Becas Para Indocumentados

Ofrecen becas universitarias para indocumentados hasta por $37,000

La organización TheDream US busca entregar ayudas a unas 1,500 personas. La fecha límite para presentar la solicitud es el 22 de febrero.

Una organización de apoyo a jóvenes inmigrantes recordó que aún hay tiempo para solicitar becas universitarias para el año académico 2022-2023.

TheDream US es el programa que en esta oportunidad busca incrementar hasta en un 50% el número de favorecidos con las becas y llegar a unos 1,500 becados.

Estas becas benefician a jóvenes inmigrantes que llegaron al país antes del 1 de noviembre de 2016 y antes de que cumplieran 16 años. La fecha límite para presentar la solicitud es el 22 de febrero.

Esto incluye a alumnos indocumentados.

The Dream US tiene convenios con más de 70 universidades en 21 estados y Washington DC.

La organización ofrece dos tipos de becas, la Nacional y la de Oportunidad. La primera está dirigida a quienes atienden la universidad por primera vez y cubre hasta $37,000 para una carrera de pregrado.

Las universidades que califican para estas becas son la de Houston, San Antonio College, Texas A&M University San Antonio, University of North Texas at Dallas, University of Texas at El Paso y University of Texas Rio Grande Valley.

Para ver los requisitos del programa y demás detalles puedes hacer clic aquí.

El caso del indocumentado que lleva más de 25 años en EEUU y ahora está al borde de la deportación

Un inmigrante de origen mexicano que entró indocumentado a Estados Unidos en 1996, fue detenido el año pasado en Texas bajo el presunto cargo de tráfico de personas. Un año después y al borde de ser expulsado, insiste en que es inocente y pide al gobierno su liberación porque no se trata de una prioridad de deportación.

Un inmigrante de origen mexicano que lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos y alega que no tiene antecedentes criminales, podría ser deportado si el juez que lleva su caso desestima los alegatos presentados por su abogada.

Juan Reyna, de 48 años, fue arrestado el 14 de enero del año pasado en las cercanías de San Antonio, Texas, junto a otros cinco trabajadores cuando viajaban a bordo de un vehículo.

El Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), organización que lleva su caso, demanda su inmediata liberación porque el caso Reyna, asegura, no está dentro de las prioridades de deportación del gobierno.

«Cuando el inmigrante fue detenido las autoridades lo señalaron de transportar indocumentados», dijo una fuente de la organización. Pero un alño después el cargo no aparece, dice su abogada.

“Juan Reyna fue arrestado hace dos años mientras iba camino a su trabajo con otros indocumentados en su camioneta. Cuando el vehículo fue parado por la policía tenia más personas inmigrantes en el interior. Lo hicieron pasar como un aparente caso de tráfico de personas”, agregó la organización.

“Todos quienes iban con él en ese momento se dirigían al mismo lugar donde trabajaban. El gobierno lo acusa de traficar personas y lo considera como un riesgo para el púbico. Pero no fue la situación exacta por la que fue arrestado ni para que le formularan esos cargos. Es la narrativa que están utilizando para que sea deportado”, precisó RAICES.

“No soy un criminal”

Reyna defiende su inocencia y rechaza la presunta acusación de tráfico de personas. El inmigrante mexicano llegó a Estados Unidos en 1996 luego de cruzar el río Bravo, y actualmente permanece en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Pearsall, cerca de Austin, Texas.

Durante todo el tiempo que ha permanecido en el país Reyna no ha parado de trabajar. Antes de ser detenido tenía dos empleos, uno como carpintero y otro como soldador, se lee en un reportaje de la agencia France Press (AFP).

Con el fruto de su trabajo se compró una casa y se convirtió en el padre de los hijos de su esposa, Guadalupe, quienes tienen 13 y 9 años.

«No soy un peligro para la sociedad. No soy una amenaza para este país», le dijo a por teléfono a un corresponsal de AFP. «Lucho por salir adelante. He trabajado por este país que me ha dado muchas cosas”, agregó.

Qué dice su abogada

La defensa de Reyna dijo a Univision Noticias que este jueves (27 de enero) se llevará a cabo una nueva audiencia del caso donde volverán a pedirle al juez que lo deje en libertad.

A la pregunta sobre la acusación que le imputa el gobierno a su cliente, la abogada Kathrine Russell, de la organización RAICES, dijo que “el único cargo que ha puesto el gobierno es el delito civil de entrar a Estados Unidos sin papeles”, una falta que no se encuentra dentro de las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden.

