Fallo controvertido que amplía el poder de los agentes en la frontera genera divisiones de opinión
La Corte Suprema dictó un fallo favorable al gobierno nacional, brindando mayor autoridad a los agentes de inmigración en la frontera para arrestar a ciertos residentes permanentes.
Las reacciones en Houston no se hicieron esperar tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en apoyo al gobierno federal, lo que les otorga mayor poder a los agentes migratorios en la frontera.
Con esta resolución, ahora tendrán la facultad de arrestar y someter a procedimientos legales a ciertos residentes permanentes que regresan al país.
Con una votación de seis a tres, el tribunal supremo aprobó que los oficiales de inmigración pueden actuar contra individuos con “Green Card” que tengan antecedentes penales o enfrentan cargos, lo que podría poner en peligro su estatus migratorio, incluso al retornar al país tras un viaje al extranjero.
El caso objeto de análisis fue el de Muk Chou Lau, un residente permanente legal que fue colocado bajo libertad condicional migratoria al volver a Estados Unidos debido a acusaciones por supuestamente vender ropa falsificada en Nueva Jersey.
Lau argumentó que las autoridades sobrepasaron sus límites cuando iniciaron el proceso de deportación en su contra en 2012, después de que se declaró culpable.
No obstante, la mayoría del tribunal consideró que los agentes fronterizos no tienen la obligación de presentar evidencia contundente de un delito grave en ese momento. “Los agentes de la frontera no estaban obligados a demostrar con pruebas concluyentes que Lau había cometido un crimen grave”, señaló el juez Clarence Thomas.
Los jueces en desacuerdo alertaron sobre las repercusiones del fallo.
La jueza Ketanji Brown Jackson manifestó su inquietud al resaltar que esta decisión permite al gobierno un amplio margen de maniobra. “Me preocupa que el tribunal le haya otorgado al gobierno un cheque en blanco considerable”, declaró.
Los expertos en inmigración reaccionaron con preocupación. La abogada Naimeh Salem calificó el fallo como perjudicial para los residentes permanentes legales. Como ella explicó, incluso una simple sospecha podría resultar en la intervención de las autoridades migratorias.
La decisión no implica la pérdida inmediata de la residencia, pero sí posibilita que la persona sea sometida a un proceso migratorio bajo un “parole” mientras enfrenta su caso ante la corte de inmigración. Sin embargo, los especialistas advierten que las posibilidades de errores o abusos podrían incrementarse con este nuevo criterio.
Este fallo se produce en un contexto en el que otros casos importantes relacionados con la inmigración aún están pendientes ante la Corte Suprema, incluyendo aquellos sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que podrían resolverse en los próximos días.
