Whitmire instruyó a la policía a disminuir significativamente la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sin embargo, su oficina manifestó dudas acerca de la validez de convertir esta directiva en una ley municipal, y el asesor legal de la ciudad advirtió que esta acción podría no resistir la evaluación judicial.
Pocos días después de que el alcalde John Whitmire pidiera a los oficiales policiales de Houston que limitaran sus interacciones con los agentes de inmigración federales, su oficina declaró su oposición a una iniciativa de los concejales para formalizar la orden ejecutiva como una ordenanza.
El viernes, Whitmire firmó un decreto que instruye al Departamento de Policía de Houston (HPD) a comunicarse únicamente con el ICE respecto a las órdenes de inmigración cuando realicen un arresto por un delito. Esta medida prohíbe cualquier contacto en situaciones diferentes, incluidas las detenciones vehiculares.
La concejala Alejandra Salinas se encuentra entre los que impulsan la transformación de la orden ejecutiva en una medida permanente.
«La directiva del alcalde no puede sustituir a la ordenanza municipal», afirmó Salinas. «Es imperativo que modifiquemos la legislación para formalizarla como la normativa de Houston, de modo que estas nuevas directrices sean respetadas y no queden a criterio del alcalde actual o de futuros alcaldes, sino que se convierta en la ley de Houston realmente».
Salinas promovió una ordenanza en abril, que recibió inicialmente el apoyo de Whitmire, la cual prohibía a los agentes detener a individuos basándose en órdenes de inmigración civiles. No obstante, Whitmire y otros miembros del consejo anularon la iniciativa tras la advertencia del gobernador Greg Abbott sobre la posible revocación de fondos de seguridad pública.
El viernes, Whitmire indicó que la reciente victoria demócrata que desplazó a los republicanos en el gobierno estatal en enero motivó su revisión de las políticas del HPD.
A través de un comunicado, un representante de Whitmire señaló que «se mantiene firme en su orden ejecutiva como la estrategia de la ciudad para enfrentar estos desafíos».
«Él considera que modificar la ordenanza para incluir cláusulas adicionales incrementaría el riesgo de que la ciudad infrinja la normativa estatal», aseveró el portavoz de Whitmire.
Abbott y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, no han ofrecido comentarios respecto a la orden ejecutiva de Whitmire.
En abril, Paxton inició acciones legales contra la intención de Houston de disminuir la cooperación entre el HPD y el ICE, antes de que los funcionarios de la ciudad regresaran. Argumentó que esto contradecía el Proyecto de Ley 4 del Senado, que prohíbe a las ciudades y condados limitar la participación de las agencias locales en la aplicación de las leyes de inmigración.
El miércoles, el abogado de la ciudad, Arturo Michel, señaló que su departamento expresó inquietudes legales sobre la orden ejecutiva promulgada por Whitmire.
«Examinamos la orden ejecutiva y comprendemos que existen ciertos riesgos, y debo mencionar que el alcalde ha expresado claramente su disposición a adoptar una postura al respecto, incluso en caso de que surjan consecuencias desfavorables», declaró Michel a Houston Public Media. «Cualquiera que ejerza la abogacía le indicará que no se tiene un cliente que siempre coincida con lo que podría considerarse el estándar legal y similares. Uno tiene el derecho de hacerlo».
En contraste, Michel comentó que la iniciativa de los miembros del consejo debe recibir primero un examen legal antes de que pueda ser sometida a votación por el ayuntamiento.
«Pienso que la dificultad radica en que si se propone algo que infringe la SB 4, es complicado argumentar que eso es legal», manifestó Michel. «Es cierto que la ciudadanía podría interpretar eso como una discrepancia entre la orden ejecutiva y la ordenanza, pero considero que depende de los distintos procedimientos que existen».
El portavoz de Whitmire afirmó que la orden ejecutiva y la ordenanza son «cuestiones completamente distintas».
«La orden ejecutiva cumple con nuestro objetivo», afirmó su portavoz. «Una infringe la legislación estatal; la otra no».
La oficina de Whitmire mencionó que los nuevos líderes demócratas en Austin deben revisar el Proyecto de Ley 4 del Senado, y que el Congreso de los Estados Unidos debería «buscar una reforma migratoria significativa».
