Sospechoso de Matanza en Cleveland Texas Había Sido Deportado 4 Veces

La cacería por el hombre armado sospechoso de matar a cinco vecinos, incluido un niño de 9 años, en Texas continúa luego de que las autoridades han ofrecido una recompensa de $80,000 y el FBI ha reconocido que tienen «cero pistas» sobre su paradero.

Según las autoridades, Francisco Oropesa Torres-Pérez, de 38 años, originario de México, es el responsable de la masacre y por él se ha lanzado una cacería a nivel local y nacional.

Pero, ¿qué se sabe del sospechoso?

De acuerdo con la Policía de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), Oropesa Torres-Pérez ha sido deportado en cuatro oportunidades desde Estados Unidos a México. La primera fue en marzo de 2009; la segunda, en septiembre del mismo año; luego en enero de 2012 y, finalmente, en julio de 2016.

En el año 2012, Oropesa Pérez-Torres fue arrestado y condenado en el Condado Montgomery por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que pasó un tiempo en la cárcel condal.

El sospechoso es descrito como un hombre de 5´6″ de altura y unas 180 libras de peso. Este enfrenta cinco cargos de homicidio y se le asignó una fianza de $5 millones.

La búsqueda de las autoridades sigue y se apoyan en la recompensa ofrecida que llega a los $80,000, dado que inicialmente se reconoció por parte del FBI que tenían “cero pistas”.

“Lo que necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque por ahora estamos llegando a callejones sin salida”, dijo James Smith, el agente especial del FBI a cargo del caso, durante una conferencia de prensa. “Les puedo decir que ahora tenemos cero pistas”, agregó.

FBI: «ARMADO Y PELIGROSO»

A Oropesa Torres-Pérez se le considera que «está armado y es peligroso» después de huir de la zona el viernes, probablemente, a pie, informó el sábado el jefe de policía del condado San Jacinto, Greg Capers.

Shawn Crawford, un vecino dijo a NBC News que conocía al sospechoso, a quien describió como “hombre de familia”. “Siempre está trabajando, entrenando a su caballo… Nunca he visto una pelea, una discusión, levantar la voz, nada”.

El alguacil reveló que se amplió el rango de búsqueda «más allá del lugar del tiroteo», que ocurrió después de que los vecinos de Oropesa Torres-Pérez le pidieron que dejara de disparar en su jardín.

Capers dijo que el sospechoso respondió diciéndoles que era su propiedad. En un video captado por una cámara del timbre se le ve caminando hacia una puerta principal con un fusil.

Los investigadores encontraron ropa y un celular cuando buscaban en una zona rural en la que hay bosques densos, pero los perros perdieron el rastro, dijo Capers.

La policía logró identificar a Torres-Pérez gracias a una tarjeta de identificación consular, que emiten las autoridades mexicanas a sus ciudadanos que residen fuera del país, así como al video de la cámara del timbre.

La policía también interrogó varias veces a la esposa del sospechoso, agregó.

La policía recuperó el fusil AR-15 que supuestamente utilizó Torres-Pérez en los tiroteos, aunque las autoridades no estaban seguras de si llevaba otra arma, indicó el jefe de policía. En la casa del sospechoso había otras armas.

“Tratamos que esta familia tenga un alivio a partir de la conclusión del asunto ”, dijo Capers, y agregó que espera que la recompensa sea “un buen motivador” para alentar a alguien a entregar al sospechoso. Capers indicó que hay planes para avisarle al público sobre la recompensa con anuncios en español en vallas publicitarias.

El ataque ocurrió cerca del poblado de Cleveland, al norte de Houston, en una calle rural con casas de un piso en lotes de unas 400 hectáreas (un acre) rodeadas de espesas copas de árboles. Algunos residentes dicen que los vecinos suelen relajarse disparando armas de fuego.

SE INTENSIFICA LA CACERÍA

Este lunes se llevaron a cabo varios operativos en búsqueda de Oropesa Torres-Pérez. El primero de ellos se realizó en el área de Conroe cerca de un vertidero de basura, por una denuncia de uno de los empleados del lugar. Sin embargo, ninguna de las personas presentes en la zona correspondía al sospechoso.

Luego en la tarde se hizo una más en otra zona de Conroe cerca del FM2090 y Corckett Martin en una zona boscosa cercana a varias escuelas.

De hecho, las directivas Caney Creek High School, Moorhead Jr. High, Grangerland Intermediate y Milam, Hope y Creighton Elementary decidieron cerrar el acceso al público como medida de precaución ante el operativo policial.

Las autoridades insistieron que el sospechoso es considerado peligroso y podría estar armado.

Por qué EEUU está deportando a venezolanos directamente a Colombia

Amparado bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, el gobierno estadounidense confirmó a Univision Noticias que está deportando a inmigrantes venezolanos directamente a Colombia, una estrategia que hasta ahora no se conocía.

Amparado bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, el gobierno estadounidense confirmó a Univision Noticias que está deportando a inmigrantes venezolanos directamente a Colombia, una estrategia que hasta ahora no se conocía.

«El 27 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) devolvió a dos ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido anteriormente, de conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC)”, dijo en un correo electrónico.

La respuesta agrega que el DHS “se compromete a garantizar que cada migrante encontrado (en la frontera con México) sea procesado de manera segura, ordenada y humana”.

El programa despertó criticas tanto de legisladores republicanos como demócratas, quienes exigen, por una parte, mayor transparencia por parte de las autoridades federales de inmigración, al mismo tiempo que te4ngan en cuenta la crisis que se vive en Venezuela y que ha generado uno de los mayores movimientos migratorios a nivel mundial.

