«Presidente» Cubano Llega a Nueva York

En 2018, el presidente cubano participó por primera vez en la Asamblea General de la ONU donde dio un discurso, mantuvo encuentros bilaterales con otros dignatarios y participó en la Cumbre de la Paz «Nelson Mandela».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel viajó este domingo a Nueva York para asistir al 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), informaron medios de la isla.

«El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, partió rumbo a Nueva York para participar en el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas», anuncia en su portada el diario oficialista Granma.

La Cancillería y varios medios oficiales de igual modo reproducen el mensaje del gobernante cubano en el que adelantaba su presencia en la reunión que comenzará el 19 de septiembre con un debate general y que incluye un diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo y otros encuentros.

«¡A las Naciones Unidas! Hay varias reuniones de alto nivel esta semana en la UNGA78 y allí estará Cuba, presentando los reclamos de la Cumbre del Grupo de los 77 y China y los de nuestro pueblo», escribió Díaz-Canel en la red social X (antes Twitter).

Díaz-Canel asistirá a la cita en su calidad de presidente pro-témpore del G77+China para exponer los resultados de la cumbre celebrada los últimos dos días en La Habana, con la asistencia de representantes de 116 países y 12 entidades multilaterales, entre ellos, el secretario general de la ONU, António Guterres.

En 2018, el mandatario cubano participó por primera vez en la asamblea general de las Naciones Unidas, donde hizo un discurso, mantuvo encuentros bilaterales con otros dignatarios, y participó en la denominada Cumbre de la Paz «Nelson Mandela».

El 78 periodo de sesiones de esa instancia de la ONU se efectuará bajo el lema «Reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial» y se propone acelerar las acciones dentro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

República Dominicana le Cierra Frontera a Haiti

En los últimos meses se han incrementado las acciones hostiles contra la migración haitiana desde República Dominicana, en la medida en que se agudiza la crisis en ese país.

República Dominicana anunció este lunes la suspensión de la emisión de visas a los haitianos «hasta nuevo aviso» y mantiene cerrada la frontera norte, en lo que forma parte de una serie de medidas adoptadas en rechazo a la construcción de un canal del lado de Haití para desviar aguas del río Masacre que separa a los dos países.

El presidente dominicano, Luis Abinader, también ordenó suspender de manera definitiva la entrada al país de «todos los involucrados en el conflicto», los cuales no identifica el Gobierno dominicano.

Las medidas fueron comunicadas por el portavoz de la Presidencia dominicana, Homero Figueroa, al término de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el presidente Abinader, para abordar la situación generada por la construcción del canal, que el Gobierno de Haití asegura que es una iniciativa privada y es objeto de controversia desde hace varias semanas.

Sin embargo, República Dominicana afirma que ese proyecto viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936, firmados por ambos países.

De acuerdo a Santo Domingo, los límites entre los dos países son «definitivos, inamovibles e innegociables».

Hace una semana, construcción del canal llevó al Gobierno dominicano a cerrar la zona norte de la frontera de la República Dominicana con Haití, medida que se mantendrá y que podría extender a toda la zona limítrofe «si el conflicto no se resuelve antes del jueves», según un comunicado leído por Figueroa ante los periodistas.

En adición, como medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos, el Ejecutivo Nacional dispuso la reactivación de una toma de agua en el río Dajabón, en el inicio del canal de La Vigía, de acuerdo con el portavoz., quien informó que se iniciará el proceso de construcción del proyecto de una presa en la zona «como una solución definitiva a largo plazo», al tiempo que solicitó una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.

La Suprema Corte de México despenaliza el aborto en todo el país

La decisión se sustenta en un fallo anterior del máximo tribunal y refleja cómo los países latinoamericanos están ampliando los derechos reproductivos.

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto a nivel federal el miércoles en una decisión de gran alcance que se sustenta en un fallo anterior, lo que le da a los funcionarios la autoridad para permitir el procedimiento en todos los estados.

La corte anuló la disposición del Código Penal Federal que penalizaba el aborto por considerarlo “inconstitucional” y hace que el aborto sea legalmente accesible en las instituciones federales sanitarias de todo el país.

La sentencia de México, un país predominantemente católico de 130 millones de habitantes, pone de manifiesto el liderazgo que están asumiendo las naciones latinoamericanas en la ampliación de los derechos reproductivos.

“Estoy muy conmovida y muy orgullosa”, dijo Rebeca Ramos, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), uno de los principales grupos de defensa del derecho al aborto que presentó el año pasado un amparo contra la regulación mexicana de 1931 que penalizaba el procedimiento. “Esto hace posible lo que no habíamos logrado en todos estos años, que es que por lo menos en ciertas instituciones, en todo el país, se puedan prestar los servicios de aborto legal y seguro”.

La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó por primera vez que penalizar el aborto era inconstitucional en 2021, pero esa sentencia solo se aplicaba al estado de Coahuila, en la frontera con Texas. Otros estados mexicanos ya han eliminado las sanciones penales para el procedimiento y, la semana pasada, Aguascalientes se convirtió en el duodécimo estado mexicano en hacerlo.

La sentencia del miércoles no afecta a las leyes locales, y el aborto sigue siendo ilegal en 20 de los 32 estados del país. Pero incluso en esos estados, ahora las mujeres pueden abortar legalmente en los hospitales y clínicas federales. La sentencia también prohíbe que el personal de estos centros sea sancionado por practicar abortos.

“Ojalá este sea el preámbulo para que la corte, estado por estado, pueda ir ayudando a los congresos locales para eliminar en la vía práctica el delito de aborto ya que los legisladores no hacen su trabajo”, dijo Verónica Cruz, fundadora del grupo feminista Las Libres en Guanajuato, México.

