¿Qué ocurrirá con los casos judiciales abiertos contra Trump ahora que volverá a ser presidente?

Los cuatro casos abiertos contra Trump podrían enfrentar más retrasos o, directamente, ser desestimados tras llegar a la Casa Blanca. Sigue aquí nuestra cobertura en vivo de las elecciones de Estados Unidos.

Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por delitos graves cuando fue hallado culpable en mayo de falsificar registros comerciales.

El martes, volvió a hacer historia al ser reelegido para regresar a la Casa Blanca como el primer presidente convicto.

La causa judicial, que espera sentencia a finales de este mes, no es la única abierta contra el republicano. En total, enfrenta cuatro juicios penales de manera paralela: dos federales y dos estatales.

Su defensa intentó con éxito retrasar estos procesos durante la campaña mediante multitud de recursos legales, con la esperanza de que Trump pudiera vencer en las elecciones presidenciales y esto le ayudara a esquivar a la Justicia.

Personas cercanas al círculo de Trump han dicho que una de sus principales motivaciones para presentarse otra vez a la presidencia era la posibilidad de perdonarse a sí mismo por los poderes de indulto presidenciales o desestimar los casos judiciales, de forma que no tuviera que pasar sus últimos años en la cárcel.

Ahora que fue electo presidente, permanece la incógnita de si estas causas continuarán abiertas o quedarán en nada una vez que asuma su cargo.

Según medios como CBS o The Washington Post, de hecho, la oficina del fiscal especial Jack Smith ya discute con el equipo de Trump cómo poner fin a los dos procesos federales contra el magnate para cumplir con la política de larga data de que un presidente no puede ser procesado.

Pese a que podría esperarse que la complicada situación legal de Trump le perjudicaría en las urnas, su rotunda victoria frente a Kamala Harris demuestra que esto no fue considerado un punto negativo entre la mayoría de los votantes.

Trump ha tratado de desviar la atención del caso al declararse inocente o víctima de una persecución política: asegurar que el gobierno de Biden utiliza el sistema judicial en su contra, de lo cual no existe ninguna evidencia. Sin embargo, su estrategia de mentir y culpar al gobierno parece haber funcionado entre los votantes.

El futuro legal de Trump está repleto de dudas. También el saber qué pasaría con las imputaciones en cuanto abandone el poder en 2029, o si estas podrían haber prescrito para entonces.

Esto es lo que se sabe de cómo podría quedar cada una de las causas pendientes de Trump con la Justicia ahora que se encamina a convertirse en el próximo presidente de EEUU:

1. Falsificación de registros sobre pagos por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels

Este es el único caso donde ya hay condena por falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels, con quien supuestamente tuvo una aventura en el pasado, para evitar que le perjudicara en su campaña de 2016 si salía a la luz.

En mayo, un jurado de Nueva York declaró culpable a Trump de los 34 cargos que se le imputaban, por lo que el expresidente debería regresar a la sala el 26 de noviembre para conocer su sentencia.

El juez Juan Merchán decidirá antes del 12 de noviembre si anula la condena debido a la decisión de la Corte Suprema que otorga a cualquier presidente cierta inmunidad. Si lo hiciera, se desestimarían los cargos y no sería sentenciado.

En caso contrario, Trump enfrenta una posible pena de hasta cuatro años de prisión, aunque expertos consideraron probable que el juez Merchán optara por una sentencia más leve que no implique encarcelamiento, como la libertad condicional con visitas periódicas a la corte.

Se espera que los abogados de Trump intenten retrasar la fecha de dicha sentencia o posponerla de forma indefinida, apelando en cortes estatales o llegando incluso a la Corte Suprema.

En el hipotético caso de que fuera sentenciado a prisión, la exfiscal de Brooklyn Julie Rendelman le dijo a la BBC que es probable que sus abogados apelarían de inmediato, argumentando que el tiempo en prisión le impediría realizar sus funciones oficiales y que debería permanecer libre a la espera de una resolución.

«El proceso de apelación en ese escenario podría continuar durante años», agregó, ante la previsión de que su equipo legal plantee posibles conflictos constitucionales sobre si un juez estatal puede sentenciar a un presidente electo.

Se trata de un caso estatal. Según la Constitución, un presidente no puede perdonarse a sí mismo por una acusación de este ámbito.

2. Interferencia electoral en 2020 y asalto al Capitolio

Este caso federal tiene como eje el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump el 6 de enero de 2021, así como otras acciones para intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

El proceso permanece estancado, de nuevo, por la decisión de la Corte Suprema de considerar a Trump parcialmente inmune por actos oficiales cometidos mientras estaba en el cargo de presidente.

Sin embargo, el fiscal Smith volvió a presentar el caso al considerar que los intentos del magnate de revocar la elección no estaban relacionados con sus funciones oficiales.