Razones oficiales

El DHS explicó que “se espera que los vuelos a Colombia con ciudadanos venezolanos que anteriormente residían en Colombia se realicen de manera regular y serán operados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, agencia federal encargada de la expulsión de extranjeros.

“Como parte de los esfuerzos de mitigación de COVID-19, el DHS continúa haciendo cumplir la autoridad de salud pública del Título 42 de los CDC con todas las personas que se encuentran en la frontera suroeste”, indicó.
El gobierno se justificó además indicando que “la capacidad del DHS para expulsar personas puede verse limitada por varias razones, incluida la capacidad de México para recibir personas de ciertas nacionalidades”.

Cabe recordar que la devolución o repatriación de indocumentados desde Estados Unidos a México debe hacerse con el consentimiento de ese país, como sucede con el Programa de Protección del Migrante (MPP), creado durante el gobierno de Donald Trump en 2019, cancelado por Biden en 2021, pero restablecido en diciembre por orden judicial tras una demanda entablada por los estados de Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos.

Las expulsiones ejecutadas hasta ahora fueron “bajo la orden de salud pública del Título 42 de los CDC”, aseguró el ministerio, pero no entregó datos sobre el total de deportaciones hechas hasta ahora.

Sin embargo, tras la respuesta entregada por el DHS en la que menciona un acuerdo alcanzado con el gobierno de Colombia para deportar a ese país a ciudadanos venezolanos detenidos en la frontera sur de estados Unidos, la canciller de ese país sudamericano, Marta Lucía Ramírez, negó que se haya alcanzado un acuerdo entre ambas naciones.

“Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6,000 venezolanos deportados”, dijo la jefa de la diplomacia colombiana durante una entrevista con Blu Radio.
Pero horas más tarde el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que su país estaba colaborando con Estados Unidos para recibir inmigrantes venezolanos que son deportados por el gobierno de Biden.

Duque confirmó además lo que dijo el DHS, que los deportados se trata de venezolanos que vivían en Colombia bajo un estatus migratorio que les fue otorgado por ese gobierno por razones humanitarias.

Se trata de individuos “que tenían estatus migratorio en nuestro país y que aprovechándolo trataron de ingresar ilegalmente a territorio de Estados Unidos”, indicó Duque. “Por eso se están deportando a Colombia”.

El mandatario dijo además que “ninguna de esas personas tenía Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, desmintiendo versiones al respecto.

Qué dicen los abogados

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que los extranjeros que huyen de sus países en busca de asilo y se los otorgan, por ejemplo, en Colombia, es difícil que luego lleguen a la frontera sur de Estados Unidos para obtener el mismo beneficio o protección migratoria.

“Si está refugiado en Colombia, ya ese país le está dando la protección y el amparo humanitario que busca ”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Si la persona ya tiene asilo en un tercer país, automáticamente ya tiene protección y será muy difícil demostrar a las autoridades migratorias estadounidense que tiene medio creíble de persecución», precisó.

«A muchos ciudadanos cubanos que viven o residen permanentemente en Centroamérica y después de un tiempo vienen en busca de asilo en Estados Unidos, enfrentan el mismo problema”, indicó.
Para el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California, “si a una persona ya le dieron asilo en un país no es elegible para pedir asilo después en Estados Unidos, a menos que demuestre que su vida también corre peligro en el país que le brindó la protección”.

“A esta figura se le conoce como R esettlement y las probabilidades de ganar un caso es sumamente baja, difícil”, indicó.

Gálvez también dijo que si el ciudadano venezolano no tenia asilo en Colombia, pero vivió en ese país al menls un año antes de viajar a la frontera sur con México, «tampoco es elegible bajo el Resettlement».

Carlos Vecchio, representante diplomático en Estados Unidos del presidente designado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió al gobierno de Biden que tome en consideración la crisis de refugiados venezolanos y permita que quienes son detenidos en la frontera con México tengan la oportunidad de que sus casos de asilo lleguen a los tribunales y sean los jueces de inmigración quienes tomen la decisión sobre sus casos.

Criticas al plan

Tras la conformación del programa, legisladores de ambos partidos criticaron las deportaciones de venezolanos a Colombia.

“Llegaré al fondo del asunto para saber exactamente qué está haciendo la Administración Biden, porque quiero hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos”, dijo el senador republicano, Rick Scott (Florida), a la Voz de América.

A su vez, Scott insistió en la postura que maneja su partido frente a la política migratoria de Biden, que exige “una frontera segura” y que finalice la crisis que se vive en la frontera sur.

“Quiero asegurarme de que tengamos personas que quieran venir a este país y que quieran ayudarnos”, agregó.

Simultáneamente, el senador demócrata, Bob Menéndez (Nueva Jersey), quien preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, dijo en un comunicado que “los recientes informes sobre la expulsión de inmigrantes venezolanos por parte de la Administración Biden a través de terceros países es extremadamente preocupante”.

“Al continuar utilizando una de las peores políticas migratorias de Trump (el Título 42), esta Administración le está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección”, agregó.

Menéndez dijo además que “bajo el cruel régimen de (Nicolás) Maduro, los venezolanos que son deportados se enfrentan a un futuro sombrío y en muchos casos sufren duras consecuencias por buscar asilo político en Estados Unidos”.
““Aunque reconozco la importancia de las políticas de salud pública como respuesta a la pandemia, ahora que los viajes no esenciales se han reanudado en la frontera, la Administración debería poner fin a estas expulsiones y restaurar el procesamiento regular de las solicitudes de asilo”, apuntó.

No solo venezolanos

El gobierno de Biden dijo también que, si bien las leyes y políticas varían de un país a otro con respecto a la aceptación de ciudadanos extranjeros que anteriormente tenían estatus, “el DHS también ha expulsado a otros migrantes a terceros países en la región en la que anteriormente residían o tenían estatus”.

