Trump Quiere Agregar 36 Países más a su Prohibición de Entrada a Estados Unidos

EE. UU. podría agregar 36 países a la prohibición de entrada

Según un mensaje del Departamento de Estado, el gobierno dio a los países 60 días para solucionar sus problemas. El presidente Trump ya ha impuesto una prohibición total o parcial a ciudadanos de 19 países.

El gobierno del presidente Donald Trump considera ampliar la nueva prohibición de entrada del presidente hasta a 36 países más, la mayoría de los cuales se encuentran en África, según un telegrama del 14 de junio revisado por The New York Times.

Este mes, Trump impuso una prohibición total de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y una prohibición parcial a siete más, lo cual revivió una forma de una política muy cuestionada de su primer mandato.

El mensaje dice que, además de los 19 países, el Departamento de Estado había identificado a otros 36 que debían mejorar ciertos parámetros en un plazo de 60 días. Fijó el miércoles a las 8:00 p. m., hora del este, como plazo para que los gobiernos afectados presenten planes de corrección.

Los países en cuestión “deben tomar medidas inmediatas para mitigar los problemas actuales de investigación y selección, desarrollar planes de acción correctiva para subsanar las deficiencias y evaluar los progresos”, decía el telegrama.

El Departamento de Estado dijo en una declaración el lunes que estaba “comprometido a proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos al mantener los más altos estándares de seguridad nacional y seguridad pública a través de nuestro proceso de visas”. No ha querido hacer comentarios más específicos sobre las deliberaciones internas.

El telegrama, del que informó previamente The Washington Post, citaba una serie de preocupaciones que, según afirmaba, habían llevado a los países a la lista, pero advertía de que no todos los países planteaban los mismos problemas. No especificaba cuáles eran las preocupaciones en cada caso.

Entre los motivos de preocupación figuraban la falta de un gobierno central competente que pudiera elaborar documentos de identidad y antecedentes penales fiables; la dudosa seguridad de los pasaportes; los elevados índices de permanencia en el país más allá de lo que permite el visado; la falta de cooperación para recibir a los ciudadanos deportados de Estados Unidos, y la venta de la ciudadanía a personas que no viven en sus países.

También decía que un país podía ser objeto de una prohibición de entrada si sus ciudadanos estaban implicados en terrorismo o en “actividades antisemitas y antiestadounidenses en Estados Unidos”.

Pero el mensaje decía que un país podía ayudar a mitigar las preocupaciones si su gobierno accedía a aceptar a personas de otros países a quienes Estados Unidos intentaba deportar, pero no podía repatriar, o accedía a servir de “tercer país seguro” que acogiera a migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos.

Los países de la nueva lista incluían a Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, la República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Costa de Marfil, Kirguistán, Liberia, Malaui, Mauritania, Níger, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabue.

El Times informó en marzo de que el gobierno de Trump estaba elaborando una prohibición de entrada que tendría tres niveles: una lista “roja” de países cuyos ciudadanos tendrían completamente prohibido el ingreso; un grupo “naranja” de países cuyo acceso se vería restringido pero no completamente prohibido, y una categoría “amarilla” en la que los países tendrían 60 días para cambiar algunas deficiencias percibidas o se agregarían a una de las otras dos listas.

El Times también informó ese mes sobre un borrador de lista de 43 países que se incluían provisionalmente en una de esas tres listas. Pero el 4 de junio, Trump emitió una proclamación que contenía solo prohibiciones totales y parciales, esencialmente, las listas roja y naranja, aunque el documento público no las denominaba así.

Algunos países habían cambiado de lista. Los países cuyos ciudadanos tenían completamente prohibida la entrada a Estados Unidos eran Afganistán, Birmania, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Trump también nombró a otros siete cuyos ciudadanos no pueden venir a Estados Unidos de forma permanente ni obtener visados de turista o estudiante, pero pueden viajar por negocios. Se trata de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La política de Trump de prohibir categóricamente la entrada a ciudadanos de determinados países se remonta a su llamado durante la campaña, en diciembre de 2015, a “un cierre total y completo de la entrada de musulmanes en Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan averiguar qué demonios está pasando”.

