El asunto involucró polémicas cámaras de vigilancia situadas en la carretera.
Un residente de la región de Houston, quien obtuvo un fallo favorable en su caso bajo la Cuarta Enmienda contra la oficina del sheriff del condado de Bexar, dialogó con los medios de comunicación el martes en el tribunal federal, exhortando a otros a utilizar su triunfo judicial para defender igualmente sus derechos constitucionales.
Alek Schott, quien realizaba viajes laborales en el sector petrolero como presidente de RMS Controls, afirmó que no existía causa justificada para su detención en la I-35 en marzo de 2022 por parte del ayudante del sheriff local Joel Babb, ni para la búsqueda o el interrogatorio subsiguiente.
Él y sus letrados, Christie Hebert y Jeff Rowes de la Oficina de Texas del Instituto para la Justicia, expusieron que las cámaras de vigilancia federales en la carretera, el trayecto habitual de Schott en una camioneta Ford 250 negra en las cercanías de la frontera y de regreso, una denuncia anónima, una alerta K-9 de un perro entrenado, y una infracción de tráfico ficticia, formaron el contexto para la detención ilegítima.
El abogado indicó que Babb comunicó a Schott que fue detenido porque su camioneta cruzó una línea de niebla en la carretera, sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio demostraron que esto nunca ocurrió.
El jurado local, que examinó el caso en la corte del juez federal Orlando García esta semana, coincidió en que la detención era inconstitucional.
«Volvía de un viaje de trabajo. Simplemente regresando, sin haber advertido que había toda una red de vigilancia con lectores de matrículas, marcando a las personas para ser interceptadas en sus trayectos a casa», indicó. “Estaba volviendo a casa, intentando reunirme con mi familia y mis hijos y pasé 76 minutos detenido al costado de la carretera sin haber cometido ninguna falta”.
Tampoco se detectó nada ilegal en la camioneta de Schott, afirmaron sus abogados. Comentó que demandó por solo 76 dólares, un dólar por cada minuto de su detención, porque quería que su caso se enfocara en la justicia y no en una compensación financiera.
Hebert manifestó que el caso no se centraba en una aplicación de la ley rigurosa que emplea tecnología avanzada para la lucha contra el crimen, sino en tácticas inconstitucionales de tipo «red de arrastre».
“Apuntaron a ciudadanos comunes con la noción de que si podían abordar el mayor número de vehículos posible, encontrarían pruebas de algún delito, y eso no es lo que la Cuarta Enmienda permite”, expresó. “La Cuarta Enmienda exige que las búsquedas sean razonables”.
Los abogados de Schott ahora tienen la intención de solicitar al juez García que ordene a la oficina del sheriff que cese las detenciones de tráfico utilizando el mismo enfoque. También declararon que están listos para demandar a las agencias de aplicación de la ley en nombre de otros que han sido tratados de la misma forma que Schott.
La emisora estatal de Texas estableció contacto con el departamento del sheriff para solicitar su opinión, sin embargo, la entidad se abstuvo de emitir comentarios sobre casos legales en curso y redirigió a TPR a la Fiscalía del Condado de Bexar. TPR no obtuvo ninguna contestación por parte de ellos al momento de la publicación.