Además de México, países como Colombia, Argentina, Uruguay y Guyana han legalizado o despenalizado el aborto. Esta tendencia regional contrasta con la de Estados Unidos, donde la anulación del caso Roe contra Wade por parte de la Corte Suprema en 2022 situó al país entre un pequeño grupo de naciones en las que es más difícil para las mujeres interrumpir el embarazo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una breve declaración en la que anunciaba el fallo, aseguró que penalizar el aborto era “inconstitucional”, pues “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

La decisión de la corte también refleja cambios profundos en la sociedad mexicana y en algunas de sus instituciones. Gran parte de México sigue siendo culturalmente conservador, pero décadas de activismo feminista han modificado la forma en que muchas personas del país piensan sobre los derechos de las mujeres. Los grupos de derechos humanos también han emprendido esfuerzos para que los casos de aborto lleguen a la Suprema Corte.

De manera simultánea, la Suprema Corte de Justicia perdió algunos jueces conservadores, y el presidente de la corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, criado por padres católicos practicantes, surgió como un inesperado defensor del derecho al aborto.

“Vamos por muy buen camino”, dijo Ramos. “Esto es un reconocimiento de que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tenemos agencia y somos ciudadanos de primer nivel. La democracia también está llegando a nosotras”.

México Tendrá a una Mujer Como Candidata a la Presidencia por la Oposición

Quién es Xóchitl Gálvez, la candidata opositora que desafiará al partido de AMLO por la presidencia de México

La senadora, quien ha sido descrita como «una mujer hecha a sí misma», fue elegida esta semana como la candidata del Frente Amplio por México, una compleja alianza partidista de ideologías contrapuestas. Aunque no ha ostentado altos cargos en el gobierno federal, haberle hecho frente al presidente López Obrador le ganó la simpatía popular.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, una política con poca experiencia en las altas esferas de administración pública mexicana de estilo desenfadado y crítica abierta del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en cuestión de semanas en la candidata del llamado Frente Amplio por México.

La senadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN) podría disputar el poder con la exalcaldesa de la CDMX Claudia Sheinbaum, quien lidera las preferencias para ser la abanderada de la izquierda. Una batalla inédita en este país con un machismo enquistado y graves problemas de violencia de género.

Gálvez tiene 60 años y se caracteriza por usar huipiles —los vestidos tradicionales de los indígenas y los mestizos de la parte sur de México— y lo hace porque ella misma se ha autodefinido como indígena (en México es un derecho elegir tu raza).

Para trasladarse por las calles de la Ciudad de México, la política utiliza una bicicleta plegable. Es liberal, defensora del aborto, los derechos LGBTI y de los programas sociales del actual gobierno, lo que se contrapone con la ideología de su partido, el PAN.

Gálvez nació en Tepatepec, una población de 11,300 habitantes que se encuentra en el céntrico estado de Hidalgo. El lugar forma parte del llamado valle del Mezquital, una zona árida e industrial del centro de México. Ahí, según datos oficiales, solo el 1.28% de la población habla una lengua indígena.

De padre otomí y madre mestiza, ella misma ha contado que, desde que era niña, ayudó a su familia vendiendo golosinas en las calles de Tepatepec.

Relató que llegó a vivir a un cuarto de azotea en la Ciudad de México para estudiar ingeniería informática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se especializó en robótica, inteligencia artificial y sustentabilidad.

Como empresaria, Gálvez fundó en 1992 la empresa High Tech Services, dedicada al desarrollo de edificios de alta tecnología. También es fundadora de la empresa OMEI, dedicada a la operación y mantenimiento de infraestructuras inteligentes.

En sus redes sociales se define como tecnóloga, luchadora contra “el cambio climático y la corrupción”, empresaria y fanática “a muerte” del club de fútbol mexicano Cruz Azul.

El periódico Financial Times le dedicó en julio pasado un largo perfil en la que la retrataba como una «mujer hecha a sí misma».

Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición en México: ¿cuál será su mayor reto?

Pocos cargos de alta responsabilidad

Como funcionaria pública, en más de dos décadas, ha tenido pocos cargos de alta responsabilidad.

Durante el gobierno del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) estuvo frente a la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, posteriormente, fue directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Ambas oficinas buscaban conciliar la paz con los grupos indígenas principalmente del sur de México, que en la década de 1990 se levantaron en armas.

En 2010 contendió por la gubernatura de su natal Hidalgo por la coalición denominada “Hidalgo nos Une” (PAN–PRD), elección que perdió ante el candidato del viejo conocido Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Olvera Ruiz.

Dos años después, se presentó como candidata a senadora por el estado de Hidalgo por el PAN y también perdió. En 2015, compitió como jefa delegacional (alcaldesa) de la entonces delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 alcaldías que componen a la capital y esta vez sí ganó y ejerció el cargo hasta marzo de 2018.

Ese mismo año, su partido le cedió una curul en el Senado por la vía de la representación proporcional y no por voto popular (conocido en México también como plurinominal), que son puestos en las dos Cámaras asignados a los distintos partidos políticos por el número de votos que obtienen en las elecciones generales, cargo al que no declinó para competir por la candidatura del frente.

El pasado 12 de junio, Gálvez Ruiz captó la atención cuando asistió a Palacio Nacional de México para intentar ingresar a la conferencia matutina de AMLO con el objetivo de reclamar su derecho de réplica por unos dichos del presidente mexicano (hechos el 5 de diciembre de 2022) de que Gálvez estaba supuestamente proponiendo desde el Senado desaparecer los programas sociales del presidente.

Tan solo tres días después de presentarse en Palacio Nacional, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, comentó en una entrevista en el estado de Chihuahua que la senadora estaba considerada entre los aspirantes del PAN para la candidatura de la oposición para la presidencia. Gálvez Ruiz reconoció que estaba pensando seriamente la candidatura.

El 27 de junio, confirmó que participaría en el proceso de la llamada alianza Va por México, que incluye al mismo PAN, al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI, que gobernó México por más de siete décadas. Al final, la alianza —antinatural para muchos por las distintas y discrepantes ideologías— fue anunciada bajo el nombre de Frente Amplio por México.

