidos revocó la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela, como represalia por lo que describió como incumplimientos en materia migratoria por parte del régimen.

El acuerdo para la repatriación de migrantes se alcanzó en enero, tras la visita a Caracas de Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump.

Tras la deportación, el 16 de marzo, de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, Washington aseguró que los migrantes tenían vínculos con el Tren de Aragua, una organización delictiva originada en cárceles venezolanas y calificada como grupo terrorista por la administración Trump.

El régimen venezolano respondió calificando la operación como un “secuestro” y acusando a Washington de impulsar una campaña de criminalización contra los migrantes venezolanos. A la fecha, el régimen chavista no ha reconocido oficialmente la existencia del Tren de Aragua ni ha anunciado investigaciones sobre su expansión regional.

El gobierno de Estados Unidos confirmó este domingo la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes venezolanos indocumentados, señalando que espera mantener un flujo constante de repatriaciones hacia Venezuela, en el marco de su política de control migratorio.

“Hoy se reanudaron los vuelos de deportación de inmigrantes indocumentados venezolanos a su país de origen vía Honduras”, indicó un mensaje oficial en la cuenta del Departamento de Seguridad Nacional en la red social X.

El comunicado subrayó que las personas deportadas “no tenían base legal para permanecer en Estados Unidos” y agradeció al gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, por su cooperación.

“El proceso de trasbordo humanitario inició alrededor de las 16:30 horas locales, demorando aproximadamente tres horas y media y se dio de manera ordenada y segura”, informó la Cancillería de Honduras en un comunicado.

El gobierno estadounidense no detalló la frecuencia con la que se realizarán los vuelos, pero afirmó que “espera ver un flujo constante de vuelos de deportación a Venezuela en el futuro”.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer mandato de Trump, tras la fraudulenta reelección de Maduro en 2018.

Washington tampoco reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó ganador de un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que respalda al ex embajador Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.

Desde 2014, cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado el país, empujados por la combinación de colapso económico, hiperinflación y deterioro institucional. Aunque el régimen ha atribuido la crisis a las sanciones de EEUU, organismos independientes señalan una década de mala gestión, corrupción y persecución política como causas principales del éxodo.

Llegan a Venezuela Primeros Deportados

Dos vuelos con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos llegaron la madrugada de este martes a Venezuela, después de que el gobierno de Nicolás Maduro autorizara su llegada al país.

Los 190 migrantes que, según la agencia AFP, viajaron en los dos aviones de la estatal aerolínea Conviasa son los primeros deportados tras la reunión que Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, mantuvo con el presidente venezolano en Caracas a finales de enero.

«Acaba de aterrizar el primer avión de la línea aérea bandera de Venezuela, Conviasa, para traer de manera segura, amorosa, apropiada, digna, a este primer grupo de retornados a Venezuela», declaró Maduro en su programa de televisión semanal.

«Hemos dado un paso favorable, positivo», agregó en tono de celebración el gobernante.

Previamente, en un comunicado, el Ministerio venezolano de Comunicación informó que fue notificado por Washington de que entre los deportados había «algunas personas» que «están presuntamente ligadas a actividades delictivas, o estarían involucrados en las acciones de la banda criminal ‘Tren de Aragua'».

Por su parte, la Casa Blanca anunció, en su cuenta de X, que la reanudación de las deportaciones era un paso para «hacer de EE.UU. un país seguro, otra vez».

Revisión minuciosa

En la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía, a unos 30 kilómetros al norte de Caracas, los expulsados fueron recibidos por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien destacó la forma cómo llegaron.

«Hay que ver la condición en la cual están llegando (…) lo primero que hicieron fue cantar el himno nacional en una muestra de sentirse ya en su país, sentirse en su patria», aseguró Cabello.

Algunos de los deportados llevaban esposas, las cuales les fueron removidas antes de bajar de las aeronaves donde les esperaba un corredor con centenares de policías y militares, reportó AFP.

Antes los anuncios de que entre los expulsados había presuntos criminales, Cabello anunció que todos serían sometidos a revisiones.

«De aquí van a migración y van a pasar por un chequeo personal, y la revisión de aquellos casos en los cuales haya algún tipo de antecedente penal será revisado directamente. Es una responsabilidad nuestra que este proceso salga como debe salir», indicó el funcionario.

Sin embargo, el gobierno venezolano, en su comunicado previo, denunció «una narrativa falsa y malintencionada» respecto al «Tren de Aragua», la cual aseguró se utiliza para «penalizar a todos los migrantes venezolanos y estigmatizar a nuestro país».