Poco después de asumir el cargo en 2017, Trump promulgó lo que se convirtió en la primera de una serie de prohibiciones. Inicialmente, se centraron en un conjunto de países de mayoría musulmana, pero más tarde abarcaron también otros países de bajos ingresos y no blancos, incluidos algunos de África. Los tribunales bloquearon la aplicación de las dos primeras versiones, pero finalmente la Corte Suprema permitió que entrara en vigor una prohibición reformulada.

Una de las primeras medidas que tomó el presidente Joe Biden cuando asumió la presidencia en 2021 fue anular las prohibiciones de entrada de Trump y volver a un sistema de investigación individualizada de las personas procedentes de esos países. Calificó las prohibiciones de “mancha en nuestra conciencia nacional” que socavaba la seguridad nacional al poner en peligro “nuestra red global de alianzas y asociaciones.”

Cuando Trump volvió al poder en enero, una de sus primeras medidas fue una orden que exigía al gobierno elaborar una nueva prohibición de entrada. Escribió que protegía a los estadounidenses “de los extranjeros que pretenden cometer atentados terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar de cualquier otro modo las leyes de inmigración con fines malévolos”.

Trump Extiende Prohibir Desalojos

La decisión impondría cargos criminales a aquellos propietarios que expulsen a sus inquilinos si éstos cumplen con los cuatro requisitos de bajos ingresos y vulnerabilidad, pero no elimina la acumulación de deuda de los últimos meses

El gobierno del presidente Donald Trump emitió este martes una orden que suspende el desalojo de ciertos inquilinos hasta el final de 2020 para evitar la propagación del nuevo coronavirus, ante la pérdida de empleo de millones de estadounidenses que no pueden afrontar los pagos de alquiler y corren riesgo de quedar en la calle.

La moratoria busca prolongar la medida aprobada por el Congreso en marzo y que había expirado a fines de julio, ya que solo 18 estados y territorios habían mantenido localmente algunas protecciones de vivienda. Las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso sobre un paquete de estímulo fiscal ante la aguda crisis económica provocada por la pandemia se estancaron a mediados del mes pasado, y los legisladores se fueron de vacaciones sin resolver el tema.

Un reporte reciente del Instituto Aspen, un centro de investigación, señaló que más de 20 millones de arrendatarios viven en hogares que han sufrido pérdida de empleos a causa del COVID-19 y concluyó que un total de 40 millones de personas están en riesgo de ser desalojados en los próximos meses.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en base a una orden ejecutiva de Trump, declararon que ningún arrendador debe desalojar a una “persona cubierta” de ninguna propiedad residencial por no pagar el alquiler: aquellos que lo hagan serán acusados con cargos criminales.

Para estar cubierto por esta medida, los inquilinos deben cumplir cuatro requisitos:

-Tener un ingreso máximo de USD 198,000 anuales para parejas que presentan una declaración fiscal conjunta, o USD 99,000 para los contribuyentes solteros.

-Demostrar que han buscado ayuda del gobierno para realizar sus pagos de alquiler.

-Declarar que no pueden pagar la renta a causa de las dificultades provocadas por el COVID-19.

-Afirmar que es probable que se queden sin hogar si son desalojados.

Los funcionarios dijeron que los tribunales locales aún resolverían las disputas entre inquilinos y propietarios sobre si la moratoria es válida para un caso particular.

Sin embargo, la acción no va todo lo lejos que habían pedido algunos expertos, porque no va acompañada de ayudas financieras para que los inquilinos más golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia paguen los meses de alquiler que deben, ni para los propietarios que pueden tener también problemas financieros.

“Esta medida retrasa los desahucios, pero no los previene. El Congreso y la Casa Blanca deben volver a negociar y aprobar una ley con al menos 100,000 millones de dólares en ayuda al alquiler de emergencia”, dijo la presidenta de la coalición nacional por la vivienda para gente con bajos ingresos, Diane Yentel, al diario The Washington Post. “Aunque una moratoria a los desahucios es esencial, es una medida insuficiente que extiende un precipicio financiero para que los inquilinos caigan en él una vez que expire la moratoria y vuelvan a deber el alquiler”, dijo en Twitter.

Brian Morgenstern, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, señaló que el anuncio del martes significa que las personas que tienen problemas para pagar el alquiler a causa del coronavirus no tendrían que preocuparse de ser desalojadas y correr el riesgo de propagar la enfermedad o exponerse a ella.