“Todos los pasajeros son examinados médicamente antes de abordar los vuelos”, precisó. “Además, a las personas y al personal se les proporciona y se les exige que usen equipo de protección personal (EPP) tal como mascarillas antes y durante el vuelo” de repatriación.

“Todas las personas deben dar negativo en la prueba de COVID-19, tener una temperatura de menos de 99 grados y no mostrar síntomas relacionados con COVID para poder viajar”, señala el protocolo implementado para estas deportaciones.

Fuente : JORGE CANCINO

Famoso Tenista es Deportado por Falta de Vacuna

¿Fin de la novela? Finalmente, se le comunicó a Novak Djokovic que su visa fue rechazada y que se irá de Australia este jueves mismo.

Mientras tanto, sus abogados están en el proceso de impugnar la decisión, según confirmó una fuente familiarizada con la situación a The Age y Sydney Morning Herald.

La decisión se produce después de que se señalaran las preocupaciones sobre la evidencia que respalda su exención de la vacuna, así como una solicitud de visa potencialmente errónea.

El gobierno de Victoria afirmó que rechazó una solicitud nocturna para patrocinar la visa del N°1 del mundo horas antes de que aterrizara en Melbourne.

«La visa del Sr. Djokovic ha sido cancelada. Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID. Seguimos estando atentos», anunció en redes sociales el propio Primer Ministro de Australia Scott Morrison.

Srdjan Djokovic, padre de Novak, había informado que estaba retenido en una de las salas del Aeropuerto de Melbourne, sin acceso a su teléfono móvil y sin poder contactar con ningún miembro de su equipo. Aislado y con dos guardias de seguridad fuera de la habitación, el serbio trataba de demostrar la validez de su exención médica.

A partir de hoy ningún inmigrante podrá ser deportado solo por estar indocumentado

Desde este lunes 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) podrá ser deportado por no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos, de acuerdo con el reglamento publicado a finales de septiembre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

A partir de este lunes 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) podrá ser deportado por ser indocumentado (no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos) de acuerdo con el reglamento.

Publicado en el Registro Federal el 29 de septiembre, la norma otorgó un plazo de 60 días para el comentario público en cumplimiento con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

“Ese plazo vence hoy, por esa razón a partir de este día oficialmente ningún extranjero podrá ser deportado sólo por ser indocumentado”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
Gálvez dijo que la espera de 60 días para la entrada en vigor del nuevo reglamento de nuevas prioridades de deportación “evita demandas por parte de detractores de la política de Biden, quienes insisten en restablecer la política migratoria de ‘tolerancia cero’” que entre enero de 2017 y enero de 2021 criminalizó la estadía indocumentada.

La regla de Biden para deportación de indocumentados

Las nuevas prioridades de deportación fueron anunciadas en enero, pero un juez de distrito de Texas las detuvo en agosto en respuesta a una demanda entablada por los estados de Luisiana y Texas, quienes alegaron que la política migratoria de Biden violaban la APA.

Pero en septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito halló que el gobierno federal había demostrado que, probablemente, tendría éxito en su apelación basándose en el hecho de que la orden judicial emitida en agosto limita a los funcionarios a depender de prioridades de directivas para decisiones que no están relacionadas con las detenciones.

“El gobierno tiene potestad para tomar las prioridades sobre a quien van a detener y a quien no”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“Ley de 1996 nunca determinó que ICE tenía la capacidad para determinar prioridades, es una competencia del gobierno”, apuntó.

El panel dijo además que “no vemos una justificación sólida para concluir que la ley de Inmigración de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996) anula la tradición arraigada de discreción en la aplicación cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto a los procedimientos de arresto, detención y deportación».

Las prioridades de deportación de Biden

Para DHS, los indocumentados detenidos en la frontera después del 1 de noviembre del 2020 o que están indocumentados en el país y no demuestren que están en territorio estadounidense antes del 1 de noviembre del año pasado o tienen una orden de deportación vigente, están dentro de las prioridades de deportación.

Eso significa que, si los detienen o caen en manos de los agentes del servicio de inmigración o de policías que colaboran con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), lo más probable es que el gobierno inicie un proceso de expulsión del país.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES DE DEPORTACIÓN DEL GOBIERNO

En enero el DHS anunció, con efecto inmediato, cuatro categorías de prioridades de deportación, siendo estas:

· Prioridad 1. Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:

o Él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas;

o Él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o

o Su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

· Prioridad 2. Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:

o Fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o

o él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.

· Prioridad 3. Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:

o Representa una amenaza para la seguridad pública y;

o Él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o

o Ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.

Las excepciones
Las prioridades, además, establecen que:

PRIORIDADES DE DEPORTACIÓN

EXCEPCIONES
· Los agentes deben evaluar si el no ciudadano “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública», así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” cometida por el extranjero antes efectuar una deportación;

· También deben considerar factores atenuantes, tal como circunstancias familiares, factores médicos y de salud, vínculos con la comunidad, evidencia de rehabilitación, y si el individuo tiene disponible ayuda migratoria potencial;

· Los agentes también deben basar sus conclusiones sobre la participación intencional en un crimen organizado, pandilla u organización delictiva transnacional sobre la base de pruebas fiables y consultar con otras agencias federales involucradas para llegar a esta conclusión;

· Los agentes deben prestar especial atención en los casos que involucran a no ciudadanos que son ancianos o que padecen una enfermedad física o mental grave.

· Las órdenes de deportación deben tener una razón de peso.