«La mayoría de los migrantes son personas decentes y trabajadoras», señaló el ejecutivo de Maduro en su texto.

Por su parte, la Cruz Roja Venezolana, en un comunicado, informó que 40 de sus médicos y socorristas voluntarios brindarán atención humanitaria a los migrantes devueltos.

Un deportado venezolano al llegar al paísFUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Nuevo comienzo

Maduro ha expresado sus deseos porque los acuerdos que han permitido estas deportaciones marquen «un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con EE.UU.».

Tras años de tensiones y enfrentamientos, Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump, quien impuso sanciones al petróleo, oro y varias instituciones financieras venezolanas tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro en mayo de 2018.

Las autoridades estadounidense tampoco reconocen el tercer mandato obtenido por Maduro en las cuestionadas elecciones de julio pasado, en las que la oposición denunció fraude y ha expresado su apoyo al opositor Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios.

Los aviones en los que viajaron los deportados salieron de Fort Bliss, en Texas, hasta donde se trasladó el embajador Grenell, reportó la prensa estadounidense.

Las naves participan en el «Plan Vuelta a la Patria», una iniciativa del gobierno venezolano para facilitar el retorno al país de «compatriotas migrantes».

«Le dije al embajador Grenell (…) levanten todas las sanciones y les aseguramos que ningún venezolano más saldrá de Venezuela y que los que están allá regresarán», aseguró Maduro.

Alrededor de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años según ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados.

Trump Revocará Extensión de Asilo a 600,000 Venezolanos

La administración de Donald Trump planea revocar una extensión del “Estatus de Protección Temporal” TPS para más de 600.000 venezolanos que les permitía permanecer en Estados Unidos y los protege de la deportación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló esta medida de la administración Biden para otorgar a los migrantes venezolanos 18 meses más de alivio de la deportación y acceso a permisos de trabajo, según documentados a los que tuvo acceso el diario The New York Times.

Esto se conoce horas después de que las autoridades estadounidenses anunciaron la captura de 25 miembros del Tren de Aragua en una redada en Nueva York. En total, hubo casi mil arrestos en un solo día incluido un miembro convicto del grupo criminal internacional Mara Salvatrucha.

La Casa Blanca aseguró que estas detenciones hacen parte del esfuerzo de la administración Trump para ejecutar “la mayor operación de deportación masiva de criminales ilegales en la historia” del país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió a una operación de control de inmigración en la ciudad, en la que presenció operaciones de control tanto penales como civiles, Noem aseguró que fue a esta redada “para sacar la basura de las calles”.

Aunque la administración Trump dijo que se centraría en deportar primero a los inmigrantes sin estatus legal que hayan cometido delitos violentos, funcionarios de la administración han dicho que también se ha deportado a quienes no tienen antecedentes penales.

En las últimas horas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera rueda, aseguró “que toda persona que ingresa ilegalmente al país, por definición es un criminal y está sujeto a deportación”.

La administración Trump espera que se realicen cerca de un millón de deportaciones por año, esto es cuatro veces la cantidad de deportados por año registradas durante la administración Biden.

No está claro si el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con el personal suficiente para llevarlo a cabo, sin embargo, la Secretaria Noem aseguró que su departamento trabaja para reclutar a más agentes y trabajarán con las denuncias de ciudadanos sobre posibles indocumentados en sus comunidades.

Estados Unidos Reconoce a Edmundo González Como Presidente de Venezuela

«El pueblo de Venezuela habló de forma enfática el 28 de julio y convirtió a @EdmundoGU en el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes», escribió este martes el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un mensaje publicado en la red X.

Esta es la primera vez que las autoridades estadounidenses se han referido a González Urrutia como «presidente electo», aunque ya desde el 1 de agosto -unas 48 horas después de las votaciones- Blinken había reconocido el triunfo del candidato opositor.

«Dada la abrumadora evidencia, resulta claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos», dijo entonces el funcionario estadounidense.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio provocaron el episodio más reciente de la larga crisis política venezolana, pues el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro, sin jamás publicar los resultados detallados de las votaciones ni cumplir con las auditorías requeridas para demostrar que el anuncio de su victoria se ajustaba a lo que realmente ocurrió.

Por su parte, la oposición liderada por María Corina Machado -a quien las autoridades venezolanas no dejaron competir por la presidencia- publicó en una página web lo que asegura son las actas correspondientes a más del 83% de los votos, según las cuales González Urrutia obtuvo 7.303.480 votos (67%) y Maduro consiguió 3.316.142 votos (30%).

