Trump Frena Trámite de Residencia Para Refugiados

La Administración de Donald Trump ha pausado el proceso de residencia permanente, conocido como green card (tarjeta verde), para algunos migrantes que la han solicitado en los últimos años. Los afectados son principalmente refugiados y asilados, de acuerdo a la cadena CBS, quien adelantó la noticia. Washington justifica la medida argumentando que muchos fraudes se han cometido durante la solicitud de la residencia. El freno a un largo trámite que puede tardar años, deja en un limbo legal a quienes lo solicitaron y se suma a la zozobra que ha dejado la ofensiva del Gobierno federal contra los migrantes, muchos de ellos con estatus legal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por las siglas en inglés, notificó recientemente a sus empleados que deben pausar hasta nuevo aviso todo proceso que haya sido iniciado por inmigrantes que arribaron al territorio estadounidense en calidad de refugiados o gracias al asilo.

USCIS considera este freno un “ajuste de estatus“. “Algunas solicitudes pendientes serán sometidas a una revisión más exhaustiva para identificar potenciales fraudes, amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado dirigido a la CBS.

La institución encabezada por Kirsti Noem asegura que estos procesos fueron laxos durante la presidencia de Joe Biden. Pero las cifras no acompañan estos dichos. Las autoridades dieron la nacionalidad (un proceso distinto a la tarjeta verde) a 875.000 nuevos ciudadanos durante el primer año del mandatario demócrata. La cifra representaba un 9% menos comparado con los 969.000 que fueron naturalizados en el año fiscal 2022, el que más nuevos estadounidenses registró en una década. El número no cambió durante el 2024, el último de Biden en la Casa Blanca. En tres años, el país sumó unos 2,6 millones de nuevos ciudadanos.

Desde su retorno a la Casa Blanca Trump instruyó a todo el Ejecutivo, mediante un par de memorandos, a incrementar la vigilancia en los trámites de inmigración al país, desde la expedición de los visados temporales hasta la green card. “Estados Unidos debe asegurarse de que todos los inmigrantes admitidos y extranjeros ya presentes en el país no tengan actitudes hostiles contra sus ciudadanos, la cultura, el Gobierno, sus instituciones y nuestros principios fundacionales”, aseguraba Trump en un documento fechado el pasado 20 de enero, el primer día de la segunda presidencia del republicano.

El Gobierno de Estados Unidos, sea del partido que sea, suele añadir requisitos o modificarlos para la residencia permanente. A finales de 2024, aún en la era del demócrata Joe Biden, el USCIS informó que sería necesario presentar un examen médico junto a los formularios que exige el trámite.

El freno a los procesos de la green card se suman al golpe contra el parole humanitario. Washington canceló esta semana el estatus legal en el país y las visas de trabajo para centenares de miles de inmigrantes llegados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en los años recientes. Esto deja sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas en todo el país, no solo a los beneficiarios de la libertad condicional, sino a sus familiares inmediatos, quienes deberán autoexpulsarse del país en las próximas semanas si es que no quieren ser cazados por agentes de ICE, la policía migratoria.

Además, la semana pasada, la Administración canceló los contratos a decenas de organizaciones no gubernamentales y despachos jurídicos que trabajan en el procesamiento de casos de asilo de los menores no acompañados. Decenas de miles de niños migraron solos a Estados Unidos en los últimos años. El Ejecutivo ha puesto obstáculos para que todos estos indocumentados menores de edad puedan permanecer en el territorio estadounidense. Las autoridades federales argumentan que la cancelación responde a supuestos fraudes y abusos que se han detectado en este tipo de casos.

Retraso en Trámite de Pasaportes Sigue Siendo muy Largo

Con la cercanía de la temporada de fin de año, si no planeas te puedes encontrar con situaciones embarazosas a la hora de llegar al aeropuerto.

Las largas esperas para recibir nuevos pasaportes no ceden desde principios de año y con la temporada de festividades de fin de año, el Departamento de Estado de EEUU hizo un llamado de atención a la comunidad que puede necesitar renovarlo: planee tramitarlo con seis meses de antelación o, de lo contrario, te va a costar más.

“Los viajeros deben seguir planificando con mucha anticipación”, dijo un portavoz del Departamento de Estado, entidad a cargo de los trámites de pasaportes en el país.

