El gobierno de Donald Trump investiga miles de ciudadanías en busca de fraude para iniciar procesos de desnaturalización que pueden terminar en una deportación de Estados Unidos.

Desde su creación en febrero, los trabajos de una oficina para revocar la ciudadanía a inmigrantes que han cometido delitos graves no se detienen. Si bien el gobierno aseguró en aquel momento que solo perseguirá a aquellos que han cometido fraude al sistema de naturalización, activistas y defensores de los derechos civiles insisten en que se trata de una herramienta antiinmigrante.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), por su parte, menciona que sigue vigente el tema en el manual de políticas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). Y que en los últimos dos meses no ha habido cambios al reglamento.

Añade que, de acuerdo con el manual de políticas del servicio de inmigración, una persona que juró como ciudadano estadounidense está sujeta a la revocación de la naturalización si:

La adquirió ilegalmente. Significa que la persona no era elegible para la naturalización en primer lugar. En consecuencia, cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se cumplió, puede formar la base de una acción para revocar la naturalización de un individuo. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos.

Si hay un engaño deliberado por parte de la persona al tergiversar o no revelar un hecho o hechos materiales en su solicitud de naturalización y posterior examen.

Miles de ciudadanías bajo investigación

Desde que el gobierno de Donald Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017, el tema de investigar las ciudadanías en busca de fraude ha estado presente en la llamada política de tolerancia cero.

El 19 de septiembre de ese año, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, puso bajo investigación miles de ciudadanías con el objetivo de revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal.

El Departamento de Justicia explicó en enero de 2018 que una investigación federal identificó alrededor de 315,000 casos “donde faltaban algunos datos de huellas dactilares”. Entre esos casos, agregó, “algunos pueden haber tratado de eludir antecedentes penales y otras verificaciones de antecedentes en el proceso de naturalización”.

A partir de entonces, los esfuerzos no se han detenido, incluso durante la pandemia.

Para el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, “el gobierno está buscando gente que ellos perciban que se trata de individuos que han cometido fraude, aunque se trate de ciudadanos estadounidenses naturalizados”.

Entre los posibles delitos, Hernández menciona matrimonio, compañías que pidieron la residencia de un trabajador pero se trataba de una empresa fantasma o que «la persona tenía antecedentes criminales pero las autoridades de inmigración no se dieron cuenta, no lo cacharon en su momento durante el proceso”.

En esos casos, “tiene que buscar a un abogado para que revise su caso y definir una estrategia”. Y agregó: “La persona debe saber que puede ser detenida. Y definitivamente le van a retar su ciudadanía durante un proceso de deportación en un tribunal migratorio”. “No necesariamente lo deportarán si le quitan la ciudadanía. Pero si son exitosos, lo mas probable es que el gobierno proceda a deportar a esa persona”, puntualizó.

En qué casos la quitan

AILA explica que, en general, una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si:

+ El ciudadano estadounidense naturalizado tergiversó u ocultó algún hecho;
+ La tergiversación u ocultación fue intencional;
+ No entregó toda la información requerida; y
+ El ciudadano estadounidense naturalizado adquirió la ciudadanía como resultado de tergiversación u ocultación de datos.

Las tergiversaciones, explica AILA en base al reglamento de la USCIS, “pueden ser testimonios orales proporcionados durante la entrevista de naturalización o pueden incluir información contenida en la solicitud presentada por el solicitante” cuando pidieron la ciudadanía.

Añade que los tribunales serán quienes “determinen si el hecho o hechos mal representados u ocultos fueron tergiversados o tenían una tendencia a afectar la decisión. “No es necesario que la información, si se revela, hubiera impedido la naturalización”, agrega.

Casos específicos

El reglamento vigente estipula que “una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si se convierte en miembro o está afiliado al partido comunista, a otro partido totalitario u organización terrorista dentro de los cinco años de su naturalización”.

En general, indica, la persona que está involucrada con tales organizaciones “no puede establecer los requisitos de naturalización para tener un apego a la Constitución y estar bien dispuesto al buen orden y la felicidad en Estados Unidos”.

También una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si obtuvo la ciudadanía sobre la base de un servicio honorable en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero posteriormente “se separa de la institución en condiciones distintas a las honorables».

Durante años, el Departamento de Justicia concentró sus esfuerzos para despojar a los inmigrantes de su ciudadanía si fueron declarados criminales de guerra que mintieron en sus documentos de inmigración, especialmente los exnazis.

El diario The New York Times reportó que los procesos de desnaturalización se intensificaron en un 600 por ciento bajo el gobierno actual. En la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2019 el gobierno pidió $207.6 millones para investigar 887 pistas adicionales que espera llegar a ciudadanos estadounidenses que pueden ser vulnerables a la desnaturalización y revisar otros 700,000 archivos de inmigrantes.

Fuente: JORGE CANCINO