Se Evita «Default» con Firma de Tope de Deuda

La ley que suspende el techo de la deuda había sido aprobada en el Congreso en medio de una dura resistencia y a tan solo días de que EEUU cayera en un inédito y catastrófico ‘default’. La firma del presidente Joe Biden sella finalmente el asunto que lo enfrentó con los republicanos.

El presidente Joe Biden firmó este sábado la ley que suspende por dos años el techo de la deuda y evita un ‘default’ sin precedente en la historia reciente de Estados Unidos. Con esto queda por cerrado el asunto que durante semanas lo enfrentó con los republicanos y que tuvo al mundo en vilo.

La legislación llegó al escritorio de Biden tras haber sido aprobada en el Senado en la noche del jueves y en la Cámara de Representantes el miércoles, un proceso bastante cuesta arriba que en ocasiones pareció estar al borde de descarrilarse por el duro rechazo de legisladores republicanos conservadores y demócratas progresistas que pensaban que sus líderes estaban dando demasiado.

Por qué es tan importante este acuerdo: Porque en riesgo estaban los pagos de la deuda y Estados Unidos nunca ha dejado de hacerlos en su historia reciente. Un ‘default’ selectivo hubiese desatado consecuencias que no había manera de estimar completamente. Pero todos coincidían en que hubiesen sido «catastróficas», desde la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hasta los economistas y operadores de la bolsa de valores.

Que el gobierno federal fallara en hacer así fuese un solo pago de su deuda hubiese puesto también en riesgo la calificación crediticia del país. Estados Unidos goza de la mejor calificación, la AAA, por parte de la mayoría de las agencias calificadoras. Eso significa que puede tomar prestado en las mejores condiciones posibles y que muchos países usan sus bonos como el refugio seguro en el que guardan sus reservas extranjeras.

Era vital alcanzar un acuerdo porque al gobierno también se le hubiese complicado emitir pagos con los que millones de personas en el país logran llegar a fin de mes. Esos pagos van desde los cheques del Seguro Social y para los veteranos, hasta los desembolsos de cupones de alimentos, de los reembolsos tributarios del IRS y del dinero que fluye a los proveedores de salud.
Qué contiene, en 4 claves: El acuerdo alcanzado inicialmente por Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fue resistido por legisladores de los dos partidos porque, por un lado, incluyó exigencias republicanas que rechazaban los demócratas y, por otro, mantuvo a raya cambios profundos que los republicanos más conservadores pedían para respaldarlo.

El acuerdo suspende, no eleva como tal, el techo de la deuda. El gobierno federal podrá tomar prestado el dinero que considere necesario (superando así el techo actual de $31.4 billones) sin tener que ceñirse a un límite estipulado por ley hasta al menos enero del 2025. Esto tiene un cierto matiz político, porque los republicanos pueden esgrimir que técnicamente no dieron luz verde a un mayor endeudamiento.

El pacto limita el gasto discrecional hasta 2025, aunque no en la magnitud que querían los republicanos: permanecerá estable en 2024 y crecerá muy levemente en 2025. La oficina de presupuesto del Congreso estima que ello reducirá el déficit presupuestario en $1.5 billones (trillion en inglés) en la próxima década, bastante por debajo de los más de $4 billones que buscaban los republicanos. El gasto militar y en los veteranos queda exento de los recortes presupuestarios.

La ley endurece los requisitos para acceder a la ayuda del programa SNAP o de cupones de alimentos como pidieron los republicanos. A partir de octubre próximo, más adultos que reciben esta ayuda deberán evidenciar que trabajan al menos 80 horas al mes. En una primera fase que arranca en octubre, las personas entre 50 y 52 años tendrán que cumplir con este requisito. En una segunda fase que inicia en el otoño del 2025 se incluirá a las personas de 53 y 54 años.

Se recorta el dinero que se programaba enviar al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), en parte para que pudiese arreciar la lucha contra los evasores de impuestos. Esto era algo que también pedían los republicanos y resistían los demócratas. Y que según la oficina de presupuesto del Congreso tendrá como resultado un menor ingreso de dinero por el pago de impuestos que, a la larga, resultará en un mayor déficit presupuestario.

Cámara se Prepara Para Aprobar Cheque de Ayuda

El proyecto de ley será votado hoy y luego irá al despacho del presidente Joe Biden para que lo firme.

El plan de estímulo con cheques de $1,400 para la mayoría de estadounidenses se encuentra en la Cámara de Representantes donde se espera que sea aprobado hoy en una votación donde los demócratas impondrán su mayoría.

