La primera ley firmada por el presidente Donald Trump se centra en una de las principales prioridades de su segundo mandato: la migración.
La Ley Laken Riley ordena a las autoridades que detengan y deporten a las personas migrantes que estén acusadas —todavía sin ser condenadas— de delitos específicos, si están en Estados Unidos de manera ilegal.
El proyecto se convirtió en ley apenas transcurridos 10 días de la presidencia de Trump, y llega como parte de la política de mano dura que el presidente prometió con respecto a la frontera. En su primera semana en el cargo, Trump emitió órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales y directivas de políticas para limitar el flujo de migrantes no autorizados en el país.
Los republicanos, deseosos de ayudar a Trump a ejecutar sus medidas enérgicas, han prometido que tras la Ley Laken Riley seguirán más disposiciones para acelerar y ampliar la aplicación de las leyes migratorias, a pesar de la resistencia de los miembros de la minoría demócrata. Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado plantearon muchas preocupaciones sobre el proyecto antes de que se convirtiera en ley, diciendo que podría utilizarse para perseguir injustamente a migrantes cuyo único delito hubiera sido entrar en el país sin autorización. Pero varios de ellos la respaldaron de cualquier modo, lo que indica que los demócratas están bajo presión para recuperar terreno entre los votantes preocupados por la migración ilegal tras sus derrotas en las elecciones de noviembre.
Esto es lo que hay que saber sobre la ley.
Algunos delitos podrían ocasionar la expulsión de los migrantes que se encuentren ilegalmente en EE. UU.
La Ley Laken Riley enumera delitos concretos que podrían hacer que una persona sin autorización para estar en Estados Unidos sea detenida y deportada. Entre ellos figuran el robo con allanamiento de morada, el hurto, el robo en tiendas, la agresión a un agente de policía y cualquier delito que derive en la muerte o lesiones corporales. La ley ordena la detención de quienes sean arrestados, acusados o admitan haber cometido un delito de este tipo, sin exigir que primero sean condenados.
También otorga a los fiscales generales de los estados el derecho a demandar al fiscal general de Estados Unidos o al secretario de Seguridad Nacional si un migrante con estatus legal incierto o impugnado que esté de manera condicional dentro del país comete un delito que perjudique física o económicamente al estado o a uno de sus habitantes, si el valor del perjuicio es superior a 100 dólares.
El asesinato de Laken Riley, estudiante de enfermería de Georgia, inspiró la ley
Laken Riley, estudiante de enfermería de 22 años de la Universidad de Augusta, en Georgia, estaba trotando una mañana de febrero de 2024 cuando fue atacada y asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que había ingresado a Estados Unidos en 2022 sin autorización. Como a muchas otras personas, se le concedió un permiso temporal para permanecer en el país. Ibarra fue condenado a cadena perpetua por el crimen.
Antes de matar a Riley, Ibarra había sido arrestado en relación con un caso de hurto en una tienda, pero nunca fue detenido. La ley busca acelerar la expulsión de los inmigrantes no autorizados que estén acusados de este tipo de delitos antes de que puedan llegar a cometer otros más graves. Aun así, durante los últimos 150 años, los migrantes en general han sido menos propensos a cometer delitos que las personas nacidas en Estados Unidos, según concluyó un estudio de 2023.
Los críticos argumentan que fácilmente podrían ser atrapados quienes estén en el lugar equivocado en el momento equivocado
Dado que la ley solo exige que una persona sea acusada o imputada para su deportación, es posible, según argumentan los críticos de la medida, que los espectadores de un delito resulten perjudicados. Durante los debates en el Congreso, los demócratas argumentaron que si un grupo de personas estuviera en una tienda y una de ellas decidiera robar, la policía podría detenerlos a todos fácilmente antes de poder esclarecer los hechos. Cualquier persona de ese grupo sin autorización para estar en el país podría entonces ser objeto de deportación, aunque las autoridades determinaran al final que no había cometido ningún delito.
Varios demócratas votaron a favor del proyecto de ley, a pesar de expresar reservas sobre su alcance y costo
Los demócratas plantearon muchas dudas sobre la ley. Argumentaron que no contenía salvaguardas suficientemente sólidas para proteger a las personas que ingresaron ilegalmente al país, pero que luego han obtenido permiso para quedarse de manera temporal, como quienes han podido aplazar la expulsión por haber sido traídos a Estados Unidos de niños, o las personas originarias de países que las hacen elegibles para el estatuto de protección temporal. Los demócratas también argumentaron que la sección de la ley que permite a los fiscales generales estatales demandar al gobierno federal podría ser inconstitucional, algo que los republicanos descartaron.
Sin embargo, desde las elecciones de 2024, en las que los republicanos mantuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y ganaron el Senado y la presidencia entre promesas de mano dura contra la migración y en las fronteras, los demócratas se han visto sometidos a una enorme presión para virar a la derecha en materia migratoria.