Las solicitudes de pasaportes están en su punto más alto

Más estadounidenses planearon viajes al extranjero este año a medida que sus temores de salud de la era de la pandemia disminuyeron y los países reabrieron en gran medida sus fronteras a los visitantes.

El Departamento de Estado emitió un récord de 22 millones de pasaportes en el año fiscal 2022. Está en camino de batir ese récord nuevamente en el año fiscal 2023, que finaliza el 30 de septiembre, dijo un portavoz.

El secretario de Estado, Antony Blinken, testificó ante el Congreso en marzo que el volumen de solicitudes de pasaportes este año no tiene precedentes.

El Departamento de Estado también tuvo que renovar puestos que fueron reasignados o eliminados cuando la demanda de pasaportes se desplomó en 2020 al comienzo de la pandemia de Covid-19.

El Departamento de Estado informó que está trabajando en un plan para disminuir los retrasos que actualmente hay en el procesamiento de pasaportes estadounidenses. Esto incluye la contratación y capacitación de personal, expansión de servicios telefónicos, entre otros.
Cómo conseguir tu pasaporte más rápido

La recomendación de seis meses del Departamento de Estado tiene en cuenta tiempos de procesamiento más largos, así como aquellos relacionados con el envío por correo.

Los estadounidenses deberían revisar los tiempos de procesamiento actuales antes de hacer planes de viaje definitivos o no reembolsables, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Actualmente, una solicitud de pasaporte de rutina tarda entre 10 y 13 semanas en procesarse, según el Departamento de Estado. Un pasaporte tradicional cuesta $130. Los solicitantes por primera vez deben pagar una tarifa de aceptación adicional de $35.

Los viajeros pueden pagar más por un servicio más rápido. El procesamiento acelerado de pasaportes cuesta $60 adicionales. Actualmente, los pasaportes expeditos tardan entre siete y nueve semanas.

En comparación, antes de la pandemia, los pasaportes expeditos tardaban de dos a tres semanas y el procesamiento de pasaportes de rutina tomaba de seis a ocho semanas, dijo el Departamento de Estado.

Lo cierto es que los tiempos de procesamiento para los pasaportes expeditos y de rutina no han cambiado desde el 24 de marzo pasado.

Las estimaciones de procesamiento no incluyen los tiempos de envío. Esto puede llevar un mes adicional: hasta dos semanas para que las solicitudes lleguen a una agencia o centro de pasaportes, y otras dos semanas para recibir un pasaporte impreso.

Los viajeros pueden comprar la entrega acelerada de un nuevo pasaporte por correo (para entrega en uno o dos días) por $19,53 adicionales.

También pueden enviar una solicitud más rápida si compra el servicio Priority Mail Express del Servicio Postal de los Estados Unidos. El precio varía según la zona del país, según el Departamento de Estado.

En algunas circunstancias, los viajeros podrán acelerar aún más el proceso.

El Servicio de Emergencia está disponible para personas con una emergencia calificada que viajen al extranjero en los próximos tres días hábiles.

Otro servicio expedito es el de Viaje Urgente que aplica para quienes viajan al extranjero dentro de los 14 días calendario y aún no han solicitado un pasaporte, o de cinco días para quienes ya lo han solicitado.

Si planea viajar a Estados Unidos tenga en cuenta que el precio de las visas aumentará. Aquí una explicación sobre cuánto es el aumento de cada una.

Un pasaporte próximo a expirar te puede costar aún más

Los pasaportes estadounidenses generalmente tienen una validez de 10 años. Son válidos por cinco años si se emiten antes de los 16 años.

En algunos casos, es posible que a los estadounidenses no se les permita viajar incluso si su pasaporte aún no ha caducado. Algunos países no permiten la entrada si el vencimiento del pasaporte cae apenas unos meses después de la fecha de finalización del viaje.

Por ejemplo, el Área Schengen, que abarca 27 países de la Unión Europea, requiere que un pasaporte estadounidense sea válido durante al menos 90 días después de la fecha de salida de su país de origen.

Muchos países de Asia-Pacífico y Medio Oriente requieren al menos seis meses de validez para obtener un permiso de entrada. Otras zonas, como Hong Kong y Macao, requieren un mes.

«Incluso si aún no tienes un viaje en los libros, pero tu pasaporte expirará en algún momento de la primera mitad de 2024, definitivamente lo renovaría ahora», Sally French, una experta en viajes.