Una vez aprobado, el proyecto de ley irá al despacho del presidente Joe Biden para que lo firme.

Días después, el gobierno comenzará a enviar por medio del IRS los pagos de $1,400 a los contribuyentes, además de poner en marcha otros beneficios, incluidos los de desempleo.

Un exhausto Senado aprobó el sábado por estrecho margen un plan de ayuda económica de $1.9 billones ante la pandemia de COVID-19, una victoria que el presidente Biden y sus aliados demócratas consideran crucial para rescatar al país del estancamiento económico.

Después de trabajar toda la noche sobre numerosas enmiendas —casi todas republicanas y rechazadas— los somnolientos senadores aprobaron el paquete por 50 votos contra 49, en conformidad con las posturas de sus partidos.

El enorme paquete, cuyo costo representa casi la 10ma parte de la economía de Estados Unidos, es la prioridad de Biden en el inicio de su presidencia.

Representa su fórmula para enfrentar al virus letal y atender la economía desfalleciente, una doble crisis que aqueja al país desde hace un año.

“Esta nación ha sufrido demasiado por mucho tiempo”, declaró Biden a la prensa en la Casa Blanca al término de la votación. “Y todo en este plan está diseñado para aliviar el sufrimiento y atender las necesidades más urgentes de la nación, y posicionarnos mejor para prevalecer”.

La votación del sábado también constituyó un momento político crucial para Biden y los demócratas, que necesitaron la unanimidad al interior del Senado en el que ocupan el mismo número de escaños que los republicanos, 50-50, y la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto de desempate.

En la Cámara de Representantes, los demócratas tienen una leve ventaja de 10 votos.

Ningún republicano apoyó el proyecto de ley en el Senado ni cuando fue aprobado inicialmente en la Cámara Baja, poniendo de relieve el crispado ambiente partidista que ha caracterizado los primeros días de la presidencia de Biden.

Un reducido número de demócratas moderados, pero cruciales, introdujo cambios en la legislación que enfurecieron a los progresistas, lo que contribuyó a que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, consiguiera a duras penas sacar la medida en esa instancia legislativa.

Sin embargo, el rechazo a la primera medida de los demócratas que debe firmar el presidente no era una opción para ellos, que encabezarán durante dos años un Congreso prácticamente sin margen de error.

En una señal importante, la presidenta del Caucus Progresista de la Cámara de Representantes, que representa a unos 100 progresistas en esa instancia, describió la atenuación de algunas provisiones en el Senado como “una política mala y hacer mala política” pero también como “concesiones relativamente menores”.

La representante demócrata Pramila Jayapal, de Washington, dijo que la iniciativa conservó su “audaz núcleo y elementos progresistas”.

“Sienten lo mismo que nosotros, tenemos que hacer esto”, subrayó el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, en referencia a la Cámara Baja. Agregó que “no va a ser todo lo que todos quieran. Ninguna iniciativa lo es”.

En un comunicado, Pelosi invitó a los republicanos a que “se sumen a nosotros en reconocer la devastadora realidad de este virus y crisis económica, atroces, y la necesidad de adoptar acciones decisivas”.

El paquete incluye pagos directos de $1,400 a casi todos los estadounidenses y prestaciones prolongadas para los desempleados.

También hay amplios recursos para vacunas y pruebas contra el COVID-19, los estados y las ciudades, las escuelas, las industrias en problemas, además de exenciones impositivas para ayudar a personas de menores ingresos, familias con hijos y a los consumidores para que compren seguros médicos.

Pero los republicanos consideraron la medida un despilfarro a favor de los aliados progresistas de los demócratas, dado que ignora, afirman, los recientes indicios de que se están superando la pandemia y los problemas de la economía.

“El Senado jamás ha gastado 2 billones de dólares en una manera más desordenada”, recalcó el líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, de Kentucky. Señaló que para los demócratas la “gran prioridad no era la disminución de la pandemia. Era su lista de deseos en Washington”.

Biden Firma Decreto Para Reunir a Familias de Migrantes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó tres decretos este martes que apuntan a las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor y tratan de rectificar sus consecuencias. Las medidas incluyen establecer un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los últimos decretos se basan en las acciones tomadas durante los primeros días de Biden en el cargo. Y comienzan a proporcionar una imagen más clara de las prioridades de inmigración de la administración.

«No estoy haciendo una ley nueva, estoy eliminando las malas políticas», dijo Biden en la Casa Blanca, sobre la serie de decretos que firmó. En el evento lo acompañó la vicepresidenta Kamala Harris. También, el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

«Se trata de cómo Estados Unidos es más seguro, más fuerte y más próspero cuando tenemos un sistema de inmigración legal justo, ordenado y humano», añadió el mandatario.

