El máximo tribunal de justicia del país rechazó una demanda entablada por el gobierno de Trump para revisar y declarar inconstitucional la Ley de Ciudad Santuario de California, un severo revés para la política migratoria del gobierno.
La Corte Suprema de Justicia rechazó este lunes escuchar los argumentos del gobierno de Donald Trump sobre la ley de ciudades santuario del Estado de California (SB-54).
La medida prohíbe a los policías de California colaborar o ayudar con agencias federales para tomar la custodia de inmigrantes, la mayoría indocumentados, cuando son liberados de la cárcel.
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En el fallo solo los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito Jr. votaron para escuchar la apelación presentada por el gobierno.
La decisión del máximo tribunal de justicia constituye una importante victoria para California en su larga batalla jurídica con el presidente Donald Trump, quien presiona para eliminar la ley para implementar su severa política migratoria de tolerancia cero.
Tras la decisión, el presidente escribió en su cuenta de la red social. Twitter: “Ley y Orden”.
La batalla jurídica
La batalla entre la Casa Blanca y California se inició en marzo de 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien demandó a ese estado acusándolo de proteger a inmigrantes sin papeles.
En esa ocasión Sessions criticó a los funcionarios de California por sus políticas y acciones, y por recompensar a extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal. “Es un rechazo a las leyes y crea un sistema de frontera libre”, indicó.
La decisión de la Corte Suprema, sin embargo, le quita peso a la postura del gobierno. “Es una victoria muy importante para el Estado de California”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles. “El dictamen pone a los inmigrantes como una parte grande de este estado y merecen protección”.
Los argumentos
En la demanda, el gobierno argumentó que California estaba interfiriendo inconstitucionalmente con la aplicación de la ley federal de inmigración.
Entre los argumentos, el gobierno argumentó que los extranjeros presentes solo pueden estar en el país “según lo previsto bajo los auspicios de la ley federal de inmigración”. Por lo tanto “es el gobierno de Estados Unidos y no California el que retiene el derecho de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y retirados”, escribió el abogado Noel Francisco.
Los abogados del estado de California argumentaron en sus escritos que la 10ª Enmienda de la Constitución deja en claro que los funcionarios estatales no necesitan hacer cumplir una ley federal”.
El argumento se fundamentó también en una decisión anterior escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, quien señaló que los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal.
Esta doctrina parece haber prevalecido, a pesar de que en esta ocasión la Corte Suprema tiene una mayoría de jueces conservadores, dos de ellos nombrados por el presidente Trump, los jueces Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, quienes se negaron a escuchar la apelación interpuesta por el Departamento de Justicia.
Aplauden el fallo
Con la decisión del Tribunal Supremo, técnicamente conocida como una denegación de certiorari, “la Ley de Valores sigue en pleno vigor y efecto”, dijo un grupo integrado por varias organizaciones basadas en California y que defienden y protegen los derechos de los inmigrantes. “Tanto el 9º Circuito como el tribunal de distrito de Estados Unidos confirmaron completamente la ley en sentencias anteriores”, indicaron.
En una declaración, formada entre otros por el Comité de Servicio de Amigos Americanos (San Diego), Justicia de Avance de Asiáticos Estadounidenses, Buen Vecino, Centro de Política de Inmigrantes de California, Alianza de Justicia de Jóvenes Inmigrantes de California, ICE Out of Marin, Immigrant Defense Project, Immigrant Legal Resource Center, Indivisible Conejo, Indivisible Sausalito, Indivisible Ventura, Inland Coalition for Immigrant Justice, National Day Laborer Organizing Network, PICO California, San Diego Immigrant Rights Consortium y VietRISE, señalaron que la decisión de la Corte “un golpe a la agenda racista del gobierno de Trump y una reprimenda a los intentos federales de obligar a los gobiernos locales a llevar a cabo su trabajo sucio”.
“Al rechazar la demanda del gobierno, el tribunal ha reconocido el poder de los gobiernos locales y estatales para utilizar los recursos locales para el bien común y proteger a los residentes de los abusos de poder federal”, indicaron.
Orden ejecutiva
El 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario en la que amplió las prioridades de deportación establecidas por su antecesor, Barack Obama.
Bajo el actual gobierno, la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional, pero ICE prioriza en aquellos indocumentados que tienen cargos criminales. Sin embargo, durante sus operativos o redadas, detiene y coloca en proceso de deportación a cualquier extranjero sin autorización para permanecer en el país.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha dicho en reiteradas ocasiones que, de acuerdo con la ley federal, sus socios (policías locales) “tienen la autoridad” para detener y presentar detenidos”, incluso aquellos que tienen “una causa probable para creer que se trata de extranjeros deportables”.
La decisión de la Corte Suprema de este lunes echa por tierra estos argumentos.
Fuente: Jorge Cancino