El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) está empleando herramientas tecnológicas y bases de datos gubernamentales para asegurar los arrestos durante sus operaciones, como la que esta semana está ejecutando en nueve ciudades para atrapar a miles de familias indocumentadas.
Correos electrónicos a los que ha tenido acceso la radio pública WNYC ilustran cómo lo hace, a partir del ejemplo de una operación planeada para enero de 2018 en la ciudad de Nueva York para detener a migrantes en sus lugares de trabajo.
Una veintena de indocumentados fueron arrestados en 98 tiendas de la cadena 7-Eleven repartidas por 17 estados y el distrito de Columbia. Entonces fue considerada una de las mayores operaciones migratoria en lugares de trabajo.
Un supervisor de ICE informó antes de la redada a sus agentes especiales de que debían usar una aplicación de celular desarrollada por la empresa Palantir, co-fundada por Peter Thiel, asesor del presidente, Donald Trump, con dinero de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés).
Esa herramienta permite a los agentes rastrear información en numerosas bases de datos oficiales para conocer el historial migratorio, los lazos familiares y otros aspectos relacionados con los posibles objetivos, según la citada emisora.
“Es sencillamente increíble cómo se enlazan cosas por un número de teléfono, por una dirección”, ha explicado Claude Arnold, ex agente especial de ICE, dando detalles sobre cómo, a partir de un dato personal, la aplicación encuentra otra información del sujeto o de su familia en bases oficiales.
Para ello, esta herramienta rastrea bases de datos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, proveedores de internet y correo electrónico, registros médicos y de escuelas, e información de hoteles y restaurantes, según un manual al que tuvo acceso la web informativa Motherboard.
ICE utiliza también las bases de datos estatales de licencias de manejar, en secreto y sin consentimiento.
Así, la agencia federal ha examinado millones de fotografías de conductores sin su conocimiento, usando para ello un programa de reconocimiento de imágenes, según la información a la que accedió el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown.
Los agentes migratorios solicitaron permiso a las autoridades de al menos tres estados que conceden licencias de manejo a inmigrantes indocumentados: Utah y Vermont accedieron; en el caso de Washington, no está claro que las búsquedas se llegaran a realizar, según el citado diario.
ICE utiliza en sus investigaciones las bases policiales con huellas dactilares, muestras genéticas de ADN y otros datos biométricos de arrestados o criminales convictos; pero en este caso se ha hecho uso de información de millones de personas que no han cometido ningún delito para merecer esta investigación.
Desde 2011 el FBI ha realizado casi 400.000 búsquedas en bases de datos federales y estatales, incluidas las de licencias de manejo, según un informe oficial publicado en junio. Sólo en Utah, tanto el FBI como ICE han realizado más de un millar de búsquedas entre 2015 y 2017.
Los inmigrantes indocumentados pueden obtener su licencia de manejo en 12 estados (California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont y Washington) y en Washington DC.
Estudios científicos han demostrado que se aumenta así la seguridad en las carreteras y se evitan accidentes. Así, Florida, Texas y otros estados estudian leyes para otorgar también estos beneficios a los indocumentados.
Pero cada vez hay más evidencias de que, en algunos estados, las autoridades de transporte que emiten esas licencias colaboran entregando datos a ICE.
En Washington, el Departamento de Licencias estuvo entregando a ICE casi a diario información sobre indocumentados; el diario Seattle Times lo desveló y el gobernador, el demócrata Jay Inslee, ordenó que cesara esta práctica. El Departamento de Licencias aseguró que colaboraba con ICE como con cualquier otra agencia federal, y no “codo a codo” sino determinando “caso a caso”.
Esa expresión, “caso a caso”, fue utilizada también por las autoridades de Delaware, Colorado, Nuevo México e Illinois, que dijeron colaborar sólo en caso de una investigación criminal.
En Vermont, sin embargo, la organización Migrant Justice presentó una demanda ante una corte federal denunciando que el Departamento de Vehículos de Motor proporcionó nombres, fotografías y otros datos de trabajadores inmigrantes que permitieron su deportación, una conducta “discriminatoria” que se lleva a cabo con la connivencia de los supervisores y pese a el acuerdo alcanzado en 2016 para acabar con esta colaboración ante la Comisión estatal de Derechos Humanos.
Enrique Balcazar, trabajador de granja y activista de Migrant Justice, fue detenido por ICE en marzo de 2017, y asegura que fue delatado por un trabajador del Departamento de Vehículos de Motor. Según la demanda judicial del grupo, hasta 40 activistas han sido detenidos de esta forma en los últimos años, y muchos ya han sido deportados.

 

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