La agencia federal anunció que ha vuelto a activar la herramienta conocida como ‘discreción fiscal’, un procedimiento que forma parte del debido proceso y permite a los fiscales poner fin a un caso de deportación. El beneficio había sido cancelado durante el gobierno de Donald Trump.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que ha vuelto a activar la herramienta conocida como ‘discreción fiscal’, un procedimiento del debido proceso que permite a los fiscales de la agencia poner fin a un caso de deportación.

El herramienta procesal había sido eliminada durante el gobierno de Donald Trump como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

El anuncio, realizado este viernes, ocurre casi un mes después que la Oficina del Concejero Legal Principal (OPLA) de ICE diera a conocer las nuevas prioridades de deportación de la agencia, elaboradas a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en enero. Esa orden estableció nuevas prioridades de deportación enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves.

La nueva norma se suma a la orden dada el pasado 12 de junio por la Corte de Inmigración (EOIR) para que los jueces garanticen “procesos justos y oportunos” a todos los inmigrantes.

Valiosa herramienta

“El anuncio abre las puertas para cerrar los casos de la mayoría de la gente que batalla por sus permanencias, tiene un caso de deportación, lleva tiempo en Estados Unidos y se ha portado bien”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“Los fiscales de inmigración tendrán la discreción de terminar los casos, desestimarlos y los inmigrantes quedarán libres del proceso de deportación”, agregó.

Gálvez explicó que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), el gobierno concedió discreción a los fiscales para poner en pausa los casos. Ahora Biden dio un paso más, autoriza a cerrarlos, que ya no exista un proceso de deportación para inmigrantes de baja prioridad”.

Los abogados de OPLA (fiscales) “pueden ejercer la discreción procesal en los procedimientos ante la Corte de Inmigración, sujeto a la dirección de su asesor jurídico y la orientación correspondiente del DHS”, detalla el nuevo reglamento.

“Al ejercer tal discreción, los abogados de OPLA se adhieren a los principios perdurables que se aplican a todas sus actividades: defender el estado de derecho; desempeñar sus deberes éticamente de acuerdo con la ley y las normas profesionales de conducta; seguir las pautas y directivas estratégicas de la alta dirección; y ejercer un juicio meditado y hacer justicia en casos individuales”, añade.

“Si el inmigrante en proceso de deportación estaba indocumentado seguirá siendo indocumentado, pero sin un proceso de deportación abierto en su contra”, explica Gálvez.

“En esa situación de delito o que el inmigrante haya cometido una falta, su abogado tendrá que ver y determinar si puede pelear para pedir la terminación del caso por medio de la discreción fiscal”, indicó.

«Si la persona tiene deportación y tiene alivio temporal en estos momentos, por ejemplo Acción Diferida de 2012 (DACA) o Estatus de Protección Temporal (TPS), puede pedir la reapertura de su caso para luego proceder a cerrarlo, desestimarlo”, agregó Gálvez.

En el caso de personas que no tienen un alivio temporal, pero califican para la residencia por medio de un hijo ciudadano estadounidense, o de alta en las Fuerzas Armadas o enfermo y que depende de usted, “también califica para pedir la discreción procesal para reabrir el caso y conseguir un alivio”, explicó.

La discreción procesal

La discreción procesal “le permitirá cerrar su caso, pero no le proporciona un estatus migratorio”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

Indicó que, para calificar, “la persona debe demostrar que no tiene antecedentes criminales graves, buen carácter moral, lleva tiempo en Estados Unidos, tiene familia establecida, trabaja para sostenerla y el caso por el cual se le abrió proceso de deportación no constituye una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Los abogados consultados por Univision Noticias coincidieron en que la nueva regla asoma en momentos que el Congreso debate una solución migratoria para dreamers y titulares de TPS. “Les abre el camino para que, en caso de aprobar una ley, puedan calificar sin inconvenientes para una residencia legal y luego la ciudadanía estadounidense.

La OPLA dijo que la decisión para ejercer la discreción se hará sobre la base de “caso por caso” y “considerando la totalidad de las circunstancias”.

Entre los factores a considerar, se tomarán en cuenta:

El tiempo de residencia del no ciudadano en Estados Unidos
Si los familiares del no ciudadano sirven en las Fuerzas Armadas
Los lazos familiares o comunitarios del no ciudadano en EEUU
Circunstancias de la llegada del extranjero a EEUU y la forma en como entró al país
El historial migratorio previo del no ciudadano
El historial laboral y educativo del no ciudadano en EEUU
El estado del no ciudadano como víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales y factores humanitarios apremiantes presentes en el caso del no ciudadano, incluso por parte de los familiares cercanos del no ciudadano.

Otras razones a tener en cuenta para una decisión incluyen:
Edad
Condición médica
Embarazo
Estado del niño
Familiares enfermos y cuidado de familiares inmediatos enfermos
Los abogados recomendaron que los inmigrantes que califican para este beneficio reactivado, busquen consejo legal antes de dar un paso o iniciar un trámite.

Fuente: JORGE CANCINO