Chile Decide Redactar una Nueva Constitución

Con masiva participación en el plebiscito, los ciudadanos se volcaron a las urnas. Hay festejos en la Plaza Italia, en el centro de Santiago, y en varios puntos del país. Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, se impone con un 78.8 % la opción de la convención constitucional, paritaria e integrada solo por ciudadanos electos para ese fin

Los chilenos votaron en masa este domingo en un plebiscito que surgió en respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron hace un año y decidieron, según abrumadora mayoría, modificar la Constitución redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Con más del 95% de la votación escrutada, la opción “Apruebo” consiguió el 78% de los sufragios. Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación, se impone con un 79.06 % la opción de la convención constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria, según los últimos datos ofrecidos, que se presumen irreversibles, informados por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

La opción del rechazo al cambio constitucional recibió un 22.03 % de los votos, mientras que la opción de que la nueva Carta Magna la elabore una convención mixta formada por parlamentarios y ciudadanos electos obtuvo el 20.94 % de los votos.

Las 155 personas que integrarán la convención ciudadana que redactará la nueva Constitución serán elegidas por votación popular el 11 de abril del año que viene y a partir de entonces tendrán un margen de nueves meses, prorrogables una sola vez por tres meses más, para elaborar el nuevo texto de la nueva Carta Magna. El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum, ya en 2022, que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o rechazan.

“Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro”, aseguró el presidente Sebastián Piñera en su mensaje a la nación. “Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, agregó.

El recuento empezó inmediatamente tras el cierre de las mesas a las 20 locales (23H00 GMT) y en apenas una hora ya se constataba la ventaja del “Apruebo”, frente al “Rechazo”. En la céntrica plaza Italia de Santiago, epicentro de las protestas del último año, cientos de personas comenzaron a concentrarse. Los festejos se replicaron en distintos puntos del país.

La tasa de participación era un dato clave en una cita electoral en plena pandemia, en un país donde desde 2012 el voto es voluntario. La referencia inmediata era la presidencial de 2017, cuando fue electo el presidente Sebastián Piñera, y votó el 49.2%. Según los primeros datos, superó altamente ese porcentaje.

El plebiscito se celebróLa oposición de izquierdas se mostró partidaria del cambio en todo momento mientras que los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental se mostraron divididos, entre los que defendían a ultranza el cambio constitucional y quienes apoyaban elaborar un nuevo Texto Fundamental, justo un año después de que tuviera lugar, el 25 de octubre de 2019, la mayor marcha realizada en democracia. Más de 1.2 millones de personas se reunieron en torno a la Plaza Italia de Santiago, una demostración de la profundidad y amplitud del descontento social acumulado en décadas en un país considerado un modelo de crecimiento económico y estabilidad en América Latina.

Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades de Chile. Si bien la carta magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud o la educación, fomenta la participación de los privados y reduce el tamaño del Estado. Pero para los detractores del proceso, un cambio a la Constitución podría minar la salud de la economía y el desarrollo social.

La oposición de izquierdas se mostró partidaria del cambio en todo momento mientras que los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental se mostraron divididos, entre los que defendían a ultranza el cambio constitucional y quienes apoyaban elaborar un nuevo Texto Fundamental.

Quiere la Ciudad de México Legalizar la Prostitución

Con el cambio de la denominación de Distrito Federal a Ciudad de México, como un estado más, la capital del país está por y en proceso de definir su constitución política, como la tiene cada uno de los 32 Estados de la República Mexicana.
A partir de septiembre de 2018, cuando entre en vigor, reconocería el “trabajo sexual” como “un trabajo voluntario y autónomo”, en otras palabras, promoverá la trata de personas y la explotación sexual, según el grupo de intelectuales que está redactando el proyecto de Constitución capitalina, donde incluyó en el artículo 15 de este texto como: “que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley, reconocerán y protegerán el trabajo sexual como una actividad lícita”.
Hablar de reglamentar la prostitución y decir “trabajo sexual” y no “trata de personas” o “explotación sexual” es convertirse en parte del problema, en cómplices del proxeneta que engaña, del delincuente que recluta, del político que engancha, del hombre común que viola a cambio de dinero. Así es como están definiendo este cambio tan radical para una de la ciudades más grandes del mundo.
El borrador de la Constitución capitalina fue redactado por 13 mujeres y 15 hombres designados por el jefe de Gobierno, entre ellas la feminista y profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marta Lamas Encabo, quien está a favor de legalizar el “trabajo sexual”, está por ser aprobado, para que como mencionamos anteriormente se haga oficial.
La visión a favor del “trabajo sexual” quedó plasmada en el proyecto de Constitución que se hizo publicó el pasado 15 de septiembre; sin embargo, aún debe someterse al análisis y aprobación de la Asamblea Constituyente, que votará si la capital mexicana será una ciudad donde se permite o fomenta la explotación del cuerpo de las mujeres.