La resolución judicial se origina a raíz de una acción colectiva interpuesta que pone en tela de juicio el método utilizado por el gobierno federal para imponer y comunicar las sanciones a partir de julio de 2025.
Un juez federal en Boston, Massachusetts, instruyó al gobierno federal a detener la emisión de multas diarias de 998 dólares a inmigrantes que no han acatado una orden de deportación, multas que en algunas ocasiones alcanzaban casi los 2 millones de dólares.
La resolución judicial surge como consecuencia de una acción colectiva presentada tras la implementación de estas sanciones, que cuestiona el procedimiento empleado por el gobierno federal para establecer y notificar las penalizaciones desde julio de 2025.
La sentencia representa un respiro para ciertos inmigrantes que han recibido estas multas.
“Creo que será un gran alivio para todos, porque si tuviéramos 2 millones de dólares, no estaríamos aquí”, comentó a Telemundo Houston una inmigrante hondureña cuya identidad solicitó mantener en el anonimato.
La mujer obtuvo recientemente una multa de 1.8 millones de dólares por no acatar una orden de deportación. A pesar de haber podido responder dentro del período estipulado y haber logrado la anulación del cobro debido a otras gestiones migratorias pendientes, asegura que recibir la notificación resultó angustiante.
“Debo ser honesta, pasé dos días sin dormir ni comer, salía de la casa. Es aterrador”, narró.
Como explicó, la notificación le otorgaba únicamente 10 días para pagar o acordar un plan de pagos que consistía en 3,000 dólares mensuales.
La abogada especializada en inmigración, Silvia Mintz, detalló que la multa ha estado contemplada en la legislación migratoria durante años, aunque su aplicación ha presentado variaciones.
“La multa, de hecho, está incluida en el código de inmigración y ha estado presente durante muchos años; sin embargo, no se había aplicado”, aclaró Mintz.
Según la abogada, uno de los aspectos significativos del caso es el modo en que se alteró el procedimiento usado para informar a las personas afectadas por estas sanciones.
“Este procedimiento se modificó el año pasado. Anteriormente, la notificación debía ser enviada por correo certificado; ahora puede realizarse a través de correo ordinario”, señaló Mintz, quien añadió que también se eliminaron otras protecciones destinadas a asegurar que la persona recibiera la notificación.
El caso podría seguir su curso en los tribunales si el gobierno federal opta por apelar la decisión. Otra alternativa, según Mintz, es que las autoridades retomen los procedimientos anteriores para la imposición de multas, proporcionando más tiempo a las personas para reaccionar.
Mintz aconseja a aquellos que hayan recibido recientemente una notificación que respondan y presenten un recurso de apelación, a pesar de la suspensión ordenada por el juez, debido a la posibilidad de que se implementen nuevos cambios en el caso.
La abogada también subrayó que quienes cuenten con órdenes de deportación deben estar al tanto del estado de sus procesos migratorios y las posibles implicaciones de no acatar una orden emitida por un juez.
“Es fundamental comprender qué ha ocurrido con su situación si recibe una notificación, así como las repercusiones que conlleva no presentarse y no acatar la orden del juez”, expresó Mintz.
Telemundo Houston se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener su opinión respecto a la resolución judicial, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Según la abogada, se calcula que se emitieron más de 100,000 sanciones a inmigrantes que no han atendido una orden de deportación. El gobierno tenía la expectativa de recuperar más de 84,000 millones de dólares a través de estas penalizaciones.