Cabe señalar que la permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de caracter civil no criminal.

En cuanto al pregunto cargo de tráfico de personas por el que Reyna fue detenido y privado de libertad, y los pasos de la defensa para conseguir que el gobierno desestime ese cargo y pueda salir de la lista de prioridades de deportación, Russell dijo que “eso no queda muy claro en este momento».

«Hemos intentado muchísimas maneras de pedir la libertad de Juan, incluso hemos mandado más que 2500 cartas a ICE de gente por todo el país exigiendo que le suelten, y también hemos puesto una demanda en la corte federal, pero hasta este momento nada ha servido. Mientras tanto, tenemos planes de apelar la decisión del juez de inmigración ordenando su deportación”.
Por último, en caso de que el gobierno no cambie de opinión sobre este caso, la abogada dijo que “seguiremos con la apelación de la deportación y también con la demanda federal. Si estas (instancias) no sirven, lo mas probable es que él va a ser deportado a México directamente del centro donde se encuentra sin tener oportunidad de despedirse o abrazar a su esposa y sus hijastros”.

“Bajo las leyes de inmigración actuales, el no tendría ninguna manera de volver legalmente a este país por los menos por 10 años”, preciso Russell.
Raices dijo además que, a la fecha, el gobierno “absolutamente nada, nunca ha puesto ningún cargo criminal teniendo que ver con esta acusación (de presuntamente haber traficado personas). Este hombre ha pasado mas de un año detenido solo por estar indocumentado», agregó.

Delito grave

En caso de que a Reyna lo procesen bajo el presunto cargo de tráfico de indocumentados, abogados consultados por Univision Noticias señalaron que se trata de un asunto criminal grave.

“Es un cargo serio”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si la persona enfrenta este tipo de cargo criminal, ni siquiera de inmigración, y es condenada, puede pasar tiempo en una cárcel o le dan tiempo cumplido y luego es deportada de Estados Unidos”.

“Este cargo cae dentro de las prioridades de deportación vigentes. Si la persona es convicta, no hay chance alguna de permanecer en el país”, agregó.
Por su parte, Jaime Barrón, un abogado que ejerce en Dallas, Texas, dijo que este tipo de cargo “es súper serio. Una acusación de trafico de humano claramente es un cargo criminal severo por el cual puede pasar tiempo en cárcel y luego deportación”.

“Y si alguna vez vuelve a entrar al país sin permiso, será castigado por un acto criminal. La única manera de evitarlo es tener evidencia suficiente que demuestre que de la acusación que le formularon al arrestarlo es falsa”, precisó.
RAICES insistió en que Reyna es inocente y que el día que fue arrestado iba con otros compañeros también indocumentados al lugar donde trabajaban.

Univision Noticias preguntó a ICE sobre los cargos presentados contra Reyna. La agencia federal respondió por medio de un correo electrónico indicando que “los procedimientos judiciales en este caso están en curso, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no comenta sobre litigios pendientes”.

Fuente: JORGE CANCINO

A partir de hoy ningún inmigrante podrá ser deportado solo por estar indocumentado

Desde este lunes 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) podrá ser deportado por no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos, de acuerdo con el reglamento publicado a finales de septiembre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

A partir de este lunes 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) podrá ser deportado por ser indocumentado (no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos) de acuerdo con el reglamento.

Publicado en el Registro Federal el 29 de septiembre, la norma otorgó un plazo de 60 días para el comentario público en cumplimiento con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

“Ese plazo vence hoy, por esa razón a partir de este día oficialmente ningún extranjero podrá ser deportado sólo por ser indocumentado”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
Gálvez dijo que la espera de 60 días para la entrada en vigor del nuevo reglamento de nuevas prioridades de deportación “evita demandas por parte de detractores de la política de Biden, quienes insisten en restablecer la política migratoria de ‘tolerancia cero’” que entre enero de 2017 y enero de 2021 criminalizó la estadía indocumentada.

La regla de Biden para deportación de indocumentados

Las nuevas prioridades de deportación fueron anunciadas en enero, pero un juez de distrito de Texas las detuvo en agosto en respuesta a una demanda entablada por los estados de Luisiana y Texas, quienes alegaron que la política migratoria de Biden violaban la APA.