Este es uno de los procesos que podrían ser desestimados en el marco de las discusiones actuales en el Departamento de Justicia, según reportaron varios medios, dado que parece altamente improbable la posibilidad de celebrar el juicio en un futuro cercano por diversas cuestiones legales y futuras hipotéticas apelaciones.

“Está claramente establecido que un presidente en funciones no puede ser procesado, por lo que el caso de fraude electoral será desestimado”, le confirmó a la BBC el exfiscal federal Neama Rahmani.

Incluso si Smith se negara a desestimar el caso, Trump podría simplemente destituirlo del cargo, como ya se ha comprometido a hacer.

“Oh, es tan fácil. Es tan fácil”, dijo cuando se le preguntó en una entrevista de radio si “se indultaría a sí mismo” (algo posible, por tratarse de un caso federal) o “despediría a Jack Smith” si era reelegido.

“Lo despediría en dos segundos”, dijo Trump.

La salida de Smith permitiría que el Departamento de Justicia y el fiscal general nombrado por Trump propongan desestimar los cargos y poner fin al caso.

3. Mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago

Trump enfrenta cargos por mal manejo de documentación clasificada y por su intento de obstruir la recuperación de dichos archivos, almacenados principalmente en su residencia, en el club Mar-a-Lago, de Florida, donde los depositó tras abandonar la Casa Blanca cuando perdió las elecciones en 2020.

Este caso federal también está liderado por el fiscal especial Smith. El proceso está igualmente paralizado después de qu e la jueza Aileen Cannon, designada en su día por Trump, desestimara los cargos argumentando que Smith fue designado indebidamente por el Departamento de Justicia para liderar el caso, ignorando décadas de precedentes legales.

Smith decidió apelar dicho fallo. Ahora, al igual que ocurre con el caso de interferencia electoral y asalto al Capitolio, podría ser definitivamente cerrado.

Sin embargo, retirar su apelación puede ser una decisión nada sencilla para Smith por razones adicionales.

Funcionarios del Departamento de Justicia mostraron su preocupación por el hecho de que la decisión de la jueza Cannon pueda poner en peligro no solo a futuros fiscales especiales, sino a cualquier fiscal federal o funcionario de alto rango que se desempeñe en un puesto temporal, informó The Washington Post en agosto.

Según el mismo diario, algunos fiscales quieren que la apelación sigua adelante no solo para resucitar este caso, sino también para proteger los nombramientos que haga el Departamento de Justicia de ahora en adelante.

En el último de los escenarios, de nuevo, Trump podría hacer uso del poder presidencial de perdón o indulto que se contempla ante delitos federales como este.

4. Conspiración para subvertir los resultados de las elecciones en Georgia

Trump está acusado de delitos graves vinculados a una conspiración para interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia en un intento por mantenerse en la Casa Blanca.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusó al expresidente y a otras 18 personas, entre ellas el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows.

Sin embargo, este caso también ha sufrido una serie de constantes retrasos por diversos recursos legales del equipo de Trump, como el que trata de descalificar a Willis por una relación sentimental con un fiscal especial que acabó renunciado.

Un tribunal de apelaciones evalúa si se le debe permitir o no permanecer en el caso. Ahora que Trump se convertirá en el próximo presidente, el proceso podría enfrentar aún más retrasos o incluso la desestimación.

Si Willis es destituida, varias fuentes dijeron a CNN que creen poco probable que otro fiscal quiera tomar el caso y, en efecto, acabaría desapareciendo. Además, parece improbable que un juez estatal permita que continúen los procedimientos cuando Trump sea presidente, y en ese caso, los abogados buscarían definitivamente que el caso se desestimara.

El republicano no podría esta vez indultarse, al tratarse de un caso estatal. Pero, en el peor de los casos, es probable que el proceso se detenga mientras el mandatario esté nuevamente en el poder.

El abogado de Trump, Steve Sadow, pronosticó lo mismo cuando el juez le preguntó si Trump aún podría ser juzgado si es elegido.

«La respuesta a eso es que creo que bajo la cláusula de supremacía y sus deberes como presidente de EEUU, este juicio no se llevaría a cabo en absoluto hasta después de que dejara su mandato en el cargo», dijo.

Testimonios Hunden a Trump

Los testimonios recabados hoy ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa parecen debilitar los argumentos de Trump y sus aliados republicanos de que no hubo extorsión contra Ucrania

Una funcionaria de alto rango del Pentágono afirmó este miércoles ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el gobierno de Ucrania indagó sobre la retención de ayuda militar de EEUU en julio pasado, mucho antes de lo que se sabía, minando así uno de los argumentos republicanos para desvirtuar la investigación demócrata.