¿A qué apuntan los decretos de Biden sobre inmigración?

Los decretos firmados este martes apunten en gran medida a revisar políticas y no tienen un impacto inmediato. Lo que preocupa a activistas y abogados de inmigración que luchan por encontrar respuestas sobre el futuro de los inmigrantes sujetos a las políticas de la era Trump.

Alida García, vicepresidenta de defensa de FWD.us, le dijo a CNN que estaba entusiasmada con los anuncios del martes. Sin embargo, señaló que también hay «frustración sobre la urgencia que existe para que los proveedores de servicios tengan claridad en su capacidad para asesorar a las personas en situaciones de vida o muerte».

«Esperamos escuchar pronto más logística dura», agregó.

Horas después de comenzar su presidencia, Biden tomó medidas para deshacer rápidamente muchas políticas de la administración de Trump. Lo hizo a través de acciones ejecutivas. También envió un proyecto de ley de inmigración al Congreso. Pero su administración ya enfrenta obstáculos legales para implementar esas políticas. La semana pasada, por ejemplo, un juez federal bloqueó temporalmente la pausa de 100 días de Biden en las deportaciones, mientras el caso avanza.

El Senado votó 56-43 este martes para confirmar a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional. Es el primer latino e inmigrante liderar el departamento.

Crear un grupo de trabajo para reunificar familias: una apuesta de Biden en inmigración

Durante su campaña presidencial, Biden se comprometió a establecer un grupo de trabajo para identificar y reunificar a familias separadas en la frontera entre México y Estados Unidos. A cientos de niños los separaron de sus padres bajo la polémica política de «tolerancia cero» de la administración de Trump. El nuevo grupo de trabajo se deriva de esa promesa.

El grupo de trabajo estará presidido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Además, trabajará en todo el gobierno de EE.UU., junto a socios, para hallar a los padres separados de sus hijos durante la administración anterior. CNN informó previamente que se espera que la primera dama, Jill Biden, tenga un papel activo en el grupo de trabajo.

El equipo se encargará de identificar a todos los niños separados de sus padres o tutores legales en la frontera sur. Así como de facilitar y permitir la reunificación de los menores con sus familias. Además de proporcionar informes periódicos al presidente, incluido uno con recomendaciones.

Las consecuencias de la política de «tolerancia cero» que llevó a la separación de miles de familias todavía se sienten actualmente. Los abogados no pueden comunicarse con los padres de 611 niños a quienes funcionarios fronterizos separaron de sus padres entre 2017 y 2018. Esto según la última presentación judicial en un caso de separación familiar en curso.

Una «mancha» en la reputación del país

«La administración de Biden está comprometida a remediar este terrible daño que la administración de Trump infligió a las familias», dijo un alto funcionario del gobierno. La fuente calificó la política de Trump como un «fracaso moral» y una «vergüenza nacional».

Biden calificó esta política de ser una «mancha» en la reputación del país.

«Por la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, reuniremos a estos niños. Y restableceremos nuestra reputación de ser un refugio para las personas necesitadas», señaló.

El Departamento de Justicia también rescindió oficialmente la política la semana pasada. Lo hizo a través de un memorándum a los fiscales federales, a pesar de que ya había terminado.

Los casos de familias separadas se examinarán de forma individual para determinar los próximos pasos. «El objetivo del grupo de trabajo es en primer lugar identificar. Pero, también, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden reunirse las familias, tomando en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración», dijo el funcionario.

Abordar las causas fundamentales de la migración

Este decreto se centra en brindar apoyo a Centroamérica para detener el flujo de migrantes a la frontera de México y Estados Unidos. Además de brindar otras vías para migrar a Estados Unidos sin viajar al norte.

El gobierno planea proporcionar ayuda a la región para apoyar iniciativas que combatan la corrupción. Adicionalmente, revivir el programa de menores centroamericanos que había sido terminado por Trump y permite que ciertos jóvenes en riesgo vivan en Estados Unidos, según un alto funcionario del gobierno.

El Departamento de Seguridad Nacional también recibirá instrucciones para revisar la política de la era Trump que exige a los migrantes no mexicanos permanecer en México hasta la fecha de su audiencia en la corte de inmigración en Estados Unidos. La política, conocida informalmente como «Permanecer en México», ha dejado a miles de solicitantes de asilo esperando en medio condiciones peligrosas y deplorables en la frontera.