Suspenden Solicitud de Green Cards por 60 Días

El presidente Trump firma la orden ejecutiva que suspende la inmigración y solicitud de ‘green cards’ por 60 días

La medida supone la suspensión del procesamiento de tarjetas de residencia para nuevos solicitantes que estén afuera del país durante 60 días. Según expertos, se trata de un gesto simbólico para su base que solo creará incertidumbre y no contribuirá a mitigar la pandemia del COVID-19.

El presidente, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que impedirá por 60 días la entrada de inmigrantes que no tengan ya una visa válida o de solicitantes de green cards que estén fuera del país, en el marco del combate a la pandemia del COVID-19.

Trump firmó una «proclamación» que suspende temporalmente la inmigración legal a EEUU, para según él asegurar que los desempleados estadounidenses sean «los primeros en línea para los trabajos, en lo que se reabre la economía, y se preserven los recursos de cuidado de salud para pacientes estadounidenses».

Sin embargo, durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, Trump dijo que el sector agrícola siempre ha contado con mano de obra inmigrante y seguirá haciéndolo, porque «no queremos perjudicar a nuestros negocios, nuestros agricultores».

El mandatario no descartó la posibilidad de ampliar o modificar la orden tras el período de 60 días, para que sea «más o menos dura».

Horas antes, Trump destacó que incluso antes de esta medida ya estaba en marcha el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur y el combate al tráfico de humanos, gracias a la construcción de 170 millas de muro y la presencia de 27,000 soldados mexicanos.

Alcance de la medida

El documento, dividido en ocho secciones, explica que la medida entrará en vigor la medianoche de este jueves, durante 60 días, y aplicará a solicitantes de residencia permanente que estén en el exterior.

La Administración también suspende la lotería de visas, creada en 1990 para promover la diversidad étnica y cultural del país y que anualmente se otorga 50,000 extranjeros de países con baja representación en EEUU.

Además, impide la reunificación familiar de residentes legales que solicitan a sus cónyuges e hijos en el exterior.

Según el documento, «no hay manera de proteger a estadounidenses ya en desventaja o desempleados de la amenaza de la competencia» de inmigrantes por escasos trabajos en el mercado laboral.

Pero la medida establece varias exenciones para cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sus hijos naturales menores de 21 años o posibles hijos adoptados, a residentes legales, y a miembros de las Fuerzas Armadas y sus cónyuges e hijos.

También permite el ingreso a profesionales de la salud clave en el combate al COVID-19, y a los cónyuges e hijos menores de 21 años de estos, así como a solicitantes de green cards bajo el programa de inversionistas EB-5, y a inmigrantes con visas especiales o que sean críticos para los intereses nacionales de Estados Unidos.

La medida tampoco afectará a los miles que ya viven y trabajan en EE.UU. y han iniciado trámites de ajuste migratorio para la residencia permanente, ni a los que tienen visa temporales, como estudiantes o portadores de visas «H-1B» o «H-2A», entre otros.

El documento indica que la orden no afectará a solicitantes de asilo o refugio, pese a que la administración ya les ha frenado la entrada desde antes de la pandemia.

Trump le ha dado plazo de 30 días a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional para evaluar los programas de visa de no inmigrantes, y presentar recomendaciones sobre otras medidas adecuadas para «estimular a la economía de EE.UU., y dar prioridad a la contratación de trabajadores estadounidenses».

Los extranjeros que violen la orden mediante el fraude o ingreso ilegal serán sujetos a la deportación.

La medida surge en momentos en que la pandemia del COVID-19 ya se ha esparcido por todo el país y se ha cobrado la vida de más de 46,000 personas, según un recuento de NBC, y el país entero debate cuándo y cómo reabrir la economía sin provocar una segunda ola de brotes.

La orden fue elaborada con la ayuda de Stephen Miller, un asesor político de Trump conocido por su postura antiinmigrante.

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés) ha calculado que si la medida abarca a todas las solicitudes de residencia permanente –salvo las de cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses– esta afectaría a 55,500 personas al mes, o un total de 111,100 durante el período de 60 días.

Si la medida se extendiera durante un año, esta afectaría a 660,000 personas, indicó el MPI.

