«Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada, o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos», advirtió en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional.

Desde este lunes, las familiares de migrantes que llegan de manera irregular al país, no tienen una base legal para estar en Estados Unidos y no pueden ser expulsadas en virtud del Título 42 del Código de Estados Unido s, serán sometidas a «un procedimiento de expulsión acelerada»,advirtió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un breve comunicado.  

«La expulsión acelerada proporciona un procedimiento legal y más rápido para expulsar a aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos», agrega el comunicado.

En marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump activó los Títulos 8 y 42 con el fin de contener la propagación del covid-19 y también para frenar la llegada de inmigrantes que llegan en busca de asilo, un recurso legal disponible.

Un año después, el gobierno de Joe Biden ha continuado utilizando las mismas herramientas porque la pandemia no se detiene y tampoco el éxodo de miles de personas que abandonan sus países y tratan de llegar a Estados Unidos en busca de asilo.

«Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada, o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos.  Estos actos son peligrosos y pueden acarrear consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que lo intenten», destacó el DHS. 

La diferencia entre ambos gobiernos es que Trump impidió que los inmigrantes solicitaran asilo, mientras de Biden señala que si el inmigrante no tiene una base legal para permanecer en el país, será deportado de manera acelerada.

Los procedimientos expeditos de expulsión son tramitados por funcionarios de migraciones, no ante un juez, quienes gozan de una amplia discrecionalidad para ordenar una deportación sin derecho a apelación o a un abogado.

«Esto no es el debido proceso», dijo en un tuit Camille Mackler, directora de la organización Inmigrant ARC, al criticar la reciente medida de la Administración Biden.

«La Administración Biden-Harris está trabajando para construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano, y el Departamento de Seguridad Nacional sigue tomando varias medidas para mejorar la tramitación legal en los puertos de entrada y las reformas para reforzar el sistema de asilo», indica finalmente el comunicado del DHS. 

Revierten norma del gobierno anterior

Por otra parte, también este mismo lunes el fiscal general de EEUU, Merick Garland, revirtió otra barrera interpuesta por el gobierno anterior que dificultaba las apelaciones de los casos de asilo y las solicitudes basadas en la violencia de género.

La decisión de Garland da marcha atrás a las acciones tomadas por su antecesor William Barr en el caso conocido como «Matter of A-C-A-A», que dificultaba la posibilidad de que los solicitantes de asilo ganaran sus casos frente a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Barr interpuso la medida en septiembre de 2020 haciendo que la BIA tuviera que reconsiderar todos los aspectos de una solicitud de asilo; lo que obligaba a los solicitantes a volver a probar todo su caso frente a la Junta.

Además, la orden de Barr daba la autoridad a la BIA de ignorar cualquier «estipulación» que hubiera logrado el solicitante de asilo con el fiscal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), explicó el abogado de inmigración y asesor legal de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), Fernando Romo, citado por la agencia Efe.

“Está decisión de Garland hará que las personas que solicitan asilo tengan más probabilidades de ganar sus casos. Es una victoria, que junto a las anteriores está allanando el camino de obstáculos que habían puesto Trump y sus fiscales”, zanjó Romo.

La revocatoria de la decisión de Barr también favorecerá a las víctimas de violencia de género.

Hace apenas dos semanas, Garland revocó la decisión de su también antecesor Jeff Sessions sobre el caso conocido como «Matter Castro-Tum», que impedía a los jueces de inmigración cerrar de forma administrativa los procesos migratorios.