El gobierno de Biden ha suspendió las nuevas inscripciones en el programa. Sin embargo, no ha revelado sus planes para atender a los miles de migrantes que aún esperan en México. La administración solo ha dicho que serán tenidos en cuenta a medida que se implementan nuevos sistemas.

«La situación en la frontera no se transformará de la noche a la mañana», dijo un alto funcionario del gobierno. «Esto se debe en gran parte al daño causado en los últimos cuatro años. Pero estamos comprometidos a abordarlo en su totalidad».

El decreto también pide una serie de acciones para restaurar el sistema de asilo, que cambió drásticamente en los últimos cuatro años y dificultó enormemente que los migrantes obtengan asilo en Estados Unidos.

Revisión del sistema de inmigración legal, otra de las medidas que firmó Biden

Este decreto busca promover la integración e inclusión de inmigrantes, según la Casa Blanca. También restablecer un Grupo de Trabajo para Nuevos Estadounidenses.

Al igual que los otros dos decretos, también apunta a revertir las políticas de la era Trump que se dirigían a los inmigrantes de bajos ingresos. Entre ellas, el llamado a una revisión de la regla de carga pública que hace que sea más difícil para los inmigrantes obtener un estatus legal si usan beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda.

El decreto también comienza una revisión del proceso de naturalización para agilizarlo y hacerlo más accesible, según un alto funcionario del gobierno.

Biden firmará órdenes sobre inmigración que incluyen reunificación de familias separadas en la frontera

El presidente Joe Biden firmará en las próximas horas varias acciones ejecutivas que apuntan a revisar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ heredada de su antecesor, Donald Trump.

El presidente Joe Biden firmará en las próximas horas varias acciones ejecutivas que apuntan a desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ heredada de su antecesor, Donald Trump.

Las acciones, que se espera que sean firmadas por Biden esta tarde cerca de las 5 pm ET, ordenarán una revisión de políticas implementadas en los últimos cuatro años para disuadir la inmigración indocumentada a lo largo de la frontera, medidas que afectaron severamente la política de asilo aprobada por el Congreso.

La política de Trump también afectó la inmigración legal.

Otra de las medidas que anunciará Biden incluye la creación de un grupo de trabajo de seguridad nacional para reunir a las familias separadas forzosamente en la frontera cuando venían en busca de asilo.

Oficialmente el programa se llevó a cabo entre principios de mayo y el 20 de septiembre de 2018 afectando a un total de 2,654 familias. Pero de acuerdo con informes del propio gobierno de Trump, las separaciones comenzaron en abril de 2017 y el número total de familias afectadas asciende a varios miles.

Un reporte del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fechado en enero de 2019 reveló que el gobierno no tenía un protocolo ordenado para separar y tampoco para reunificar a las familias.

Qué dice la Casa Blanca

La Casa Blanca dijo el lunes en horas de la tarde que los decretos que firmará el presidente buscan «reformar nuestro sistema de inmigración manteniendo unidas a las familias, abordando las causas fundamentales de la migración irregular y simplificando el sistema de inmigración legal».

La nota de prensa añade que el gobierno Biden-Harris, además, anunciará la creación de «un grupo de trabajo de reunificación familiar», que velará por la ubicación y reunificación de todas las familias afectadas por las separaciones forzadas llevadas a cabo por el gobierno de Trump en la frontera con México.

Las órdenes ejecutivas que firmará el mandatario también apuntan a encontrar soluciones regionales al tema de la inmigración irregular, trabajando en conjunto con los gobiernos de Centroamérica y México.

El viernes de la semana pasada la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, a quien Biden nombró para dirigir la política migratoria en la frontera, anticipó que las órdenes apuntan a establecer una línea de trabajo compartida entre Estados Unidos y los países desde donde se genera la inmigración hacia el norte, atacando las causas que motivan la huida cada año de miles de personas en busca de asilo y/o mejores oportunidades de vida.

La Administración dijo que el 20 de enero, día de la toma de posesión, el mandatario “dio los primeros pasos en un amplio esfuerzo gubernamental” y envió al Congreso los lineamientos de lo que se convertirá en una propuesta de ley que incluirá “un camino hacia la ciudadanía para los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y contribuyen a nuestro país”.

El plan, a cargo del senador Bob Menéndez, está siendo redactado y sería presentado la tercera semana de febrero, según dijo la semana pasada el propio legislador de Nueva Jersey en una conferencia telefónica con periodistas.

El proyecto se basa en la iniciativa S.744 que el Senado aprobó el 27 de junio de 2013 y luego fue desestimado por la Cámara de Representantes, en ese tiempo controlada por los republicanos.