Durante un año fiscal un promedio de un millón de extranjeros obtienen residencia permanente en Estados Unidos, de los cuales el 55% ya están en el país y 45% son nuevos ingresos, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero, dadas las condiciones actuales, esta medida es más un «gesto simbólico» de Trump para su base conservadora y tendrá un impacto «mínimo», dijo a Noticias Telemundo Andrew Selee, presidente del MPI.

«Esto empezó como un gesto simbólico del presidente Trump para su base, pero cuando sus asesores comenzaron a elaborar una política pública, muchos le aconsejaron hacer algo más limitado… hasta donde vemos, la orden ejecutiva es más limitada y de mucho menos impacto», explicó Selee.

«Gran parte del proceso de green cards ya estaba paralizado, por el cierre de consulados y oficinas administrativas de inmigración. Mientras la orden dure dos meses, el impacto será poco, pero si se prolonga, podría tener más impacto a largo plazo», agregó.

«No quiero minimizarlo; habrá gente que tendrá que postergar sus bodas, esperar con incertidumbre su futuro, pero al final de cuentas no será un universo grande de personas impactadas», acotó.

Según la Casa Blanca, el objetivo de la orden ejecutiva es proteger tanto la salud como el bienestar económico de los estadounidenses, en unos momentos en que la pandemia del COVID-19 ha diezmado miles de negocios y ha provocado despidos masivos.

Pero el mandatario tuvo que modificar su propuesta inicial de suspender todo el sistema de inmigración legal, después de que ejecutivos del sector empresarial advirtieran sobre su impacto económico negativo, según fuentes allegadas a la Administración.

Varios rubros de la economía, incluyendo los sectores agrícola, tecnológico, de salud y de servicios, emplean mano de obra inmigrante.

Trump ganó la presidencia en 2016 en parte por su mensaje populista y su postura de “mano dura” contra la inmigración ilegal y su respaldo a restringir aún más la inmigración legal.

En 2018, el Congreso derrotó su plan para reducir drásticamente la inmigración legal.

La Administración Trump ha implementado de forma unilateral numerosas restricciones a la inmigración, incluyendo el freno a solicitantes de asilo en la frontera sur, y acuerdos migratorios con los países del Triángulo del Norte para disuadir la emigración ilegal.

El año pasado, Estados Unidos admitió a cerca de 459,000 inmigrantes con green cards, un descenso del 13% respecto a 2018, según el DHS.

Medida llega tarde

La medida ha generado el rechazo de la oposición demócrata, grupos cívicos y defensores de los derechos de los inmigrantes, que acusan a la Administración Trump de utilizar a los extranjeros como «chivos expiatorios».

Para cuando Trump declaró una emergencia nacional por la pandemia de coronavirus, el pasado 13 de marzo, el país ya había registrado 204 muertes.

Además, muchos de los países afectados por las restricciones migratorias han registrado un bajo número de casos confirmados de coronavirus.

Los activistas, sindicatos, y asociaciones de profesionales de salud mantienen su exigencia de que el gobierno amplíe los recursos para las pruebas de diagnóstico y aumente la entrega de equipos de protección personal, conocidos por su sigla en inglés PPEs.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha destacado que la orden ejecutiva en realidad no obedece a un asunto de salud pública, como ha dicho Trump, porque la pandemia del COVID-19 ya estaba arraigada en Estados Unidos mucho antes.

“En vez de buscar chivos expiatorios, el país necesita que el presidente Trump se arremangue y trabaje mano a mano con los gobernadores para incrementar la capacidad de las pruebas, provea PPEs y fondos para los gobiernos locales y estatales que están en primera línea de esta pandemia”, subrayó Menéndez.

“El presidente tiene que entender que el enemigo no son los inmigrantes sino un virus que nos pone en peligro a todos”, enfatizó Menéndez, cuyo estado ha registrado más de 4,700 muertes por el COVID-19.

¿Protección o agenda “antiinmigrante”?

Decenas de grupos cívicos y proinmigrantes, entre éstos Detention Watch Network, Bend the Arc, y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, han descrito la medida como un ardid para sumar votos de cara a los comicios generales de noviembre próximo

Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, atacó a Trump por no poner en libertad a inmigrantes alojados en centros de detención que han registrado brotes de coronavirus, y afirmó que su nueva medida ejecutiva “sólo atizará la creciente xenofobia en Estados Unidos”.

Según Shah, “Trump intenta reabrir la economía mientras impide la inmigración, y su agenda antiinmigrante nunca ha estado más clara”.