Tenga listo un Plan B

Pero a pesar de las prioridades, Gálvez dice que “aquellos inmigrantes que han cometido errores y temen ser detenidos y puestos en proceso de deportación, deben tener listo un Plan B en caso deban utilizarlo para batallar por sus permanencias en Estados Unidos”.

“Aunque haya cometido delitos, las prioridades indican que el DHS analizará la totalidad de los antecedentes de un inmigrante antes de colocarlo en deportación. Pero para salir airoso en este proceso, el indocumentado debe ayudarse a sí mismo aportando toda la información posible que permita inclinar la balanza a su favor”, agregó.

Gálvez citó una serie de factores favorables que considera el DHS en un caso de deportación, entre ellos:

Años de permanencia en Estados Unidos (antes del 1 de noviembre del 2020;
Matrimonio;
Pago de impuestos;
Hijos; y
Recomendaciones.
“Pero, sobre todo, ante cualquier duda, hable con un abogado. En estos casos delicados el indocumentado que tenga antecedentes criminales debe buscar consejo legal pata luchar por sus derechos de permanencia”, precisó.

Fuente JORGE CANCINO

Ahora México Ayudará con la Deportación

EEUU ya anunció lo propio; ellos lo harán vía aérea y el destino serán países como Chile y Brasil, además del mismo Haití

El flujo de haitianos hacia el norte de México continúa en pequeños grupos y generalmente en autobuses de pasajeros, aunque las autoridades mexicanas les están bloqueando el paso y ya han anunciado que comenzarán a devolverlos a su país en los próximos días.

El punto de mayor preocupación es un campamento establecido junto al río Bravo entre la localidad mexicana de Ciudad Acuña, Coahuila, y la estadounidense Del Rio, Texas, donde hay miles de migrantes —el viernes llegaron a sumar más de 13.000—, la mayoría de ellos haitianos, el cual ha generado preocupación entre las autoridades de ambos países, que van a repatriarlos vía aérea a Haití. Estados Unidos ya comenzó a hacerlo.

Giovanni Lepri, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en México, alertó el fin de semana en declaraciones a la AP que “devolver personas a Haití en este momento nos parece que no es la solución” dadas las condiciones “muy delicadas” que vive ese país. Por eso apostó por buscar soluciones regionales, que incluyan a países como Chile y Brasil, de donde vienen muchos haitianos, pero también países de tránsito, que ofrezcan alternativas migratorias, porque considera que la contención, además de ser ineficaz, es prácticamente inviable.

Pero muchos haitianos siguen avanzando hacia el norte por distintos puntos de México tras salir de su país en el Caribe, cuyos problemas siguen acumulándose. Los más recientes son la inestabilidad política generada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y un terremoto.

En el estado de Tamaulipas, unos 70 migrantes haitianos se encontraban varados el domingo en la localidad de San Fernando, a unos 700 kilómetros (434 millas) al sureste de Ciudad Acuña, en un municipio que se hizo tristemente famoso porque en 2010 fue escenario de la masacre de 72 migrantes a manos del grupo delictivo Los Zetas.

Los 70 hombres, mujeres y niños haitianos que están varados viajaban originalmente entre 500 personas a las que autoridades federales obligaron a descender de un autobús de pasajeros el viernes en la madrugada y dejaron en medio de la nada a 200 kilómetros de la frontera.

Según indicó el gobierno del estado en un comunicado, “autoridades militares les notificaron que no podían continuar su tránsito a bordo de autobuses de pasajeros”, y por eso los migrantes empezaron a caminar por la carretera en una región de intensa actividad del crimen organizado hasta que llegaron a San Fernando.

“A nosotros nos gustaría quedarnos a vivir aquí, que en esta ciudad nos den los papeles”, dijo un haitiano que viaja en un grupo de 12 personas de tres familias distintas y que pedían a los habitantes de San Fernando que los acepten y les dejen vivir en la ciudad. El hombre no quiso dar su nombre por miedo a ser deportado.

Pero si quisieran salir también tendrían problemas porque, según explicó Francisco Gallardo, director de la casa del migrante de la ciudad de Matamoros, “no les venden boletos de autobús ni para el norte ni para el sur”. Las empresas argumentan que es por seguridad de sus choferes, ya que en el pasado ha habido casos de migrantes que han sido obligados a descender de autobuses de pasajeros por grupos armados que trafican con migrantes.

Otros siguieron caminando hacia la ciudad de Reynosa, vecina de McAllen, Texas, el sábado. Algunos consiguieron que particulares les transportaran parte del camino y llegaron a la ciudad fronteriza. Los que iban caminando, unos 300, pasaron el sábado por la tarde a través de un retén de las fuerzas federales, las cuales los dejaron avanzar sólo para detenerlos más adelante, dijo el migrante Emmanuel Sainvil vía telefónica el domingo, desde una localidad del estado de Veracruz a donde había sido trasladado sin más explicaciones con su esposa e hijos.

El deseo de algunos de estos migrantes era llegar a Ciudad Acuña. Otros le dijeron a la AP que amigos de Chile les habían aconsejado llegar a la frontera de Estados Unidos a través de Reynosa porque era una ruta más corta.

Los haitianos no solían ser repatriados a su país desde México, pero una autoridad federal que pidió el anonimato por carecer de autorización para hablar públicamente sobre el tema dijo a la AP el domingo que las devoluciones de haitianos comenzarían en los próximos días.

Inmigrantes de baja prioridad podrán ver cerrados sus casos de deportación: ICE reactiva la discreción fiscal

La agencia federal anunció que ha vuelto a activar la herramienta conocida como ‘discreción fiscal’, un procedimiento que forma parte del debido proceso y permite a los fiscales poner fin a un caso de deportación. El beneficio había sido cancelado durante el gobierno de Donald Trump.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que ha vuelto a activar la herramienta conocida como ‘discreción fiscal’, un procedimiento del debido proceso que permite a los fiscales de la agencia poner fin a un caso de deportación.

