Tras casi un año y medio de negociaciones entre el gobierno y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal, las conversaciones de conciliación de desmoronaron el martes dejando a más de 260,000 indocumentados protegidos por razones humanitarias al borde de la deportación de EEUU.

Tras 16 meses de negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos ciudadanos estadounidenses, las conversaciones de conciliación de desmoronaron el martes dejando a unos 260,000 inmigrantes al borde de la deportación de Estados Unidos.

“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en Estados Unidos durante más de dos décadas”, dijo EmicMacLean, abogada sénior de la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California que representa a los demandantes.

“Que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias es cruel e injusto. El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer la eliminación racista de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”, agregó.

MacLean dijo además que “los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”.

El programa humanitario otorga un amparo de deportación y una autorización de empleo temporal renovable cada dos años mientras dura la protección, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Historia de las negociaciones

En junio de año pasado los equipos legales que representan a los demandantes y al gobierno de Biden en el caso denominado ‘Ramos v. Mayorkas’, solicitaron oficialmente una moción conjunta para ingresar al Programa de Mediación de la corte de Apelaciones del 9º Circuito.

“Esto significa que la Administración de Biden ahora entrará oficialmente en negociaciones para llegar a un posible acuerdo con los demandantes y resolver la demanda que comenzó después de que la administración de Donald Trump intentara terminar, en 2018, el TPS de varios países, amenazando con despojar a más de 400,000 beneficiarios de su estatus legal”, dijo en esa ocasión el National Day Laborer Organizing Network (NDLON).

NDLON dijo además que “necesitamos que la Administración Biden continúe re-designando el estatus de TPS y expandiendo el programa a todas las comunidades de migrantes que necesitan ayuda inmediata en estos momentos de crisis sin precedentes” y que a medida que comenzamos a discutir un posible acuerdo, continuaremos presionando por re-designaciones para los centroamericanos, como los hondureños, que continúan huyendo de condiciones inestables como causa de los recientes huracanes catastróficos y una crisis política en curso”.

Fracasaron las negociaciones

Este miércoles ACLU dijo que las conversaciones de conciliación “colapsaron oficialmente ayer por la tarde, dejando a más de 260,000 personas en riesgo de deportación”.

La demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha re-designado el estatus de Haití y Sudán, la Casa Blanca no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países, situación que genera honda preocupación.

A través de la demanda de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.

Sin embargo, explica ACLU, en septiembre de 2020 un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó.

El fallo de octubre de 2028

A principios de octubre de 2018 el juez de distrito Edward Chen, de la Corte de Distrito del Norte de California en San Francisco, bloqueó la decisión tomada por el gobierno de Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos.

Chen aseguró en el fallo que la cancelación de los programas podría causar «un daño irreparable y grandes adversidades» a los beneficiarios. La decisión liberó de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó en ese momento a Honduras.

La sentencia planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años. El dictamen fue el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo de ese año por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaron que el presidente Donald Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.

Clima de indignación

Luego del colapso en las negociaciones el martes, las reacciones de indignación no se hicieron esperar. “Estamos profundamente decepcionados de que la Administración de Biden haya optado por defender las decisiones de despido de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que representa a los demandantes.

“Le hemos pedido a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en pleno que dictamine que esos despidos fueron ilegales. Esto es lo que la ley claramente requiere”, agregó.

También acusan a Biden de incumplir promesas de campaña. “Al no volver a designar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer con las familias migrantes”, dijo Erasmo Ramos, un inmigrante hondureño titular del TPS y líder de la Alianza Nacional del TPS.

“En cambio, está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, apuntó.

El rompimiento de las negociaciones se da a menos de tres semanas de las elecciones de medio término donde los electores saldrán a las urnas para elegir un nuevo Congreso. “Si la decisión del panel de tres jueces se mantiene y Biden no actúa con decisión, los titulares de TPS de estos países podrían perder la protección a finales de este año”, advirtió la ACLU.

La designación de los TPS de Honduras y Niracagua fue en respuesta al paso del huracán Mitch en Centroamérica en oct ubre de 1998. El de El Salvador fue decretado por razones humanitarias tras los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001, mientras que el amparo de deportaciones a Haití respondió al sismo de enero de 2010 que destruyó gran parte de Puerto Príncipe, la capital.

“El hecho de que la administración no haya llegado a un acuerdo para resolver nuestro caso es desgarrador para todos nosotros. Pero no abandonaremos la lucha para mantener a nuestras familias seguras y unidas”, dijo Elsy Flores de Ayala, demandante en el litigio de Ramos que ha tenido TPS por más de 20 años.

Fuente: JORGE CANCINO