La analista política mexicana Paula Sofía Vázquez dijo a la agencia AFP que ve a Gálvez como la outsider o sorpresa de la naciente campaña. «El presidente ha sido muy exitoso en construir una oposición elitista, racista, blanca, oligarca, y creo que el perfil de Xóchitl los vacía de esa narrativa», sostuvo.

López Obrador «ya le dio el carácter más importante que se le puede dar a alguien en la política en México que es (ser) su propia adversaria, de su tamaño. Xóchitl está respondiendo muy bien», anotó Vásquez.

Gálvez, ungida por la alianza

Dos aspirantes del PAN y una del PRI alzaron la mano para encabezar el Frente Amplio por México. Gálvez, Santiago Creel, por el PAN y Beatriz Paredes, por el PRI, los dos últimos políticos de larga trayectoria. La cúpula de los partidos anunció que sería el 3 de septiembre cuando anunciaría a su candidato, con base en el resultado de una encuesta.

No obstante, en cuestión de semanas, las preferencias se fueron decantando en favor de Gálvez y los interesados se fueron filtrando ellos mismos. El primero en «bajarse» de la contienda fue Santiago Creel el pasado 21 de agosto.

Aunque Gálvez y Creel comenzaron la carrera por encabezar el frente con el 13% de las preferencias en las encuestas. El político aseveró que “la mejor alternativa que tiene la oposición es aliarse alrededor de Gálvez”.

Diez días después y cuatro antes de que se realizara la encuesta para elegir a la candidata o candidato del frente, Beatriz Paredes, la candidata del PRI, decidió también declinar en favor de Xóchitl Gálvez, toda vez que la encuestas realizadas por medios mexicanos le favorecían con entre el 57 y el 59% de las preferencias.

El miércoles, para sorpresa de casi nadie, Gálvez recibió la noticia durante un evento en la Ciudad de México de que sería la abanderada del Frente Amplio por México.

“Gané la encuesta por 15 puntos y nos ponen a un paso de la candidatura”, dijo ante un auditorio pletórico que gritaba: “¡presidenta, presidenta!”.

Gana Arévalo Elecciones en Guatemala

Este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, se proyecta la victoria aplastante de un activista anticorrupción, lo que significa un impactante castigo al establishment político conservador de la nación más poblada de Centroamérica.

Bernardo Arévalo, un sociólogo políglota de un partido emergente compuesto en su mayoría de profesionales urbanos, obtuvo el 58 por ciento de los votos, tras el 98 por ciento de los votos escrutados el domingo, según anunció la autoridad electoral. Su rival, Sandra Torres, una ex primera dama, obtuvo el 37 por ciento de los votos.

Alejandro Giammattei, el actual presidente, a quien la ley le prohíbe buscar la reelección, felicitó a Arévalo y lo invitó a organizar una transición ordenada del poder.

Los resultados oficiales completos se esperan en los próximos días.

La victoria de Arévalo marca un punto de inflexión en Guatemala, una de las principales fuentes de migración a Estados Unidos y una de las naciones aliadas de Washington en la región desde hace mucho tiempo. Hasta el momento en que Arévalo logró colarse a la segunda vuelta tras un sorprendente resultado en la primera vuelta realizada en junio, lo que había moldeado la convulsa campaña había sido la descalificación por parte de las autoridades judiciales de muchos otros candidatos percibidos como amenazas para las élites en el poder del país.

Defendiéndose contra esas tácticas, Arévalo hizo de la lucha contra la corrupción el enfoque central de su campaña. Se dedicó al escrutinio de cómo la frágil democracia de Guatemala, plagada en repetidas ocasiones de gobiernos envueltos en escándalos, ha pasado de implementar estrategias anticorrupción innovadoras a clausurar dichos esfuerzos y forzar a jueces y fiscales a huir del país.

Un votante, Mauricio Armas, de 47 años, dijo que había votado por un candidato en el que creía por primera vez en décadas. Armas, actor y pintor de casas de la capital, Ciudad de Guatemala, afirmó que Arévalo y su partido, Movimiento Semilla, “me parece que es gente que no tiene nexos con el crimen”.

Arévalo, de 64 años, un moderado que ha criticado gobiernos de izquierda como el de Nicaragua, es percibido de todos modos en el entorno político conservador de Guatemala como el candidato más progresista en llegar hasta estas instancias desde que se restableció la democracia en 1985, tras más de tres décadas de gobiernos militares.

Obteniendo gran parte de su apoyo de votantes en las ciudades, la campaña de Arévalo contrastó con la de su rival, quien se enfocó en gran medida en la delincuencia y prometió emular en Guatemala las medidas severas contra las pandillas que ha aplicado Nayib Bukele, el presidente conservador de El Salvador. Torres también resaltó temas sociales —oponiéndose a la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana— y apoyó el incremento de la asistencia alimentaria y monetaria a las comunidades pobres.

“Ella prometió seguridad, hacer lo mismo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador”, afirmó una simpatizante, Aracely Gatica, de 40 años, una vendedora de hamacas en un mercado del centro de Ciudad de Guatemala.

Estas elecciones marcan el intento fallido más reciente de Torres, de 67 años, quien es exesposa de Álvaro Colom, quien fuera presidente de Guatemala de 2008 a 2012. En 2011 se divorció de Colom, buscando eludir una ley que prohíbe que los familiares del presidente se postulen al cargo. (Colom falleció en enero, a los 71 años).

Aunque se le prohibió postularse en esas elecciones, Torres quedó en segundo lugar en las dos elecciones presidenciales previas. Después de las elecciones de 2019, fue detenida bajo cargos de financiamiento ilícito de campaña y pasó un tiempo bajo arresto domiciliario. Sin embargo, un juez cerró el caso a finales del año pasado, lo que le permitió postularse a estas elecciones.