El herramienta procesal había sido eliminada durante el gobierno de Donald Trump como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

El anuncio, realizado este viernes, ocurre casi un mes después que la Oficina del Concejero Legal Principal (OPLA) de ICE diera a conocer las nuevas prioridades de deportación de la agencia, elaboradas a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en enero. Esa orden estableció nuevas prioridades de deportación enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves.

La nueva norma se suma a la orden dada el pasado 12 de junio por la Corte de Inmigración (EOIR) para que los jueces garanticen “procesos justos y oportunos” a todos los inmigrantes.

Valiosa herramienta

“El anuncio abre las puertas para cerrar los casos de la mayoría de la gente que batalla por sus permanencias, tiene un caso de deportación, lleva tiempo en Estados Unidos y se ha portado bien”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“Los fiscales de inmigración tendrán la discreción de terminar los casos, desestimarlos y los inmigrantes quedarán libres del proceso de deportación”, agregó.

Gálvez explicó que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), el gobierno concedió discreción a los fiscales para poner en pausa los casos. Ahora Biden dio un paso más, autoriza a cerrarlos, que ya no exista un proceso de deportación para inmigrantes de baja prioridad”.

Los abogados de OPLA (fiscales) “pueden ejercer la discreción procesal en los procedimientos ante la Corte de Inmigración, sujeto a la dirección de su asesor jurídico y la orientación correspondiente del DHS”, detalla el nuevo reglamento.

“Al ejercer tal discreción, los abogados de OPLA se adhieren a los principios perdurables que se aplican a todas sus actividades: defender el estado de derecho; desempeñar sus deberes éticamente de acuerdo con la ley y las normas profesionales de conducta; seguir las pautas y directivas estratégicas de la alta dirección; y ejercer un juicio meditado y hacer justicia en casos individuales”, añade.

“Si el inmigrante en proceso de deportación estaba indocumentado seguirá siendo indocumentado, pero sin un proceso de deportación abierto en su contra”, explica Gálvez.

“En esa situación de delito o que el inmigrante haya cometido una falta, su abogado tendrá que ver y determinar si puede pelear para pedir la terminación del caso por medio de la discreción fiscal”, indicó.

«Si la persona tiene deportación y tiene alivio temporal en estos momentos, por ejemplo Acción Diferida de 2012 (DACA) o Estatus de Protección Temporal (TPS), puede pedir la reapertura de su caso para luego proceder a cerrarlo, desestimarlo”, agregó Gálvez.

En el caso de personas que no tienen un alivio temporal, pero califican para la residencia por medio de un hijo ciudadano estadounidense, o de alta en las Fuerzas Armadas o enfermo y que depende de usted, “también califica para pedir la discreción procesal para reabrir el caso y conseguir un alivio”, explicó.

La discreción procesal

La discreción procesal “le permitirá cerrar su caso, pero no le proporciona un estatus migratorio”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

Indicó que, para calificar, “la persona debe demostrar que no tiene antecedentes criminales graves, buen carácter moral, lleva tiempo en Estados Unidos, tiene familia establecida, trabaja para sostenerla y el caso por el cual se le abrió proceso de deportación no constituye una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Los abogados consultados por Univision Noticias coincidieron en que la nueva regla asoma en momentos que el Congreso debate una solución migratoria para dreamers y titulares de TPS. “Les abre el camino para que, en caso de aprobar una ley, puedan calificar sin inconvenientes para una residencia legal y luego la ciudadanía estadounidense.

La OPLA dijo que la decisión para ejercer la discreción se hará sobre la base de “caso por caso” y “considerando la totalidad de las circunstancias”.

Entre los factores a considerar, se tomarán en cuenta:

El tiempo de residencia del no ciudadano en Estados Unidos
Si los familiares del no ciudadano sirven en las Fuerzas Armadas
Los lazos familiares o comunitarios del no ciudadano en EEUU
Circunstancias de la llegada del extranjero a EEUU y la forma en como entró al país
El historial migratorio previo del no ciudadano
El historial laboral y educativo del no ciudadano en EEUU
El estado del no ciudadano como víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales y factores humanitarios apremiantes presentes en el caso del no ciudadano, incluso por parte de los familiares cercanos del no ciudadano.

Otras razones a tener en cuenta para una decisión incluyen:
Edad
Condición médica
Embarazo
Estado del niño
Familiares enfermos y cuidado de familiares inmediatos enfermos
Los abogados recomendaron que los inmigrantes que califican para este beneficio reactivado, busquen consejo legal antes de dar un paso o iniciar un trámite.

Fuente: JORGE CANCINO

Corte Suprema: inmigrantes pierden el derecho a quedarse si no apelan orden de deportación injusta

Por unanimidad los magistrados determinaron que los inmigrantes, indocumentados o residentes permanentes que sean expulsados del país y no apelan sus órdenes de deportación, pierden sus derechos de permanencia en el país aunque la causa de remoción sea incorrecta o injusta.

La Corte Suprema de Justicia falló por unanimidad este lunes que los inmigrantes, indocumentados o residentes legales permanentes ( green card) , que sean deportados y no apelen sus órdenes de expulsión, pierden sus derechos de permanencia en el país aunque la causa de remoción sea incorrecta o injusta.

El dictamen señala que, independientemente de que a una persona (en el pasado) se le haya dado una orden de deportación por un crimen que hoy en día no lo hace deportable, si esa persona no busco “los remedios administrativos en el momento, la oportunidad de buscar una revisión judicial o que la orden o las decisiones fueron fundamentalmente injustas, entonces esta persona si no cumple con estos tres requisitos, no puede atacar esa orden de deportación”.

