Capturan en Colombia a cabecilla del Tren de Aragua acusado de terrorismo en Houston

El “Chuqui” fue arrestado en Bogotá y enfrenta cargos en Houston por terrorismo y tráfico internacional de cocaína.

Autoridades colombianas arrestaron a José Enrique Martínez Flores, alias el “Chuqui”, presunto alto mando del Tren de Aragua (TdA), organización recientemente designada como grupo terrorista por EE. UU.

Flores fue detenido el 31 de marzo en Bogotá por solicitud del gobierno estadounidense, que lo acusa de conspirar para apoyar al TdA y de participar en una red internacional de tráfico de cocaína.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas reveló que Flores enfrenta en Houston, Texas, una acusación formal por cinco cargos, incluyendo conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista, conspiración para distribuir cocaína y dos cargos por distribución internacional de droga.

Las autoridades aseguran que Flores operaba como líder del TdA en Colombia y coordinaba el envío de cocaína a Estados Unidos, destinando las ganancias al financiamiento de actividades criminales del grupo.

“Esta captura representa un punto de inflexión en nuestra lucha contra el Tren de Aragua,” señaló la fiscal general Pamela Bondi.

El caso marca la primera vez que un miembro del TdA es acusado formalmente por delitos de terrorismo, destacando la gravedad de las operaciones de esta estructura criminal transnacional.

Flores permanece detenido en Colombia mientras se adelantan los trámites para su posible extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentar cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares.

La operación fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el FBI, la DEA y las autoridades colombianas, reafirmando el compromiso internacional para desmantelar esta red criminal.

Departamento de Justicia se Niega a Publicar Justificación del Registro de Casa de Trump

La fiscalía considera que su conocimiento perjudicaría la investigación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fiscal general al frente, rechaza que se publique el atestado o afidávit con el que justificó ante el juez la necesidad de registrar Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en Palm Beach (Florida). Ante la petición formal al juez de numerosos medios de comunicación estadounidenses de que haga público ese informe, la fiscalía ha mostrado su negativa. Donald Trump no se ha pronunciado aún al respecto, pero numerosos republicanos han criticado que no se conozca y lo usan como argumento para insinuar que hay motivos inconfesables para ocultarlo.

“Siguen existiendo razones de peso, incluyendo la protección de la integridad de una investigación policial en curso que implica seguridad nacional, que apoyan el mantenimiento del afidávit bajo secreto”, argumenta el Departamento de Justicia.

Tanto la fiscalía como Trump estuvieron de acuerdo en que se publicase la orden de registro con sus anexos y el inventario de bienes incautados por los agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Eso permitió saber que a Trump se le investiga al menos por tres posibles delitos penados con multas y/o elevadas penas de cárcel y también que en el registro se hallaron numerosos documentos clasificados como “alto secreto”. En un nuevo requiebro, Trump alegó el viernes que había desclasificado esos documentos, aunque no hay ningún rastro documental de ello.

Lo que no se publicó fue el atestado o afidávit en el que la fiscalía argumenta que había indicios suficientes de delito como para proceder al registro de la casa de un expresidente, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

En el documento registrado ante el juez de Florida que lleva el caso, el Departamento de Justicia señala que “el hecho de que esta investigación implique materiales altamente clasificados subraya aún más la necesidad de proteger la integridad de la investigación y exacerba el daño potencial si la información se revela al público prematuramente o de forma inapropiada”. Y añade que “la divulgación del afidávit del Gobierno en esta etapa también podría enfriar la futura cooperación de los testigos cuya asistencia puede ser solicitada a medida que avanza esta investigación, así como en otras investigaciones de alto perfil”.

“El Gobierno tiene un interés imperioso y primordial en preservar la integridad de una investigación criminal en curso”, argumenta. Su respuesta permite saber que el atestado “contiene, entre otros hechos de la investigación críticamente importantes y detallados: información altamente sensible sobre los testigos, incluidos los testigos entrevistados por el Gobierno, técnicas de investigación específicas e información que la ley exige que se mantenga en secreto”.

Si se revela, el informe permitiría conocer la hoja de ruta de la investigación en curso, “proporcionando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una de manera que es muy probable que comprometa los futuros pasos de la investigación”, sostiene el Departamento de Justicia.

La fiscalía asegura que ha estudiado cuidadosamente si el afidávit podría ser publicado con alguna parte tachada por razones de confidencialidad, pero asegura que “las omisiones necesarias para mitigar los daños a la integridad de la investigación serían tan extensas que harían que el texto restante no tuviera contenido significativo”. Aun así, solicita que en caso de que el juez permitiera la publicación parcial del atestado, le permita sugerir qué fragmentos proteger.

El Departamento de Justicia sí ve bien que se difundan, y de hecho pide que se publiquen, otros documentos relacionados con la petición de registro, la solicitud de secreto del sumario y la resolución del juez que lo decreta. Ahora, depende del juez tomar una decisión.

Otras peticiones

En paralelo a la solicitud al juez realizada por los medios de comunicación, congresistas tanto del Partido Republicano como del Demócrata han solicitado que se conozca el contenido del atestado.

Los abogados de Trump, por su parte, han pedido al juez que devuelva documentos incautados que violarían el derecho de defensa del expresidente, el llamado privilegio abogado-cliente, según ha difundido la cadena conservadora Fox, aunque no han especificado a qué tipos de documentos se refieren ni han dado ninguna prueba de ello.

“Se acaba de saber que el FBI, en su ya famosa redada de Mar-a-Lago, se llevó cajas de material privilegiado abogado-cliente”, tuiteó Trump poco despu´s de que Fox diese la noticia. Y añadió: “Solicito respetuosamente que estos documentos sean devueltos inmediatamente”.

Trump ha dicho este lunes en una entrevista en la FOX que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar “porque la temperatura tiene que bajar en el país”. “Si no es así, van a ocurrir cosas terribles”, ha añadido. En esa misma entrevista ha sugerido que el FBI puso pruebas falsas en su casa y que es víctima de una caza de brujas. Y luego ha seguido calentando a sus fieles en su red social.

El Departamento de Justicia Quiere los Usuarios de Facebook que se Oponen a Trump

Así como lo lee usted, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), quiere que la red de Facebook le revele los usuarios que les gusta («Likes») una página que se oponía al Presidente, en otras palabras lo quiere obligar a revelar dicha información.
Está página se llamaba «DisruptJ20», en la que se comentaba y se difundía propaganda sobre protestas que se debían generar el día de la toma de protesta, el pasado 20 de enero. Esta página se convirtió violenta, ya que tres activistas provocaban a cientos de personas que habían seguido o gustado esta página que quiere el DOJ ayudar de los disturbios de ese día.
Una de las tres víctimas del DoJ, Emmelia Talarico, fue administrador y moderador de la página Facebook de DisruptJ20, desde que se le dió el nombre de «Resist This» (Rsiste esto). Según un archivo legal de la División de Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU), la información que se busca sobre esa página incluiría datos personales de miles de usuarios de Facebook que interactuaron con él.
La página fue seguida por alrededor de 6,000 personas antes del 9 de febrero, cuando el DoJ secretamente cuestionó Facebook con órdenes de registro. A pesar de que la página era pública, el departamento también obtiene detalles de aquellos que dijeron que podían asistir a eventos organizados a través de la página, o que simplemente reaccionaron al contenido compartido de la página.
La ACLU está representando a Talarico y los otros dos activistas, Lacy MacAuley y Legba Carrefour, en el caso. Sostiene que el Departamento de Justicia tiene demasiada información sobre las tres activistas de Facebook que cubren un período de 90 días.