La solicitud también incluye la entrega de datos sobre beneficiarios de asistencia pública, un tema que el gobierno tiene en la mira desde octubre del año pasado, pero que el viernes tres cortes le ataron las manos al prohibirle la puesta en vigor de una nueva regla que, incluso negaba la residencia a ciertos extranjeros que piden ayuda al gobierno.

La Oficina del Censo de EEUU, una dependencia del Departamento de Comercio, solicitó a los estados los registros de licencias de conducir, que por lo general incluyen datos sobre ciudadanía, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

La solicitud también incluye datos sobre beneficiarios de asistencia pública.

Ambos requerimientos preocupan a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados de inmigración, quienes argumentan que la pregunta sobre la ciudadanía fue rechazada en junio por la Corte Suprema para ser incluida en el Censo 2020, y una nueva regla de carga pública que iba a entrar en vigor este martes fue detenida por tres cortes federales.

“Si el gobierno consigue y usa esta información privada, sería una grave violación a los derechos constitucionales de las personas”, dijo a Univision Noticias Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

Lagunas legales

Además de las preocupaciones respecto al uso de información privada almacenada en las bases de datos del Departamento de Vehículos y Motores (DMV), expertos advierten que “este siempre ha sido un debate grande, pero con pocas respuestas tranquilizadoras”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

Gálvez precisó que “aunque las agencias estatales se nieguen a colaborar con el gobierno federal, de todas maneras, el gobierno federal tiene acceso a las bases de datos de los Estados. No requiere que los Estados le entreguen datos, ellos los toman”.

“Si la pregunta es si inmigración tiene acceso a los datos del DMV, la respuesta es ‘absolutamente’”, precisó.

Los activistas también dijeron estar preocupados que la indagatoria del gobierno asuste a la comunidad inmigrante y deje de participar en el Censo 2020, información que determinará cuántos escaños recibe cada estado en el Congreso y establece la asignación de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales, detalló AP.

Los resultados del Censo 2020 serán usados para redibujar los mapas electorales a nivel estatal y local, añade.

El gobierno de Donald Trump quería incluir en el Censo 2020 una pregunta sobre la ciudadanía, pero la Corte Suprema determinó el 27 de junio, en una compleja decisión y una derrota para el mandatario, devolver el tema a las cortes inferiores.

Los magistrados determinaron que durante la disputa jurídica el gobierno no ofreció una explicación adecuada para justificar la necesidad de incluir la cuestión en el censo.

Trump respondió asegurando que pidió a sus abogados retrasar la puesta en marcha del Censo 2020 para poder ofrecer más información que permita incorporar la pregunta de la ciudadanía. Pero al final desistió en su intento y optó por firmar un decreto, en julio, en el que requirió que el Departamento de Comercio, que supervisa a la Oficina del Censo, recabara datos de otras agencias federales e incrementar las labores “para obtener registros administrativos estatales sobre ciudadanía”.

Confirman el pedido

La Asociación de departamentos de Tránsito de Estados Unidos le dijo a la AP que la mayoría de los estados, si no todos, recibieron recientemente solicitudes de información, incluyendo estatus de ciudadanía, raza, fechas de nacimiento y direcciones.

La asociación les ha recomendado a sus miembros que consulten a sus funcionarios de privacidad “y cada estado está tomando su propia determinación sobre cómo responderá”, dijo la Claire Jeffrey en un correo electrónico.

En Illinois, el secretario de Estado Jesse White rechazó el pedido. «Nosotros, como norma general, no nos sentimos cómodos dando nuestra información, ciertamente no en un volumen tan grande. Es fue la preocupación principal”, dijo el vocero Dave Drucker.

El abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, pregunta para qué quiere el gobierno de Trump este tipo de información recabada para otros fines. Y advierte que, aparentemente, nada puede detener al gobierno en esta búsqueda.

“Desgraciadamente el gobierno puede usar la información del DMV, pero ojalá, en este caso, sea para un fin positivo y no para castigar a la comunidad inmigrante”, indicó.

Barrón dijo además que “el gobierno tiene una amplia gama, muy amplia, para usar esto. Esperemos que sea para propósitos de bien común y no para castigar a las personas”, dijo.

El departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos de Motor de Florida recibió el pedido, pero no ha respondido, dijo la vocera Beth Frady a la agencia AP.

Los abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que, no existe garantía de exactitud en los datos que almacenan los estados cuando procesan licencias de conducir.

“Por eso creemos que habrá