“Independientemente si la orden de expulsión fue injusta o incorrecta”, precisa el fallo.

La moraleja de este dictamen es, si le dan una orden de deportación, pelee hasta el final”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

El caso Palomar-Santiago

La sentencia del máximo tribunal de justicia se dio tras la revisión del caso del inmigrante de origen mexicano Refugio Palomar-Santiago, quien en el año 1990 recibió el estatus de residente permanente (green card). Un año más tarde, en 1991, fue condenado por un delito grave de DUI (manejar borracho o bajo la influencia del alcohol) y posteriormente deportado porque un DUI es un «delito de violencia» según el Código de Estados Unidos (US Code).

Palomar Santiago fue deportado en 1998 y en 2004 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió en el caso Estados Unidos versus Trinidad-Aquino, que un DUI no es un delito de violencia. Y en un segundo caso (Estados Unidos contra Aguilera-Ríos) determinó que esa clasificación podía aplicarse retroactivamente.

Palomar-Santiago ingresó nuevamente a Estados Unidos y en 2017 fue descubierto que estaba viviendo sin autorización (indocumentado) en el país. Fue detenido y acusado de reingreso ilegal (reentry). Pero al no haber defendido la orden de deportación y buscar la revisión judicial de su caso, la Corte Suprema dictamina que no tiene derecho de permanencia aunque la orden de expulsión haya sido injusta.

“El no cumplió con los dos primeros requisitos señalados en el fallo de la Corte Suprema”, dijo Guerrero.

“Las personas que tienen orden de deportación y que luego sale un caso mas adelante que los beneficia, y por el que se les deporta, los hace inelegibles para revisión si no cumplen con los tres puntos indicados por la Corte Suprema: buscar los remedios administrativos en el momento, la oportunidad de una revisión judicial o alegar que la decisión fue fundamentalmente injustas·, apuntó.

En el escrito presentado ante la Corte Suprema, los abogados de Palomar-Santiago alegaron que, basados en un dictamen de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que un acusado no necesita probar los dos primeros elementos si puede demostrar que el delito subyacente a la expulsión original se caracterizó incorrectamente como un delito grave agravado y no necesita mostrar el tercer elemento si puede demostrar que la expulsión no debería haber ocurrido en absoluto”.

La corte de apelaciones sostuvo que Palomar-Santiago cumplió con su carga al demostrar que su delito se caracterizó indebidamente como un delito grave agravado y que fue expulsado injustamente de los Estados Unidos, señala un reporte del sitio Oyez.

La Corte Suprema dijo que el error cometido por el juez de inmigración al emitir la orden de deportación “no excusan el incumplimiento por parte del no ciudadano con el requisito obligatorio de agotar las instancias administrativas del caso y luego una revisión judicial si es necesario” para corregir el error.

Guerrero dijo que este caso debería ser tenido en cuenta por todas las personas que tienen una orden de deportación: no lo dejen a la suerte, luchen hasta el final”.

Fuente: JORGE CANCINO

Migración Utiliza Deportación Express

ICE comienza a aplicar una nueva política de deportaciones rápidas de migrantes con menos de dos años en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirma a Noticias Telemundo que sus oficiales ya están ejecutando esta nueva política, que afecta a todos los inmigrantes con unos requisitos determinados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) confirmó a Noticias Telemundo que comenzará a aplicar una nueva política de deportaciones exprés que afectará a los inmigrantes indocumentados que lleven menos de dos años en Estados Unidos.

La nueva medida hará oficial así una práctica que los agentes de ICE ya estaban llevando a cabo: deportar directamente a indocumentados que detienen en cualquier parte del país sin permitirles presentar su caso ante un juez de inmigración.

Los inmigrantes afectados por esta nueva política son aquellos que llevan menos de dos años viviendo sin documentos en el país y que no tienen un caso en proceso en alguna corte de inmigración.

Una familia denuncia la deportación exprés de uno de sus integrantes en CaliforniaOct. 6, 202002:08
Un vocero de ICE dijo a Noticias Telemundo que el servicio hará oficial la medida con un comunicado.

Según el vocero, los agentes de ICE que ya han completado un curso online sobre el nuevo reglamento ya están en condiciones de aplicar la nueva política. Se espera que todos los oficiales del servicio hayan realizado el curso antes del viernes 16 de octubre.

La abogada experta en inmigración Alma Rosa Nieto calificó esta nueva política como «malas noticias».

«Significa que el Gobierno quiere saltarse un paso. Una persona detenida en Estados Unidos puede pedir ver a un juez de inmigración en un tribunal y tratar de defenderse. Ahora quieren saltarse ese paso y detener a cualquier indocumentado que lleve menos de dos años en el país», dijo la profesional.

Según Nieto, aquellos indocumentados que se verían afectados por la medida deben buscar asesoría para ver si califican para recibir asistencias del gobierno, y con eso poder evitar la deportación, al entrar a un proceso de revisión de su caso por parte de un tribunal.

Alrededor de 10.5 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, representando casi un cuarto de la población extranjera del país, según cifras del Pew Research Center.

La Administración de Donald Trump ha intentado imponer la práctica de la deportación exprés desde 2019. En agosto de ese año, un grupo de 18 fiscales generales de todo el país desafió la medida con un escrito ante un tribunal federal del Distrito de Columbia.

Sin embargo, en junio pasado una corte de apelaciones levantó la orden judicial preliminar, abriendo la puerta para que los oficiales de ICE usen la deportación acelerada en todo el país.

