Bachelet Instala Comisión de Derchso Humanos Venezuela

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos anunció que dos oficiales de su oficina se quedarán en el país para «proveer asistencia y asesoría técnica» en esta materia y monitorear la situación.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dejó instalada una comisión de su oficina en Venezuela para brindar asistencia y asesoría técnica, así como vigilar la situación en esta materia, al finalizar su visita a Caracas.

La expresidenta chilena, que estuvo en la capital venezolana durante tres días, manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país suramericano y afirmó que le «duele» lo que sucede en Venezuela.

Tras escuchar los testimonios y relatos de los representantes de los poderes públicos, ministros, ONG, víctimas de «violación de derechos humanos», al líder de la oposición, Juan Guaidó, y al mandatario Nicolás Maduro, informó que alcanzó acuerdos con el Gobierno para vigilar la situación de los derechos fundamentales.

«Hemos podido alcanzar varios acuerdos (…) tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país», dijo.

Explicó que dos oficiales de la oficina de derechos humanos de la ONU se quedarán en el país caribeño para «proveer asistencia y asesoría técnica» en esta materia, pero también para monitorear la situación.

Desde hace años la oposición venezolana denunciaba la violación de los derechos humanos de la población por parte del Gobierno de Nicolás Maduro que aprovechó la visita de Bachelet para escurrir la responsabilidad que le achacan en la crisis al denunciar que la principal causa de la debacle económica del país son las sanciones extranjeras.

Sobre esta denuncia del Gobierno, la alta comisionada expresó que le preocupan las sanciones extranjeras impuestas a la Administración de Maduro porque han «exacerbado» la «preexistente crisis económica».

«A mí me duele la situación en Venezuela, me duele porque veo lo que le pasa a la gente», aseguró.

Bachelet también dijo que el Gobierno de Maduro aceptó que su equipo ingrese «a los centros de detención para poder monitorear las condiciones» en las que se encuentran y para que puedan hablar «confidencialmente» con ellos, así como permitir un acceso «más amplio a los distintos mecanismo de derechos humanos».

Expresó su deseo de que la asistencia de su equipo sirva para reforzar la «prevención de la tortura», y destacó que para ella fue «profundamente doloroso» escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos o de la «violencia política por ser partidarios del régimen» de Nicolás Maduro.

Manifestó que espera que el Gobierno de Maduro cumpla con su palabra de otorgar a su equipo acceso pleno a los detenidos, y que de no ser así lo informará.

Asimismo, llamó a la liberación de todos los que estén detenidos «por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica», y celebró la liberación de los ciudadanos Melvin Farías y Junior Rojas.

Según la ONG Foro Penal, que defiende a la mayoría de los considerados «presos políticos» de Venezuela y que se reunió anoche con Bachelet, hay casi 700 personas detenidas por causas de conciencia.

La expresidenta chilena abandonó Venezuela tras sostener un encuentro con Maduro, quien aseguró ante la prensa que se comprometió a «tomar con seriedad» las sugerencias de Bachelet «para que en el país «prime un sistema de derechos humanos cada vez más profundo, cada vez mejor, que proteja a la familia».

«Le agradezco a la doctora Michelle Bachelet por haber atendido mi invitación y haber realizado esta visita», añadió el mandatario al salir del encuentro en el que también participaron la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y la primera dama, Cilia Flores.

Mientras tanto, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, indicó que la expresidenta chilena expresó, durante el encuentro que sostuvieron, su «reconocimiento implícito y explícito de la catástrofe» que vive el país.

La visita de Bachelet estuvo marcada por reuniones privadas en las que no dio declaraciones a la prensa, sino hasta poco antes de abandonar el país.

Durante su visita, gremios sindicales, opositores, ONG y familiares de «presos políticos» protestaron en varias zonas de Caracas para pedir el respeto a los derechos humanos.