A pesar de algunas diferencias obvias, Arévalo y Torres coincidieron en algunos temas. Ambos candidatos, por ejemplo, llamaron la atención sobre la escasez de infraestructura decente en Guatemala. Fuera de Ciudad de Guatemala, la capital, el país carece de carreteras pavimentadas. Ambos candidatos propusieron construir miles de kilómetros de nuevas carreteras y mejorar las existentes. Ambos también se comprometieron a construir la primera línea de metro de Ciudad de Guatemala.

Aun así, Arévalo simboliza un quiebre con la manera tradicional de hacer política en Guatemala. La contienda se desarrolló en medio de una represión por parte del actual gobierno conservador contra fiscales, jueces, organizaciones sin fines de lucro y periodistas como José Rubén Zamora, el editor de un periódico importante, quien fue sentenciado en junio a hasta seis años de prisión.

Si bien el presidente Giammattei, ampliamente impopular, tiene prohibido por ley buscar la reelección, las preocupaciones sobre un descenso hacia el autoritarismo se han agravado a medida que ha expandido su poder sobre las instituciones del país.

Esta fragilidad institucional se manifestó el domingo. Blanca Alfaro, una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, órgano que rige las elecciones de Guatemala, declaró que planea renunciar en los próximos días debido a lo que, afirmó, eran amenazas en su contra. Gabriel Aguilera, otro magistrado del poder electoral, afirmó que también había recibido amenazas.

En Ciudad de Guatemala, un cuerpo de bomberos informó que había respondido a un incendio causado por la explosión de una pequeña bomba casera en un centro de votación en una zona clase media. Si bien no hubo ningún fallecido y el fuego fue apagado rápidamente, los bomberos declararon que habían asistido a varias personas que mostraron señales de estrés emocional. No se supo de inmediato quién fue responsable de la bomba.

Antes de los resultados de Arévalo en la primera vuelta, la victoria de algún abanderado del establishment parecía casi segura. Pero las descalificaciones de varios contendientes, en lugar de beneficiar a los candidatos predilectos del poder establecido, abrieron un camino para Arévalo.

Tras lograr pasar a la segunda vuelta, los esfuerzos consiguientes para evitar que siguiera postulándose a la presidencia por parte de un fiscal —a quién Estados Unidos ha ingresado en una lista de funcionarios corruptos— también fracasaron, ya que motivaron llamados de figuras políticas guatemaltecas de todo el espectro ideológico para que Arévalo continuara en la contienda.

Arévalo, un intelectual que es hijo de Juan José Arévalo, un expresidente que todavía es reconocido por haber creado el sistema de seguridad social de Guatemala y proteger la libertad de expresión. Luego de que su padre fuese obligado al exilio en la década de 1950, Arévalo nació en Uruguay y creció en Venezuela, Chile y México antes de regresar a Guatemala siendo un adolescente. Era miembro del Congreso cuando su partido lo eligió este año como su candidato.

En los últimos días, el fiscal que intentó evitar la candidatura de Arévalo, Rafael Curruchiche, revivió su intento de suspender el partido de Arévalo. Citando lo que el fiscal describió como irregularidades en el proceso de recolección de firmas para la creación del partido, Curruchiche afirmó que podría suspender al partido después de las elecciones del domingo y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros.

Una medida de este estilo debilitaría rápidamente la capacidad de Arévalo para gobernar. Otra señal de inquietud fue el alto nivel de abstención en la segunda vuelta; el 45 por ciento del electorado votó.

Ricardo Barrientos, miembro de un grupo de observadores electorales,

quien agregó que los resultados reflejaban las encuestas que mostraron que Arévalo lideraba la contienda por un margen amplio. “Es una mayoría abrumadora” para Arévalo, dijo que tanto el índice de abstención como el amplio margen de victoria de Arévalo eran esperados y coincidían con las encuestas. “Es una mayoría abrumadora” para Arévalo, dijo Barrientos.

Arévalo se ha comprometido a mitigar la pobreza en Guatemala, uno de los países más desiguales de América Latina, a través de un programa de creación masiva de empleos destinado a mejorar las carreteras y otras infraestructuras. También prometió aumentar la producción agrícola proporcionando préstamos a bajo interés a los agricultores.

Arévalo ha enmarcado estas propuestas como alternativas para evitar que los guatemaltecos emigren a Estados Unidos, donde figuran como uno de los grupos migrantes más grandes. Varios factores alimentan la emigración, incluidas las bajas oportunidades económicas, la extorsión, la corrupción de los funcionarios públicos y la delincuencia.

Arévalo ha hecho de la lucha contra la corrupción y la impunidad el enfoque central de su campaña. Se ha distanciado de sus rivales que buscan emular el tipo de medidas duras contra las pandillas que ha implementado el presidente conservador del vecino El Salvador, alegando que los desafíos de seguridad de Guatemala son diferentes en tamaño y alcance, donde la actividad de las pandillas está concentrada en ciertas partes del país. Arévalo propone contratar miles de nuevos policías y mejorar la seguridad en las prisiones.

William López, un profesor de 34 años de Ciudad de Guatemala que trabaja en un centro de llamadas, dijo que veía a Arévalo y a su partido, Movimiento Semilla, como “la oportunidad de un cambio mejor, ha demostrado que no tiene cola que le machuquen”.

Matan a Candidato Presidencial Ecuatoriano

El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio, abanderado de la lucha anticorrupción y conocido por sus declaraciones contra las bandas criminales y el narcotráfico, fue asesinado el miércoles en Quito en un ataque a tiros a la salida de un mitin político, a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que afecta diversas partes del país sudamericano.

El presidente, Guillermo Lasso, que tachó el asesinato de “crimen político” y dijo que pretendía “sabotear el proceso electoral”, confirmó que se mantendría la fecha de los comicios, aunque con medidas de seguridad adicionales que incluían un despliegue militar.

La Fiscalía informó cerca de la medianoche en la red social X, antes Twitter, que se ha detenido a seis personas en relación con el asesinato de Villavicencio. Más temprano había precisado que un sospechoso del atentado resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito, donde falleció a causa de las heridas.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos registrados para la elección presidencial del 20 de agosto. El político de 59 años no figuraba entre los favoritos, con un escaso 10% de las preferencias, aunque era una figura reconocida por haber denunciado en el pasado diversos casos de presunta corrupción gubernamental.