Ante las protestas callejeras por los resultados oficiales, el gobierno de Maduro realizó detenciones masivas no solamente de manifestantes, sino también de numerosos activistas, incluyendo testigos electorales que se encargaron de recoger las actas publicadas por la oposición.

De acuerdo con la organización de derechos humanos Foro Penal, al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días siguientes a los comicios, incluyendo más de un centenar de menores de edad.

El pasado fin de semana, las autoridades venezolanas excarcelaron a más de un centenar de personas que habían sido detenidas en el marco de las protestas post-electorales.

En los días siguientes a las votaciones, Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia -instancia que según numerosos analistas está cooptada desde hace años por el oficialismo venezolano- donde logró una sentencia que convalidó su triunfo.

Como consecuencia de este proceso, en el que la oposición no participó por considerar que no era una instancia imparcial ni era legalmente competente para decidir sobre los resultados electorales, la Fiscalía -señalada también de ser el brazo judicial del chavismo- puso en marcha un proceso penal en contra tanto de González Urrutia como de Machado.

Esta causa penal obligó a Machado a pasar a la cladestinidad, mientras que González Urrutia buscó y obtuvo asilo en España.

Pese a las críticas recibidas, las autoridades venezolanas mantienen que el proceso electoral fue limpio, que el ganador fue Maduro y que los procesos judiciales abiertos en torno al mismo están ajustados a derecho.

Estados Unidos Incauta Avión e Maduro

Estados Unidos incautó el avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos penales, y envió la aeronave al estado de Florida este lunes, según dos funcionarios estadounidenses.

Se trata del más reciente episodio de una relación fría de larga data entre Washington y el país sudamericano, y parte de las investigaciones en curso del Gobierno estadounidense sobre las prácticas corruptas del Gobierno venezolano.

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El avión ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One. La incautación del avión de Maduro, que ha sido fotografiado en anteriores visitas de Estado de Maduro en varias partes del mundo, profundiza las investigaciones sobre el Gobierno venezolano.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dijo en conferencia de prensa que el avión «no estaba registrado a nombre del Gobierno venezolano», sino a nombre de un particular. Por su parte, el canciller Roberto Álvarez explicó que la aeronave estaba en territorio dominicano para fines de mantenimiento y que el 22 de mayo el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un Tribunal Nacional que autorizó inmovilizarlo.

«En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requerente, es decir, a Estados Unidos. Y por lo tanto, el Ministerio Público entregó la aeronave y el Gobierno estadounidense la trasladó hacia su país», aseguró Álvarez.

«Esto envía un mensaje a la cúpula», dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. «Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses».

Por su parte, el Gobierno de Venezuela calificó la incautación de ilegal. En un comunicado, agregó que también se “reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación

La situación en Venezuela ha tenido implicaciones para la política estadounidense, ya que millones de personas han huido del país y muchas de ellas se han trasladado hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Durante años, los funcionarios estadounidenses han buscado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares a las arcas del régimen. Las pesquisas llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional, la segunda agencia de investigación más grande del Gobierno estadounidense, han derivado en la incautación de docenas de vehículos de lujo, caballos purasangre, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela.

El avión, un Dassault Falcon 900EX con un valor estimado de US$ 13 millones, había estado en la República Dominicana en los últimos meses, y aunque los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué se presentó una oportunidad para incautar la aeronave.

Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, entre ellas, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.

El siguiente paso, al llegar a Estados Unidos, será buscar la confiscación de la aeronave, lo que significa que el Gobierno venezolano tiene la oportunidad de solicitarla.

Recientemente, Estados Unidos presionó al Gobierno venezolano para que divulgara “inmediatamente” datos por centro y mesa de votación del resultado de la elección presidencial, citando preocupaciones sobre la credibilidad del anuncio de la victoria de su autoritario líder, Nicolás Maduro.

A principios de este año, Estados Unidos reimpuso sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela en respuesta a la decisión del Gobierno de Maduro de impedir que se llevara a cabo una «elección inclusiva y competitiva».

«Vemos a estos funcionarios y al régimen de Maduro básicamente saqueando al pueblo venezolano para su propio beneficio», dijo el funcionario estadounidense.

«Tienes personas que ni siquiera pueden comprar un pedazo de pan y luego tienes al presidente de Venezuela viajando en un avión privado de alta gama».