En una de esas protestas, los representantes de diversas ONG aplaudieron la creación de la comisión de la oficina de Bachelet en el país y aseguraron que las «expectativas» que tenían con la visita de la alta comisionada se cumplieron.

ONU Acusa a Nicaragua de Violaciones de Derechos Humanos

+ La represión contra los opositores al presidente Daniel Ortega desde el pasado abril es «tan alta» que obliga a los ciudadanos a huir del país

El Gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones de los derechos humanos y ha hecho la vista gorda mientras grupos armados arrestaban a los manifestantes, algunos de los cuales fueron luego violados y torturados bajo custodia, ha dicho en un informe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este miércoles. Desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega el pasado 18 de abril hasta el 18 de agosto, se ha generalizado el uso desproporcionado de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión «tan alto» ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista.

«La represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado», ha dicho en un comunicado el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein. En el informe piden que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería considerar la creación de una comisión internacional de investigación o verdad para evitar que la situación empeore. «La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza», agregó.

Los detenidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega han sido torturados con pistolas Taser, alambre de púas, golpes con puños y tubos e intento de estrangulamiento. «Algunas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, incluida la violación, y describieron las amenazas de abuso sexual como algo común. Los hombres apresados también mencionaron casos de violación, incluida la violación con rifles y otros objetos «, apunta el informe.

Después de que las protestas comenzaron en abril, las personas asociadas con el partido gobernante sandinista se movilizaron en fuerzas de choque o multitudes para atacar a los manifestantes pacíficos. «Estos tenían garrotes, palos, piedras y cascos», recoge el texto. Las Naciones Unidas también denuncia los grupos armados progubernamentales, entrenados por antiguos miembros de pandillas y soldados retirados. «Estos elementos armados están bien equipados con vehículos, equipo militar y armas, incluso con armas de alto calibre como los rifles de francotirador AK-47 y Dragunov».

Más de 300 personas han muerto y 2,000 han resultado heridas en las manifestaciones que comenzaron entre los estudiantes contra el presidente Ortega. Pese a que el pasado 20 de julio el mandatario dijo en una entrevista televisiva con Euronews que los grupos eran «policías voluntarios» en «misiones especiales» y que operaron encubiertos por razones de seguridad. La oficina de derechos humanos de la ONU ha reunido amplia información (de fuentes confidenciales y abiertas) de que los grupos partidarios del Gobierno actuaron con la aquiescencia (y a menudo de manera conjunta y coordinada) de las autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, y que actúan con total impunidad», dijo el informe.

Sobre el uso de armas, incluido rifles, entre los manifestantes, la ONU no encontró pruebas de que su violencia hubiera coordinada o planeada. Para la elaboración del informe el organismo internacional ha tenido obstáculos en su trabajo, aunque ha estado en contacto regular con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

La CIDH Otorgó Medidas a Favor de Niños Migrantes

Un nuevo golpe a la dura política migratoria de Donald Trump llega desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgó medidas cautelares a favor de los niños y niñas migrantes que fueron separados de sus familias por parte del gobierno Trump, informó hoy el organismo.
La Comisión emitió dos resoluciones, una impulsada por la petición de organizaciones nacionales de derechos humanos procedentes de México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Honduras, y otra en favor de cinco familias concretas afectadas por la separación familiar.

La Comisión insiste en sus resoluciones en que es el Estado, a través de las autoridades nacionales, el “principal responsable de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción”, y en este sentido la jurisdicción internacional es “coayudante” o “complementaria”, sin que las sustituya.

“La Comisión observó que el Estado no aportó información detallada sobre la situación específica de las personas propuestas beneficiarias y, sobre si la reunificación estaría efectivamente planificada en un corto plazo, ni sobre si existiría un cronograma o se hubiesen habilitado de manera efectiva medios de contacto”, agregó en la nota.

De esta forma la CIDH reclamó que Estados Unidos no haya solicitado detalles sobre las circunstancias particulares de las personas propuestas beneficiarias, estado de salud o condiciones de detención en que se encuentran.

