Si la medida es firmada por DeSantis, entraría en vigor el 1 de julio del año en curso.
La Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto de ley HB 1718, que estipula, entre otras disposiciones, prohibir que los condados y municipios provean fondos a cualquier persona, entidad u organización para que otorgue documentos de identificación a una persona que no tenga prueba de que se encuentra de forma legal en Estados Unidos. La medida fue aprobada con 83 votos a favor y 36 en contra.
También contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes irregulares, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados.
La iniciativa se dirige ahora al despacho del gobernador estatal, el republicano y posible aspirante presidencial Ron DeSantis, promotor de la medida y de quien se espera su inminente firma.
El proyecto llegará al escritorio de DeSantis tras su aprobación el pasado viernes en el Senado estatal y luego de que el lunes la Cámara de Representantes floridana, controlada por el Partido Republicano, desestimara 19 enmiendas propuestas por la oposición demócrata.
«Este proyecto de ley de inmigración no resuelve ningún problema; simplemente deshumaniza a las personas en función de cómo llegaron a este país», criticó la representante demócrata Rita Harris.
La iniciativa que ha aprobado el Legislativo estatal, de mayoría republicana en ambas cámaras, impone hasta 15 años de prisión a quien transporte a Florida a inmigrantes indocumentados, así como multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren la legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
Establece además la obligatoriedad de los hospitales y centros médicos del estado de recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, e invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
El texto aprobado impediría igualmente que los abogados amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), conocidos como «soñadores», puedan ejercer a partir de noviembre del año 2028.
Además, incluye fondos de $12,000,000, 00 para el traslados de inmigrantes a otros estados del país.
CRÍTICAS DE GRUPOS EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES
«Casi el 20 por ciento de los floridanos son inmigrantes. Un proyecto de ley que daña directamente a una quinta parte de nuestra población no tiene cabida en nuestro estado. En pocas palabras, este proyecto de ley es vergonzoso», dijo hoy Kirk Bailey, director político de la filial en este estado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Bailey agregó que el proyecto incentiva la elaboración de perfiles raciales de una variedad de floridanos y crea una cultura de «muéstrame tus papeles», además de perjudicar a las empresas, la economía local y el sistema de sanidad pública.
Señaló que una ley similar en Arizona condujo a una pérdida de 141 millones de dólares en gastos directos y ocasionó 253 millones de dólares en «producción económica perdida», entre otros apartados.
«No está destinado a brindar la protección que reclaman, y no brindará una solución al sistema federal de inmigración que no funciona. La crisis fronteriza es propaganda que fomenta el miedo y se utiliza como excusa para aumentar la extralimitación del Gobierno», dijo por su parte Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés).
La semana pasada, un grupo de 80 médicos y profesionales de la salud remitieron cartas a los titulares de ambas cámaras del Legislativo floridano, es decir, a la senadora Kathleen Passidomo y al congresista Paul Renner, para advertir que la propuesta conlleva un poderoso riesgo de socavar las políticas sanitarias.
Recordaron que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha establecido en una guía las llamadas «áreas protegidas», las cuales se hallan lejos de los alcances de las leyes migratorias, entre las que figuran de forma explícita los hospitales y centros médicos.
«Un hospital no es un lugar apropiado para involucrar a una persona en asuntos privados de inmigración», señalaron los firmantes de la carta.
Además, el proyecto de ley también invalida en Florida cualquier permiso de identificación para personas inmigrantes emitidos por otros estados.
También exige a ciertos hospitales a que recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes en los formularios de admisión o registro, le exige al Departamento de Oportunidades Económicas que ingrese una determinada orden y el reembolso de ciertos incentivos de desarrollo económico si el departamento descubre o recibe una notificación de que un empleador le ha dado trabajo a una persona a sabiendas de que es un inmigrante indocumentado.
Ahora, con la medida firmada en ambos cuerpos legislativos, pasa a la firma del gobernador Ron DeSantis para que sea aprobada y entre en vigor el 1 de julio del año en curso.
El pasado viernes, el Senado firmó la medida lo que produjo a una reacción de Paula Muñoz, Directora de Organización de Campañas de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
En un comunidado de prensa, Muñoz dijo que “nuestros senadores estatales están lastimando deliberadamente a las familias de Florida para su propio beneficio político. Las personas que viven en Florida tendrán que perderse eventos, a veces eventos importantes como graduaciones o bodas, porque esencialmente están atrapados en un estado que los persigue. Del mismo modo, si alguien necesita buscar atención médica fuera de Florida, no podrá volver a casa. Esta es una mala legislación que hará que nuestro estado sea menos seguro y menos próspero”.
Lo que contempla el proyecto de ley de inmigración:
Requiere que los empleadores con más de 25 trabajadores usen E-verify para determinar la elegibilidad de empleo, por lo que es un delito grave usar una identificación falsa para obtener la elegibilidad y permite la revocación de la licencia o multas considerables si un empleador viola los requisitos de E-verify.
Obligar a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visitan la sala de emergencias, y a informar regularmente sobre el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estado migratorio regulado a la AHCA y la legislatura.
Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. También incluye la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado.
Prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado.
Anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado.
Establece que el Jefe de Seguridad Nacional coordinará las acciones de aplicación de la ley de inmigración en Florida.
Deroga la ley que permite a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio ejercer la abogacía si aprobaron después de 2018.
Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
