Los mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos se enfrentan a problemas económicos, burocráticos, de estigma y discriminación, educativos, de readaptación cultural, reinserción laboral y separación familiar, ante las cada vez más precarias políticas gubernamentales en la materia en el país latinoamericano.
La mexicana Ana Laura López vivió indocumentada por más de 15 años en la ciudad de Chicago, donde tuvo dos hijos, Ángel y Danny, de 17 y 15 años respectivamente; pero en septiembre de 2016 fue obligada a separarse de ellos, al convertirse en una de las 2.8 millones de personas deportadas durante el gobierno del presidente Barack Obama.
López emigró sola a Estados Unidos por razones económicas y afirma que jamás se sintió discriminada o excluida. Allá conoció al papá de sus hijos, quien es ciudadano estadounidense. En un día normal, ella se levantaba temprano a preparar el desayuno de Ángel y Danny, llevarlos a la escuela, hacer ejercicio, ir a sus dos empleos –primero a una tienda y luego a una organización– hacer la comida y convivir con la familia por la noche.
Su ‘sueño americano’ no consistió en ser rica o tener ‘lujos’, sino en una ‘vida digna’ sin preocupaciones económicas o educativas para sus hijos. Además, tuvo “un empoderamiento personal” porque aprendió computación, así como a redactar y hablar en público en inglés, estudió la preparatoria y perteneció a una asociación sin fines de lucro dedicada a los derechos de los trabajadores, en la cual desarrolló habilidades de organización comunitaria.
En septiembre de 2016 todo cambió radicalmente para Ana Laura. Inició un proceso de contratación laboral y regularización de su situación migratoria, y para ello, debía hacer un viaje a México. Cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Chicago, los agentes de inmigración ya la esperaban para repatriarla y además imponerle la penalidad de no volver a pisar suelo estadounidense por 20 años.
López quedó en shock y la dinámica familiar se modificó, pues ahora la comunicación se limita al WhatsApp y videollamadas. Hay días en que logra la estabilidad emocional y otros en los que se deprime, porque no puede estar en los cumpleaños, graduaciones o enfermedades de sus hijos. “Se convierte en un nuevo reto: ¿cómo ejercer en mi caso una maternidad a distancia? ¿Cómo tratar de mantener esos lazos con mis hijos?”
En México, tuvo que reiniciar su vida con choques y contrastes entre la forma de vivir en los dos países vecinos. Por ejemplo, en el aspecto laboral. Antes de su deportación, Ana Laura ganaba 21 dólares la hora y tras su regreso forzado, encontró empleos de unos 315 dólares mensuales. “Para mí ha sido muy frustrante regresar. Los salarios aquí son muy malos y no es fácil conseguir trabajo por la edad y las condiciones de inseguridad”.
Motivada por los contrastes y problemas que enfrentó a su regreso, Ana Laura fundó la organización comunitaria Deportados Unidos en la Lucha, una red de apoyo en la Ciudad de México, donde no sólo limitan su trabajo con repatriados, sino con estadounidenses que han tenido que cambiar de país de residencia por sus vínculos familiares o amorosos con mexicanos.
La vulnerabilidad al regreso
De acuerdo con el informe “ Políticas multinivel para el retorno y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias”, publicado por El Colegio de la Frontera Norte, uno de los problemas que enfrentan las personas deportadas al regresar a México está en los trámites burocráticos que dificultan la gestión de documentos de identidad oficiales, lo cual a su vez complica aspectos como la búsqueda de empleo, la apertura de una cuenta bancaria o el arrendamiento de una vivienda.
“Esto es preocupante ya que se trata de una etapa del retorno que se puede caracterizar como situación de emergencia”, advierte el estudio.
Según el documento, las personas deportadas también se encuentran en vulnerabilidad al enfrentar estigmas negativos, pues llegan a recibir calificativos como ‘delincuentes’, ‘fracasados’ o ‘engreídos’. Además, al dejar de aportar remesas, dejan de ser activos económicos para el país y “pareciera que las personas retornadas pierden su valor para las autoridades”.
Otro aspecto ‘preocupante’ que vulnera los derechos de las personas deportadas es el acoso y abuso policial, así como de autoridades aduanales y educativas. Estas acciones de corrupción, extorsión y exclusión social no han podido ser erradicadas pese a esfuerzos gubernamentales como el ‘Programa Paisano’.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en agosto de 2018 que desde abril de 2017 había documentado 1,310 testimonios de mexicanos deportados que denunciaron al organismo haber sido víctimas “de malos tratos e insultos por autoridades mexicanas, se les proporcionan alimentos en mal estado, no reciben atención médica y carecen de documentos de identificación para efectuar trámites administrativos y legales”.