Estaba casado con Verónica Sarauz y deja cinco hijos.

En días pasados, el aspirante a presidente había denunciado públicamente que el líder de un grupo criminal local ligado al cártel mexicano de Sinaloa lo había amenazado, aunque hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana ha señalado a ninguna organización delictiva específica. Villavicencio había denunciado también que había vínculos entre políticos y narcotraficantes.

En el último vídeo en que se le ve con vida, se observa que sale del recinto educativo donde se celebró el mítin político rodeado por policías, quienes le ayudan a ingresar a un vehículo. Antes de cerrar la puerta, se escucha una serie de detonaciones de bala y gritos desesperados de los simpatizantes.

Tras el ataque, las autoridades ecuatorianas no dieron a conocer el posible motivo detrás del atentado. Patricio Zuquilanda, asesor de la campaña del candidato, dijo a The Associated Press que Villavicencio había recibido dos amenazas de muerte, aunque no dio más detalles.

Edison Romo, coronel en retiro especializado en inteligencia militar que ha seguido el desarrollo de la campaña en el país, en declaraciones a la AP aludió a que Villavicencio “era una amenaza para organizaciones delictivas internacionales”. Dijo que la corrupción y la penetración del narcotráfico “en instituciones públicas y privadas es fuerte” y añadió que no se debe descartar ninguna hipótesis de investigación.

Después del atentado, se registraron dos explosiones controladas por parte de la policía en las inmediaciones del sitio donde se produjo el asesinato.

La Fiscalía informó más tarde que se reportaron nueve heridos, “entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías”, de los que no se proporcionó los nombres. Las primeras versiones señalan que tres personas descargaron ráfagas de metralla que impactaron al postulante y otras personas.

El general de la policía Alain Luna, en declaraciones a periodistas, confirmó que entre los heridos hay policías y calificó que el hecho es un acto terrorista, del cual los agentes están recopilando información. “Estamos aplicando un cerco a la ciudad, localización y operaciones básicas de inteligencia, para dar con los causantes”.

Hace casi 10 años Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión y multa de 140.000 dólares por injurias al entonces presidente Rafael Correa, se refugió inicialmente en Estados Unidos pero luego volvió a Ecuador, en donde fue acogido en una comunidad indígena de la selva junto al asambleísta Cléver Jiménez, igualmente condenado.

Villavicencio cobró especial protagonismo durante el régimen de Correa, cuando denunció millonarios aportes de empresas privadas al partido de gobierno de entonces, Alianza PAIS, a cambio de la entrega de grandes obras de infraestructura estatal. De esa revelación se nutrió el caso judicial por el que el expresidente Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho.

Patricio Zuquilanda, excanciller y actual asesor general de la campaña de Fernando Villavicencio, en diálogo con The Associated Press con voz entrecortada afirmó que “el pueblo ecuatoriano está llorando y Ecuador está herido de muerte; la nación está herida de muerte”.

Una simpatizante que estaba presente en el último acto electoral del candidato antes de su asesinato recordó los momentos previos. “Estábamos contentos. Hasta bailó Fernando. Las últimas palabras fueron quién se mete con mi pueblo se mete con mi familia”, mencionó Ida Páez. “No puede quedar este crimen así, porque hay un capo de capos que estará riendo, que estará celebrando, pero el pueblo está llorando. Nos duele el corazón”, añadió.

La ley electoral establece que un candidato “inhabilitado” podrá ser reemplazado por otro integrante del mismo partido o alianza.

Zuquilanda relató que Villavicencio “tuvo anteriormente dos amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido” y que “contaba con protección policial y contaba con protección privada”. Sobre el ataque, explicó que el candidato salió “protegido por sus guardaespaldas, sin embargo, dentro de la camioneta le disparan y fallece inmediatamente”.

Aseguró el asesor de campaña que “las amenazas fueron hace poco tiempo; él denunció que tuvo estas amenazas de muerte y capturaron a una persona inicialmente”.

Zuquilanda también hizo un llamado a la comunidad internacional sobre Ecuador y cada uno de los países que sufren esta amenaza de la delincuencia y el narcotráfico: “La política no puede conducir a la muerte de ningún miembro de su sociedad, y la sociedad va a reaccionar inmediatamente ante esto”.

En una conferencia de prensa tras una reunión de seguridad de alto nivel, Lasso anunció tres días de luto nacional y el estado de excepción por 60 días, que permitiría un despliegue de las fuerzas armadas por todo el territorio nacional para salvaguardar las elecciones.

“El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato”, afirmó el mandatario.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien asistía al consejo de seguridad en el palacio presidencial de Carondelet dijo al canal de televisión Ecuavisa que está “muy dolido” y que las medidas adoptadas han sido “insuficientes” y se debe “pedir respaldo internacional”.

Hace dos semanas, el alcalde de la tercera ciudad más grande del país, Agustín Intriago, fue también asesinado a tiros en un recorrido público por un populoso barrio. Era uno de los ocho alcaldes que contaban con resguardo policial.

La candidata Luisa González, del partido de Correa que lleva las siglas de Revolución Ciudadana y que lidera las encuestas, aseveró que es muy triste la noticia más allá de la bandera política. “Las diferencias políticas se resuelven en las urnas no con violencia”, dijo. Y afirmó que su partido se solidariza con Quito y con la familia del candidato Villavicencio, “porque cuanto tocan a uno nos tocan a todos”.

Pidió que se investigue al responsable del asesinato. Lo dijo en medio de un mítin en Carapungo, tras lo cual suspendió el evento.

El postulante a la presidencia Otto Sonnenholzner se pronunció en rueda de prensa. “No queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones; actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de lágrimas y nosotros no nos merecemos vivir así, exigimos que hagan algo, se les ha ido el país de las manos”.

