Una controversia sobre las competencias del Concejo de Houston ha dejado sin votación una ordenanza relacionada con la inmigración presentada bajo la Proposición A. Mientras que el departamento legal municipal sostiene que la propuesta viola la ley SB-4 de 2017, sus defensores acusan a la administración de obstaculizar el ejercicio de sus funciones legislativas.
La municipalidad de Houston ha decidido no avanzar con una normativa promovida por tres concejales que busca regular las interacciones entre la policía local y los agentes federales de inmigración, argumentando que infringe la legislación SB-4 de 2017.
Los impulsores de la propuesta cuestionaron el criterio del departamento legal municipal y señalaron que el texto reproduce de manera literal la orden ejecutiva vigente de Larry Whitmire, el alcalde.
El tema fue llevado ante el pleno del Concejo, donde las representantes Alejandra Salinas y Edward Pollard intentaron tratar la propuesta. No obstante, el asunto no estaba en la agenda, y tanto el alcalde como el representante legal municipal indicaron que discutirlo en esas condiciones violaría el reglamento.
Al concluir la sesión, Whitmire defendió la posición de su administración y enfatizó que cualquier debate sobre la legalidad de la orden debe resolverse en los tribunales.
«Este asunto no se puede juzgar aquí, eso corresponde a los tribunales», manifestó el alcalde. «En Houston, contamos con la orden ejecutiva que firmé y esa es la que está vigente».
Los defensores cuestionan la interpretación legal
La propuesta relacionada con la Proposición A tenía como objetivo transformar en ordenanza las disposiciones de la orden ejecutiva del alcalde.
Según sus defensores, integrar dichas reglas a la legislación municipal garantizaría que las protecciones no dependieran de la persona que ocupe el cargo de alcalde.
Pollard, concejal del Distrito J, expresó su frustración ante lo que considera un dilema: que se impida la votación de un texto por motivos legales mientras se mantiene una orden ejecutiva con el mismo contenido.
Aclaró que la redacción fue copiada intencionalmente para evitar tales objeciones y exigió claridad sobre por qué las mismas directrices podrían ser aplicadas a criterio del alcalde, pero no ser aprobadas como ordenanza.
Por su parte, la concejal Tiffany Thomas destacó que los ciudadanos han manifestado su apoyo a separar las funciones de la policía local de las tareas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, para que los agentes puedan enfocarse en las prioridades de seguridad de Houston.
La controversia sobre las competencias del Concejo
En una declaración sobre la decisión, los impulsores invocaron la Carta de la Ciudad, que, según mencionaron, otorga al Concejo el poder de establecer mediante ordenanzas las normas de funcionamiento de cada uno de los departamentos municipales.
También mencionaron que el departamento legal había reconocido previamente esa autoridad al establecer que los concejales podían prohibir las cuotas de paradas de tránsito y evitar que los policías prolongaran esas intervenciones únicamente por una orden administrativa de ICE.
A partir de esos antecedentes, pusieron en duda que la oficina legal impidiera la presentación de la iniciativa a votación. Argumentaron que corresponde a los tribunales resolver su legalidad y que la función del abogado de la ciudad es brindar asesoría, no obstaculizar las competencias del cuerpo legislativo municipal.
Los impulsores solicitaron a la administración que reevalúe su decisión. El abogado de Houston, Arturo Michel, destacó que es obligación de la ciudad determinar si una propuesta es contraria a la ley y mencionó la posibilidad de que una nueva administración estatal altere la legislación.
La orden ejecutiva de Whitmire continúa en efecto.
La disputa también abarca la acción legal presentada por el Procurador General de Texas, Ken Paxton, en relación con la orden ejecutiva emitida por el alcalde.
Whitmire manifestó que habría preferido que no se hubiera presentado el recurso, sin embargo, apoyó la modificación de la política al considerarla indispensable, lógica y alineada con el deseo de los ciudadanos de Houston. Además, compartió su esperanza de que una nueva administración estatal retire la demanda.
Por el momento, la orden ejecutiva sigue vigente, mientras que la propuesta de los concejales no avanza hacia una votación.
