El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anunciado este lunes a través de un comunicado la promulgación de un código de conducta para sus jueces. El paso se produce después de que numerosos escándalos hayan puesto en cuestión la integridad de varios de los componentes del tribunal, que han aceptado regalos e invitaciones que suscitan cuestiones éticas, incluidos posibles conflictos de intereses. El texto del código, con todo, no incluyen ningún régimen sancionador ni otro mecanismo para obligar a su cumplimiento. Tampoco introduce una regulación más estricta sobre los regalos que pueden recibir los jueces ni sobre las obligaciones de transparencia, así que más allá del gesto que supone, no está clara cuál pueda ser su eficacia.
El nuevo código de conducta, suscrito por los nueve miembros del Tribunal Supremo, tiene solo 15 páginas. De ellas, solo la mitad incluyen las disposiciones a cumplir, mientras que la presentación, las firmas y un comentario ocupan el resto del espacio. “Los jueces que suscriben promulgan el presente Código de Conducta para exponer sucintamente y reunir en un solo lugar las normas y principios éticos que rigen la conducta de los miembros del Tribunal”, dice la declaración introductoria del documento.
“En su mayor parte, estas normas y principios no son nuevos: el Tribunal ha tenido durante mucho tiempo el equivalente de las normas éticas del derecho consuetudinario, es decir, un conjunto de normas derivadas de una variedad de fuentes, incluidas las disposiciones legales, el código que se aplica a otros miembros de la judicatura federal, las opiniones consultivas sobre ética emitidas por el Comité de Códigos de Conducta de la Conferencia Judicial y la práctica histórica”, explican los jueces en una argumentación que no todos los expertos comparten, pues no estaba claro de qué manera les eran aplicables esas normas.
“La ausencia de un código, sin embargo, ha llevado en los últimos años al malentendido de que los jueces de este Tribunal, a diferencia de todos los demás juristas de este país, se consideran a sí mismos como no restringidos por ninguna norma de ética. Para disipar este malentendido, publicamos este código, que representa en gran medida una codificación de los principios que desde hace tiempo consideramos que rigen nuestra conducta”, concluye la introducción.
Tres magistrados del Supremo (Amy Coney Barrett, Elena Kagan y Brett Kavanaugh) han expresado de forma reiterada en los últimos meses su apoyo a la elaboración de un código ético. En mayo, el presidente del Tribunal, John Roberts, dijo que el Tribunal podría hacer más para “adherirse a los más altos estándares éticos”, sin dar detalles concretos.
La cuestión se puso de actualidad tras una serie de informaciones que cuestionaban las prácticas morales de los jueces. Muchas de las historias se centraron en el juez Clarence Thomas y su falta de transparencia y de declaración de viajes y otros vínculos financieros con ricos donantes conservadores como el magnate inmobiliario de Texas Harlan Crow y los hermanos Koch. En abril, ProPublica desveló años de viajes de lujo no declarados por parte del magistrado, a veces en aviones privados y a bordo de un superyate, pagados por Crow.
Varios medios han revelado luego otros regalos no declarados por el juez procedentes de amigos poderosos. Entre ellos, la compra de la autocaravana que usa el magistrado Thomas, el pago de la matrícula de un colegio privado para un sobrino nieto y alguna operación inmobiliaria.
Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Sonia Sotomayor también han estado bajo escrutinio. ProPublica informó sobre la invitación a un viaje de pesca al juez Alito a Alaska con un donante del Partido Republicano, un viaje que el activista conservador Leonard Leo ayudó a organizar. Associated Press informó de que Sotomayor, ayudada por su equipo, ha promovido las ventas de sus libros mediante visitas a universidades durante la última década.
El primer artículo del código recién promulgado dice: “Un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos debe mantener y observar altos estándares de conducta con el fin de preservar la integridad e independencia del poder judicial federal”. En el segundo, se señala: “El juez no debe permitir que sus relaciones familiares, sociales, políticas, financieras o de otro tipo influyan en su conducta o juicio oficiales. El juez no debe utilizar conscientemente el prestigio de las funciones jurisdiccionales para favorecer sus intereses privados o los de otros, ni dar o permitir que otros den la impresión de que están en una posición especial para influir en él”.
Varias de las disposiciones señalan los casos en que un juez debe abstenerse de pronunciarse sobre un caso. También se establece un régimen de incompatibilidades bastante laxo, que prohíbe a los magistrados dedicarse a la actividad puramente política, pero les deja un amplio margen para actividades académicas o incluso empresariales: “El juez puede ejercer actividades extrajudiciales, incluidas las relacionadas con el Derecho, así como actividades cívicas, benéficas, educativas, religiosas, sociales, financieras, fiduciarias y gubernamentales, y puede hablar, escribir, dar conferencias y enseñar sobre temas jurídicos y no jurídicos”, dice el código de conducta, que introduce la siguiente salvedad: “No obstante, un juez no debe participar en actividades extrajudiciales que menoscaben la dignidad de su cargo, interfieran en el desempeño de sus funciones oficiales, pongan en entredicho su imparcialidad, den lugar a su frecuente descalificación o infrinjan las limitaciones que se exponen”
Los jueces han preferido no aprobar una reglamentación más estricta sobre los regalos. El código señalan que los magistrados deben cumplir las restricciones sobre aceptación de regalos y la prohibición de solicitar regalos establecidas de forma general en el Reglamento sobre Regalos de la Conferencia Judicial. El texto dice que el juez debe procurar evitar que cualquier miembro de su familia que resida en su domicilio solicite o acepte un regalo, salvo en la medida en que el Reglamento sobre regalos de la Conferencia Judicial se lo permita.
Tampoco está garantizado que con el código ético haya en adelante una mayor transparencia, pues no se ha adoptado cambio alguno, aunque se deja la puerta abierta a “estudiar la conveniencia” de modificar algunas normas sobre las obligaciones de información. “En lo que respecta a la divulgación de información financiera, los jueces seguirán solicitando orientación a la Oficina de Asesoría Jurídica y al personal de los comités pertinentes de la Conferencia Judicial”, se dice en lso comentarios al código.
La confianza de los ciudadanos en el Tribunal y su aprobación se acercan a mínimos históricos, según una encuesta de Gallup publicada a finales de septiembre, justo antes del inicio del nuevo año judicial.