Otro de los candidatos, Jan Topic, expresó en su cuenta en X que lamenta profundamente el asesinato “en manos de criminales” de Villavicencio y envió su pésame a la familia, así como solidaridad con sus seguidores y amigos. “Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia”, pronunció.

El también candidato indígena, Yaku Pérez, afirmó que se encuentra “consternado por el trágico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio” y también trasladó sus condolencias.

Son al Menos 12 los Fallecidos en Partido de Futbol en San Salvador

El partido se disputaba en el Estadio Cuscatlán por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador

La Policía Nacional Civil -PNC- ha reportado el fallecimiento de al menos doce personas, luego que se produjera una estampida humana durante el partido entre el Alianza y el FAS, en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2023 del fútbol de El Salvador.

La tragedia se produjo la noche de este sábado en el sector de sol general del Estadio Cuscatlán de la capital salvadoreña. La sobrepoblación en la localidad habría provocado el percance, pero las autoridades todavía no han dado detalles al respecto.

‘Varios aficionados lesionados están siendo trasladados hacia los hospitales cercanos, al menos 2 de ellos en condición crítica’, informó la PNC en su cuenta de Twitter.

Mientras, la Secretaría de Prensa de la Presidencia del país centroamericano ha dicho que las barras del Alianza y del FAS se enfrentaron a las afueras del estadio y eso ha dificultado que los equipos de emergencia ingresen a la instalación deportiva para atender a los heridos.

El partido se suspendió al minuto 21, cuando el marcador estaba empatado sin goles, para que los cuerpos de socorro hicieran su trabajo. Las puertas del sector sol general que dan a la gramilla del estadio se abrieron para que los aficionados del Alianza pudieran ser atendidos.

La Federación Salvadoreña de Fútbol -FESFUT- también se pronunció al respecto de la situación. La asociación lamentó los hechos, se solidarizó con los familiares de las víctimas y solicitará un informe sobre lo sucedido.

FAS había derrotado 1-0 a Alianza, en el partido de ida de los cuartos de final en la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador.

DEA Tenía Infiltrados en Organización del Cartel de los Chapitos

Grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal

Con tres infiltrados que en México y Estados Unidos grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal de «Los Chapitos», la DEA pudo conformar las principales acusaciones contra el Cártel de Sinaloa.

Uno era Miguel Alonso Payán, miembro del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán; otro era Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos, y un tercer sujeto que sólo es identificado con las claves «NN» fungía como administrador de las bodegas de droga del cártel en California.

Payán, originario de Culiacán y quien trabajó en la vigilancia de los laboratorios de fentanilo, declaró que el Cártel de Sinaloa enviaba hasta 500 mil pastillas mensualmente del opioide a EU.

Ofreció a la Agencia Antidrogas los detalles de cómo en Aguapetito, poblado de Navolato, la «cocina» de drogas se hacía en un sótano al que sólo se podía acceder en un elevador. Salían de ahí diariamente decenas de barriles de 200 litros.

«La entrada del laboratorio podía ser cubierta con tierra y ramas, tenía estufas y prensas para hacer kilos de pastillas de fentanilo. Se enviaban de 400 mil a 500 mil píldoras de fentanilo en aviones pequeños a la frontera», informó Alonso Payán.

Al menos hasta mayo de 2021, la DEA tuvo esas tres fuentes privilegiadas de información en el círculo cercano de los hijos del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Los tres entregaron fotografías y detalles de la distribución en EU de 2017 a 2022, además de que todas sus conversaciones electrónicas y telefónicas eran vigiladas.

En 2019, al lastimarse un brazo y ya no poder seguir en tareas de seguridad, Miguel Alonso Payán recibió instrucciones para transportar pastillas de fentanilo ocultas en sillones y asientos de autobuses desde Sinaloa a Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Sonoita.

Alonso Payán declaró que en los cuatro años que trabajó para el grupo criminal, sólo vio en dos ocasiones a Ovidio Guzmán «El Ratón».

La primera vez fue en 2020, cuando él y su primo Jimmy Loera visitaron al capo en el rancho de La Anona.

Jimmy Loera, quien trabajó dos años con el hijo de «El Chapo», era el responsable de una casa de seguridad en el Fraccionamiento Montebello, de Culiacán, donde el grupo delictivo almacenaba drogas y armas.

Loera le confirmó en una ocasión a Alonso Payán que «Los Chapitos» enviaban mensualmente de 400 a 500 mil pastillas de fentanilo a la frontera.

Las comunicaciones por teléfono de Alonso y Loera estuvieron monitoreadas por la DEA.

La segunda ocasión que vio a «El Ratón» fue en Jesús María, localidad del Municipio de Culiacán. Aquella vez el hijo de «El Chapo» portaba una pistola que tenía grabadas las iniciales JGL de su padre. El 5 de enero pasado Ovidio fue detenido en ese lugar.

Alonso Payán entregó a la DEA fotografías de laboratorios, dinero y autobuses que transportaban fentanilo. La agencia también tiene fotos de Alonso en las que aparece disparando o portando una AK-47 y una granada. En el 2021 Alonso dejó de operar para la organización.

Los informantes

Toda esa información fue ventilada el pasado 7 de marzo en una audiencia ante un juez de Almoloya de Juárez, en la que Ovidio Guzmán López «El Ratón» fue notificado de los nuevos cargos en su contra en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York.

La información de los nuevos cargos contra «Los Chapitos», anunciada el viernes pasado por la DEA, ya era conocida por el Gobierno de México, porque desde la primera semana de marzo la Cancillería y la FGR recibieron la petición formal de extradición de Ovidio con esas nuevas acusaciones.

La infiltración de «Los Chapitos» es un caso que trabajó David J. Robles, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, con el apoyo técnico de la DEA, y por el que la Corte Federal ordenó las capturas de los Guzmán el pasado 25 de enero, el mismo día en que un Gran Jurado presentó la acusación.