Deportan 119 Cubanos

Funcionarios de inmigración deportaron a 119 cubanos de regreso a La Habana el viernes, en un vuelo que partió del Aeropuerto Internacional de Miami.

El vuelo de repatriación a Cuba es al menos el tercero en los últimos seis meses. Los esfuerzos de la administración Trump para detener y enviar cubanos indocumentados a la isla tuvieron un impulso en septiembre, cuando la agencia anunció que completó con éxito lo que llamó una de las misiones de repatriación a Cuba “más grandes” en la historia reciente.

El tamaño y la naturaleza de ese vuelo “histórico”, que deportó a 120 cubanos de Louisiana, ahora se ha convertido en la norma, dicen algunos expertos locales en inmigración, con recientes vuelos de repatriación que llevan regularmente a más de 100 cubanos a La Habana.

”Ese número ya no es un número impactante”, dijo Wilfredo Allen, un veterano abogado de inmigración de Miami. “Hace años, la gente jadeaba ante esta noticia. Pero ahora, no sorprende que 120 cubanos sean deportados. Es normal“.

Con los años, los privilegios especiales para los cubanos han desaparecido. La Casa Blanca endureció las restricciones a los viajes a Cuba, permitió demandas en los tribunales de Estados Unidos contra cualquiera que se beneficiara de las propiedades cubanas confiscadas por el gobierno de Castro e impuso sanciones por el envío de petróleo de Venezuela a la isla.

En 2019, más del doble de cubanos fueron deportados que en 2018, según datos recientes. En diciembre, los funcionarios federales publicaron las últimas estadísticas de deportación, que mostraron que 1,179 cubanos fueron detenidos en todo el país durante el año fiscal 2019, en comparación con 463 en 2018. En 2017, hubo 160 arrestos.

Los datos de ICE no desglosan la deportación por estado o región, por lo que no está claro cuántos cubanos fueron detenidos y deportados del sur de Florida durante su vuelo más reciente, así como los otros anteriores. Todavía no está claro si las personas en el vuelo de La Habana eran recién llegados o personas que permanecieron ilegalmente en el país.

“Sí, ahora podemos eliminar a los cubanos. Es por eso que ves un salto significativo “, dijo el director interino de ICE, Matthew T. Albence, al Miami Herald a fines del año pasado. “Cuba coopera con nosotros en la emisión de documentos de viaje, lo que no hicieron anteriormente”.

La deportación selectiva de ciudadanos cubanos es solo una pequeña parte del plan de la administración Trump para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados, aunque las expulsiones exitosas son el fruto de un acuerdo firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba bajo el ex presidente Barack Obama en sus últimos días en el cargo.

El acuerdo de migración del 12 de enero de 2017 exige que Cuba tenga que aceptar a todos los ciudadanos cubanos que ingresen a Estados Unidos a partir de esa fecha, o que se descubra que permanecieron en Estados Unidos ilegalmente.

“Los Estados Unidos de América regresarán a la República de Cuba, y la República de Cuba recibirá a todos los ciudadanos cubanos que … las autoridades competentes de los Estados Unidos determinen que han intentado ingresar o permanecer en ese país de manera irregular en violación de la ley de los Estados Unidos“, dice el acuerdo.

El acuerdo internacional es el mismo que puso fin al “pies secos, pies mojados”, una política de décadas que permitía a los cubanos que llegaran a territorio estadounidense sin visas permanecer en el país y obtener la residencia legal.

A pesar del acuerdo, Cuba aún tiene discreción para aceptar o rechazar a ciudadanos cubanos que emigraron a Estados Unidos antes de que se firmara el acuerdo de migración. Cuba tiene 90 días a partir del día en que son contactados por funcionarios estadounidenses para aceptar o rechazar la devolución de uno de sus ciudadanos. Si no son aceptados, ICE no tiene más remedio que liberar a la persona a la comunidad bajo una “orden de supervisión”, donde tendrían que registrarse tantas veces como el gobierno se lo pida.

Hasta el pasado 31 de agosto, más de 39,000 cubanos en los Estados Unidos enfrentaban órdenes de expulsión por condenas penales o violaciones de inmigración. La mayoría vive libremente bajo órdenes de supervisión, que requieren que se registren al menos una vez al año.

Así son las exorbitantes multas que deben pagar indocumentados que violaron órdenes de deportación

Un error de procedimiento detectado en julio frenó la estrategia de castigar el bolsillo de los indocumentados con orden de deportación. Ahora el gobierno de Trump advierte que reanuda un programa que permite multar con $799 diarios a cada indocumentado que haya violado la orden.

El gobierno de Donald Trump confirmó este lunes que reanudó las multas a inmigrantes indocumentados con orden de deportación o que firmaron órdenes de salida voluntaria, no la cumplieron y se quedaron ilegalmente en Estados Unidos. Las sanciones económicas son de $799 diarios.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa emitiendo multas civiles a los extranjeros a quienes se les ordenó la deportación, o se les otorgó la salida voluntaria y no salen de los Estados Unidos”, confirmó este lunes a Univision Noticias la agencia por medio de un comunicado enviado por correo electrónico.

ICE dijo que la multa civil máxima actual “es de $799 por cada día que el extranjero no haya salido voluntariamente, pero esa cantidad puede incrementarse en función de la inflación”. Es decir, si un inmigrante lleva un año viviendo en el país después de la fecha de salida, la multa asciende a los $291,635.

El envío de multas fue suspendido por un error de procedimiento. La agencia debió haber enviado primero un Aviso de Intención de Multa (NIF), y otorgar un plazo de 30 días antes de ejecutar el castigo monetario.

Guerra declarada

De acuerdo con la respuesta enviada por ICE, el gobierno “está utilizando todas las herramientas disponibles para instar al cumplimiento de las órdenes judiciales” emitidas por los jueces de inmigración.