Pero en septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito halló que el gobierno federal había demostrado que, probablemente, tendría éxito en su apelación basándose en el hecho de que la orden judicial emitida en agosto limita a los funcionarios a depender de prioridades de directivas para decisiones que no están relacionadas con las detenciones.

“El gobierno tiene potestad para tomar las prioridades sobre a quien van a detener y a quien no”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“Ley de 1996 nunca determinó que ICE tenía la capacidad para determinar prioridades, es una competencia del gobierno”, apuntó.

El panel dijo además que “no vemos una justificación sólida para concluir que la ley de Inmigración de 1996 (Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996) anula la tradición arraigada de discreción en la aplicación cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto a los procedimientos de arresto, detención y deportación».

Las prioridades de deportación de Biden

Para DHS, los indocumentados detenidos en la frontera después del 1 de noviembre del 2020 o que están indocumentados en el país y no demuestren que están en territorio estadounidense antes del 1 de noviembre del año pasado o tienen una orden de deportación vigente, están dentro de las prioridades de deportación.

Eso significa que, si los detienen o caen en manos de los agentes del servicio de inmigración o de policías que colaboran con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), lo más probable es que el gobierno inicie un proceso de expulsión del país.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES DE DEPORTACIÓN DEL GOBIERNO

En enero el DHS anunció, con efecto inmediato, cuatro categorías de prioridades de deportación, siendo estas:

· Prioridad 1. Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:

o Él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas;

o Él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o

o Su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

· Prioridad 2. Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:

o Fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o

o él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.

· Prioridad 3. Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si:

o Representa una amenaza para la seguridad pública y;

o Él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o

o Ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.

Las excepciones
Las prioridades, además, establecen que:

PRIORIDADES DE DEPORTACIÓN

EXCEPCIONES
· Los agentes deben evaluar si el no ciudadano “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública», así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” cometida por el extranjero antes efectuar una deportación;

· También deben considerar factores atenuantes, tal como circunstancias familiares, factores médicos y de salud, vínculos con la comunidad, evidencia de rehabilitación, y si el individuo tiene disponible ayuda migratoria potencial;

· Los agentes también deben basar sus conclusiones sobre la participación intencional en un crimen organizado, pandilla u organización delictiva transnacional sobre la base de pruebas fiables y consultar con otras agencias federales involucradas para llegar a esta conclusión;

· Los agentes deben prestar especial atención en los casos que involucran a no ciudadanos que son ancianos o que padecen una enfermedad física o mental grave.

· Las órdenes de deportación deben tener una razón de peso.

Tenga listo un Plan B

Pero a pesar de las prioridades, Gálvez dice que “aquellos inmigrantes que han cometido errores y temen ser detenidos y puestos en proceso de deportación, deben tener listo un Plan B en caso deban utilizarlo para batallar por sus permanencias en Estados Unidos”.

“Aunque haya cometido delitos, las prioridades indican que el DHS analizará la totalidad de los antecedentes de un inmigrante antes de colocarlo en deportación. Pero para salir airoso en este proceso, el indocumentado debe ayudarse a sí mismo aportando toda la información posible que permita inclinar la balanza a su favor”, agregó.

Gálvez citó una serie de factores favorables que considera el DHS en un caso de deportación, entre ellos:

Años de permanencia en Estados Unidos (antes del 1 de noviembre del 2020;
Matrimonio;
Pago de impuestos;
Hijos; y
Recomendaciones.
“Pero, sobre todo, ante cualquier duda, hable con un abogado. En estos casos delicados el indocumentado que tenga antecedentes criminales debe buscar consejo legal pata luchar por sus derechos de permanencia”, precisó.

Fuente JORGE CANCINO

Corte Suprema estudia reactivar cláusula que castiga a quien ayude a un indocumentado a venir o a quedarse en EEUU

La cláusula se incluía en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code), que establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos orales de abogados defensores y detractores de una clausula de la Ley de Inmigración (INA) suspendida en 2018 que castiga a quienes brinden ayuda o asistencia a extranjeros indocumentados para venir y/o quedarse en Estados Unidos.

“Va a ser muy difícil poder implementarla si es que el máximo tribunal de justicia decide reactivar la cláusula”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Porque deberá determinar cómo se aplicará, cómo se determinará cuando una persona a sabiendas, está ayudando o tuvo la intención de ayudar a venir a un extranjero de manera indocumentada. Eso será muy difícil y confuso”, apuntó.

