Sepúlveda, de 51 años, tenía programado morir este domingo, pero el procedimiento fue cancelado porque la clínica que debía realizarlo dijo que su caso no es «terminal». Sus abogados advierten que “la lucha (de la paciente) por tomar el control continúa”.

Negarle la muerte digna a Martha Sepúlveda fue una decisión «irrespetuosa» e «ilegal».

Esa es la opinión de la familia de la colombiana de 51 años que tenía programado morir mediante eutanasia en la mañana de este domingo. Así también opinan los abogados que representan a la paciente, la primera colombiana sin una enfermedad terminal que habría tenido una muerte asistida.

“Esta decisión es irrespetuosa, impresentable. Hicieron todo a escondidas y no notificaron que se iban a reunir», dijo en una entrevista con la prensa local Federico Redondo, hijo de Sepúveda y quien apoyó a su madre en la decición de poner fin a su vida.

«La médica tratante no nos informó», denunció el joven, quien también expuso que su madre nunca fue evaluada por un comité médico antes de revertir la decisión, sino que esta fue tomada sin tener en cuenta a la paciente.

El sábado en la tarde, un día antes del procedimiento, un comité del Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) emitió un comunicado en el que informó de que, tras una segunda reconsideración, cancelarían la eutanasia programada para las 7:00 am del domingo.

La decisión, dijo el centro, se basó en que el caso de Sepúlveda “no cumple con el criterio de terminalidad”.

La mujer, de fe católica, asegura que desde 2019 sufre de intensos intensos dolores producto de una enfermad degenerativa denominada esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Se trata de una enfermedad incurable del sistema nervioso que va afectando la movilidad del cuerpo progresivamente. Quienes la sufren pueden durar desde dos años hasta décadas.

Una decisión «ilegal», según sus abogados

El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), el grupo legal que representa a Sepúlveda, rechazó la decisión de frenar la eutanasia.

«Dicen que Martha no tiene una enfermedad terminal. Esa es una decisión ilegal y arbitraria», reaccionaron los abogados, y aseguraron que «la lucha (de la paciente) por tomar el control continúa».

“Al cancelar el procedimiento y exigirle un diagnóstico terminal, la IPS Indocol vulneró el derecho fundamental a la muerte digna de Martha, le vulneró su derecho a la vida digna», dijo el grupo.

La mujer, aseguraron los abogados, cumple con los requisitos legales para solicitar la eutanasia: padece una enfermedad grave e incurable, asegura que está sufriendo y ha manifestado expresamente que desea morir.

Sepúlveda había dicho estar “feliz” y “tranquila” de poner fin a su vida.

“Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, había sostenido al argumentar que, de acuerdo con su estado de salud, «lo mejor que me puede pasar es descansar”.

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, en 1997, y es uno de los pocos del mundo donde el procedimiento es legal. Pero hasta este año, sólo se permitía en casos de enfermedades con diagnósticos terminales (aquellos que tienen una expectativa de vida de seis meses o menos).

El 22 de julio la Corte Constitucional colombiana amplió el derecho, permitiendo el procedimiento “siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.