Legisladores federales planean revelar este lunes un plan de $58 millones que obliga al gobierno del presidente Donald Trump a presionar con más fuerza para aislar al gobierno venezolano y restaurar la democracia en ese país sudamericano.

El plan sería la medida más abarcadora sobre Venezuela que se propone en Congreso de Estados Unidos y ya ha provocado comparaciones con la controversial Ley Helms-Burton firmada por el presidente Bill Clinton en 1996 poco después que cazas cubanos derribaron dos avionetas civiles estadunidenses, y que asignó millones de dólares a promover reformas democráticas en la isla.

El plan en cuestión incluye penalidades financieras al gobierno del presidente Nicolás Maduro, aumenta la presión diplomática sobre aliados regionales para que también tomen medidas y ofrece decenas de millones de dólares en asistencia humanitaria a los venezolanos dentro y fuera del país.

“En momentos que millones huyen de la represión, el hambre y la pobreza en Venezuela, el régimen criminal de Nicolás Maduro ha convertido al país en un estado fallido, algo que tiene consecuencias para toda la región”, expresó el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey. “En momentos que la catástrofe humanitaria aumenta por día en Venezuela, Maduro traiciona las necesidades más urgentes de sus ciudadanos, mientras que su círculo íntimo saquea las arcas del país y se beneficia del narcotráfico”, agregó.

Liderada por Menéndez, el demócrata de más rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y con la colaboración del senador Marco Rubio, republicano por Florida, quien ha trabajado de cerca con el gobierno de Trump en materia de política latinoamericana, la propuesta sobre Venezuela incluye $40 millones para asistencia humanitaria a distribuirse entre el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), $500,000 para observadores electorales internacionales y $3 millones para ayudar a aliados a redactar leyes e implementar sus propias penalidades financieras y restricciones de visa contra el gobierno venezolano.

El gobierno estadounidense ya ha sancionado a 70 funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, y ha restringido las inversiones y transacciones financieras estadounidenses, incluidas las realizadas con la nueva moneda digital venezolana.

La propuesta de ley codifica las sanciones y también exige al Departamento del Tesoro que publique detalles sobre los activos congelados en Estados Unidos de Maduro y otros altos funcionarios sancionados.

La propuesta de ley también ofrece un mayor apoyo a los esfuerzos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presionar a Venezuela y exige al gobierno que tome medidas adicionales para evitar que la petrolera rusa Rosneft, que tiene una participación de 49 por ciento en los ingresos de Citgo, tome el control de refinerías y oleoductos propiedad de Citgo, filial estadounidense de la abrumada petrolera estatal venezolana PDVSA.

“Mientras el corrupto régimen de Maduro adopta un estilo dictatorial cubano y participa en crímenes de lesa humanidad, como la restricción de los alimentos a sus ciudadanos por razones políticas, es vital que Estados Unidos y nuestros aliados ofrezcan asistencia humanitaria directa al pueblo de Venezuela”, expresó Rubio.

Aunque el futuro de la propuesta de ley es incierto en un Congreso tan dividido, tiene el apoyo de John Cornyn, el segundo republicano de más rango en el Senado, así como del segundo demócrata, el senador Dick Durbin, de Illinois, y del senador demócrata floridano Bill Nelson.

Frank Mora, ex subsecretario adjunto de Defensa para América Latina, comparó la propuesta con una versión de menor envergadura de la Helms-Burton, dijo, con la que el Congreso tomó medida que fueron más allá de asignar fondos y ofrecó una estrategia ambiciosa sobre otro país.

“Este proyecto de ley no va tan lejos, pero el Congreso ha hecho en el pasado esfuerzos cuando opina que el ejecutivo no está haciendo lo suficiente y propone algo mucho más abarcador y ambicioso de lo que ofrece el ejecutivo”, dijo Mora, quien ahora dirige el Centro Kimberly Green sobre América Latina y el Caribe en la Universidad Internacional de la Florida.