El gobernador Ron DeSantis promueve leyes antiinmigrantes. FOTO: Archivo El Tiempo En el Senado de Estados Unidos cursa un proyecto de ley que endurece las normas antiinmigrantes.

El estado de la Florida quedaría al nivel de los estados de Arizona y Texas —que son fronterizos con México— en cuanto a las leyes contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. Tras haber sido aprobado por la Cámara de Representantes, un nuevo proyecto de ley que endurece las medidas antiinmigrantes ilegales está en curso en el Senado.

Como lo ha informado este medio, la iniciativa es promovida por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien levanta la bandera de que su estado no puede convertirse en un santuario para personas indocumentadas.

¿Pero qué pasaría si alguien le da trabajo a un ilegal y lo descubren, de aprobarse la ley? Las medidas contemplan penas de cárcel de hasta 5 años para quien transporte, albergue o dé trabajo a un ilegal. También, exigirían a los hospitales averiguar el estatus migratorio de sus pacientes y compartir esta información con las autoridades.

Además, invalidarían las licencias de conducción otorgadas por otros estados a ilegales y se impediría el ingreso de personas sin estatus legal al colegio de abogados del estado (Florida Bar).

Analistas señalan que como tal y como está escrita, la ley convierte el transporte de un ilegal en una ofensa de tercer grado con penas de hasta 5 años de prisión. Además, incluiría cárcel para una persona nacida en Estados Unidos que esté transportando a un padre o pariente que es ilegal o un abogado que esté llevando a su cliente a una corte migratoria.

Con el argumento de que los ilegales se han convertido en un oneroso costo para el estado, el cual termina subsidiando gastos educativos y en salud para personas que violaron las leyes y que además estrechan el mercado laboral, el gobernador DeSantis promueve otra legislación que impediría que los ilegales, entre ellos los llamados dreamers o jóvenes que llegaron irregularmente al país siendo jóvenes, puedan acceder a las tarifas reducidas que ofrecen las universidades a los residentes del estado.

Esas prerrogativas son legales en la Florida desde hace casi 10 años luego de que otro gobernador republicano (el hoy senador Rick Scott) lo autorizara.