En diciembre de 2018 un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anuló la cláusula que castigaba una amplia gama de declaraciones relacionadas con la inmigración indocumentada.

La revocación

Los jueces revocaron una sentencia emitida en 2010 contra Evelyn Sineneng-Smith, quien fue declarada culpable de fraude después de que los fiscales dijeran que falsamente dijo a inmigrantes que podían obtener la residencia permanente bajo un programa que ella sabía que había expirado.

El fallo estableció que animar o inducir a un indocumentado a permanecer en Estados Unidos no pude ser utilizado como argumento para criminalizar a una persona, e indicó que la provisión afectaba la Primera Enmienda de la Constitución al penalizar una expresión.

La cláusula se incluía en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code), que establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.

La ley había convertido en un crimen grave el que las personas alienten a un inmigrante a ingresar o vivir en Estados Unidos si sabían de antemano que el individuo que recibe el consejo lo hacía ilegalmente.

La apelación

El gobierno apeló el año pasado el fallo de la Corte de Apelaciones. Le pidió a la Corte Suprema que revise la sentencia con el propósito de activar la cuestionada sección, y poder castigar a personas, como dice la cláusula suspendida, que den asistencia a indocumentados para venir y quedarse en el país.

En sus argumentos, el Departamento de Justicia alegó que la ley federal penaliza el albergar, transportar y ocultar indocumentados no ciudadanos, además de sancionar el ayudar, incitar y conspirar para cometer tales delitos.

Pero los abogados advierten que la definición de “ayudar” es demasiado amplia, e incluso podría ser malinterpretada y afectar un enorme segmento de población, “entre ellos ciudadanos estadounidenses casados con indocumentados”, indica Gálvez.

“Para determinar si constituye falta o crimen el tratar de ayudar o asistir a una persona indocumentada, hay que estar consciente que se va a aplicar de una misma manera a todos y no solo a unos pocos en la frontera”, agrega.

Gálvez señala además que “la Corte también deberá tener en cuenta qué sucederá en el caso de una persona que va manejando su carro y lleva a bordo a compañeros de trabajo. O a su esposa, sus hijos indocumentados. O si le rentó una propiedad a alguien y resulta que esa persona no tiene papeles. ¿Cómo sabrá el gobierno que lo hizo a propósito? ¿Y si resulta que el matrimonio es legal y están casados por amor y no lo hicieron con el propósito de violar la ley?”, preguntó.

“Como le digo, será muy difícil resolver este dilema. Porque cuando una persona comete un delito, tiene que probarse o reconocer ella que esta cometiendo un crimen”.

Medida controversial

Para el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, “si el máximo tribunal de justicia reactiva la cláusula, la ejecución de la medida podría incluso castigar a personas inocentes que de buena fe ayudaron o asistieron a un extranjero y enfrentar cargos criminales”.

“Lo que se debatió en el 2018 ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito fue que estas personas (el caso Evelyn Sineneng-Smith) no hicieron nada incorrecto”, agregó.

Guerrero dijo además que “si la Sección vuelve, afectará también a familiares que obtuvieron la residencia y deben salir de Estados Unidos para realizar el trámite consular. En la entrevista los agentes pueden determinar que el familiar residente o ciudadano los trajo de manera ilegal y les formulará cargos criminales por contrabando de personas”.

“Se trata de una revisión clave que puede tener muchas consecuencias negativas para la comunidad inmigrante”, agregó Guerrero.

Daños colaterales

El reglamento suspendido en 2018, por ejemplo, “haría ilegal que una abuela inste a su nieto a ignorar los límites de su visa al alentarlo a permanecer en Estados Unidos”, dijo el juez A. Wallace Tashima a The Associated Press en aquella ocasión.

Además, agregó, un discurso dirigido a una multitud que aliente a todos en el país a permanecer ilegalmente, también podría llevar a un proceso penal, añadió Tashima. «Criminalizar expresiones como esta, amenaza a casi cualquiera que esté dispuesto a participar en el debate», dijo.

Sineneng-Smith operaba una consultora de inmigración en San José, California, y sus clientes eran casi en su totalidad nativos de Filipinas. La mayoría de ellos solicitaron autorización para trabajar y un ajuste de estatus a residente legal permanente.

El problema fue que el proceso de Certificación Laboral había expirado el 30 de abril de 2001 y todos aquellos inmigrantes que llegaron al país después del 20 de diciembre del 2000 no fueron elegibles para recibir la residencia legal permanente a través del programa.

