En una inusitada muestra de conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó la petición de iniciar un juicio político a los jueces poco después de que el presidente Donald Trump exigiera la destitución de uno que falló en contra de su plan de deportaciones.
La reprimenda del líder de la Corte Suprema demostró cómo la controversia sobre los recientes vuelos de migrantes venezolanos ha escalado en un choque constitucional entre dos de los hombres más poderosos del país.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, afirmó Roberts. “Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación”.
La insólita declaración se produjo apenas unas horas después de una publicación en las redes sociales de Trump, quien describió al juez federal de distrito James E. Boasberg como un “alborotador y agitador” no electo. Boasberg había emitido una orden para bloquear los vuelos de deportación que Trump estaba llevando a cabo invocando a las autoridades de tiempos de guerra de una ley del siglo XVIII.
“¡No ganó nada! Gané por muchas razones, por un mandato aplastante, pero la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón número uno de esta victoria histórica”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Sólo estoy haciendo lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería ser destituido!!!”.
Aunque Trump ha criticado rutinariamente a los jueces, especialmente cuando limitan sus esfuerzos por expandir el poder presidencial, su última publicación escaló su conflicto con un poder judicial que ha sido uno de los pocos frenos a su agenda agresiva. La destitución por juicio político es un paso raro que generalmente se toma solo en casos de grave conducta ética o criminal.
La relación entre Roberts y Trump ha cambiado a lo largo de los años. Roberts hizo hincapié en la independencia judicial durante el primer mandato de Trump, discrepando con la descripción del presidente de un juez que rechazó su política de asilo de migrantes como un “juez de Obama” en 2018.
Antes de que Trump asumiera su segundo mandato, Roberts advirtió sobre las amenazas al poder judicial y pidió que incluso las decisiones judiciales impopulares fueran respetadas.
El presidente del tribunal también tuvo un papel destacado en una importante decisión el año pasado que afirmaba que los presidentes tienen una amplia inmunidad ante la persecución penal. La decisión ayudó a Trump a evitar uno de sus juicios penales antes de las elecciones que lo llevaron de regreso a la Casa Blanca.
Trump recibió a Roberts calurosamente a principios de este mes, agradeciéndole y diciendo “no lo olvidaré” mientras los jueces asistían a su discurso ante una sesión conjunta del Congreso. El presidente dijo más tarde que estaba agradeciendo a Roberts por haberlo juramentado en el cargo.
La última disputa que involucra al poder judicial surge después de que un tribunal cuestionara su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley solo se ha utilizado tres veces antes en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Su gobierno está pagando a El Salvador para encarcelar a supuestos miembros de la pandilla.
Boasberg, quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, convocó una audiencia el lunes para discutir lo que llamó “posible desobediencia” a su orden después de que dos vuelos de deportación continuaran hacia El Salvador a pesar de su orden verbal de que regresaran a Estados Unidos.
Los abogados del gobierno de Trump defendieron sus acciones, diciendo que la orden escrita de Boasberg no era explícita, mientras que un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo: “Creo que estamos muy cerca” de una crisis constitucional.
El Departamento de Justicia también está presionando en los tribunales para que Boasberg sea removido del caso.
La Constitución otorga a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría estrecha, el poder de destituir a un juez con un voto de mayoría simple. Pero, al igual que en un juicio político presidencial, cualquier destitución requiere un voto de dos tercios del Senado.
La última publicación en redes sociales del presidente lo alinea más con aliados como el multimillonario Elon Musk, quien ha hecho demandas similares.
“Lo que estamos viendo es un intento de una rama del gobierno de intimidar a otra rama para que no cumpla con su deber constitucional. Es una amenaza directa a la independencia judicial”, indicó Marin Levy, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Duke, en un correo electrónico.
Solo un día antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “No he oído al presidente hablar sobre destituir jueces”.
Sólo 15 jueces han sido sometidos a juicio político en la historia del país, según el órgano de gobierno de los tribunales estadounidenses, y sólo ocho han sido destituidos.
La última destitución judicial fue en 2010. G. Thomas Porteous Jr. de Nueva Orleans fue destituido por cargos de haber aceptado sobornos y luego mentir al respecto. Fue condenado por el Senado y destituido en diciembre de 2010.
Las peticiones de juicio político a los jueces han ido en aumento a medida que la arrolladora agenda de Trump se enfrenta a la oposición en los tribunales, y al menos dos miembros del Congreso han afirmado por internet que planean presentar mociones de destitución contra Boasberg. Los republicanos de la Cámara de Representantes ya han presentado mociones contra otros dos jueces, Amir Ali y Paul Engelmayer, por las sentencias que han dictado en demandas relacionadas con Trump.
Leavitt es una de los tres funcionarios del gobierno que enfrenta una demanda de The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales a las que se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva de referirse al Golfo de México como el Golfo de América.