Las malas condiciones económicas, la escasez de alimentos y el acceso limitado a la atención médica han empujado a más de 7,7 millones de personas a huir de Venezuela, marcando el mayor desplazamiento en el hemisferio occidental.

EEUU Ratifica Victoria de Edmundo González en Venzuela

La portavoz de la Casa Blanca ratificó el respaldo de la Administración de Joe Biden a la lucha de la oposición por el respeto de la voluntad popular y aseguró que se seguirán explorando opciones para presionar al régimen

Estados Unidos ratificó este miércoles la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela y exigió al régimen de Nicolás Maduro que reconozca su fracaso y dé lugar a una transición ordenada hacia el orden democrático en el país.

El candidato de la Plataforma Unitaria Democrática “ha obtenido la mayoría de los votos y eso está claro, está claro”, comenzó asegurando la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa y, a continuación, sostuvo que tal como “lo hemos dicho una y otra vez, y seguiremos diciendo, Maduro debe reconocerlo”.

Desde un primer momento, Estados Unidos manifestó su repudio al fraude electoral chavista y apoyó el triunfo arrasador de González Urrutia, que quedó expuesto en el trabajo de recopilación de actas por parte de María Corina Machado y su equipo, en el que se contabilizaron cerca del 70% de los votos con una ventaja irremontable en favor del ex diplomático. Esto, a su vez, fue cobrando fuerza con las evidencias de un carente marco de transparencia y garantías democráticas aquel domingo, los críticos informes de observadores internacionales y, principalmente, la falta de presentación de los documentos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral que respalden el supuesto triunfo de Maduro.

En este contexto, en el que surgieron protestas que son violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen, la comunidad internacional ha comenzado a explorar opciones para conseguir la salida pacífica de Maduro del poder. Así, Jean-Pierre explicó que desde la Casa Blanca se seguirán evaluando los caminos “para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones”, aunque se negó a profundizar cuáles serían estas alternativas.

En los últimos días trascendió que Washington había ofrecido a Maduro una amnistía para que acceda a entregar el poder, en medio de los diálogos que mantienen México, Brasil y Colombia entre las partes venezolanas. Sin embargo, este lunes el portavoz del Departamento de Estado declaró que “eso no es cierto” aunque sí se “está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela en el sendero de la democracia y se inicien conversaciones para una transición pacífica”.

No obstante estos esfuerzos, Jean-Pierre recordó que, en realidad, el respeto a la voz del pueblo y el traspaso de mando son obligaciones del chavismo.

“La responsabilidad de decir la verdad sobre los resultados de las elecciones es de Maduro, de los venezolanos, de las autoridades electorales. Está claro que Edmundo tiene la mayoría de los votos y Maduro debe reconocerlo”, agregó.

Este martes, el secretario de Estado, Antony Blinken, conversó con la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, sobre el deber del régimen de publicar un “recuento de votos detallados y no alterados” de los comicios, así como la necesidad imperante de “poner fin a los abusos contra los derechos humanos, incluidos los arrestos arbitrarios y las detenciones indiscriminadas” en el país.

En tanto, el lunes el funcionario estadounidense se había comunicado con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, con quien abordó el rol de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en esta crisis. Ambos confiaron en que el organismo podría ser “un vehículo” para restaurar la democracia en el país.

EEUU Negocia Salida de Maduro A Cambio de Amnistía

Según el periódico ‘The Wall Street Journal’, hay conversaciones entre ambos países para pactar la salida del mandatario venezolano a cambio de una amnistía si éste reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia.

El fin del chavismo en Venezuela podría estar cerca. Es lo que empiezan a pensar numerosos venezolanos después de que el periódico ‘The Wall Street Journal’ haya publicado una investigación sobre la posible negociación entre Washington y Caracas para pactar la salida del poder de Nicolás Maduro.

Según dicho periódico, el Gobierno de Estados Unidos habría ofrecido a Nicolás Maduro una salida con beneficios pactados si abandona el país de manera pacífica y reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia en las urnas.

Amnistía y exilio para los líderes chavistas

Según fuentes cercanas al Palacio de Miraflores, Washington habría ofrecido a los principales altos cargos del Ejecutivo venezolano la amnistía y un exilio fuera del país. Todo apunta a que Maduro lo habría rechazado, aunque se desconoce la postura de su Gabinete.

«No se metan con los asuntos internos de Venezuela, eso es todo lo que pido», decía hace tan solo dos días Nicolás Maduro dirigiéndose a Joe Bidenantes de que se conociera esta información.