“De acuerdo con la información aportada, en algunos casos podría no ser posible lograr dicha reunificación y tales niños y niñas podrían terminar siendo entregados a un patrocinador en los Estados Unidos”, alerta la comisión.

En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que los derechos a la vida familiar e integridad personal así como el derecho a la identidad de los niños y niñas, propuestos como beneficiarios, se encuentran, en principio, en una situación de riesgo.

La CIDH subraya el grave impacto que resulta a tales derechos como resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica que podría producirse como resultado de la separación definitiva en ausencia de información concreta sobre su situación y posibilidades concretas de reunificación.

En consecuencia, la Comisión solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger “los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad de las personas propuestas beneficiarias, garantizando que tales derechos sean salvaguardados mediante la reunificación de los niños y niñas con sus familias biológicas y atendiendo al interés superior de los menores.

Además insta al Gobierno estadounidense a que adopte “las medidas necesarias para garantizar en forma inmediata mientras se realiza dicha reunificación, una comunicación adecuada, libre y regular de los beneficiarios con sus familias, conforme a su interés superior”.

Además la CIDH insiste en que EEUU debe proporcionar atención médica, psicológica y demás apoyos, incluidos los de naturaleza consular, así como facilitar interpretación en los casos que resulten necesario para que las personas beneficiarias puedan tener conocimiento de sus derechos.

En el caso de que alguno de los padres hubiese sido deportado y separado así de su hijo, la Comisión insta a EEUU a “adoptar de forma inmediata las medidas necesarias en el marco de la cooperación internacional para asegurar dicha reunificación, teniendo en cuenta el interés superior del niño y los cuidados o apoyos que sean necesarios.

Asimismo, la CIDH pide a EEUU suspender todo procedimiento migratorio que tenga como consecuencia la separación de niños y de sus familias.

Estados Unidos se Retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El previsto anuncio llega un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciara la separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Nikki Haley, anunciarán el martes el retiro del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a Reuters una fuente del Gobierno en Washington.
Estados Unidos está a medio camino de su periodo de tres años como miembro del consejo de derechos humanos y ha amenazado en reiteradas ocasiones con retirarse si no es sometido a una reforma, ya que acusa a la entidad compuesta por 47 países de adoptar políticas en contra de Israel.
La Agencia Reuters reportó la semana pasada que activistas y diplomáticos dijeron que unas conversaciones con Estados Unidos en torno a una eventual reforma no habían logrado satisfacer las demandas de Washington, lo que sugiere que el país norteamericano se apresta a retirarse del consejo.
La salida de Estados Unidos constituiría el más reciente rechazo a un organismo multilateral después de su retiro del acuerdo contra el cambio climático de París y del tratado nuclear con Irán.
También marcaría la primera vez desde que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se formó en el 2006 en la que un miembro activo del organismo decide retirarse voluntariamente.
Hace un año, Nikki Haley instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a emprender una serie de cambios, entre ellos «evitar que los peores países violadores de los derechos humanos obtengan una silla».
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU también exigió que el Consejo eliminara el punto 7 de su agenda, dado que aborda exclusivamente las violaciones de derechos humanos en Israel.
El previsto anuncio llega un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciara la separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses.
Haley reaccionó vehementemente ante esa denuncia, al asegurar que «ni Naciones Unidas ni nadie más van a dictar cómo Estados Unidos defiende sus fronteras».
«Una vez más, Naciones Unidas muestra su hipocresía señalando a Estados Unidos mientras ignora el censurable historial de derechos humanos de varios miembros de su propio Consejo de Derechos Humanos», subrayó la embajadora estadounidense.
Estados Unidos está enfrentando fuertes críticas por separar a niños de sus padres inmigrantes en la frontera con México. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, pidió el lunes a Washington que pusiera fin a esta política «inadmisible».