Contrastes binacionales y carencia de políticas
En México, tener más de 35 años de edad implica menos posibilidades para encontrar un trabajo formal, por lo cual, los deportados tienen que recurrir al autoempleo, como Gustavo Lavariega Díaz, de 44 años, quien con un estímulo económico de la Secretaría del Trabajo, se asoció con otros cuatro repatriados para poner el taller de serigrafía ‘Deportados Brand 100% Mexicano’, “un proyecto productivo que nació por la misma necesidad de readaptarnos, de reinsertarnos a la vida laboral”.
Gustavo vivió de 1999 a 2016 en el estado de Washington, donde dejó a dos hijas adolescentes, de 16 y 14 años. En su taller de serigrafía suele acordarse de su trayectoria como trabajador indocumentado en los cultivos de manzana, espárrago y uva, a lo cual no estaba acostumbrado por su origen citadino. Además, trabajó en restaurantes de comida mexicana, en donde hizo de todo: lavaplatos, cocinero y mesero, y en sus últimos años en Estados Unidos se desempeñó en el ramo de la construcción, con lo cual, podía mandar entre 150 y 200 dólares a México para apoyar a su madre.
Además del sueldo, Lavariega reconoce que un día en Estados Unidos es menos estresante que en Ciudad de México. Allá tenía tiempo de ir al gimnasio, llevar a sus hijas a la biblioteca, ir al cine e incluso el fin de semana era para más convivencia familiar; mientras que en el país que lo vio nacer, el trabajo no tiene fecha de término y a veces tiene que salir de casa todo en día para conseguir o tratar asuntos con los clientes.
Noé Felipe Rodríguez Murillo, deportado tras un proyecto de vida de 1989 a 2015 en Estados Unidos, prefirió emigrar a Yucatán (sureste de México), donde la dinámica dista del estrés urbano de ciudades como la capital, Guadalajara o Monterrey, pero además la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2018 indica que sólo el 32.5% de la población de este estado percibe inseguridad pública en la entidad, en comparación con la cifra nacional, que es de más del doble: 79.4%.
En la actualidad, trabaja para una empresa de servicio al cliente y los sábados y domingos labora en Uber para “sacar el extra de la semana”. Con su experiencia como deportado, después de 26 años en territorio estadounidense, está formando un grupo en la ciudad de Mérida. Pero además, tiene la esperanza de que en 2021 salga Donald Trump de la Casa Blanca y las cosas mejoren para los deportados, sobre todo para él, ya que del ‘otro lado’ de la frontera entre México y Estados Unidos, están sus dos hijo y sus nietos extrañándolo.
“Trump no está respetando a nadie. Está cruzando la línea del humanismo. No respeta ni a los niños. Lo vemos en las imágenes y las fotografías de hijos separados de sus familias. Esto no se había escuchado esto en gobierno anteriores”, expresa.
Cuenta que su conocimiento del inglés le ha abierto camino en México, pero que un problema recurrente es encontrar connacionales “que ven mal que nos hayamos ido de México. Y nos dicen: ‘Ahora te tienes que acomodar a lo que es México’”.
En relación a las políticas de reinserción de la población deportada, la activista Ana Laura López señala que éstas han ido de menos a prácticamente nada. Los recortes presupuestales implementados en el nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador reflejan un “desinterés” por la situación.
“Si en la administración anterior teníamos un poco de ayuda, y era también muy difícil obtenerla, en esta administración no hay nada. No les interesa el tema de la separación familiar a causa de las deportaciones. No les interesa realmente crear un programa de reintegración. Yo sí estoy muy decepcionada del gobierno mexicano, del actual y el anterior. Ya no hay presupuesto para el Fondo de Apoyo al Migrante (FAM)”, advierte.
Las deportaciones que vivieron Ana, Gustavo y Felipe coinciden justo con el perfil que describe el documento “ Los retornados: ¿Cómo responder a la diversidad de migrantes mexicanos que regresan de Estados Unidos?” (2018), destacan que el regreso de Estados Unidos a México no es un fenómeno nuevo, pero hoy día se caracteriza por: “el carácter involuntario en el regreso de un importante número de mexicanos, la heterogeneidad de perfiles migratorios, y el énfasis antinmigrante de las acciones y el discurso público de las últimas administraciones estadounidenses, particularmente la de Donald Trump”.