El plan incluye una residencia temporal por cinco años para indocumentados que carecen de antecedentes criminales y pagan impuestos. Al término de ese plazo podrán pedir la residencia permanente (Green Card) y tres años más tarde calificarán para la ciudadanía.

Dreamers, inmigrantes amparados por un Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores esenciales calificarán inmediatamente para la Green Card, indica el plan de Biden.

‘No vengan’

Mientras el gobierno avanza en la reforma del sistema migratorio, la Casa Blanca reitera que la situación en la frontera se mantiene y advirtió a los inmigrantes que vienen en busca de asilo, o están pensando iniciar el viaje desde sus países de origen, que no lo hagan porque la situación “no ha cambiado”.

El viernes, Jacobson insistió en que “ahora no es el momento de llegar” e indicó que “los procedimientos para entrar a Estados Unidos no van a cambiar de un día para otro y el viaje es especialmente peligroso en medio de una pandemia”.

La embajadora añadió que el gobierno de Biden “está comprometido con un procedimiento de frontera justo, ordenado y humano, pero eso va a tomar tiempo para que ocurra”.

La Casa Blanca dice que la estrategia del presidente “se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y próspero con un sistema de inmigración justo, seguro y ordenado que da la bienvenida a los inmigrantes y mantiene unidas a las familias”.

En cuanto al grupo de trabajo que se encargará de las familias separadas forzosamente durante el gobierno de Trump, la Casa Blanca dijo que esta instancia “hará recomendaciones al presidente y las agencias federales sobre los pasos que pueden tomar para reunificarlas”.

«Además, el grupo de trabajo informará periódicamente al presidente y recomendará medidas para evitar que vuelvan a ocurrir tales tragedias», apuntó.

Inmigración legal

En cuanto a la inmigración legal, las ordenes ejecutivas que emitirá Biden incluyen la implementación de un plan basado en tres partes para garantizar, señala, “una migración segura, legal y ordenada en la región”.

“En primer lugar, la Administración abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente expulsa a los migrantes de sus hogares”, explica.

“En segundo lugar, el gobierno colaborará con socios regionales, incluidos gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro para reforzar la capacidad de otros países para brindar protección y oportunidades a los solicitantes de asilo y migrantes más cercanos a sus hogares”.

Finalmente, el plan señala que “el gobierno garantizará que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales hacia los Estados Unidos”.

El secretario del DHS revisará el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y hará recomendaciones al presidente.

Fuente: JORGE CANCINO

Exfuncionario del ICE Falsificó la Firma de un Inmigrante Para Deportarlo

Una corte federal en Seattle, en el estado de Washington, ha admitido este martes la apelación presentada por Nortwest Inmigrant Rights Project, organización por los derechos de los inmigrantes, que abre el camino para juzgar a un exfuncionario de ICE que falsificó la firma de un mexicano en un documento de deportación.

El texto de la apelación señala que en 2009, el exfuncionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jonathan Love, falsificó la firma del mexicano Ignacio Lanuza en un documento en el que el inmigrante aceptaba su deportación voluntaria. Los abogados de esta organización descubrieron el fraude cometido por Love, un abogado que ejercía de asistente del consejero principal en ICE y que ahora enfrenta una demanda por daños y perjuicios. Tras el hallazgo, un juez de inmigración le otorgó al indocumentado Ignacio Lanuza, que ahora es obrero de construcción, el estatus de residente permanente con el que puede permanecer en el país junto a su esposa y dos hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Love fue sentenciado a un mes de prisión en 2016 y a pagar al mexicano 12,000 dólares para abonar los honorarios de los abogados.

Un grupo de tres jueces de la corte federal de apelaciones en Seattle ha revocado este martes por unanimidad una decisión previa de un juez que desestimó un reclamo civil de Lanuza y señaló que éste puede exigir daños y perjuicios. «Si no se pone remedio a una violación constitucional tan atroz, se tentará a otros a hacer lo mismo, lo que se opondría a nuestro mandato de hacer cumplir la constitución», ha dicho en un comunicado este martes la magistrada que ha aceptado la apelación, Kim McLane Wardlaw.

La organización Nortwest Inmigrant Rights Project ha celebrado la decisión de la corte. «Hoy recibimos una gran noticia sobre nuestro caso contra Jonathan Love, un funcionario corrupto de ICE que falsificó la firma de nuestro cliente en un documento, en un intento de hacerlo inelegible para la cancelación de la deportación», según dice un mensaje su cuenta de Twitter.