El programa se conoce como Sección 245(i) de la Ley de Inmigración y fue activado al término del gobierno de Bill Clinton, entre el 20 de diciembre de 2000 y el 30 de abril de 2001. El plan benefició a unos 640,000 indocumentados, la mayoría originarios de México quienes ajustaron sus estados de permanencia por medio de peticiones familiares y laborales.

Sineneng-Smith sabía que el programa había expirado. Ella, sin embargo, continuó firmando y cobrándole a sus clientes -entre 2001 y 2008-, a quienes les decía que podrían obtener tarjetas verdes a través de Certificaciones Laborales.

La acusación

El 14 de julio de 2010 un gran jurado acusó a la gestora Evelyn Sineneng-Smith de inducir a un extranjero a residir en el país a sabiendas de que no calificaba, y que la solicitud de residencia estaba en violación de la ley.

Tras un juicio de doce días, el jurado la encontró culpable de tres cargos por fraude por correo. La mujer apeló la sentencia argumentando que los cargos en su contra debían ser desestimados.

La corte dijo que el crimen que se alegaba en este caso “se encuentra arraigado en el discurso cuando se llevó a cabo un trabajo de consultoría de inmigración a nombre de extranjeros y sus empleadores” con el objetivo de solicitarle un beneficio al gobierno.

El panel también dijo que, “si un acusado fue condenado por ayudar e instigar una ofensa civil, no tenemos conocimiento de ningún caso que defienda un estatuto que restringe dicho discurso. Por lo tanto, aunque sea cierto, el discurso constituiría una ayuda e instigación cuando se dirija hacia la comisión de un delito”.

Advirtió además que la presencia no autorizada en el país sigue siendo una “violación civil y no un delito”.

Los grandes beneficiados

“Fallo justo”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, tras conocer la decisión de la Corte de Apelaciones en 2018.

“Independientemente de lo que dice la 1ª Enmienda de la Constitución, sobre la libre expresión, estamos hablando de consejos que también puede dar una madre, una abuela o cualquier otro familiar. No significa que esa recomendación sea para alentar que se cometa un delito, sino para protegerlo, cuidarlo, o ayudarlo”, dijo.

Velásquez señala además que “la razón de ese consejo de ‘quédate aquí, porque si te regresas te pueden matar’, no tiene la intención de violar la ley, sino proteger la dignidad humana. A eso apuntó el fallo de la Corte de Apelaciones”.

La abogada de inmigración con más de 30 años de ejercicio en el estado de California dijo además que, la decisión del panel que anuló la cláusula, ayudó a miles de casos que se estaban ventilando en las cortes de inmigración.

“Tenemos juicios en donde las personas están peleando una cancelación de deportación -un remedio para personas sin documentos- donde les preguntan qué harán con sus hijos, dónde los van a dejar, si se quedarán en Estados Unidos o se los van a llevar. Si el inmigrante dice que lo dejará aquí, es lo mismo. La decisión que toma un padre siempre será por el bienestar de un hijo”, agregó.

“En muchos casos no existe la intención de violar la ley de Estados Unidos. Ese es el alcance del fallo” de la Corte de Apelaciones de 2018, apuntó.

Temores fundados

Los abogados consultados por Univision Noticias dicen que, si la Corte Suprema revierte la decisión de la Corte de Apelaciones, el gobierno tendrá en sus manos una poderosa herramienta para castigar y deportar inmigrantes, incluso quienes estén legalmente en el país y sean declarados culpables de haber ayudado a un indocumentado.

“Este es un tema que se debate desde hace muchos años”, dice Velásquez. “Y aunque se trate de una causa de carácter civil, tiene serias consecuencias migratorias para una persona”, advierte.

“La violación civil es más seria que una posible condena penal”, agrega. “Porque si una persona es declara culpable de haber ayudado a alguien a venir o permanecer indocumentado, y lo vinculan con una cadena de tráfico, en ese caso le pueden abrir un proceso de deportación y, en la mayoría de las veces, el individuo hallado culpable recibirá un castigo de por vida, porque será expulsado y nunca más podrá regresar a Estados Unidos”, concluyó.

Fuente: JORGE CANCINO

Juez Ayuda a Indocumentado a Escaparse

+ Un juez es acusado de ayudar a un indocumentado a salir por la puerta trasera de la corte y evitar el arresto
+ Después de enterarse que un agente migratorio tomaría la custodia de un detenido que compareció en su tribunal, el magistrado al parecer conspiró con un funcionario de la corte para que el inmigrante lograra escapar por la puerta trasera del recinto, de acuerdo con una acusación presentada este jueves.

