La Corte Suprema anunció que revisará los alegatos sobre si los migrantes deberían tener la oportunidad adecuada de impugnar su deportación antes de ser enviados a naciones donde carecen de conexiones.
El martes, la Corte Suprema permitió que el gobierno del presidente Donald Trump continúe con la deportación de individuos a países ajenos a los suyos, mientras los magistrados evalúan la legalidad de dicha política.
El tribunal superior indicó que examinará los argumentos relativos a si los migrantes deben contar con una oportunidad adecuada para presentar objeciones antes de ser trasladados a naciones donde no tienen lazos.
Esta orden suspende, por el momento, una resolución del tribunal de apelaciones.
Los abogados del gobierno federal informaron que la decisión del tribunal inferior llevó a la cancelación de un vuelo de deportación que debía transportar a alrededor de 70 individuos hacia tres países.
Los jueces habían permitido anteriormente que se realizaran durante un tiempo los vuelos de deportación, una medida fundamental de la administración Trump, cuando el caso fue presentado ante ellos el año pasado.
A través de una serie de acuerdos que a menudo son secretos, la administración Trump ha deportado aproximadamente a 25,000 personas a más de veinticinco países, incluyendo Liberia y Guyana, aunque la mayoría ha sido enviada a México.
La gestión republicana de Trump sostiene que envía a personas con deportaciones finales a terceros países cuando no pueden ser devueltas a sus naciones de origen o cuando sus países de origen se niegan a aceptar su retorno, incluso en el caso de aquellos con antecedentes penales. Afirmaron que esos gobiernos garantizaron que las personas no serán objeto de persecución ni torturas, dijeron las autoridades legales.
Sin embargo, algunos migrantes han terminado encarcelados en naciones de las que no habían oído hablar antes de su llegada. Otros enfrentan serios riesgos de seguridad, dejando como única opción el regresar a los países de origen de los cuales habían intentado escapar. Muchos de ellos no poseen antecedentes delictivos y se ha determinado que corren el riesgo de sufrir tortura o persecución, indicaron los abogados de los inmigrantes.
El caso se presenta en el contexto de una intensa represión migratoria por parte de la administración Trump, que ha declarado su intención de deportar a millones de personas que residen ilegalmente en los Estados Unidos.
