Una jueza federal concedió este lunes la petición de Texas para impedir temporalmente que el Gobierno de Biden retire el alambre de púas en la frontera entre EE.UU. y México, a la espera de una audiencia preliminar.
Sin embargo, esta victoria temporal para Texas ––que establece que el Gobierno federal no podrá retirar, desmontar, degradar o manipular el alambre de púas–– tiene una excepción: podrá retirarse en el caso de una «emergencia médica que muy probablemente resulte en lesiones corporales graves o la muerte de una persona», según la orden que emitió la juez de distrito de EE.UU. Alia Moses.
La demanda, presentada en el Distrito Oeste de Texas, es el capítulo más reciente de la saga legal que protagonizan el estado y la administración de Biden por la seguridad fronteriza, justo en medio una oleada de migrantes que está poniendo a prueba los recursos locales y federales.
Entre los demandados figuran el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), su secretario Alejandro Mayorkas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), su comisionado interino Troy Miller, la Patrulla Fronteriza de EE.UU., su jefe Jason Owens y el agente jefe interino del Sector Del Río de la USBP, Juan Bernal.
El martes pasado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al gobierno de Biden bajo el argumento de que los agentes federales estaban destruyendo propiedades estatales al cortar el alambre de púas en la zona de Eagle Pass, Texas, con la intención de permitir la entrada de migrantes a Estados Unidos. El viernes, Paxton notificó al tribunal que el gobierno federal estaba utilizando maquinaria, como una montacargas, para desmantelar la barrera fronteriza instalada por Texas y pidió a la corte que obligara temporalmente al gobierno federal a detenerse.
«Texas solicita una orden de restricción temporal con el fin de ‘preservar el statu quo y evitar [el] daño irreparable’ que se producirá si se permite que los demandados continúen cortando, destruyendo o dañando de otro modo la valla de alambre de púas del demandante», escribió Texas en la presentación judicial de la semana pasada.
La semana pasada, un portavoz del DHS dijo que no podían hacer comentarios sobre litigios pendientes, pero «en términos generales», añadió, «los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen la responsabilidad bajo la ley federal de tomar a aquellos que han cruzado a suelo estadounidense sin autorización en custodia para su procesamiento, así como actuar cuando hay condiciones que ponen en riesgo a nuestra fuerza de trabajo o a los migrantes».
El 7 de noviembre está programada una audiencia preliminar de medidas cautelares y la orden de restricción temporal expira el 13 de noviembre, a menos que sea prorrogada por el tribunal, según la orden de la jueza.