La Fiscalía federal presentó cargos este jueves contra un juez de Massachusetts y un oficial de la corte por supuestamente ayudar a que un indocumentado que compareció en su tribunal el 2 de abril de 2018 evitara que ahí mismo lo arrestara un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La acusación interpuesta en una corte federal en Boston alega que el magistrado Shelley M. Richmond Joseph, de 51 años, sacó de la sala al oficial de ICE que se presentó para detener al inmigrante y luego de hablar con el abogado defensor sin que se registrara la charla, expresó: “no voy a permitir que entren”.

Acto seguido, puso en libertad al indocumentado y un funcionario de la corte, Wesley MacGregor, de 56 años, lo escoltó a éste, a su abogado y a un intérprete por una puerta trasera del tribunal y hasta usó su credencial oficial para abrir una puerta bloqueada de la corte.

El juez Joseph y MacGregor ahora enfrentan cargos de obstrucción de la justicia y de un procedimiento federal, delitos que de manera conjunta conllevan penas de hasta 25 años de prisión, 8 años bajo libertad condicional y una multa de 250,000 dólares.

MacGregor también ha sido acusado de perjurio, por presuntamente declarar falsamente ante un Gran Jurado federal el 12 de julio de 2018 que antes de colaborar en el escape del indocumentado desconocía que un agente de ICE se encontraba en la corte. Por ese delito él podría recibir un castigo adicional de hasta 5 años en prisión, 3 años en libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares.

El indocumentado que logró escapar del juzgado, quien ha sido identificado como A.S., fue arrestado por la Policía de Newton el 30 de marzo de 2018. Lo acusaron de ser un fugitivo de la justicia y por posesión de narcóticos.

Una investigación descubrió que el inmigrante había sido deportado dos veces en 2003 y 2007. Además, se estableció una orden que el impedía su reingreso al país hasta el año 2027.

ICE emitió una orden de retención tras enterarse del arresto. El documento citaba que el acusado tenía una orden pendiente de deportación. Cuando la dependencia se enteró que la Policía de Newton transfirió la custodia del detenido al Tribunal de Distrito de Newton (NDC), un oficial acudió a la sala donde compareció el migrante para finalmente detenerlo.

El agente migratorio llegó a la sala del juez Joseph a las 9:30 am de ese día y notificó su presencia. Tras la supuesta conspiración entre el magistrado, el oficial de la corte y el abogado defensor que se habría tramado durante una conversación secreta que no registró el secretario del tribunal y que duró 52 segundos, el migrante logró escapar a las 3:01 pm, afirma la acusación.

“Este caso tiene que ver con el estado de derecho. Las acusaciones mencionan la obstrucción por parte de un juez en ejercicio, que es una interferencia intencional en la aplicación de la ley federal y un delito”, dijo el fiscal federal Andrew E. Lelling, en un comunicado.

“No podemos elegir las leyes federales que seguimos o usar nuestras opiniones personales para justificar la violación de la ley. Todos los integrantes del sistema de justicia, no solo los jueces, sino también los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los abogados defensores, deben ser sometidos a un estándar elevado”, agregó el funcionario.

Por su parte, Peter C. Fitzhugh, agente especial de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una rama de ICE, señaló que los señalamientos contra funcionarios de la ley también se toman con seriedad. “La gente de este país merece nada menos que saber que sus representantes designados y electos están trabajando en su nombre, al tiempo que se adhieren y hacen cumplir el estado de derecho, no una agenda personal”, comentó.

Mientras Todd M. Lyons, de la oficina de ICE en Boston, reclamó que las acciones del juez Joseph son “altamente ofensivas” para los agentes de esa dependencia. “Para que nuestro sistema de justicia penal funcione de manera justa para todas las personas, debe estar protegido contra los funcionarios judiciales que buscan reemplazar la implementación de nuestras leyes con sus propios puntos de vista ideológicos o con una agenda política”, expresó Lyons.

La presencia de agentes de ICE en cortes de todo el país ha sido denunciada por jueces, abogados y organizaciones que defienden a los migrantes. La dependencia justifica que en estos lugares sus oficiales pueden realizar detenciones sin exponer la seguridad del público ni de los agentes.