El Concejo Municipal de Houston aprueba la política de inmigración modificada en el contexto de una disputa por el financiamiento
El consejo ratificó la política modificada mediante una votación de 13-4 el miércoles.
El Concejo Municipal de Houston adoptó el miércoles una versión alterada de la ordenanza de inmigración de la ciudad, que ha generado controversia, una decisión que podría influir en el destino de alrededor de $114 millones destinados a la seguridad pública. Los concejales votaron 13-4 en favor de la medida tras horas de discusión y aportes del público, con el lenguaje cambiado enfocado en la colaboración entre la policía de Houston y las autoridades federales de inmigración.
La concejal Abbie Kamin propuso una moción para posponer la votación por una semana, sin embargo, dicha moción fue desestimada.
La ordenanza actualizada aclara el lenguaje relacionado con las interacciones en el terreno, las órdenes administrativas de ICE y los requisitos de informes que deben cumplir las fuerzas del orden en relación con la inmigración.
Esta establece que la policía de Houston se apegará a todas las legislaciones locales, estatales y federales, y podrá detener brevemente a una persona por el tiempo que se considere razonablemente necesario. También aclara que nada en la política impide la colaboración con las autoridades federales de inmigración.
La oficina del alcalde John Whitmire ha afirmado que el nuevo texto proporciona una ruta más clara para reestablecer los fondos de seguridad pública que se vieron amenazados.
Muchos millones de dólares en juego
La votación se produce después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtiera sobre la posible retención de cerca de $114 millones en fondos de seguridad pública si la ciudad no modificaba la ordenanza.
Las autoridades de la ciudad han indicado que este financiamiento apoya una amplia variedad de iniciativas, que abarcan operaciones policiales, la respuesta a la violencia doméstica, investigaciones sobre trata de personas y homicidios.
“Cuentan con los fondos. . . $114 millones para que el HPD ejecute sus operaciones”, afirmó Whitmire.
La ciudad también ha señalado que carece de la capacidad para reemplazar dicha financiación si se pierde de manera definitiva.
Algunos concejales manifestaron su preocupación acerca del momento de la votación, señalando que recibieron la ordenanza modificada menos de 24 horas antes de la reunión del miércoles.
“Definitivamente es una situación crítica en el momento adecuado”, comentó la concejal Alejandra Salinas. “Y esto dificultará que involucremos a la comunidad, así como a activistas y expertos, para determinar si esta es, de hecho, la política más idónea a seguir”.
Otros defendieron la necesidad de avanzar con un compromiso dada la amenaza al financiamiento.
“Este dinero que ha sido congelado es para la seguridad pública, y realmente necesitamos reconocer que hay un contexto más amplio en el que debemos mantenernos concentrados”, expresó la concejal Amy Peck.
“Considero que es irresponsable permitir que la oficina del gobernador nos imponga cómo debemos dirigir la ciudad”, indicó la concejal Tiffany Thomas.
Más de 80 personas intervinieron durante los comentarios públicos previos a la votación, y muchos instaron a los concejales a buscar un consenso.
El debate pone de manifiesto inquietudes más amplias sobre cómo se equilibran las decisiones de las políticas locales con las exigencias estatales, incluyendo la SB 4, que prohíbe normativas que restrinjan la cooperación con la aplicación federal de las leyes de inmigración.
La disputa surge de una ordenanza previa que fue aprobada con una votación de 12-5 y que modificó la manera en que el Departamento de Policía de Houston gestiona las órdenes relacionadas con la inmigración.
Dicha medida fue rápidamente desautorizada por los líderes a nivel estatal, quienes sostuvieron que esta era incompatible con la legislación estatal.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también inició un proceso legal en contra de la ciudad, impugnando la ordenanza.
Una fuente municipal había señalado anteriormente que el nuevo lenguaje revierte en gran medida elementos de la normativa original.
