La administración de Trump elimina la cobertura para más de 100.000 individuos que dependen del programa médico
Desde este jueves, cientos de miles de personas en Estados Unidos se enfrentan al riesgo de perder su cobertura de salud. Con el inicio del año fiscal 2027, a partir del 1 de octubre, entran en vigor las nuevas restricciones del programa Medicaid, el seguro de salud pública destinado a individuos de bajos ingresos o con discapacidad, que fueron aprobadas por el Congreso en la Gran y Hermosa Ley en julio de 2025.
De acuerdo con la normativa impulsada por el presidente Donald Trump, los asilados que han huido de la persecución en sus países, los refugiados, las víctimas de trata de personas y otros individuos que hasta ahora dependían de este programa para obtener atención médica o tratamientos ya no son elegibles para recibirlo. Se trata de migrantes que residen legalmente en Estados Unidos, con permisos otorgados por el Gobierno, quienes previamente podían acceder a atención médica. Entre estos migrantes se encuentran afganos que colaboraron con el Ejército de EE. UU. durante la guerra en Afganistán como intérpretes y que se vieron obligados a escapar del país debido a las amenazas de represalias.
Desde el Comité Internacional de Refugiados (IRC) indican que las nuevas restricciones impactarán a personas que padecen discapacidades y enfermedades crónicas, como insuficiencia renal, diabetes y asma, que requieren tratamiento continuo para evitar complicaciones que podrían ser mortales. La pérdida de cobertura puede resultar en demoras en la atención médica, interrupciones en el acceso a medicamentos y situaciones críticas que pueden poner en riesgo la vida.
Esta medida se enmarca en la campaña que ha emprendido la administración de Donald Trump contra la inmigración. Ya sea a través de deportaciones forzosas o limitaciones en los beneficios a los que tenían derecho, la intención es reducir al mínimo la cantidad de extranjeros que residen en EE. UU. Según se establece en la legislación, la eliminación de Medicaid para cientos de miles de personas hasta el año 2034 generará un ahorro para las arcas públicas que supera los 900.000 millones de dólares.
«Esto generará un ahorro al Gobierno federal, pero considero que la decisión obedece en gran medida a políticas migratorias restrictivas, más que a una cuestión únicamente relacionada con costos; de hecho, algunos de los grupos excluidos de Medicaid, bajo cualquier criterio razonable, deberían tener derecho a este tipo de programas», sostiene Tara Watson, investigadora sénior y directora del Centro de Seguridad y Oportunidad Económica de Brookings, en declaraciones a EL PAÍS.
Algunos grupos de migrantes, como aquellos que poseen residencia permanente (green card), las mujeres embarazadas y los niños con estatus migratorio legal, continuarán teniendo acceso a Medicaid. La asistencia de emergencia en los hospitales también seguirá disponible.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que las nuevas limitaciones afectarán a 100.000 personas hasta el año 2034, sin embargo, la organización KFF, enfocada en la investigación sobre políticas de salud, eleva la cifra a aproximadamente 281.000 afectados por la implementación de esta legislación.
En una nación donde el acceso a la atención médica se ha transformado en un privilegio inalcanzable para muchos, la ausencia de un seguro de salud hace que la asistencia médica sea prácticamente imposible de obtener. «Me trasladé aquí en busca de una vida mejor», afirmó Ahin, una refugiada siria de 25 años, en una entrevista con KFF Health News. Al escapar de la devastación provocada por la guerra en Siria, llegó a Turquía en 2011 y se estableció en Estados Unidos en 2024. Poco después, requirió una operación intestinal. Los gastos médicos y las consultas continuas con diversos especialistas fueron financiados por Medicaid. Su madre, quien padece asma, también depende de Medicaid para recibir atención médica.
Un estudio realizado por KFF en dieciséis estados mostró que la información y la comunicación dirigidas a aquellos que serán excluidos de Medicaid varían considerablemente de un estado a otro. La mayoría de ellos reconoce a los grupos de migrantes con estatus legal que mantienen el derecho a la cobertura, pero son menos quienes indican cuáles grupos perderán dicha cobertura. Algunos estados, como California y Oregón, están trasladando a los afectados a un programa de cobertura financiado por el Estado.
La administración republicana ha promovido la noción de que los migrantes indocumentados se benefician indebidamente de los recursos públicos, a pesar de que esto no es correcto, ya que, según la legislación, no pueden acceder a ningún programa de asistencia federal.
Aparte del riesgo de perder la cobertura, los migrantes también se ven impactados por los recientes acuerdos entre los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) para compartir datos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde que Trump implementó una política agresiva contra la inmigración y los agentes de ICE comenzaron a realizar redadas en locales como hospitales, considerados «sensibles» y por lo tanto protegidos hasta el retorno del republicano a la Casa Blanca, muchos migrantes han dejado de buscar atención médica en situaciones de necesidad por temor a ser arrestados.
Adicionalmente, la nueva legislación de «carga pública» estipula que aquellos que reciben algún tipo de asistencia federal no son elegibles para obtener una tarjeta de residencia, lo que lleva a muchos a preferir renunciar a beneficios que les corresponden para no comprometer su posibilidad de obtener la residencia permanente. Asimismo, los individuos que son elegibles podrían tener dificultades al presentar la documentación requerida para demostrar su estatus migratorio, así como para acceder a la información si no tienen un dominio del inglés adecuado.
Las recientes limitaciones de Medicaid no tendrán impacto en los haitianos y cubanos, quienes sí se verán expuestos a otras políticas restrictivas relacionadas con la salud. Desde el 1 de enero de 2027, la cobertura subsidiada del Mercado de Seguros de la ACA (Ley de Cuidado de Salud Asequible) se restringirá a los migrantes que sean residentes permanentes legales y a aquellos que vivan en Estados Unidos bajo el acuerdo COFA (firmado con ciertos países del Pacífico). Gracias a la ACA, también denominada Obamacare debido a su aprobación durante la administración de Barack Obama, las personas tenían la oportunidad de acceder a un mercado subsidiado para obtener un seguro de salud a precios accesibles. Con la llegada del próximo año, esta opción ya no estará disponible.