“Las leyes de inmigración de nuestro país no son simplemente sugerencias y las personas no deben sorprenderse cuando hay consecuencias por no cumplirlas”, advierte la agencia.

Si los extranjeros deportables no cumplen con una orden de deportación o continúan evadiendo el arresto, “ICE apuntará a sus billeteras para instarlos a que cumplan”, apuntó.

“Los avisos es otra de las tácticas que utiliza el gobierno para llevar a cabo su política de ‘tolerancia cero’”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univisión Noticias.

“El presidente (Trump) está usando todas las reglas y reglamentos que ya existían hasta el extremo de su escritura para justificar su política y cumplir una de sus promesas de campaña”, agregó.

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Más de 230 avisos

ICE señaló que, desde 2018, “ha emitido aproximadamente 230 NIF a igual número de indocumentados con orden de deportación de Estados Unidos».

La agencia añadió que, si bien ha tenido autoridad para emitir multas, el uso de esta herramienta “es relativamente nuevo”, y aseguró que “continuará determinando a quién multar caso por caso”.

En el año fiscal 2019 las cortes de inmigración emitieron 440,223 órdenes de deportación, según datos publicados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, de Nueva York. La cifra no especifica cuantas de estas órdenes fueron en ausencia.

Durante el año fiscal 2018 los tribunales emitieron 342,631 órdenes de expulsión. No se sabe cuántas de estas expulsiones se cumplieron ni cuántos inmigrantes se quedaron en Estados Unidos tras concluir las fechas máximas de permanencia autorizada.

La base de datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) reporta que en 2019 las cortes de inmigración emitieron 15,780 órdenes de deportación en ausencia de inmigrantes que se encontraban en proceso de asilo: En 2018 el número de órdenes de expulsión en ausencia fue de 12,192.

El error administrativo

A mediados de año ICE había enviado varias multas a inmigrantes con ordenes de deportación vigentes que se encontraban viviendo en iglesias para evitar ser arrestadas y expulsadas del país. Todos tenían órdenes de deportación incumplidas.

La agencia reconoció que rescindió las multas a ocho extranjeros que habían buscado refugio en iglesias por no cumplir con las órdenes de expulsión emitidas por jueces. Pero reconoció que la suspensión del procedimiento obedeció a un error administrativo.

Las notificaciones fueron anuladas “después de saber que esos extranjeros podrían no haber recibido previamente un aviso (NIF) sobre la posibilidad de una multa”, indicó ICE.

“El inmigrante primero debe ser notificado por medio de la NIF que será multado, y debe tener un período de 30 días para responder antes de que la multa se haga efectiva”, explicó Hernández.

Arreglando el problema

ICE dijo que cuando se percató del error, “en ese momento también señaló que puede optar por emitir las multas en una fecha posterior”.

Indicó que “la semana pasada envió notificaciones a siete de las ocho personas mencionadas antes de que puedan ser multados por no salir de Estados Unidos en violación de sus órdenes finales de expulsión”, a quienes se les pidió “que se presenten en las oficinas locales de ICE”.

“Si no aparecen, se podrán iniciar procedimientos de multas”, advirtió.

El octavo inmigrante multado a mediados de año no recibió esta vez una NIF “porque se fue de Estados Unidos la semana pasada”, aseguró la agencia.

La oficina a cargo de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que las NIF fueron enviadas por las oficinas de campo localizadas en Detroit (2), Atlanta (1), Washington D.C. (2), San Antonio (1) y Salt Lake City (1).

Uno de los 8 inmigrantes que anteriormente recibieron una de estas multas fue la hondureña Rosa Ortez Cruz, de 38 años y madre de cuatro hijos, quien vive refugiada en una iglesia en Carolina del Norte.

La multa aquella vez era de $314,007, según dijo aquella vez Jeremy McKinney, su abogado, a Univision Noticias.

ICE dijo que se compromete “a utilizar varios métodos de aplicación, incluido el arresto, detención, monitoreo tecnológico y sanciones financieras para hacer cumplir la ley de inmigración y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por jueces”.

El Plan B

Mientras el gobierno comienza a emitir una nueva ronda de NIF, Hernández dijo que “los inmigrantes indocumentados saben si tienen o no una orden de deportación vigente o una salida voluntaria que no cumplieron”.

Recomendó que “debe estar preparados, tener listo un plan B para el caso que los ubiquen y sean arrestados, porque procederán a deportarlos cuanto antes debido a que ya tienen una orden final de deportación”.

“Tengan siempre en cuenta que, si les llega el aviso de multa, el gobierno sabe exactamente dónde viven. Y en vez de preocuparse por la multa, preocúpense de que serán arrestados y sacados del país. Por eso hay que estar preparados”, indicó.

El plan B consiste en:

Hable con su abogado para que revise el expediente y determine si califica para alguna opción de reapertura de su caso.
Si no tiene abogado, busque uno en esta herramienta preparada por Univision Noticias.
Seleccione a una persona de confianza, familiar o amigo, a quien usted llamará en caso de ser arrestado.
Cuando seleccione a la persona a la que llamará por teléfono en caso de que sea arrestado durante una redada, las organizaciones de ayuda a inmigrantes recomiendan:

Déjale una carta-poder para que tome decisiones en su ausencia sobre sus hijos y bienes.
Si tiene hijos en edad escolar, comuníquese con la escuela y registre el nombre de esa persona para que pueda retirarlos del establecimiento.
Trate de que la persona que le ayude no se encuentre indocumentado. Y si no tiene documentos de estadía legal, que no tenga contactos con servicio de inmigración.

Fuente: Jorge Cancino