Leyes SB4 y convenios con ICE: qué transformaciones podrían ocurrir en Texas con la gobernadora electa Gina Hinojosa
Las normativas migratorias SB4 no podrían ser derogadas por un simple acto de la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa. Su anulación requeriría la aprobación de ambas cámaras legislativas del estado, tal como indicó Armando Olmedo, asesor legal de TelevisaUnivision.
La entrada de la demócrata Gina Hinojosa en la Gobernación de Texas no permitiría revocar con una sola firma las dos normativas migratorias SB4 (de 2017 y 2023) ni bloquear las operaciones federales de inmigración.
Así lo expuso Armando Olmedo, asesor legal de TelevisaUnivision, en una entrevista con Laura Sierra, presentadora de N+ Univision 45, sobre el panorama migratorio que enfrentará Texas.
Olmedo identificó tres temas que seguirían trayectorias distintas: la derogación de las leyes estatales, la ejecución de las cláusulas vinculadas a los acuerdos de colaboración migratoria y las acciones de las entidades federales.
Las SB4 deberán ser aprobadas por la Legislatura.
Ante la consulta sobre si Hinojosa podría eliminar las normativas SB4 de 2017 y 2023 a través de una decisión unilateral, Olmedo rechazó esta posibilidad.
“No, no puede hacerlo de la noche a la mañana”, respondió. Explicó que la anulación requeriría la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura de Texas y, posteriormente, la firma de la gobernadora.
El asesor también destacó que un nuevo fiscal general no tendría la autoridad exclusiva para eliminar la aplicación penal mencionada durante la entrevista, ya que esta responsabilidad corresponde a las fiscalías locales.
Por lo tanto, reiteró que suprimir dichas disposiciones del marco legal estatal requeriría completar el proceso legislativo.
La SB8 ofrecería un enfoque diferente.
En relación a los acuerdos 287(g) entre ICE y las autoridades locales, Olmedo señaló que la SB8 presenta una situación distinta porque no se trata de una legislación penal.
La distinción fundamental radicaría en las atribuciones del fiscal general respecto a las agencias que están sujetas a esa normativa y que no cumplan con los requisitos establecidos. El abogado mencionó un plazo para el primero de diciembre y aclaró que el funcionario podría presentar demandas, aunque no tiene la obligación de hacerlo.
“Si el fiscal general opta por no demandar, es a su discreción,” afirmó.
En el escenario descrito, tal facultad otorgaría a una administración demócrata cierto margen en relación con las agencias que elijan no participar en los convenios 287(g).
La explicación de Armando Olmedo se enfocó en la posibilidad de abstenerse de presentar dichas demandas, no en una potestad de la gobernadora para anular unilateralmente todos los acuerdos.
Las operaciones federales proseguirían.
Respecto a la continuidad de las operaciones de ICE en Houston y el resto de Texas, el asesor legal fue contundente: un cambio en el gobierno estatal no alteraría la autoridad de las agencias federales para hacer cumplir las leyes migratorias.
Olmedo destacó que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Por esta razón, explicó, el gobierno de Texas no podría restringir sus acciones.
«Esto no proporciona un descanso» en relación con la implementación de las normativas federales sobre inmigración, señaló.
Su evaluación estableció de este modo las fronteras de un posible giro político: las resoluciones a nivel estatal podrían influir en ciertos procedimientos de cooperación y en la búsqueda de anulación legislativa, sin embargo, no implicarían la paralización de las operaciones federales.