Por su parte, Stosh Cotler, principal ejecutivo del grupo judío Bend the Arc, advirtió de que «la agenda nacionalista blanca de la Administración Trump está poniendo en grave riesgo tanto nuestra salud como nuestra democracia».

«El prohibir la inmigración no va a mejorar la salud ni la seguridad de los estadounidenses, especialmente ahora que Estados Unidos tiene el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo”, señaló.

Mientras, el abogado Hans Meyer, principal ejecutivo del bufete legal Meyer Law, dijo que Trump es un “xenófobo en jefe que ha recurrido de nuevo a su táctica favorita de atacar a los inmigrantes”, en vez de asumir responsabilidad por “acciones que han costado la vida a miles de personas”.

“La crisis más grave en nuestros tiempos una vez nos demuestra cómo nuestra sociedad se beneficia de las contribuciones cruciales de los inmigrantes, que en la actualidad son los que más sufren”, agregó Meyer.

Ya antes de la pandemia, la Administración Trump había impuesto una serie de restricciones a la inmigración legal en Estados Unidos, mientras que los tribunales de inmigración están atiborrados de casos, y muchos han suspendido sus audiencias.

Mientras, las distintas agencias del gobierno encargadas de trámites migratorios operan con serias limitaciones. La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en ingles) ha postergado entrevistas y ceremonias de naturalización, y el Departamento de Estado ha suspendido trámites para ciertas visas.

Endurecen Trámites para Obtener Green Card

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, presionó agresivamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para generar nuevas restricciones para trámites de Residencia Permanente.

Así lo revelaron correos electrónicos obtenidos por Politico, donde se evidencia que Miller –quien lidera la política migratoria del presidente Donald Trump— presionó al exdirector de USCIS, Francis Cissna, para que evitara asignar “green cards” a quienes hubieran recibido ayudas sociales.

Miller acusó a Cissna de realizar un lento trabajo en el endurecimiento de reglas para reducir la inmigración legal, pero sobre todo afectar a inmigrantes que hayan solicitado apoyos como seguro médico, de vivienda o alimentos, lo cual estaría incluido en la llamada “carga pública”.

“Francis: la línea de tiempo de la carga pública es inaceptable”, escribió el asesor de la Casa Blanca en un correo electrónico.

Los correos fueron obtenidos bajo una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) por Politico.

“El registro de carga pública ha estado en proceso durante un año y medio. Este es el tiempo que no tenemos. No me importa lo que necesites hacer para terminarlo a tiempo”, presionó Miller.

En otro mensaje el asesor dijo que era “lamentable” que tras 18 años de proceso, USCIS no haya logrado una regulación “importante”, en referencia a restricciones a inmigrantes, aunque al menos 10 cambios han impactado en las aplicaciones de distintos tipos de visas.

Antes de su despido, Cissna argumentó dijo que la “carga pública” se aplicaba a un conjunto muy específico de beneficios e instó a los inmigrantes legales a no apresurarse a darse de baja de varios programas.

“La gente debería mirar cuidadosamente la regla propuesta para ver exactamente, realmente lo que estamos viendo cuando hacemos esa evaluación”, dijo en un discurso en el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown.

El plan de “carga pública” sigue en revisión, según un último reporte de USCIS a este diario.

Si la Riega en su Tramite Migratorio le Negarán su Solicitud

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) negará cualquier solicitud que contenga errores o que le falten documentos. La medida entrará en vigor a partir de este martes 11 de septiembre. Esto no afectaría a las personas que enviaron sus documentos antes de ese día.

A partir de ahora cualquier trámite quedará totalmente a discreción del funcionario que atiende el caso. Hasta este momento USCIS permitía enmendar cualquier falta de información o error en la solicitud a través de formularios libres de costo: Solicitud de Evidencia (RFE) o Notificación de Intención de Denegación (NOID).

Ahora “si un caso es negado, el inmigrante deberá comenzar nuevamente de cero y pagar por el trámite. Es probable que haya dificultades para conocer la razón por la cual el agente encargado del caso niega el beneficio o se tarde en notificarlo. Lo preocupante es que, si lo niegan, se acaba el caso y hay que comenzar otra vez”, explicó el abogado de inmigración Ezequiel Hernández a Univision.

USCIS explicó en un comunicado que el nuevo reglamento “aplica a todas las solicitudes y peticiones, excepto por las adjudicaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)”.