Según la narración que hizo la FGR en la audiencia de Ovidio, los informantes de la DEA eran Miguel Alonso Payán, Juan Carlos Arce Cabrera y un sujeto sólo identificado con las claves «NN».

Los dos primeros eran miembros de la organización criminal y en el expediente no se aclara si entregaron información a la DEA hasta que fueron detenidos para negociar sus condenas. Al menos uno de ellos ya fue sentenciado.

Del tercero, parece ser un elemento externo colocado por la DEA en las redes del Cártel de Sinaloa, pues es el único cuya identidad no fue revelada al Gobierno de México en el expediente de extradición.

Acusan a Dirigente de Migración en México de Muerte de Migrantes en Incendio

La Fiscalía General de México acordó proceder penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración por el caso de los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un mortal incendio ocurrido el mes pasado en un centro de detención de Ciudad Juárez.

Francisco Garduño será procesado por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, confirmó a Associated Press un funcionario federal.

Por este caso, la Fiscalía General también decidió proceder penalmente contra Antonio “N”, directivo del INM, y los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes, según un comunicado del organismo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas” la noche del pasado 27 de marzo.

La AP solicitó a Migración una reacción sobre la acción de la Fiscalía, pero no hubo comentarios de momento.

Cinco personas —-tres funcionarios de migración, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego— ya estaban bajo investigación, procesados por presunto homicidio y lesiones, ya que en el suceso una treintena de personas quedaron heridas. La mayoría de las 40 víctimas procedían de países de Centroamérica.

Respecto a las indagaciones sobre lo ocurrido, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo también el martes que los guardias no tenían las llaves de la celda cuando comenzó el fuego en el centro de detención de Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Texas.

En imágenes de video de una cámara de seguridad, puede verse a unos guardias que se salían de la sala mientras iniciaba el fuego en unos colchones dentro de la celda en la que estaban decenas de migrantes, sin que hicieran ningún intento por liberarlos.

Hasta el momento no está claro quién tenía las llaves de la celda o si había más de un juego, pero el presidente mexicano afirmó el martes que la intoxicación que provocó la muerte de los migrantes tuvo lugar porque “quien tenía la llave, no estaba”.

Antes de que la Fiscalía mexicana anunciarar la implicación del titular de Migración, el gobierno de Guatemala confirmó que los cuerpos de 17 migrantes guatemaltecos fallecidos en el mortal incendio habían llegado al país, a la Fuerza Aérea guatemalteca, y que fueron recibidos, entre llanto y tristeza, por sus familiares.

“Papito, mijo, mi amor”, se escuchó en medio del silencio en el momento de recepción de los restos de las víctimas. Los féretros, con la bandera de Guatemala encima, fueron colocados en línea, con coronas de flores y fotografías en vida de los migrantes.

Diego Coj, tío de Manuel Alexander Chox, uno de los fallecidos, dijo que la familia del migrante estaba consternada, que aún no podían creer la tragedia y que esperaban justicia. “Ahorita estamos esperando el cuerpo de nuestro familiar, que investiguen las autoridades para que respondan por sus vidas”, dijo Coj.

Entre los fallecidos está Bacilio Sutuj, un guatemalteco de 51 años originario de San Martín Jilotepeque -en el departamento de Chimaltenango- que no le había contado a su familia su intención de migrar hasta dos días antes del incendio, cuando les dijo que había sido detenido por la migración mexicana.

El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, acompañó en la repatriación de los cuerpos en un avión de la Fuerza Aérea mexicana y, a su arribo a Guatemala, calificó de tragedia terrible el incendio en el que murieron los migrantes cuando estaban bajo custodia de las autoridades migratorias mexicanas.

Agregó que se buscará “juicio, castigo y reparación” y que, bajo la ley mexicana, el gobierno guatemalteco se convirtió en parte procesal coadyuvante dentro del proceso penal federal abierto sobre este hecho. Según el gobierno federal mexicano, se analizará toda la cadena de responsabilidades y las irregularidades en cuanto a las medidas de protección civil en caso de emergencia.

Tras la llegada de los cuerpos y un minuto de silencio, personal de funerarias pagadas por el gobierno guatemalteco cargó los féretros a camionetas para llevarlos hasta sus comunidades. La mayoría llegará a sus destinos la madrugada del miércoles para ser velados y algunos enterrados el jueves.

Los guatemaltecos fallecidos eran oriundos de nueve departamentos distintos en las regiones norte y occidente del país, regiones campesinas e indígenas golpeadas por la pobreza y la desnutrición.

Las tareas de repatriación de las víctimas comenzaron la semana pasada, primero, con los restos de un colombiano y el viernes anterior con siete salvadoreños. El martes, los 17 guatemaltecos y otros seis hondureños.

Sendos aviones de la Fuerza Aérea mexicana trasladaron los féretros de los migrantes fallecidos hasta Guatemala y Honduras. Además, del canciller guatemalteco, el vicecónsul de Honduras en México, Darwin Medina, acompañó los trámites y a los familiares de las víctimas.

Según la cancillería guatemalteca, 19 de los 40 fallecidos eran de origen guatemalteco. Sin embargo, dos de los fallecidos que se cree que son guatemaltecos no fueron repatriados pues no se ha podido establecer plenamente su identidad debido a que uno no tenía documento alguno de identificación y el otro tenía quemaduras en las manos que impidieron tomar sus huellas dactilares. Las autoridades guatemaltecas realizarán pruebas de ADN para reconocerlos.

Les Cerraron las Puertas Para que se Quemaran y Ahora Nadie se Hace Responsable

Los dejaron indefensos y no les ayudaron a escapar del fuego.

Las autoridades mexicanas revelaron este miércoles parte de su investigación sobre la muerte de 39 migrantes que el pasado lunes quedaron encerrados en un centro de detención que se incendió en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte del país.

El incidente dejó a otras 27 personas heridas, 16 en condición grave.

«Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego», alegó en conferencia de prensa la fiscal especial en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías.

