El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó mantener operativo el centro de detención de inmigrantes denominado Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, y confirmó su decisión previa de rechazar la orden de una jueza destinada a limitar las actividades de la instalación por no cumplir con la normativa ambiental nacional, según un documento judicial.
Dos de los tres magistrados de la corte de apelaciones argumentaron que el centro, administrado por el estado de Florida, no estaba bajo la supervisión del gobierno federal y, por ende, no estaba obligado a acatar la legislación federal que exige la realización de una evaluación de impacto ambiental.
«Los funcionarios estatales de Florida, y no los federales, fueron quienes erigieron la instalación. Tienen control sobre el terreno y llevaron a cabo la construcción íntegramente con recursos estatales. La única acción que se puede considerar a nivel federal es la decisión de no ejecutar una evaluación ambiental», expresó el juez presidente del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, William Pryor.
Esta resolución revoca el fallo de un tribunal inferior que ordenaba la reubicación de los detenidos y la clausura del centro, dado que la mayoría concluyó que el mandato había excedido los límites razonables.
«Las instalaciones fueron construidas con financiamiento estatal. Los oficiales de Florida tenían la intención de solicitar el reembolso al gobierno federal por los gastos, pero en el momento en que el Tribunal de Distrito emitió su orden, el estado no había recibido fondos federales. La agencia no ha tomado medidas para financiar el proyecto», afirmó el juez.
Por otro lado, la jueza del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, Nancy Abudu, expresó un voto en disidencia, calificando la resolución de la mayoría de simplemente incorrecta.
En su demanda presentada en junio de 2025, Friends of the Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee de Florida acusaron a los funcionarios estatales y federales de haber construido el centro de detención sin llevar a cabo previamente la evaluación ambiental requerida por la ley nacional.