Durante la cuarta audiencia pública del Comité, Laura K. Cooper, una subsecretaria de Defensa adjunta a cargo de asuntos de Rusia, Ucrania y Eurasia, dijo que funcionarios de la embajada de Ucrania comenzaron a indagar en julio sobre la entrega de unos $400 millones ya aprobados por el Congreso.

“Mi personal me mostró dos correos electrónicos no clasificados que recibieron del Departamento de Estado… no tengo datos adicionales sobre lo que concretamente pudieron haber dicho los funcionarios ucranianos, cuál fue su fuente sobre la retención de la ayuda y otros problemas con el flujo de la ayuda, o qué les dijeron en el Departamento de Estado”, explicó Cooper.

Al parecer, Cooper y su personal no estaban al tanto de esos correos electrónicos para esas fechas.

El primer correo electrónico llegó a las 2:31 de la tarde del pasado 25 de julio, e indicaba que la embajada de Ucrania y el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes estaban indagando sobre la asistencia de seguridad para Ucrania.

El segundo llegó dos horas después, y señalaba que la embajada de Ucrania parecía estar al tanto de la situación con la ayuda.

Ambos fueron recibidos horas después de que el presidente, Donald Trump, hablara por teléfono, a las nueve de la mañana hora local, con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, para pedirle el «favor» de investigar a Burisma, una empresa energética, y a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y rival político, Joe Biden. 

Hunter era miembro de la junta de Burisma y es ahora blanco de ataques de los republicanos, que exigen que éste rinda testimonio sobre su papel en la empresa y si hubo conflictos de interés por su relación con el entonces vicepresidente.  

Esa llamada del 25 de julio es lo que ha detonado la investigación del Comité para decidir si habrá o no juicio político contra Trump por abuso de poder.  

Según Cooper, durante la semana del 6 de agosto, varios de sus asesores también atendieron preguntas del personal diplomático de Ucrania sobre el retraso en la entrega de la ayuda, aunque hubo más contactos similares a lo largo del mes.

Su testimonio parece desmoronar uno de los argumentos principales de Trump y sus aliados republicanos en el Congreso de que no hubo campaña de presión contra Ucrania, y que el mandatario sólo quería combatir la corrupción en ese país de la antigua Unión Soviética.

Según los republicanos, el gobierno de Ucrania no estaba al tanto del congelamiento de la ayuda militar sino hasta el pasado 28 de agosto, por medios de prensa.

De acuerdo con esa lógica, Zelenskiy no pudo haber sentido presión ni soborno porque durante la llamada con Trump, porque no sabía que la Administración había frenado la entrega de la ayuda.

Pero el legislador demócrata por California, Eric Swalwell, afirmó que el testimonio de Cooper “derrumba los pilares clave de la defensa de Trump” de que los ucranianos desconocían que la ayuda militar corría peligro y que al mandatario le preocupaba la corrupción, además de que pone en tela de juicio su justificación para condicionar la ayuda.

Por su parte, el presidente del Comité, Adam Schiff, afirmó que, a su juicio, las acciones de Trump no le dejan duda de que eran actos de “corrupción”.

Cooper, quien ya había comparecido ante el Comité a puerta cerrada, había advertido que congelar la ayuda militar y económica a Ucrania supondría una violación de la ley.

«Estados Unidos y nuestros aliados proveen a Ucrania asistencia de seguridad porque está en nuestro interés de seguridad nacional. Damos esa ayuda para que Ucrania pueda negociar la paz con Rusia desde una posición de poder», afirmó Cooper.

Su testimonio público se produce poco después de lo que hiciera en el mismo salón, durante siete horas, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland.

Sondland, considerado el testigo “estrella” de la jornada, afirmó que Trump, mediante su abogado personal, Rudy Giuliani, intentó extraer condiciones de Ucrania a cambio del desembolso de la ayuda, una llamada y una reunión en la Casa Blanca.

Según Sondland, Trump quería que Zelenskiy anunciará públicamente una investigación contra la empresa Burisma y Hunter Biden. 

También quería que Ucrania investigara la presunta injerencia de ese país, por pedido de los demócratas, en las elecciones presidenciales de 2016. Esa teoría de conspiración había sido descartada.

El gobierno de Kiev necesitaba tanto la ayuda -ya aprobada sin condiciones por el Congreso- como el encuentro con Trump para demostrar el apoyo de Washington a Ucrania y responder a las agresiones de Rusia.

El Comité de Inteligencia también citó a la audiencia de esta tarde a David Hale, subsecretario de Estado para asuntos políticos.

La Administración Trump ha bloqueado la comparecencia de varios funcionarios de alto rango -generando quejas de «obstrucción» por parte de los demócratas. Sondland, Cooper y Hale lo hicieron hoy tras recibir una citación del Comité para obligarlos a dar testimonio.