En su intervención, la funcionaria informó que como parte de la pesquisa analizan un video de cámaras de seguridad que fue difundido en internet, en el que el se aprecia cómo algunos funcionarios dentro del centro de detención no auxiliaron a quienes se veían expuestos al fuego y humo iniciado en el área de resguardo de migrantes.

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no habrá impunidad y reprobó «la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil».

«La decisión de, en lugar de salvar las vidas, no ser capaces de salvar una vida es algo que estará en las investigaciones: ¿quién no permitió la salida de estas personas? Evidentemente hay un delito grave», sostuvo Rodríguez.

«Sí indigna, sí molesta y es un sentimiento no solo de impotencia, sino de coraje [enojo]… Son vidas humanas y es imperdonable», añadió.

Hasta ahora han sido identificados ocho probables responsables: dos agentes federales, un agente migratorio estatal y cinco guardias de una empresa de seguridad privada auxiliar contratada por las autoridades migratorias.

Además, se solicitaron cuatro órdenes de detención por el delito de homicidio contra «el responsable del inicio del incendio, servidores públicos y vigilantes de una empresa privada», señaló la fiscal Herrerías.

El responsable del incendió, según se informó en la misma conferencia de prensa, presuntamente fue uno de los migrantes.

Las primeras investigaciones

De acuerdo con la indagatoria federal, el incendio se inició alrededor de las 20:30 del pasado lunes, cuando migrantes iniciaron una protesta al interior de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

En ese recinto eran internados migrantes detenidos en esa ciudad fronteriza de México con la estadounidense de El Paso.

La fiscal Herrerías expuso que, de acuerdo con testimonios recabados, entre los migrantes «había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos. Y estaban protestando por ello».

De los 66 hombres internados en el centro, «un grupo de migrantes pequeño comenzó a destruir y acumular las colchonetas para prenderles fuego».

Todos eran hombres y estaban en un espacio de detención resguardado por funcionarios de migración y agentes de seguridad privada. Había puertas con cerrojos.

Como sospechoso del inicio del fuego, la fiscal Herrerías señaló a un migrante, según los testimonios de las víctimas.

El video de seguridad

Un video de una cámara de seguridad al interior de la Estancia Provisional fue difundido a través de varios medios de comunicación y redes sociales la noche del martes.

En un lapso de 32 segundos, se observa a funcionarios uniformados que parecen alejarse cuando el incendio estalla en una esquina del recinto.

Migrantes al interior intentan sin éxito abrir una puerta con barrotes mientras el humo se esparce rápidamente.

La BBC verificó los fotogramas del video y no encontró ninguna copia difundida antes del martes por la noche, lo que indica que es reciente.

Alejandra Corona, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados y quien conoce las instalaciones, dijo a la BBC que lo visto en el video coincide con la ubicación de una cámara de seguridad en la entrada del área de detención de hombres.

Explicó que el centro de migrantes, ubicado justo al sur del puente que une Ciudad Juárez con la ciudad de El Paso, tiene oficinas donde se procesan los migrantes, así como áreas donde pueden ser detenidos.

Describió el área detrás de las rejas que se puede ver en las imágenes como «una celda».

«La puerta siempre ha estado cerrada con llave cuando hemos visitado [esta área], e incluso cuando se busca hablar con los migrantes, no pueden salir, tenemos que quedarnos afuera», explicó.

«No tengo conocimiento de la existencia de una salida de emergencia. Que yo sepa, la puerta que se puede ver en el video es la única salida», explicó.

Como el video no tiene sonido, no es posible determinar qué se decía cuando estalló el incendio. Tampoco está claro qué hace el personal uniformado cuando no está frente a la cámara.

Pero en un momento, el humo llena la habitación, lo que dificulta distinguir algo más allá del resplandor de las llamas.

«Había humo por todas partes»

Las imágenes parecen respaldar el relato de una venezolana, esposa de un sobreviviente del incendio.

Viangly Infante Padrón dijo a periodistas en Ciudad Juárez que los agentes habían dejado a su esposo y a los otros hombres «tras las rejas bajo llave» mientras huían.

«Había humo por todos lados. Dejaron salir a las mujeres y a los [empleados] de inmigración», dijo. «A los hombres no los dejaron salir hasta que llegaron los bomberos», explicó en declaraciones recogidas por la agencia AP.

Aseguró que los hombres habían estado protestando porque no les habían dado agua mientras estaban bajo custodia.

En la conferencias de prensa de este miércoles, la secretaria de Seguridad informó que entre las víctimas mortales había migrantes de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.

Sin embargo, hasta ahora no se han revelado sus nombres y solo ocho cuerpos habían sido identificados plenamente.

Corona le dijo a la BBC que las redadas para detener a migrantes se habían vuelto más frecuentes en Ciudad Juárez: «Cualquiera que ingrese a México de manera irregular puede ser arrestado», explicó.

Sin embargo, dijo, eso no significaba que los detenidos en la instalación hubieran cometido algún delito.

«Sus familiares nos dijeron que algunos habían sido detenidos al aterrizar en el aeropuerto, otros en la terminal de autobuses y otros más en las calles de la ciudad», señaló Corona.

El incendio se produce en un momento en que México enfrenta la creciente afluencia de migrantes, la mayoría de los cuales cruza México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Muchos de ellos han estado acampados en ciudades de la frontera entre México y EE.UU durante semanas y, a veces, meses, a la espera del posible levantamiento del Título 42, una política de Washington que permite a los funcionarios fronterizos estadounidenses negar la entrada de personas «para evitar la propagación de enfermedades transmisibles».

El gobierno de Joe Biden prometió eliminar la política el año pasado, pero la Corte Suprema de EE.UU. bloqueó el intento a finales de diciembre y permanece vigente.

Aun así, muchos migrantes de Centro y Sudamérica, e incluso algunos de Asia y África, continúan embarcándose en largas travesías hacia la frontera estadounidense con la esperanza de poder ingresar al pedir asilo.